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Chile - Solidaridad con los Presos Políticos - Junio 2005 |
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Enrique Antileo de Meli Wixam Mapu Un werken en la ONU
Por Arnaldo Pérez Guerra /
Azkintuwe Noticias / Miércoles 22 de junio de 2005 Stavenhagen propuso además la declaración de una amnistía general para los presos políticos mapuche. Lamentablemente, hasta la fecha sus recomendaciones no han sido escuchadas. Sobre estos y otros temas relacionados con la situación del pueblo mapuche en Chile, conversó el Relator Especial y el joven werken Enrique Antileo, miembro de la organización mapuche urbana Meli Witran Mapu y quien en abril de este año realizó una extensa gira por diversas ciudades de Europa. "Nos reunimos con Stavenhagen y uno de los temas que trabajamos, fue la anulación del juicio oral contra los mapuche que hoy han vuelto a ser enjuiciados. Nos señaló que lo mantuviéramos informado y que enfatizáramos que en estos juicios se están violando normas básicas del debido proceso", señala Antileo. Sobre la crítica visión de Stavenhagen respecto del resguardo de los derechos indígenas en Chile, la particular defensa del Subsecretario de Mideplan de las políticas indígenas y la creciente participación indígena en los foros internacionales, conversamos con Antileo en la siguiente entrevista. -¿Cómo fue tu exposición ante la Comisión de Derechos Humanos? -“Tuvimos la oportunidad de
presentar un informe, acotado y resumido, que se pudo redactar antes del
viaje, tomando en cuenta todos los informes anteriores de derechos humanos
referidos a la situación mapuche, que constituyen un muy buen material.
Cuando se tocó el tema de los pueblos indígenas una de las organizaciones
que tiene estatus consultivo en la ONU nos acreditó para que pudiéramos
hablar. Pudimos exponer por cuatro o cinco minutos, un tiempo preciso.
Cuando se acaba tu tiempo, te apagan el micrófono. Había que condensar
todo el problema mapuche en esos minutos, ser preciso. Pudimos leer.
Además, hay traducción simultánea a siete idiomas. No sólo debes denunciar
lo que ocurre, sino, también, hacer propuestas en torno a los derechos
humanos. Es complicado decir todo lo que está pasando con nuestro pueblo
solo en cuatro minutos”. -“Lo primero fue hablar de las exigencias. Los mapuche exigimos derechos territoriales, políticos, y también culturales, por supuesto. Señalamos que ante esa petición, en los últimos ocho años la respuesta del gobierno ha sido sólo la represión. Especificamos el asunto sobre la represión policial, judicial y física, que se traduce en allanamientos sistemáticos, instalación de campamentos policiales fijos en las comunidades, control de caminos y de identidad, torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, y varios otros aspectos que enumeramos. Expusimos que ésa había sido la única respuesta del gobierno a nuestras demandas. Y después, enfatizamos un poco más en el plano judicial, en la aplicación desproporcionada de la Ley Antiterrorista y cómo esto ha sido objetado por organismos de derechos humanos, en más de una oportunidad, que han dicho que la sola invocación de esa ley para acusar a los mapuche y a los presos políticos chilenos es aberrante. Planteamos ese punto en base al pronunciamiento de esos organismos. Cuando estábamos hablando el problema judicial, explicamos el asunto de los presos políticos mapuche. El poco tiempo hacía imposible leer todos los nombres, pero se ingresaron a través del informe escrito. Explicamos que hay presos políticos condenados por la Ley Antiterrorista y por otras leyes, pero que tiene que ver con un contexto político general. Además, una gran cantidad de mapuche procesados, con distintas modalidades de prisión: el mapuche recluido propiamente tal y condenado por Ley Antiterrorista, el recluido y condenado por leyes comunes, y el mapuche con medidas cautelares que se encuentra sujeto al sistema judicial, y debe ir a firmar al tribunal. Los procesados ascienden a unos 400 mapuche, con procesos abiertos aún, y todavía sin solución.
