Pinochet ha muerto sin haber sido condenado por los tribunales chilenos y sin asumir su responsabilidad por los brutales crímenes cometidos por la dictadura militar que encabezara desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, y que significó 17 años de horrenda represión contra el pueblo, movimientos sociales y partidos de izquierda. Los pusilánimes gobiernos de la Concertación simplemente no fueron capaces de cumplir con sus promesas de verdad y justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El informe del Hospital Militar de esta mañana hablaba de la "estabilidad" y "recuperación" de Pinochet, pero en horas de la tarde sufrió una "brusca recaída" y falleció. En un escueto comunicado, los responsables del hospital afirmaron que "a las 13.30 horas el ex presidente sufrió una inesperada y grave descompensación que obligó a su traslado en estado crítico hasta la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se aplicaron todas las medidas médicas de resucitación, no lográndose una respuesta positiva y falleciendo a las 14.15 horas".

El médico Juan Ignacio Vergara ha señalado que el ex dictador sufrió una "falla cardiaca que no pudo ser superada" pese a varias maniobras de reanimación. Augusto Pinochet permanecía en el Hospital Militar desde hacía una semana afectado por un infarto de miocardio y un edema pulmonar. En el hospital se encuentran los hijos de Pinochet, su esposa Lucía Hiriart y el actual comandante en Jefe del ejército, Oscar Izurieta. El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez había solicitado al ministro Alejandro Solís -que sigue el caso Villa Grimaldi-, que investigara si el infarto de ex dictador Pinochet había sido un "montaje", para que "quedara acreditado procesalmente si la atención de salud a la que fue sometido en el Hospital Militar se ajustó a los procedimientos".

Pese al cúmulo de acciones judiciales en su contra, Pinochet jamás fue encarcelado en Chile. Su fallecimiento tendrá efectos en los juicios que afrentaba, y su participación en todos los procesos penales deberá ser sobreseída definitivamente.

Pinochet se enfrentaba a más de 300 querellas por violaciones a los derechos humanos, a las que se añadían investigaciones en varios países por crímenes ejecutados por sus organismos de seguridad. En enero de 1998, la dirigenta del Partido Comunista (PC) Gladys Marín Millie, presentó la primera querella contra Pinochet, por los delitos de "genocidio u homicidios múltiples calificados, secuestros, asociación ilícita e inhumación ilegal", por la desaparición de su esposo Jorge Muñoz y otros cuatro dirigentes del PC, ocurrida en 1976. Muchos pensaron que no tendría destino.

Sobre Pinochet pesaban seis procesamientos, cuatro por violaciones a los derechos humanos y dos por enriquecimiento ilícito. Desde que en 1998 el juez español Baltasar Garzón consiguió su detención en Londres, Pinochet intentó con relativo éxito eludir la acción de la justicia invocando un deteriorado estado de salud y finalmente "demencia". Pero desde el 2005, los múltiples informes médicos no impidieron nuevos procesamientos.

El agosto del año 2004, el Senado estadounidense reveló que Augusto Pinochet mantenía una millonaria fortuna en el Banco Riggs y otras entidades financieras en Estados Unidos y Europa, así como en paraísos fiscales. La noticia causó escándalo, y en Chile se le encomendó al entonces ministro de la Corte de Apelaciones, Sergio Muñoz, que investigara los delitos de fraude al fisco, exacción ilegal, malversación de caudales públicos y cohecho.

Se procesó a Pinochet y a parte de su familia y colaboradores por varios delitos tributarios. Tras la investigación en el Senado estadounidense se descubrió que Pinochet ocultó entre cuatro y ocho millones de dólares en cuentas personales en el Banco Riggs, bajo nombres falsos. Se estableció que la fortuna del ex dictador bordeaba los 17 millones dólares, sumando todos sus bienes, intereses en las cuentas del Banco Riggs y las del Banco de Chile en Nueva York. La Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de Estados Unidos, descubrió que el Banco de Chile mantenía fondos del fallecido Pinochet sin considerar las disposiciones del Acta Patriótica de Estados Unidos y que su oficina en Nueva York le ayudó a abrir empresas en paraísos fiscales que fueron ocupadas para esconder los dineros y evitar la acción de Garzón.

El juez Muñoz estableció que las cuentas encontradas en Estados Unidos sumaban 28 millones de dólares. A lo que se agregó, después, lo encontrado en Suiza: tres millones de dólares más. Se dice que la fortuna de Pinochet y familia podría llegar a cien millones de dólares. Dineros que provienen de la venta ilegal de armas y de fondos reservados que se transfirieron ilegalmente a sus cuentas desde la Casa Militar.

Hasta el final de sus días, Pinochet consiguió eludir su responsabilidad en los crímenes de la dictadura, traspasándola judicialmente a quienes fueron sus altos mandos. Se escudó en la actuación del general (r) y ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; en la del general (r) Sergio Arellano Stark; en la del general (r) Washington Carrasco y en otros.

Con su fallecimiento, comienza el juicio de la historia.
 

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