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Chile - Marzo 2008 |
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por Arnaldo Pérez Guerra
La Fiscalía Militar y el OS-9 de Carabineros acusan a tres ex presos políticos del Movimiento Juvenil Lautaro -Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Carlos Gutiérrez Quiduleo-, de participar en el asalto del 18 de octubre al Banco Security, en el centro de Santiago, donde fue asesinado el carabinero Luis Moyano. También se acusa a Freddy Fuentevilla Saa, hermano de un ex preso político del MIR. Se ha emprendido tan implacable cacería policial de estas cuatro personas que sus familiares y compañeros temen por la vida de los fugitivos. La derecha y sectores de la Concertación han cuestionado el indulto aprobado en 2004, que supuestamente benefició a estos ex presos políticos. Incluso la presidenta Bachelet se ha hecho eco: “Esas personas son delincuentes y como delincuentes tienen que responder”. El asalto al banco ocurrió días antes que se votaran en el Congreso un proyecto de indulto para violadores de los derechos humanos y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Según la UDI, existía un “acuerdo” con el oficialismo que equiparaba a los presos políticos con los torturadores de la dictadura. Pero tras el escándalo mediático, la Concertación no dio sus votos, y la derecha reaccionó no aprobando la Convención sobre Desaparición de Personas. Monseñor Alfonso Baeza Donoso, ex vicario de la Pastoral Social e impulsor del indulto para los presos políticos, ha puntualizado que ninguno de los prófugos acusados del asalto al banco fue beneficiado por el indulto de 2004. “Ninguno fue indultado. Consiguieron su libertad con beneficios carcelarios, algunos incluso antes de que se aprobara la ley de indulto”, dice Baeza. “Ninguno de los acusados del asalto al Banco Security y de la muerte del carabinero Luis Moyano obtuvo indulto, sino los beneficios carcelarios tras diez años o más de estar recluidos. Juan Aliste no fue indultado. Marcelo salió libre porque la Corte le otorgó la libertad condicional. Ni él ni los otros están en libertad por la ley de indulto. Es horrible lo que están haciendo con este caso los medios de comunicación”, señala monseñor Baeza, quien conoce hace años a la familia de Juan Aliste. “Son personas ejemplares, a través de ellos conocí a su hijo, que estaba en ese tiempo preso en la cárcel de Buin. Me pidieron que intercediera ante el jefe de la cárcel porque Juan recibía trato de ‘preso común’, y exigía la categoría de preso político, como sus otros compañeros en la Cárcel de Alta Seguridad. Juan estaba en condiciones de recibir beneficios carcelarios y le ayudé. Era mi misión”, agrega monseñor Baeza. HECHOS BOCHORNOSOS Luisa Toledo y Manuel Vergara -padres de los hermanos Vergara Toledo, asesinados por Carabineros en la Villa Francia durante la dictadura-, y familiares de los ex lautarinos acusados del asalto al banco y de matar al carabinero Moyano, denuncian un montaje policial contra ellos y advirtieron que sus vidas corren peligro. Karina Aliste, hermana de Juan, es enfática: “Lo publicado por los medios respecto a nuestros familiares es un montaje... Conozco a mi hermano y puedo asegurar que es inocente. El fiscal militar a cargo de la investigación, Roberto Reveco, no es imparcial. Temo que si encuentran a mi hermano, lo maten. Carabineros llegó a mi casa diciendo que Juan es un ‘asesino’, torturaron sicológicamente a mi hermana menor y a mi madre. No confiamos en la justicia militar, porque ha demostrado su parcialidad”, dice. Cristián Fuentevilla, hermano de Freddy, lamentó la falta de garantías de debido proceso para los fugitivos: “El Estado no ha dado garantías de que protegerá su integridad física. No reconozco a Freddy en las imágenes del asalto que muestra la TV”. Por su parte, Luisa Toledo califica la investigación policial como “una caza vergonzosa”, y agrega: “Creo que esto es un montaje”. El fiscal Roberto Reveco, de la II Fiscalía Militar, fue quien “investigó” el asesinato de sus hijos durante 18 años sin llegar a nada. Hasta ahora, la prensa sigue involucrando a Cristián Fuentevilla, hermano de Freddy, en los hechos. Mario Sobarzo, profesor de la Universidad Arcis de Valparaíso, dice: “Hubo un trabajo de desinformación sindicando a Cristián Fuentevilla como participante en el asalto. Ese día, a la misma hora, él se encontraba en clases en la sede Baquedano de la Universidad Arcis de Valparaíso. Nada dijeron sobre el modo en que se allanó la casa de los padres de los hermanos Fuentevilla, ancianos que fueron despertados por las fuerzas represivas que echaron abajo la puerta de su hogar. Su padre, enfermo de Alzheimer, era un peligro mayúsculo para esta mierda de país actual”. Caso aparte es el del profesor de Pomaire Jorge Bravo Jerez, erróneamente vinculado al asalto y homicidio del carabinero. Los medios difundieron su fotografía, acusándolo de ser el taxista y delincuente apodado “Danny De Vito”. El profesor anunció querellas contra