Chile - Enero  2007

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Sudor frío en El Mercurio

por Pedro Fernández

Las empresas periodísticas El Mercurio y Copesa están siendo sometidas al severo escrutinio de la Fiscalía Nacional Económica y de una comisión especial de la Cámara de Diputados que investigan la forma en que se distribuye la publicidad del Estado. A pesar de la enorme importancia que tienen esas investigaciones, ninguno de los medios que editan ambos consorcios (El Mercurio controla tres diarios en Santiago y 24 en provincias y Copesa tres diarios y un semanario) ha publicado una sola línea sobre estas acciones que les afectan directamente. Las investigaciones que por separado hacen la Fiscalía Nacional Económica y la Cámara de Diputados, deben determinar los montos de la publicidad estatal que reciben El Mercurio y Copesa y los compromisos que hacen que el Estado -ya sea bajo administración de la dictadura militar o de los gobiernos de la Concertación- les destine el grueso de una inversión publicitaria que suma varios miles de millones de pesos anuales. El favoritismo estatal con El Mercurio y Copesa se hace en perjuicio de la debilitada pren-sa independiente que con enormes dificultades todavía subsiste en el país. La falta de apoyo publicitario -principal fuente de ingresos de los medios escritos y audiovisuales- no le permite a la prensa independiente competir en condiciones de relativa igualdad con los dos grandes imperios que dominan ese mercado en Chile. Esta grave situación, que ha llevado a la desaparición de numerosos medios independientes, no sólo pone en evidencia que la libre competencia es una ficción en el mercado periodístico nacional, sino que, además, el monopolio informativo que ejercen El Mercurio y Copesa -las dos caras de una misma moneda neoliberal- vulnera un derecho ciudadano fundamental, cual es acceder a una información pluralista. El pluralismo informativo -que en Chile está en vías de ser eliminado- fortalece el sistema democrático porque genera y alimenta diferentes corrientes de opinión. Pero los gobiernos de la Concertación han hecho todo lo posible por amparar, proteger y subsidiar con su publicidad el pensamiento único que tratan de imponer a los chilenos los dos grandes conglomerados periodísticos del país.

MILES DE MILLONES EN JUEGO

La Contralora General (s) de la República, Noemí Rojas, dio a conocer que el año 2005 el Estado gastó 21 mil 100 millones de pesos en avisos, folletos, revistas, memorias y otros impresos. Más de 12 mil millones correspondieron a avisos en periódicos, radio y televisión. Estas sumas no incluyen a las empresas públicas, como Codelco y Corfo por ejemplo, que invierten considerables recursos en publicidad. La Contralora señaló estas cifras en la comisión especial investigadora del avisaje del Estado de la Cámara de Diputados, que preside el parlamentario socialista Marco Enríquez-Ominami. A la misma reunión asistió la subsecretaria de la Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, repartición que junto con el Ministerio de Salud hace un fuerte gasto en publicidad.

El Observatorio de Medios Fucatel ha señalado, en su informe correspondiente al año 2005, que el 48% de la publicidad estatal se lo llevó la empresa El Mercurio, Copesa logró el 29%, La Nación un 9% y el resto fue a diferentes diarios regionales, revistas y periódicos comunales.

La comisión investigadora de la Cámara ha invitado a representantes de diversas empresas periodísticas (Punto Final no ha sido invitado), entre ellas Copesa y El Mercurio. Esta última estuvo representada por el director responsable del principal diario de la cadena, Cristián Zegers Ariztía, y por el gerente Jonny Kulka Fraenkel. El dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, aparece como director del diario pero las funciones ejecutivas y la representación legal las tiene Zegers Ariztía, ex director de La Segunda. La molestia de Edwards con las investigaciones en curso sobre el avisaje estatal la reflejaron sus testaferros en la comisión de la Cámara. Cristián Zegers, por ejemplo, manifestó la creencia de que El Mercurio es víctima de una maniobra urdida por Punto Final, mediante su denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, y del diputado Enríquez-Ominami a través de la iniciativa para que la Cámara investigue el avisaje estatal. Los representantes de Copesa también estuvieron en la comisión investigadora de la Cámara. El dueño de La Tercera, Alvaro Saieh, se excusó por enfermedad. Pero compareció un equipo de ejecutivos formado por Francisco Sánchez, gerente general; Ricardo Avello, gerente de estudios y el abogado Alvaro Caviedes, fiscal del Consorcio Periodístico de Chile. En sus intervenciones hicieron ver que El Mercurio está sobrerrepresentado en la tajada de publicidad que recibe del Estado. O sea, recibe mucha más publicidad de la que le correspondería, de acuerdo a la circulación y lectoría de sus periódicos.

VETOS MERCURIALES

Fuentes al interior de El Mercurio dijeron a PF que la administración de la empresa se ha manifestado muy molesta por la obligación de responder en el plazo de diez días hábiles las preguntas que le hizo llegar el Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara Vial. Las mismas fuentes dijeron a PF que la dirección de El Mercurio ha prohibido publicar cualquier mención a las investigaciones de la Cámara de Diputados y de la Fiscalía Nacional Económica. Asimismo, está prohibido mencionar al Observatorio de Medios Fucatel -a cuyas investigaciones aludió PF en su denuncia a la Fiscalía- y a su directora, la periodista Manuela Gumucio Rivas, madre del diputado Marco Enríquez-Ominami.

Copesa, La Nación, The Clinic y otras empresas periodísticas también han sido requeridas para entregar antecedentes útiles a la investigación Rol 797-06 de la Fiscalía Nacional Económica.

Mediante oficio Nº 1585 del 2 de noviembre, el Fiscal Vergara Vial también solicitó información a Punto Final S.A. sobre sus fuentes de ingresos durante el período enero de 2002 a septiembre de 2006, canal de distribución de la revista, imprenta donde se edita, etc. Las preguntas del Fiscal Nacional Económico fueron respondidas por escrito el 16 de noviembre por el director y representante legal de Punto Final, Manuel Cabieses Donoso. Además de los antecedentes solicitados por el Fiscal, la respuesta del director de PF señala: “Por considerarlo de interés a los fines de esta investigación, agrego las cartas intercambiadas con funcionarios de gobierno y diversas publicaciones de la revista Punto Final sobre la discriminación que afecta a la prensa independiente en la distribución de la publicidad estatal”.

Entre otros documentos, el director de PF hizo llegar a la Fiscalía Nacional Económica las cartas enviadas al presidente Ricardo Lagos Escobar (12 de junio de 2002) y a la presidenta Michelle Bachelet Jeria (27 de abril de 2006); las cartas a los ex ministros Heraldo Muñoz y Francisco Vidal y las respuestas de éstos y del actual ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber (14 de junio de 2006). Asimismo, se acompañan varios artículos sobre la publicidad del Estado publicados en PF durante los últimos años

(*) Publicado en Punto Final www.puntofinal.cl

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