-“Expusimos ante la Asamblea. Había unos 400 representantes de todos los estados. El representante chileno, Jaime Andrade Guenchucoy, de Mideplan, estaba presente junto a una delegación de su gobierno. Chile asiste con una delegación especializada en todos los temas a tratar. Cuando se toca el tema de la tortura, hay un representante chileno especial. Para la libre determinación hay otro. Cuando se abordó el problema indígena, estaba el ‘hombre indígena’ del gobierno. Cuando hablamos, Andrade estaba escuchando y, después, representantes del gobierno nos pidieron las declaraciones. Ese día, Chile fue acorralado. Varias organizaciones y medios de comunicación afirmaron que Chile estaba ‘acorralado por las denuncias’. Yo no fui el único en declarar contra Chile. Hubo por lo menos cinco organizaciones más, el mapuche Luis Llanquilef, la Comisión Andina de Juristas, la Asociación Interamericana de Juristas. En el marco de los derechos humanos y el problema indígena, algunas organizaciones fueron muy precisas sobre todo en lo que se refiere a los presos políticos. Están muy enterados. Otros se enfocaron en que Chile es prácticamente el único país de América Latina retrasado en la legislación indígena. No tiene ratificado aún el Convenio 169 de la OIT, ni ha reconocido a los pueblos originarios en su Constitución Política. Chile sufrió un bombardeo. Entre las treinta declaraciones de pueblos indígenas, cinco eran en contra de Chile. Es un alto porcentaje. Solicitaron su derecho a réplica y Jaime Andrade hizo uso de la palabra. Fue la respuesta típica del gobierno. Cifras y más cifras de platas, dinero… ‘En pobreza se ha invertido esto’, ‘en educación, esto otro’, ‘en salud se ha mejorado'. Pero, por otro lado, en el
ámbito judicial justificó la aplicación de la Ley Antiterrorista y de
otras normativas sin ningún argumento sólido, sólo que ‘los mapuche que
aceptan la violencia son terroristas’. Justificó la represión ante las
Naciones Unidas. No sé si habrá suscitado resquemor en los otros
representantes de los gobiernos porque fue una justificación bastante
absurda”. -“Sí, nos reunimos con él. Su informe es fundamental pues hizo variadas recomendaciones que aún no se han cumplido. Esa vez, el gobierno antes de ir a Ginebra respondió. Conversamos con él y estaba bien al tanto de lo que sucede. Le planteamos el asunto del seguimiento de sus recomendaciones. El Relator Especial de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas no tiene una modalidad de seguimiento. Es lamentable. Nos informó que se está trabajando en eso. El mismo reclamo que hacemos los mapuche, lo hacen otros indígenas, por ejemplo, de Colombia. Stavenhagen viajó a Colombia el 2004 y evacuó un informe aún más lapidario que el de Chile. Señaló que en Colombia hay un genocidio de los pueblos indígenas producto de la guerra. El relator va a terreno, hace un informe, recomienda a los gobiernos, pide la respuesta de éstos, pero después no existe un seguimiento del caso. No se vela para que sus recomendaciones se cumplan o se avance en el respeto a los derechos humanos. Es lamentable… Él tiene todo el interés de ayudar a los pueblos indígenas y de que este proceso de seguimiento se establezca a la brevedad. Otro punto que trabajamos fue la anulación del juicio oral contra los mapuche. En esos días se anuló el juicio por asociación ilícita donde acusados mapuche habían sido absueltos. Conversamos acerca de qué podría hacer Naciones Unidas y el Relator en ese sentido. Nos señaló que lo mantuviéramos informado para ver si podía evacuar alguna nota. No puede venir a Chile porque la solicitud la debe hacer el gobierno. También conversamos sobre los argumentos jurídicos que debiéramos trabajar las organizaciones mapuche. Nos recomendó enfatizar que en estos juicios se están violando normas del debido proceso. No son juicios transparentes, ni con acceso a todas las pruebas. Se usan testigos sin rostro, medidas cautelares excesivas, pronunciamientos de la Corte Suprema para nada neutrales… En un considerando del fallo
anulatorio se dice que este nuevo juicio ‘deberá llevar a una condena
totalmente nueva a la que se dictó’. La que se dictó fue de absolución.
Por lo tanto, se infiere o se hace explícito qué es lo que pretende o
quiere el gobierno y el poder judicial. Nos dijo que enfatizáramos en ese
punto, en el tema de la aplicación de la Ley Antiterrorista y los nuevos
juicios. Vamos a mantenerlo informado”. -“A la Comisión de Derechos Humanos concurren indígenas de toda América. Pude hablar con Santiago de la Cruz, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Conversé con el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y con otros organismos indígenas colombianos. Este año en Naciones Unidas se hablaba especialmente de Colombia. Muchos indígenas fueron a denunciar las masacres a las que se exponen. En los últimos años han muerto miles de indígenas colombianos. Están al medio de los frentes armados y no se les respeta. Son desplazados y masacrados. En el informe de Stavenhagen se habla de los desplazamientos forzados y de la ocupación de sus territorios. En los últimos años han migrado unos dos millones de indígenas hacia sectores urbanos porque les están robando y ocupando sus tierras. Casi el ochenta por ciento de quienes los han asesinado son las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, pero también existe un porcentaje de asesinatos a manos de las FARC y las Fuerzas Armadas gubernamentales en el marco de la guerra que libran. Su situación es extremadamente delicada. Distinta a la mapuche, pero ambos pueblos sufren la permanente violación de sus derechos.
