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Chile - Solidaridad con los Presos Políticos - Diciembre 2005 |
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El informe, incluye algunos de los casos claves presentados ante la justicia peruana contra el ex presidente. Estos casos contemplan el homicidio de 15 personas, incluyendo un niño, en Barrios Altos, Lima en 1991 y los homicidios de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta, en 1992. Durante la Conferencia, intervinieron los abogados Leonardo Aravena, Coordinador de Justicia Internacional de AI Chile y Héctor Salazar de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), Ismael Vega, Director de AI Perú, y desde Perú, Francisco Soberón de la Coordinadora Nacional de DD.HH. de Perú y Guissela Ortiz de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Cantuta. Luego de los reiterados intentos de los seguidores de Fujimori para las violaciones quedaran en la impunidad y de que los autores de estas violaciones conocidos como “Grupo Colina”, reconocieran la existencia del grupo y su vínculo con la Inteligencia peruana del anterior gobierno y además que se haya revelado el apoyo que ésta prestó a las operaciones del grupo Colina, la culpabilidad del ex presidente parece clara. En la Conferencia, la representante de Asociación de Familiares y Víctimas de la Cantuta agradeció el apoyo de Amnistía Internacional en el caso Fujimori y aludió el derecho a la justicia que tienen las víctimas. Héctor Salazar de FASIC, señaló en este sentido, que se sienten con el derecho y la obligación de cooperar con las con las Organizaciones peruanas de DD.HH. para llevar a los Tribunales a los violadores de los DD.HH. y agregó que el control de la Comunidad Internacional en este proceso es vital para que aplique el Derecho Internacional. Asimismo, sobre la posibilidad de que el Poder Judicial chileno procese el ex presidente, indicó que existen precedentes poco alentadores en este sentido, y lo que debe hacerse es llevarlo a Perú considerando que Chile firmó un Tratado de extradición con Perú. Sobre este caso en particular, explicó que los jueces chilenos deberían tener la convicción no absoluta sino relativa de la culpabilidad – de Fujimori-. Lo que si está claro agregó, es que existen sospechas fundadas contra él y que lo que corresponde a continuación, es demostrar la autoría inmediata (osea, el hecho de que él debió saber u ordenó los crímenes) del gobernante. Otro punto de abordó con especial atención, fue el nuevo Marco del Derecho Internacional Humanitario referente al derecho de las víctimas de los crímenes a ser escuchadas y a tomar parte y presentar pruebas en los juicios. El experto en Derecho Internacional, Leonardo Aravena, afirmó por su parte, que la organización considera que Chile tiene la obligación internacional de procesar a Fujimori o extraditarlo. “El Estado chileno tiene la obligación legal y moral de entregarlo a la justicia peruana o juzgarlo en Chile, lo que parece más difícil”, reiteró. Sobre cuál es el mecanismo formal para que las víctimas se hagan parte en la reclamación de extradición, el abogado respondió que hay que remitirse a las normas generales del Código de Procedimiento Chileno que concede el derecho a los querellantes a ser parte en los procesos de extradición. Finalmente, respecto a qué medidas deberían tomar las víctimas en el caso de que Fujimori fuese juzgado en Chile, respondió que deberían entablar una demanda en los Tribunales chilenos aunque ese sería un “escenario alternativo”.
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solidaridadchile@yahoo.com |
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