los responsables de haberlo difamado. Otro hecho no relatado por la prensa es lo sucedido con Marcelo Villarroel. Su compañera, Priscila Sepúlveda Soto, ha sido torturada sicológicamente utilizando a la hija de ambos -de dos meses- para exigirle antecedentes sobre el paradero de Villarroel. La Comisión Etica Contra la Tortura de la V Región presentó un recurso de amparo. En el escrito se señala: “Marcelo Villarroel, su compañera Priscila Sepúlveda Soto y la hija de ambos, Angélica -de dos meses-, están siendo hostilizados por el OS-9 de Carabineros, por orden del fiscal militar Reveco. La histérica campaña de criminalización lanzada en contra de ex presos políticos del Movimiento Lautaro, amenaza gravemente la vida, la integridad física y la libertad de esta familia porteña. Lo mismo que en tiempos de dictadura, la prensa vuelve a transmitir sin ningún filtro ético las versiones amañadas del gobierno y los organismos policiales. Irresponsablemente inculpan a personas que luego se establece no tienen ninguna responsabilidad. Requerimos del poder judicial la debida protección a quienes son víctimas de este burdo montaje, a inocentes como Angélica -la hija de dos meses de esta pareja-, que ya ha sido usada por funcionarios del Estado para torturar sicológicamente a su madre”, concluye el escrito. NO DEBIO SER ACUSADO NI ENCARCELADO Según el subsecretario de Interior se está “vigilando” a ex presos políticos indultados. El gobierno, a través del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, hizo un llamado para que los lautarinos acusados “se entreguen a la justicia”. “En Chile impera el Estado de derecho”, se dijo, después de haber avalado públicamente llamados al “aniquilamiento”. “Desde esas mismas oficinas (Ministerio del Interior y oficina de inteligencia) y con los mismos personajes se preparó mediáticamente la puesta en escena que terminó con la ejecución de combatientes populares como Ariel Antonioletti y Norma Vergara. (…) Velasco y (el general director de carabineros) Bernales pretenden asesinar a nuestros compañeros”, denunciaron los ex presos políticos y sus familiares. Juan Aliste fue condenado por la Justicia Militar por el homicidio del sargento de Carabineros Manuel Cares, en 1991. Nadie dice que fue el único detenido, procesado y sentenciado por el hecho y que, a pesar de no existir pruebas concretas, se le condenó; algo que sucedió con decenas de presos políticos condenados por el fuero castrense bajo leyes especiales aprobadas por la dictadura. Quizás Viera-Gallo no recuerde que años atrás se acusó a Juan Aliste de participar junto a otros ex presos políticos, “en 5 ó 6 asaltos a bancos en los años 2002 y 2003”, decía en ese entonces el gobierno y la prensa. El OS-9 y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) de Carabineros basaron sus “pruebas” en los dichos de un narcotraficante convertido en “informante” para acogerse a la ley de delación compensada. Finalmente, se acusó a Juan Aliste de cometer un asalto ocurrido el 12 de mayo de 2003. Pero ese día, y en el momento en que se producía dicho asalto, Juan se encontraba al interior o saliendo del Patronato de Reos donde cumplía reclusión nocturna. “Juan se encontraba en el interior del Patronato de Reos a la hora en que estaba ocurriendo el asalto, a lo sumo él estaba recién saliendo del Patronato a un local donde trabajaba. Juan Aliste trabajaba en un restaurante y estudiaba Periodismo en la Universidad Arcis”, dice el abogado Alberto Espinoza, de FASIC, quien llevó el caso: “Se le acusó de ser jefe de una banda compuesta por ex presos políticos. Por ‘razones procesales’, esta defensa fue impedida de conocer el sumario durante meses. La jueza del 11º Juzgado del Crimen de Santiago, que llevaba el proceso, mantuvo un ‘cuaderno secreto’ por seis meses. Finalmente, el procesamiento fue revocado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones”. Ningún medio de comunicación escribió la noticia, pidió disculpas a Juan ni a sus familiares. La policía y las autoridades de gobierno tampoco lo hicieron. El abogado Espinoza, consiguió luego de siete meses de injusta prisión, que se le revocara el procesamiento: Nunca debió ser acusado ni encarcelado. “Si hoy mi hijo se entrega a la Justicia Militar, ¿cuántos meses o años deberá permanecer en prisión para probar su inocencia, si el propio gobierno ya dijo que pedirá cadena perpetua y todas las penas del infierno?”, se pregunta Luis Aliste. Profusamente se acusa a Juan Aliste de haber participado en “asaltos a bancos”, falsedad que los medios instalan sin contrapeso y sin ética. En enero 2004, Juan fue puesto en libertad, luego de siete meses de injusta prisión a pesar de ser completamente inocente. Arbitrariamente, Gendarmería le trasladó a la Cárcel de Buin desde donde recuperó su libertad a un mes de la resolución absolutoria pues la repartición gubernamental se “negaba” a restituirle el beneficio del que gozaba. Incluso en diciembre de 2004, tras participar de una manifestación en el interior de la