En el momento de su muerte, Pinochet se enfrentaba a más de 300 querellas por violaciones a los derechos humanos, a las que hay que añadir investigaciones en varios países. En enero de 1998, Gladys Marín, dirigente del Partido Comunista, fue quien presentó la primera querella contra el general Augusto Pinochet, por los delitos de "genocidio u homicidios múltiples calificados, secuestros, asociación ilícita e inhumación ilegal", por la desaparición de su esposo, Jorge Muñoz, y de otros cuatro dirigentes del PC ocurrida en 1976. La segunda querella fue interpuesta por la viuda de Mario Silva, ex gerente general de la CORFO en Antofagasta, asesinado en octubre de 1973 en el caso Caravana de la Muerte. Esta querella contra Pinochet se presentó por el delito de "homicidio calificado con infracción a los convenios de Ginebra". Calificadas como un "paso histórico", muchos pensaban que no tendría destino.

En marzo de 1998 las querellas siguieron sumándose. Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), presentó otra querella por "secuestros reiterados y torturas, seguidos de desaparecimiento y otros casos de homicidios múltiples". Poco a poco, grupos de víctimas y organizaciones sociales fueron recabando antecedentes para iniciar acciones legales contra Pinochet y decenas de sus más cercanos colaboradores. Ya en octubre de 1998 sumaban catorce, con la querella interpuesta por el Colegio de Periodistas por "arresto, detención ilegal, tortura, secuestro y homicidios calificados de profesionales de la prensa". Vino una seguidilla de presentaciones acogidas en tribunales, dejando atrás la oscura etapa de la denegación de justicia.

En junio del año 2002, familiares de víctimas presentaron la querella número 299 por los delitos de "secuestro, torturas, asociación ilícita contra detenidos en el centro de torturas de Villa Grimaldi", acción dirigida contra Pinochet y la plana mayor de la DINA.

Pinochet estaba procesado por seis casos, cuatro por violaciones a los derechos humanos y dos por enriquecimiento ilícito. Desde que en 1998 el juez español Baltasar Garzón consiguió su detención en Londres por cargos de "genocidio, terrorismo y tortura", Pinochet intentó con relativo éxito eludir la acción de la justicia invocando un deteriorado estado de salud y finalmente "demencia senil". Pero desde el año 2005, múltiples informes médicos no impidieron nuevos procesamientos.

Fue desaforado más de catorce veces. Tras ser nombrado -en 1998- senador vitalicio, mantenía "inmunidad", a la que se sumaba la otorgada por el gobierno de Ricardo Lagos, que reconoció a Pinochet como "ex Presidente de la República", lo que entorpeció la acción de la justicia. Cada vez que se lo investigaba, los abogados querellantes debían solicitar su desafuero. En agosto del 2000, Pinochet fue desaforado por el juez Juan Guzmán para ser investigado en el caso Caravana de la Muerte. Así se inició el llamado "desfile de militares" por los tribunales.

El ex dictador fue el individuo más querellado en la historia judicial chilena y también el más desaforado por tribunales. Desde que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema inició la reapertura de causas amnistiadas, traspasándolas de la justicia militar a la civil, se fueron despejando varias investigaciones que quedarán pendientes por su fallecimiento. Su estrategia de dilatar indefinidamente la acción de la justicia le brindó resultados.

Caravana de la Muerte

En el caso Caravana de la Muerte -comitiva militar que recorrió el país tras el golpe militar con el supuesto fin de "aunar criterios" en los juicios de guerra contra presos políticos-, se acreditó que el fallecido ex dictador, a través de su delegado el general Sergio Arellano Stark, asesinó a decenas de opositores. Augusto Pinochet fue desaforado por la Corte Suprema en agosto de 2000 y le procesó el ministro Juan Guzmán, por secuestro. En enero del 2001, el juez decretó su arresto domiciliario por la responsabilidad en 74 ejecuciones de presos políticos. Pero el máximo tribunal lo sobreseyó, tras alegar "demencia subcortical", lo que a juicio del tribunal le impedía ser juzgado, poniendo fin en julio del 2002 a la investigación que sustanciaba Guzmán.

