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El derecho a la libertad
Prisión política y democracia
A veces es tal la ira que invade el corazón que éste se desboca por la
garganta y nos angustia hasta los huesos, porque no es posible que una década
después de aquella prolongada lucha contra la dictadura, aún sigamos
viviendo en la dictadura de la injusticia. Es que la existencia de presos
políticos mapuche y chilenos es eso y nada más. Aquí no caben eufemismos
ni tecnicismos legales, simplemente hay que decir las cosas por su nombre:
mapuche y no mapuche fueron detenidos, encarcelados y procesados por la ley
anti-terrorista aplicada por los gobiernos civiles de la Concertación.
Por Mauricio Buendia / Periódico Azkintuwe / Abril de 2005
No puedo haber democracia sin justicia, y no hay justicia cuando seis
hermanos mapuche deben apelar al recurso extremo de la huelga de hambre para
exigir la libertad de todos los presos políticos mapuche, y cuando aún
permanecen en prisión seis jóvenes chilenos sin ninguna perspectiva de ser
liberados o indultados. Existe más de una similitud entre la situación de
los hermanos encarcelados al norte y sur del Bio-Bio, todos son luchadores
sociales, todos fueron tildados de terroristas y condenados por ello, todos
perseguidos y detenidos por gobiernos supuestamente democráticos, todos
enfrentados a la indiferencia del sistema y, además, a la indolencia de la
sociedad que, en términos generales, prioriza el consumo por sobre las
consideraciones de índole social o, en el mejor de los casos, conoce del
problema, pero mantiene una actitud pasiva ante el mismo.
Sin embargo, hay un segmento minoritario de la población que de múltiples
maneras expresa su solidaridad con los presos políticos; de hecho, el
pasado 11 de marzo se realizó la marcha por la libertad de los presos políticos
chilenos y mapuche. Bajo las consignas de “Nada ni nadie está olvidado”
y “Solidaridad Ahora” centenares de personas marcharon bajo la
inclemente lluvia, principalmente en las ciudades de Valparaíso y Santiago.
Del mismo modo, entre otras actividades, en la cárcel de Angol se llevó a
cabo un Llellipun de apoyo a los huelguistas que allí permanecen, asimismo,
en Temuko se realizó una marcha para exigir su libertad.
Es que la situación de los presos amerita eso y mucho más, pues su drama
constituye un atentado a la dignidad humana, un contrasentido histórico y
una aberración jurídica. En un país donde asesinos y torturadores caminan
libremente por la calle y donde el general Pinochet deambula por lujosos
centros comerciales, sin duda disfrutando de los 15 millones de dólares que
robó a todos los chilenos, es inconcebible que haya compatriotas que lleven
14 años encarcelados injustamente.
Es el caso de Fedor Sánchez, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
acusado y condenado por un crimen que jamás cometió. Recientemente, Fedor
señaló que pronto cumplirá “14 años en cautiverio, cumpliendo una
condena injusta. En el homicidio del Doctor de Sanidad mayor, Carlos Pérez
Castro y su esposa, no tuve responsabilidad ni yo ni el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez. Si bien es cierto, yo compilé información de varios
torturadores de la Sexta Región, esta información fue destruida un año
antes de la muerte del doctor. Por otra parte, cuando sucedió el hecho, yo
estaba congelado por el Frente. Permanecí cuatro meses inactivo en
Santiago, porque mi estructura había sido golpeada y tenía cuatro
militantes presos en Talca. Además, desde alrededor de enero de 1990, el
Frente me había mandado a vivir en Vilches Alto, para realizar trabajo
rural, creando redes de apoyo y organizando a los colaboradores”.
A pesar de lo anterior, los medios de comunicación y el poder judicial lo
culparon de aquel hecho y, como indica Sánchez, fue “condenado como
“autor intelectual” a presidio perpetuo, después de seis años de
proceso. Se me aplicó la ley más dura que existe: la Ley Antiterrorista
que presume culpable a quien es procesado por ella, y desde que se le
aplica”. Por lo mismo, no obstante un reducido grupo de presos políticos
fue indultado recientemente, Fedor está imposibilitado de acceder a dicho
beneficio y debe cumplir su pena íntegramente, al igual que otros cinco
presos: Julio Peña, René Salfate, Pablo Vargas, Claudio Melgarejo y Hardy
Peña.
Ante la indiferencia generalizada ellos han participado en varias huelgas de
hambre exigiendo justicia, al igual que se hizo durante la dictadura y como
hace unos días lo hicieron en Angol Jaime Marileo, Patricio Marileo, Juan
Huenulao, Jaime Huenchullan, Jorge Manquel y Patricia Troncoso. Y no solo
denuncian y reclaman por las ingentes irregularidades cometidas en sus
juicios donde, en algunos casos, han sido procesados más de una vez y donde
se han utilizado testigos secretos que violan las más elementales normas
jurídicas, también demandan “el fin al hostigamiento y represión por
parte de carabineros de Chile a las comunidades mapuche. Y la expulsión de
las forestales y latifundistas del Territorio Mapuche".