Dirección Nacional de Gendarmería por la libertad del preso político Álvaro González, Juan fue seguido por carabineros de la Tercera Comisaría y detenido en la entrada de la Universidad: “Un teniente de Carabineros lo detuvo ilegalmente, lo subió a un furgón policial, le preguntó ‘porqué sacaba fotografías’, y lo trasladó al Patronato de Reos, supuestamente para ‘comprobar si era efectivo que gozaba del beneficio de libertad diaria’, como una burda forma de amedrentarlo”, todas denuncias publicadas por la web Liberación. Karina Aliste denuncia que su familia fue objeto de presiones sicológicas durante los allanamientos: “Ningún policía se identificó. Presionaban a mi hermana menor y a mi madre, diciéndole que Juan es un ‘asesino’, que lo van a encontrar y lo matarán”, dice. Luis Aliste, agrega: “Se llevaron libros, películas, fotografías personales, etc. Presenté un recurso de amparo respaldado por la oficina de derechos humanos de la Corporación de Asistencia Judicial para proteger la integridad de su familia, ante acusaciones similares a las que afectaron a mi hijo el año 2003. Pero, la Corte de Apelaciones lo rechazó”. Según el tribunal, Carabineros actuó dentro de los márgenes que le otorga la ley, aunque la abogada integrante, Rosa Clark intentó pedir un informe a Carabineros respecto una diligencia: Personal del OS-9 acudió al colegio en que estudia la hermana menor de Juan, para amedrentarla, según denuncian familiares. Su petición también fue desestimada. Por su parte, la Corte Marcial también rechazó similar recurso presentado por la familia Fuentevilla Saa. “La única condena de Juan fue cumplida al pasar 12 años encarcelado. No fue indultado. No se encuentra prófugo por robos a bancos, como se ha dicho. Sé que mi hijo es inocente y entiendo que no se haya presentado a la justicia. Hasta cuándo van a seguir estigmatizándonos y acusándonos”, reclama Luis Aliste. “Está siendo criminalizado mediáticamente. Las acusaciones son absolutamente abusivas e injustificadas. Tras esto hay intereses en juego, es un montaje que aún no se logra dimensionar”, concluye Karina Aliste. Foto: LUIS Aliste Salinas y Karina Aliste Vega, padre y hermana de Juan Aliste, ex preso político del Movimiento Juvenil Lautaro. “La vida de mi hijo está en peligro”, dice el padre del fugitivo. (Foto de Luis Arnéz) (IN)JUSTICIA MILITAR El caso ha generado polémica por la “competencia” de la Justicia Militar. El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, requirió a la Justicia Militar “declararse incompetente por ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos”. Es insólito pero en Chile aún las fiscalías militares juzgan a civiles. La Corte Suprema resolvió la contienda de competencia y dejó en manos de la Fiscalía Militar la investigación por la muerte del carabinero. la justicia civil se encuentra investigando el asalto. Pero nadie repara en que el que la Justicia Militar mantenga intactos sus poderes viola tratados y convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por nuestro país. El fiscal militar Roberto Reveco sigue investigando el asesinato del cabo Luis Moyano. El juez Urrutia apuntó en su resolución: “Los mismos hechos están siendo conocidos por la II Fiscalía Militar de Santiago. Las consecuencias de dicha decisión, son de gran trascendencia para los derechos de los imputados, querellantes y víctimas y para una eventual responsabilidad internacional del Estado de Chile por incumplir la Convención Americana de Derechos Humanos”. Según el juez debiera restringirse la aplicación de la jurisdicción militar “sólo a situaciones donde se vea envuelto personal de Carabineros en su función de Defensa Nacional y no en función de orden interno”, interpretación que “otorga una salida acorde con los principios que rigen un Estado democrático de Derecho y con los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado en los fallos Durand y Ugarte (1999) y Palamara (2005), “la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar. El Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares”. Expresamente la CIDH exhorta que a que civiles no debieran ser juzgados por tribunales militares por delitos comunes en tiempos de paz: “Dicha situación es una violación de las garantías judiciales de la Convención Americana. La reforma procesal penal chilena no incluyó una reforma de la jurisdicción militar. Según la CIDH, la justicia militar no asegura imparcialidad e independencia, ni garantías de publicidad, pues existe un abuso del secreto, y no asegura -en los términos de la Convención- un adecuado derecho a defensa. De esta manera, no restringir la jurisdicción militar a los casos específicos atenta contra los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, como lo señaló la CIDH ya en el Informe Anual de 1993”, señala en su resolución el juez. Además, la CIDH ha dicho que: “Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno”. (*) Una versión de este artículo fue publicada por Punto Final.
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