Recién en noviembre de 2005, Pinochet fue declarado apto mentalmente para enfrentar un juicio. Y fue nuevamente procesado por el homicidio de dos presos políticos en el caso Caravana de la Muerte, siendo desaforado otra vez el 11 de enero del 2006.

El ministro de fuero Víctor Montiglio logró encausar a Pinochet como autor del secuestro calificado de dos guardias del presidente Allende, y se decretó incluso su arresto. Se sabe que Pinochet ordenó telefónicamente los secuestros y posterior fusilamiento de Wagner Salinas y Francisco Lara -miembros del GAP-, ocurridos en octubre de 1973. A Salinas y Lara se les arrestó en Curicó, el 30 de septiembre de 1973, se les trasladó a Santiago y posteriormente se les ejecutó en el Regimiento Tacna. Hace pocos días, se había otorgado la libertad bajo fianza a Pinochet en el caso, previo pago de una fianza de un millón de pesos, y fue prontuariado.

El ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, admitió en varios procesos judiciales que el ex dictador era quien dirigía la DINA y ordenaba las "operaciones de exterminio". El único careo entre ambos fue realizado por el ministro Víctor Montiglio y habría sido el fundamental para confirmar la responsabilidad de Pinochet en las acciones del organismo represivo desde 1974 hasta su disolución en 1978. Contreras ya había revelado en la investigación por la Operación Cóndor cómo Pinochet manejaba las acciones de la DINA.

Banco Riggs

El agosto del 2004, el Senado de EEUU dio a conocer un informe que detallaba la millonaria fortuna que el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte mantenía en el Banco Riggs y otras entidades financieras en Estados Unidos, Europa y algunos paraísos fiscales. La revelación causó escándalo, y en nuestro país se encomendó la investigación al entonces ministro de la Corte de Apelaciones Sergio Muñoz, para que investigara los delitos de fraude al fisco, exacción ilegal, malversación de caudales públicos y cohecho.

Finalmente se procesó a Pinochet y a parte de su familia por varios delitos tributarios. Hasta ahora se han descubierto un sinnúmero de "empresas de papel", de cuentas bancarias y cerca de 31 millones de dólares de la fortuna oculta. En octubre de 2005, la Corte Suprema desaforó a Pinochet y el 23 de noviembre de 2005, el ministro Carlos Cerda le procesó por evasión tributaria y falsificación de pasaportes. El juez Cerda declaró agotada la investigación por los delitos tributarios y la falsificación de pasaportes, quedando en condiciones de dictar acusación y condena. Pero la defensa del ex dictador consiguió que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso en contra del magistrado, marginándolo del caso. La inhabilidad que aún no es aclarada por el tribunal paralizó numerosas diligencias en el proceso por enriquecimiento ilícito y fraude tributario cometido por Pinochet, su familia y colaboradores cercanos. Se esperaba una condena a corto plazo en la investigación.

La investigación en el Senado de Estados Unidos descubrió que Pinochet ocultó entre cuatro y ocho millones de dólares en cuentas personales en el Banco Riggs. Se estableció, en abril de 2005, que la fortuna del ex dictador bordeaba los 17 millones dólares. Pero aún faltaba descubrir cuentas secretas en Suiza, Inglaterra y algunos paraísos fiscales. El juez Muñoz y la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de Estados Unidos, descubrieron que el Banco de Chile mantenía fondos de Pinochet sin considerar las disposiciones del Acta Patriótica de Estados Unidos, para evitar el lavado de dinero por operaciones de narcotráfico y terrorismo.

Se estableció que el Banco de Chile en Nueva York ayudó al albacea de Pinochet, Oscar Aitken, a abrir una serie de "empresas" en paraísos fiscales, para esconder los dineros y evitar la acción del juez Garzón. Recién el 2004, el Banco de Chile cerró las cuentas de Pinochet y de su familia. Los jueces Muñoz y Cerda han establecido hasta ahora que las cuentas encontradas en Estados Unidos suman 28 millones de dólares. A esto se agregó lo encontrado en Suiza: tres millones de dólares más. Se dice que la fortuna de Pinochet podría llegar a cien millones de dólares.