Porque la lucha del pueblo mapuche no es una lucha en abstracto, no es solo
por la defensa de su cultura e identidad como pueblo-nación, sino que es
también muy concreta y dice relación con un modelo económico que los
margina y en contra de las empresas forestales que se enriquecen a costa del
aniquilamiento de un pueblo originario. De hecho, mientras las comunidades
son objeto del hostigamiento permanente y sistemático por parte de
carabineros, la mayoría subsistiendo en condiciones de pobreza e
incertidumbre, la industria forestal exhibe extraordinarios logros en términos
de exportaciones, tasas de inversión y expectativas de crecimiento.
Riqueza forestal, pobreza mapuche
El valor de las exportaciones el año 2004 alcanzó la cifra de 3 mil
millones de dólares, la más alta en la historia del rubro; solo en el mes
de enero de este año las exportaciones forestales ascendieron a 272,6
millones de dólares, lo cual implica un alza de un 23,3% en comparación
con el mismo mes del 2004. De acuerdo a José Ignacio Letamendi, presidente
de la Corporación Chilena de la Madera CORMA, los principales actores del
sector desarrollarán proyectos de inversión por 3 billones de dólares en
los próximos cuatro años, esperándose, además, una tasa de crecimiento
de alrededor de 5%. A ello hay que sumar, por cierto, la ampliación de los
mercados internacionales y los proyectos de inversión en el extranjero. Es
decir, el escenario no podría ser más auspicioso para las forestales y,
especialmente, para las dos empresas que concentran el 80% del mercado:
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC, propietaria de Forestal
Mininco y, Forestal Arauco, del grupo Angelini.. De hecho, por ejemplo,
Industrias Forestales de la CMPC obtuvo utilidades netas el año pasado por
30 millones de dólares.
A pesar de las siderales ganancias obtenidas por la industria forestal, en
la actualidad demandan un cambio en la institucionalidad forestal para
reemplazar el decreto ley 701 implementado durante la dictadura en 1974 y
que, en la práctica, significó que el Estado subsidiara la inversión
inicial de las empresas forestales. En otras palabras, invirtieron lo mínimo
y obtuvieron grandes utilidades. El mismo Letamendi ha declarado que “el
riesgo propio de cuando se alcanza la madurez es dormirse. Si nos dormimos
en el mundo de hoy, podrían pasar 5 años y desapareceríamos". Y no
dormirse para ellos significa que la legislación debe adaptarse para que la
industria forestal pueda seguir creciendo y obteniendo vastas ganancias. No
hay, por supuesto, ni una sola palabra de las consecuencias de aquel decreto
ley de hace 30 años, ni una sola palabra en términos del impacto
ambiental, y menos aún, del impacto sobre el pueblo mapuche.
No cabe duda alguna que el crecimiento del sector forestal está
directamente vinculado a la jibarización del pueblo mapuche; la generación
de riqueza forestal está, también, directamente relacionada con la
generación de pobreza en las comunidades. En la actualidad, el 36 % de la
población Mapuche vive en la pobreza y el 15% en la indigencia; el 65% de
los mapuche se ubica en el 40% de menores ingresos de la población del país.
Pero está claro que la pobreza tiene rostro, manos y ojos, pues los mapuche
no se reducen solo a estadísticas, sino que allí están, subsistiendo y
bregando por sus derechos, a pesar de la perversidad del modelo económico y
del sistema judicial que los asfixia.
Por lo mismo, la huelga de hambre de los presos de Angol no fue solo por
ellos, sino que por la dignidad de todo un pueblo. La dignidad de los presos
políticos se nutre de la historia, de innumerables sacrificios, de
victorias y derrotas y no solo en Chile, por cierto. La huelga de hambre de
los prisioneros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en la década de
los ochenta, marcó un hito por su innegable contenido ético, su coraje y
compromiso político. Diez miembros del IRA murieron en aquella huelga de
1981 en el bloque H de la prisión de Long Kesh en Belfast en su lucha por
obtener el status de presos políticos. Dicho status era denegado por el
imperialismo británico que ocupó Irlanda por 8 siglos y que aún continúa
ocupando la parte norte del país.
Los prisioneros del IRA eran considerados simples delincuente comunes, del
mismo modo que hoy lo son en Chile los presos mapuche y chilenos. Sin
embargo, cuando se lucha por la defensa de su cultura y pervivencia como
pueblo, se está librando una batalla política, y los detenidos deben
poseer esa calidad, debiendo ser respetados todos sus derechos. Y el derecho
a la libertad es el más preciado de ellos. Solo el día en que no haya ningún
preso mapuche o chileno podremos hablar de justicia y democracia en nuestro
país / Azkintuwe
* Columna publicada en Periódico Azkintuwe Nº13, Abril de 2005. Pág. 21.
Azkintuwe Noticias / http://www.nodo50.org/azkintuwe
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