Chile - Enero  2009

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Presos políticos chilenos en Brasil
7 años de encarcelamiento
 

En febrero, 1º de 2002, son detenidos Mauricio Hernández Norambuena (chileno), Alfredo Canales Moreno (chileno), Marta Urrego Mejía (colombiana), Marco Rodríguez Ortega (chileno), Karina Germano López (argentina-española) y William Gaona Becerra (colombiano); en la localidad de Sierra Negra, Sao Paulo, Brasil. Todos acusados del secuestro de Washington Olivetto, ejecutivo publicitario brasileño. El publicista fue supuestamente mantenido rehén por 53 días y los supuestos secuestradores pedían un rescate de 10 millones de dólares. Olivetto fue liberado y el rescate nunca fue pagado. En sus propias declaraciones Olivetto señala no reconocer a los detenidos ni haber sido maltratado.

Los detenidos fueron torturados en dos dependencias policiales distintas, tanto en la localidad de Amparo, como en la ciudad de Sao Paulo, denuncias formales de esto quedaron registradas antela Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Sao Paulo, el Grupo Tortura Nunca Más y el Grupo Acción de Cristianos contra la Tortura. Los cuatro detenidos hombres fueron trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad Anexo de Taubate, en febrero 4, 2002, donde permanecieron aislados por completo y por mas de seis meses sin comunicación entre ellos, sin acceso a prensa ni a literatura, con visita solo de familia directa y con máximas restricciones en lo referente a artículos de aseo, vestuario y alimentación, colocándoseles en condición de Régimen Diferenciado Disciplinario (RDD).

De acuerdo al Régimen Penitenciario Disciplinaria Brasilero vigente, referente a condiciones y reglamentaciones carcelarias, la permanencia de cualquier detenido en la Cárcel de Alta Seguridad de Taubate, no puede exceder lo seis meses en forma continua, y solo se efectúa el traslado si el detenido ha cometido una Falta Grave al interior de su Centro de Detención de origen. Las autoridades brasileñas, por lo tanto, cometieron con los cuatro detenidos hombres, dos faltas graves al respecto de su propio Código Disciplinario. Primero, ninguno de los detenidos había cometido Falta Grave o Menor, al interior del Régimen Penitenciario, y segundo, todos permanecieron más del doble del tiempo legalmente permitido para estar en Taubate.

Taubate ha sido condenada sistemáticamente por los Organismos de Derechos Humanos Internacionales y por la propia Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brazil, como un lugar que atenta contra la integridad física y psicológica de los que permanecen allí. Todos permanecieron en dicho recinto por más de un año. En enero 4 de 2003, Alfredo Canales Moreno fue trasladado a la Penitenciaria de Araraquara, Marco Rodríguez Ortega, a la Penitenciaria de Casa Branca y William Gaona Becerra, a la Penitenciaria I de Presidente Wenceslao. Mauricio Hernández Norambuena, permaneció allí hasta marzo de 2003, y fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad Presidente Bernandes, llamada por organismos de derechos humanos "la fábrica de locos", manteniendo las mismas restricciones que en la Cárcel de Taubate. En noviembre de 2006 Marco, Alfredo y William fueron trasladados a la nueva cárcel para extranjeros, ubicada en Itai, donde se encuentran actualmente. La situación en ese lugar ha ido empeorando con el pasar del tiempo, las prácticas xenófobas, los castigos injustificados y el endurecimiento de las condiciones han empeorado la situación de los compañeros.

En marzo 7 de 2002, los detenidos realizan declaración ante la 19 Vara Criminal del Foro de Sao Paulo, encabezada, en ese momento, por la Jueza Kenarik Bowijikian Felippe. En julio, 2002, dicha Jueza, que llevó el caso en Primera Instancia, sentenció a 16 Años de Prisión a cada uno de los detenidos, reconoció la Motivación Política del alegado Delito y aplicó un Régimen Penitenciario Abierto, después de los dos Primeros Años. Con respecto a las otras acusaciones presentadas por el Ministerio Público, es decir la Formación de Banda, Asociación o Cuadrilla, y el Delito de Tortura (tipificados en los artículos 288, párrafo único del Código Penal, y artículo primero de la Ley 9455/97, respectivamente) con lo cual las penas alcanzan un máximo de 28 años de cárcel en Régimen Penitenciario Cerrado, sin posibilidad de beneficio alguno, la Jueza Bowijikian Felippe las desestimó por considerarlas improcedentes de acuerdo a la jurisprudencia y a la Constitución Brasileña, así como con respecto a los tratados internacionales vinculantes suscrito por Brasil. (Sentencia, Jueza Kenarik Bowijikian Felippe, página 12 ).

