|
|
|
Chile - Julio 2010 |
|
La Jornada México, DF. Amnistía Internacional (AI) reconoció la importancia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar la liberación de las 12 personas detenidas desde 2006 y sentenciadas por el supuesto secuestro de funcionarios públicos y policiales en San Salvador Atenco, estado de México, en ese mismo año. Sin embargo, consideró que la decisión de la Corte no debería significar el fin del caso, sino que debería servir como una plataforma para que reparen a las víctimas por el uso indebido del sistema de justicia y para garantizar que los funcionarios responsables por esta grave injusticia rindan cuentas. Es esencial, destacó en un boletín, que este caso sirva para concretar la transformación del sistema de justicia, para terminar con la fabricación de procesos por motivos políticos y para garantizar el juicio justo. Agregó que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados en la desviación de la justicia, ya que terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia "deje de ser un instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos". AI destacó en su momento haber denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes estatales y federales durante el operativo de mayo de 2006, y que como resultado del mismo se detuvo arbitrariamente a más de 200 personas. Asimismo, acusó la violación del debido proceso de los detenidos la investigación parcial de los hechos que resultó en la impunidad para los funcionarios implicados en graves abusos, incluida la violencia sexual contra las mujeres detenidas- y un juicio injusto para los acusados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Integrantes del FPDT se
congregan en Atenco por Javier Salinas Cesáreo Una comisión de 30 personas partieron rumbo al penal del Altiplano para llevar víveres y cobijas a sus compañeros que esperan la liberación de los dirigentes. San Salvador Atenco, Mex. Un grupo de unos 200 campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se mantienen congregados en la explanada principal de San Salvador Atenco en espera de la liberación y arribo de sus dirigentes Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Desde temprana hora de este jueves, el grupo de activistas se volvió a congregar luego de que durante la madrugada esperaron infructuosamente el arribo de sus líderes. Sólo en el transcurso de las primeras horas de hoy, dos de los nueve presos que salieron del penal Molino de Flores acudieron a Atenco, en donde se organizó una verbena hasta altas horas de la noche. En la explanada está un templete con un quipo de sonido donde varios representantes de diversas organizaciones solidarias realizan un mitin. Al filo de las 12:30 horas, una comisión de 30 miembros del FPDT, a bordo de varios vehículos, partieron rumbo al penal del Altiplano para llevar cobijas y víveres a sus compañeros que esperan la libertad de los tres dirigentes y apoyarlos para ejercer presión. Una enorme manta cubre parte del templete con la leyenda: “Bienvenidos, compañeros, a tu pueblo”. Liberan a Del Valle y
Alvarez; por Blanche Petrich e Israel Dávila Enfrentan cuatro procesos penales, justificó retraso SSP. Por la noche quedaron libres los tres dirigentes de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, luego que la Corte amparo el miércoles a 12 miembros del movimiento. México, DF. Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo quedaron libres esta noche del penal del Altiplano. La Secretaría de Seguridad Pública federal informó en un comunicado que recibió notificación de la libertad preparatoria que el Juzgado 6º de Distrito del Estado de México otorgó a Héctor Galindo Gochicoa por el delito ataques a las vías de comunicación y medios de transporte. Tras lo cual la dependencia federal manifestó proceder a “la libertad inmediata del interno”. Desde primeras horas del día se esperaba la liberación de los tres dirigentes del movimiento de Atenco, tras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer improcedente la acusación de secuestro equiparado y dispuso la liberación de 12 integrantes de la organización, nueve de los cuales quedaron en libertad desde la noche del miércoles. Por el retraso, la Secretaría de Seguridad Pública justificó que Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo aún enfrentan otros procesos, razón por la cual no habían sido liberados. El amparo que ayer ordenó la Suprema Corte sólo aplica para el delito de secuestro equiparado, dijo en un comunicado. Sin embargo, después de las nueve de la noche quedaron en libertad Del Valle y Alvarez. Galíndo, conforme a reporte de la SSP, enfrenta proceso de lesiones y daños, en tanto que un juzgado de lo penal de Ciudad Nezahualcóyotl determinará sobre la situación jurídica que guarda por el delito federal de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte. Libertad de los tres dirigentes Previamente, Leonel Rivero Rodríguez, abogado defensor de los dos de los tres miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) había asegurado que en el lapso de las próximas 72 horas conseguirán el auto de libertad para su excarcelación definitiva. Detalló que de las cuatro causas penales que se les imputan, dos son por delitos menores, pero además “no se trata de procesos en marcha y una vez que se ejecuten las órdenes de aprehensión, los abogados asumirán la defensa para lograr la liberación”. Las causas penales por las que no habían sido liberados Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa son: la 60/2006 por el delito de despojo; la 116/2006 por lesiones y daños en los bienes públicos; la 131/2006 por robos agravado y 15/2008 por el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, está última sólo involucra a Galindo Gochicoa. Las familias de los tres reos y decenas de activistas de organizaciones sociales esperaban desde la tarde de ayer miércoles en las puertas del penal la salida de los líderes del FPDT. Sin embargo, el director del penal federal El Altiplano, Juan Alberto Montoya Aguado demoró el procedimiento de liberación al solicitar informes a los juzgados y salas penales de Toluca y Texcoco “sobre la probable existencia de causas pendientes”. Rivero Rodríguez explicó que la responsabilidad de los presos procesados corresponde exclusivamente, en este caso, a la esfera estatal mexiquense y que la autoridad penitenciaria federal solo tiene atribuciones de custodia sobre los presos. “El director (del penal) se excede en sus facultades y obstaculiza la liberación de los presos”, sostuvo. Desacato de autoridades Al cumplirse el plazo legal de 24 horas para cumplir el mandato de la Corte de liberar de forma inmediata a los líderes atenquenses, el abogado defensor de Del Valle y Álvarez acusó que las autoridades federales incurrían en desacato. El plazo se cumplió a las 13:30 horas. Rivero acotó que daría dos horas más al funcionario penitenciario antes de recurrir nuevamente a la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea el organismo desconcentrado que regula el sistema penitenciario federal quien exhorte a la autoridad correspondiente para que ejecute la orden de libertad. “Si persiste el acto de rebeldía del director del Altiplano, la defensa iniciará un proceso por desacato y presentará una denuncia penal contra el funcionario federal, por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad”, dijo en rueda de prensa por la tarde. No obstante, la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) federal informó que los tres líderes continuarían presos debido a que enfrentan otros cuatro procesos penales y el fallo de la Corte fue sólo por secuestro equiparado. A decir del jurista, de las cuatro causas penales que se les imputan, dos son por delitos menores, y en 72 horas podrían obtener la libertad. El caso de Héctor Galindo, abogado universitario que fuera asesor del movimiento atenquense, es más complejo. A diferencia de los otros dos, le quedó sin resolución judicial una causa por el delito de ataques a las vías de comunicación en grado de instigación. Para obtener su libertad se requería el pago de una fianza de 15 mil pesos, misma que no fue exhibida en tiempo y forma por fallas administrativas ante el juzgado VI de Distrito con sede en Nezahualcóyotl. La abogada Nelly Urrutia confirmó que esto puede provocar que Galindo (que es su hermano) deba permanecer un día más en el penal.
|
|
|