“Sí, llevé el listado de presos políticos mapuche actualizado hasta esa fecha. En nuestro informe se tratan sus casos. En 21 páginas bastante condensadas, recogimos todo lo que se ha hecho anteriormente en otros informes, y los hay muy buenos. El año 1999 apareció el de la Coordinadora Arauco Malleco. El Observatorio de Derechos Indígenas ha sacado varios. Las organizaciones agrupadas en la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales tienen uno muy completo, que apareció este año. Está el que evacuó el Relator Stavenhagen, el de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el de Human Rights Watch (HRW). Nosotros tomamos todos esos datos y los condensamos, también aportando ideas nuevas. Tratamos de abordar y profundizar ideas que no han sido tocadas en otros informes. Por ejemplo, el asunto de los beneficios carcelarios para los presos políticos mapuche. A nosotros nos toca, y estamos preocupados por lo que le ocurrió a nuestro hermano Julio Huentecura, que fue asesinado al interior de la Penitenciaría. Hemos abordado como la exigencia de un derecho que deben tener nuestros presos políticos. También está el hacinamiento y
las condiciones carcelarias, que sin duda atañen a toda la población
penal, no sólo a los mapuche. Consideramos que nuestros presos políticos
deben tener derechos a visitas y a mantener su cultura al interior de las
cárceles. En estos momentos la cultura mapuche es marginal en los penales.
Por otro lado, que puedan realizar trabajos libremente. Sabemos cómo son
las cárceles en Chile y América Latina. También abordamos e invitamos a
que los próximos informes se refieran a los mapuche urbanos. En los
últimos dos años ha habido tres incendios de sedes mapuche y no hay
culpables”. “Nosotros no lo abordamos, pero es un buen punto. Estudiantes mapuche permanecen en hogares universitarios con bastantes problemas. Se han movilizado en más de una ocasión protestando por sus derechos que no son respetados. Eso también debería estar en informes de derechos humanos. Otro punto son lo que llamamos los ‘daños colaterales’ de la represión. Generalmente, no son estudiados. Tampoco lo ha sido en el caso del pueblo chileno durante la dictadura y los gobiernos de la Concertación. Por ejemplo, apareció un
informe del Servicio de Salud de Araucanía Norte que hizo un estudio con
un universo de niños pequeño, pero si lo extrapolamos a todas las
comunidades que están sufriendo represión en el marco del conflicto
mapuche, tenemos miles de niños afectados. Eso es lo que definimos como
‘daños colaterales’. Muchos mapuche han perdido ojos, oídos, pies. Mapuche
que quedaron cojos producto de balines disparados por la fuerza pública, y
que no pueden realizar su trabajo. En el campo perder el sentido de la
audición, vista o el poder desplazarse es gravísimo. Son sólo algunos
daños que no han sido abordados”. “Muy bueno. Para ser nueva nuestra organización en esto, hubo respeto e interés por escuchar y aprender de tema. Cuando uno declara lo hace con una copia escrita y después todos la piden. Hay personas que llevan muchos años trabajando en esto. Grupos indígenas que viajan tres o cuatro veces al año para presentar denuncias. Se pueden divisar varios mundos en Naciones Unidas. Nosotros mantenemos ciertos reparos con el trabajo este organismo. Vimos otras aristas importantes, por ejemplo lo que pasa con las votaciones en contra de Cuba, el caso de Palestina, las maniobras políticas de Estados Unidos y la Unión Europea que quedan en evidencia. Hablé el 11 de abril como a
las tres y media de la tarde. En el primer bloque de la mañana no alcancé
porque se alargó un poco. Ese mismo día replicó el representante chileno,
respondiendo nuestras denuncias. Básicamente acerca de la aplicación de la
Ley Antiterrorista y el atraso en la legislación indígena. Chile lleva 15
años de supuesta ‘democracia’ y no ha modificado en nada de su
Constitución dictatorial en lo relativo a los pueblos indígenas. Se
promulgó la Ley Indígena, bastante deficiente, y que, además, no ha sido
respetada por los grandes consorcios y el gobierno cuando se trata de
aprobar megaproyectos. A mi entender la respuesta del gobierno chileno fue
bastante mediocre” / Azkintuwe |
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solidaridadchile@yahoo.com |
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