Tanto el primer Equipo de Defensa a cargo del Dr. Ibere Bandeira de Mello, vigente hasta enero 27 de 2003, así como el Ministerio Público, encabezado por el Sr. Marco Antonio Ferreira da Lima, fiscal responsable de presentar la acusación y el promotor para el caso, Sr. Roberto Porto, presentaron respectivas apelaciones ante el Tribunal de Sao Paulo, que cumplió las funciones de ser el Tribunal de Segunda Instancia. En noviembre 2003, el Tribunal Superior de Sao Paulo, que revisaba el caso para un resultado de Segunda Instancia, sentenció a los seis detenidos a 30 años de prisión, desestimó la posibilidad de un Régimen Penitenciario Abierto, estableciendo el cumplimiento de la condena bajo un Régimen Penitenciario Cerrado, agregando al Delito de Secuestro, el de Formación de Cuadrilla, y Tortura; es decir el Tribunal Superior de Sao Paulo acogió con totalidad las peticiones de la fiscalía, aún en el caso de las dos últimas acusaciones, que durante la investigación del proceso realizada por la Jueza Kenarik Bowijikian Felippe, se estimaron improcedentes aplicar, tanto por la jurisprudencia interna, como por los acuerdos vinculantes que Brasil ha firmado con otros países y que se encuentran en pleno estado de vigencia. En diciembre de 2003, las defensas de los detenidos, presentaron el aviso de Apelación ante la Corte Superior de Sao Paulo, quién remitirá la revisión del caso a los Tribunales Federales de Brasilia, llegando así, a la última y máxima instancia judicial al interior de Brasil.

Marco Rodríguez Ortega, 35 años, es militante del MIR, nunca había sido detenido antes y debió crecer en el exilio y separado de su familia, al ser sus padres prisioneros políticos por más de 10 años, ambos antiguos militantes del MIR. En los años 90 tuvo una activa participación en organizaciones populares de base en el sector Sur-Poniente de Santiago de Chile, trabajando durante años en la Radio Villa Francia. Se le puede escribir a: Marco Rodríguez Ortega (228.515) Penitenciaria de Itai Rodovia Eduardo Saigh Km 292,5CEP: 18730-000 Itai, Sao Paulo

SITUACION ACTUAL DEL PROCESO

En primera instancia fueron condenados a 16 años con régimen abierto (pueden acceder a beneficios de libertad condicional) y fundamentalmente porque la jueza reconoció la motivación política del secuestro. En la segunda instancia fueron condenados a 30 años, sin derecho a beneficios y no aceptaron la motivación política. Los abogados apelaron al tribunal de San Pablo, apelación que fue rechazada, por lo que ahora se presentó un escrito solicitando que el proceso sea enviado al Tribunal Supremo de Justicia que radica en Brasilia. Allí pueden tener más imparcialidad. La apuesta del abogado es lograr que se vuelva a la condena de primera instancia, de ser aprobado les permitiría salir con beneficios. De ser negado, todavía queda la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, una de las alternativas que se maneja es la Revisión de Proceso, para ello hay que contratar un nuevo abogado, que realice las gestiones necesarias, es por ello que se encuentran funcionando diversas alternativas para juntar recursos, desde el aporte mensual de algunos compañeros/as y amigos/as, hasta actividades que además de juntar recursos permiten difundir la actual situación en que se encuentran.

www.mauriciohernandeznorambuena.com 

Grupo de Apoyo a los Presos Internacionalistas Västerås , Suecia gacumpasbrasil@gmail.com