El prontuario de los países de la APEC

Australia: A pesar de su posición como integrante y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quedan tres problemas principales en el país: siguen la violencia contra mujeres y niños indígenas, y la detención por tiempo indefinido de solicitantes de asilo. Además, una nueva legislación "antiterrorista" permite la detención durante siete días de personas sospechosas de poseer información sobre delitos "terroristas".
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Brunei: La Ley de Seguridad Interna permite al ministro del Interior detener a cualquier persona que pueda ser considerada una amenaza para la seguridad nacional o el orden público. Bajo esta ley fueron detenidos seis ex miembros del proscrito grupo religioso Al Arqam, supuestamente por haber intentado reactivar la organización. Al Arqam fue prohibido en 1991 por impartir enseñanzas religiosas que se "desviaban" de la escuela islámica shafeita, reconocida oficialmente.

Los golpes con vara siguen siendo el castigo preceptivo para una amplia gama de delitos comunes. Cuatro ciudadanos de Malasia podrían ser condenados a muerte por presuntos delitos relacionados con las drogas. Tales castigos continúan, aunque no se tienen noticias de que se hubiesen llevado a cabo ejecuciones desde 1957.

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Canadá: Un "certificado de seguridad" niega a los detenidos el pleno acceso a las pruebas contra ellos, y puede dar lugar a la devolución de un individuo a un país en el que corra el riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos. Se recibieron informes sobre varios casos de presunta brutalidad policial. Al menos dos personas murieron tras ser alcanzadas por proyectiles de pistolas Taser disparados por la policía. La cuestión de la brutalidad contra los indígenas y refugiados todavía no se ha resuelto, como tampoco la de los derechos sobre la tierra del pueblo Lubicon Cree (en el norte del estado de Alberta).

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Chile: Las condiciones en algunas cárceles no cumplen las normas internacionales y se recibieron informes de mal trato de presos por parte de guardias penitenciarios. En enero dos presos fueron brutalmente golpeados y empapados con agua por miembros de gendarmería. La ex Penitenciaría Santiago Sur alberga a más de 5.300 detenidos en instalaciones construidas para unos 2.500, y consiguientemente tiene grandes problemas de hacinamiento.

El nuevo plan del Presidente Ricardo Lagos quiere hacer frente al legado de las violaciones de derechos humanos dejado por la dictadura militar. El plan daría la posibilidad de inmunidad a quienes ofrezcan información sobre crímenes del pasado. No incluye la anulación de la "ley de amnistía", que ha bloqueado el camino hacia la verdad, la justicia y la plena reparación a las víctimas. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado recientemente se mostró a favor de aplicar la amnistía en los casos de detenidos desaparecidos, lo que ha provocado el temor de que ese organismo estatal busque una suerte de ley de punta final.

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China, República Popular: No se hizo nada para introducir las reformas legales e institucionales básicas que se necesitaban para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos. Decenas de miles de personas continúan siendo detenidas o encarceladas en violación de su derecho a la libertad de expresión y asociación, y corren un grave riesgo de sufrir tortura o malos tratos. Miles de personas siguen siendo condenadas a muerte o ejecutadas. Se han impuesto nuevas restricciones a los derechos culturales y religiosos de la comunidad uigur del Sin-kiang, de mayoría musulmana, donde miles de personas son detenidas o encarceladas por supuestos delitos "separatistas" o "terroristas". En el Tíbet y otras zonas de etnia tibetana, la libertad de expresión y de religión continúan gravemente limitadas. La tortura y los malos tratos siguen siendo prácticas extendidas en muchas instituciones estatales. Los métodos de tortura consisten en dar a la víctima patadas y golpes, aplicarle descargas eléctricas, colgarla por los brazos, mantenerla con grilletes en posturas dolorosas e impedirle dormir y comer. Las mujeres detenidas corren el peligro de ser violadas o sufrir otro tipo de abusos sexuales.

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Corea del Sur: Recientemente al menos 56 personas seguían condenadas a muerte. Además, la Ley de Seguridad Nacional establece largas condenas o la pena de muerte por actividades "anti-estatales" y "espionaje". Pero estos delitos no están claramente definidos y a menudo la ley se ha utilizado arbitrariamente contra personas que intentaban ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Se detienen también a los objetores de conciencia de los cuales 800, testigos de Jehová en su mayoría, continúan en prisión por negarse a cumplir el servicio militar por motivos religiosos.

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Estados Unidos: En la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, más de 600 ciudadanos extranjeros permanecen detenidos de forma indefinida sin cargos ni juicio, y sin acceso a familiares o a asistencia letrada. Se los sindica como sospechosos de mantener posibles vínculos con Al Qaeda; otros siguen recluidos en lugares no revelados. Se han recibido denuncias sobre tortura y malos tratos en esa base militar. También se recibieron denuncias de tortura y malos tratos a detenidos recluidos en bases estadounidenses en Afganistán y en Irak.

Recientemente se ejecutaron a 65 personas, lo que elevó a 885 el número total de presos ejecutados desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de las ejecuciones en 1976. Estados Unidos sigue transgrediendo las normas internacionales en su aplicación de la pena de muerte, por ejemplo al ejecutar a personas que tenían menos de 18 años al momento de cometerse el delito.