Según el Consejo de Defensa del Estado, estos dineros provienen, en parte, de la venta ilegal de armas y de fondos reservados que se transfirieron ilegalmente a sus cuentas desde la Casa Militar. El Servicio de Impuestos Internos también señala que hay antecedentes de al menos 128 cuentas en veinte bancos diferentes, lo que constituye un daño al patrimonio fiscal que alcanzaría los 5.754 millones de pesos, sólo entre 1980 y 2004. En junio 2005, a Pinochet se le desaforó para investigar el fraude al Fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsa y el eludir medidas cautelares sobre sus bienes. Tras ser declarado mentalmente apto, fue interrogado y procesado por malversación de fondos y fraude tributario.

Villa Grimaldi, Cóndor y Colombo

El ministro de fuero Alejandro Solís investiga los crímenes en la Villa Grimaldi. En este caso se anunciaba una condena contra Pinochet. El sumario está próximo a cerrarse. El juez Solís interrogó a Pinochet por su responsabilidad en 23 casos de tortura y 36 secuestros ocurridos en el Cuartel Terranova, centro de detención y tortura conocido como Villa Grimaldi. Según declaraciones del ministro, en la mayoría de las preguntas Pinochet sólo respondió con un "no me acuerdo", negando tener conocimiento de las desapariciones, en 1974, al interior del centro controlado por la DINA. Pinochet fue desaforado en septiembre de 2006 y procesado como autor de secuestros con desaparición y torturas, quedando bajo arresto domiciliario. La estrategia de la defensa y su abogado Pablo Rodríguez fue dilatar al máximo el proceso utilizando subterfugios técnico-procesales. Incluso estaba pendiente aún una solicitud de sobreseimiento por razones de salud.

Por el caso Operación Cóndor -coordinación entre los gobiernos militares del Cono Sur para eliminar a sus opositores en los años 70 y 80-, la Corte de Apelaciones lo desaforó en agosto de 2004 y fue procesado el 13 de diciembre de ese año. Pero la Corte Suprema revocó los cargos en junio de 2005. En la Operación Colombo -que encubrió la desaparición de 119 opositores en 1975-, la Corte Suprema lo desaforó el 14 de septiembre de 2005. Fue careado con Manuel Contreras y procesado por secuestro el 7 de diciembre ese año. Se le procesó por la desaparición de seis militantes del MIR y el juez decretó su arresto domiciliario. El 28 de diciembre 2005, Pinochet fue fichado. Pero en enero de 2006 obtuvo la libertad provisional en su procesamiento por tres crímenes de la Operación Colombo.

Caso Prats

El juicio por el homicidio del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en septiembre de 1974, continúa pendiente. La Corte de Apelaciones desaforó a Pinochet en diciembre del 2004, pero el máximo tribunal rechazó su desafuero en marzo del 2005. Sin embargo, la investigación probó que Pinochet actuó como superior jerárquico de la DINA, dirigida por el Manuel Contreras Sepúlveda, cuyos agentes serían autores directos del crimen. Cuando Pinochet, en un interrogatorio, negó tener responsabilidad en el caso Caravana de la Muerte, señaló que el general Arellano Stark siempre actuó al margen de su mando: "Siempre se mandó solo", le declaró al juez Alejandro Solís, quien lo interrogaba respecto del homicidio del general Carlos Prats. Hoy se sabe que el general Arellano Stark viajó a Buenos Aires, a fines de 1973, para "coordinar" con el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), la vigilancia del general Prats, según consta en el proceso tras la desclasificación de documentos secretos del Departamento de Estado de EEUU.

Caso Berríos

Eugenio Berríos, ex químico de la DINA, fue asesinado en Uruguay por militares chilenos en 1993. La Corte de Apelaciones desaforó a Pinochet en octubre de 2006, y estaba pendiente su apelación ante la Corte Suprema. El asesinato de Berríos revela cómo Pinochet usó su poder durante los gobierno de la Concertación. La investigación del ministro Alejandro Madrid, por el secuestro y homicidio del ex químico, acreditó que Berríos fue sacado de Chile por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para evitar que declarara en el caso por el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria. Pero Berríos no fue el único agente "protegido" por Pinochet. Hubo otros, que fueron "escondidos" en Argentina, Uruguay y Brasil, para evitar la acción de la justicia. Augusto Pinochet siguió usando al ejército y a sus agentes de inteligencia para evitar que la justicia operara. En la investigación hay antecedentes que demuestran que Pinochet ordenó sacar clandestinamente a Berríos de Chile en noviembre de 1991. Su "protección" y posterior secuestro y ejecución formó parte de la La Cofradía, operación con la que el ejército después de 1990 evitó que agentes claves declararan en los procesos que se investigaban. A Berríos se le mantuvo secuestrado en Montevideo y otros lugares, con la colaboración de militares uruguayos. Tras un intento de huida, fue ejecutado. Su cadáver fue hallado, en 1995, con dos tiros de 9 mm. en el cráneo.

Calle Conferencia y Llidó

En el caso calle Conferencia -desaparición de la cúpula del PC, en 1976, a manos de la DINA-, la Corte Suprema rechazó el desafuero de Pinochet en agosto de 2003, a pesar de las pruebas que lo involucraban. En mayo de 1976, agentes de la DINA secuestraron a los dirigentes Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar y Víctor Díaz. Recursos de amparo y querellas presentadas por familiares fueron rechazados o sobreseídos. Al dictarse los primeros procesamientos, el coronel (r) Germán Barriga, a cargo del secuestro, aparentemente se suicidó al lanzarse desde un edificio en construcción. La investigación logró acreditar el destino de muchos cuerpos de detenidos desaparecidos. Se sabe que la Brigada Purén -creada por la DINA para aniquilar al PC-, llevaba a los detenidos hasta el aeródromo de Tobalaba, donde, en operaciones conjuntas con el Comando de Aviación del ejército, les introducían en sacos, se les amarraba a rieles y les arrojaban al mar desde helicópteros Puma. Uno de esos helicópteros era el que usaba Pinochet. Unas cuatrocientas personas fueron hechas desaparecer de esta forma entre 1974 y 1978. Por este caso se procesó al ex jefe de la DINA, agentes del organismo y pilotos de helicópteros, además del ex jefe del Comando de Aviación del ejército, Carlos Mardones.

Por la muerte del sacerdote español Antonio Llidó, la Corte de Apelaciones desaforó a Pinochet el 8 de noviembre de 2006 por secuestro calificado, torturas y asociación ilícita. Estaba pendiente la apelación de la defensa en la Corte Suprema. En la causa por la desaparición del sacerdote de 38 años se encuentran procesados los integrantes de la cúpula de la DINA. "Hay antecedentes que vinculan a Pinochet con Manuel Contreras, que con sus dichos lo amarraba a este caso", dice el abogado Héctor Salazar, que patrocina la querella interpuesta por la hermana del sacerdote, Eva Llidó.

En este caso está el testimonio de un grupo de obispos de distintos credos que se reunieron con Pinochet para expresarle su preocupación por algunos detenidos desaparecidos, entre ellos Llidó. Pinochet les señaló: "No es un cura, es un marxista. A los marxistas hay que torturarlos porque de otra manera no cantan". El testimonio fue entregado al ministro en visita Jorge Zepeda por el obispo luterano Helmut Frenz. Llidó fue arrestado el 1 de octubre de 1974 por una patrulla militar que, según consta en el expediente judicial, lo entregó a agentes de la DINA. Fue visto con vida por otros prisioneros políticos en Cuatro Álamos, con evidentes signos de tortura.

Otros hechos

Pinochet logró eludir su responsabilidad, traspasándola a algunos de sus oficiales. Interrogado en el juicio por el crimen del ex intendente Germán Castro, en Talca, Pinochet dio a entender que el general Washington Carrasco fue quien, "por iniciativa propia", ordenó ejecutarlo sin juicio previo. De igual forma, atribuyó al general Sergio Arellano Stark su propia responsabilidad en los crímenes de la Caravana de la Muerte. Arellano actuaba como "delegado del comandante en Jefe", es decir del propio Pinochet. También en el caso por el homicidio del general Prats y su esposa en Buenos Aires, Pinochet se escudó en la actuación del director de la DINA, general Manuel Contreras.