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Filipinas: Se recibieron informes de que presuntos miembros de grupos separatistas han sido objeto de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y "desapariciones", y esto incluye a mujeres y niños. Se levantaría la suspensión de las ejecuciones (anunciada en 2002 hasta que el Congreso examinara los proyectos de ley relativos a la abolición de la pena de muerte) en los casos de condenados por secuestro y tráfico de drogas.

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Hong Kong: ver China

Indonesia: El gobierno está usando las nuevamente aprobadas disposiciones legales para la Lucha contra Actos Criminales de Terrorismo para restringir la libertad de grupos religiosos e independentistas. Más de 100 miembros de la Sociedad del Islam (Jemaah Islamiyah) han sido detenidos, además de cinco miembros del grupo Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). Las disposiciones también se utilizan para detener a presos de conciencia y a defensores de derechos humanos. Los juicios de presos de conciencia y de presos políticos no se ajustaron a las normas internacionales sobre juicios justos y se recibieron informes según los cuales algunos detenidos han sido torturados.

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Japón: Muchos condenados a muerte llevan años en espera de ejecución, recluidos en régimen de aislamiento durante periodos prolongados. Las ejecuciones se llevan a cabo por ahorcamiento, tienen lugar en secreto y se comunican con escasa antelación a los condenados, cuyas familias no reciben aviso alguno. Un hombre fue ejecutado a pesar de evidentes signos de padecer una enfermedad mental. Además, hay evidencia de malos tratos y tortura de los encarcelados.

Las autoridades siguen devolviendo a solicitantes de asilo a países donde corren peligro de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos. Una de cada cinco mujeres japonesas sufre violencia física o mental a manos de sus parejas.

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Malasia: Decenas de presuntos activistas islamistas han sido detenidos en virtud de la Ley de Seguridad Interna. Se restringió el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión de personalidades de la oposición, periodistas, estudiantes y otros miembros de la sociedad civil mediante la aplicación selectiva de una serie de leyes restrictivas. Continúan los informes de homicidios, tortura y malos tratos de presuntos delincuentes a manos de la policía.

Al menos siete personas han sido condenadas a muerte, en su mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas. A muchos se les aplicaron golpes con vara como castigo adicional al encarcelamiento. También se propinaron golpes con vara a cientos de trabajadores migratorios, entre los que había solicitantes de asilo, declarados culpables de infringir la Ley de Inmigración.
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México: Continúan las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Hubo reiterados informes sobre investigaciones negligentes dirigidas por las autoridades locales, torturas de sospechosos y actos de acoso y campañas difamatorias contra familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales que luchan por la justicia.

El empleo de la tortura tiene carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales. Al menos una defensora de los derechos humanos ha sido asesinada, y otros miembros de ese colectivo reciben amenazas o son víctimas de campañas de difamación.

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Nueva Zelanda: Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el encarcelamiento de los solicitantes de asilo. AI se preocupa particularmente por el caso de un solicitante que presenta señales de tortura en su cuerpo.

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Papua Nueva Guinea: Ministros del gobierno han pedido la reanudación de las ejecuciones, la última de las cuales se llevó a cabo en 1954. Dos hombres han sido condenados a muerte por asesinato. Aumentan las denuncias de brutalidad policial. Las condiciones en las instalaciones penitenciarias se deterioraron. La policía carece de recursos para proporcionar alimentación y asistencia sanitaria adecuadas a más de 60 presos recluidos en celdas policiales. Un inspector sanitario criticó que no se hubiera cerrado la prisión de Bomana, que tenía problemas de aguas residuales porque el departamento de Servicios Penitenciarios carecía de fondos para trasladar a los 650 presos a otras instalaciones

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Perú: Las condiciones de las prisiones de máxima seguridad siguen siendo duras, y en algunos casos constituyen trato cruel, inhumano y degradante. La tortura y los malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo motivo de preocupación. También se recibieron informes de amenazas e intimidación contra defensores de los derechos humanos en Lima, y contra periodistas que se oponen al gobierno local en la provincia de Canchis.

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Rusia, Federación: Las fuerzas de seguridad rusas siguen gozando de casi total impunidad con respecto a las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el conflicto con Chechenia. Las fuerzas chechenas también han cometido graves abusos contra los derechos humanos, al igual que los combatientes chechenos enfrentados al gobierno ruso.

Los informes sobre tortura y malos tratos se suceden. Las condiciones de los centros de detención preventiva y las cárceles son a menudo crueles, inhumanas y degradantes. Los miembros de las minorías étnicas están expuestos a sufrir discriminación generalizada. Pocas veces se llevó ante la justicia a autores de agresiones racistas. La violencia en el hogar sigue cobrando la vida de miles de mujeres

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Singapur: El gobierno confirmó que desde el año 2000 han sido ejecutadas 86 personas. La libertad de expresión sigue limitada por una legislación restrictiva y por la amenaza de querellas por difamación contra los opositores políticos. Treinta y siete hombres han estado recluidos sin cargos ni juicio en virtud de la Ley de Seguridad Interna. Continúa el encarcelamiento de testigos de Jehová por su objeción de conciencia al servicio militar. Los golpes con vara siguen siendo preceptivos para algunos delitos comunes.

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Taiwán: Recientemente al menos siete personas fueron ejecutadas. Las ejecuciones se llevaron a cabo mediante fusilamiento, aunque la inyección letal es un método legal en Taiwán. El Tribunal Supremo ha aprobado otras seis condenas a muerte. El gabinete ministerial ha presentado un proyecto de ley contra el "terrorismo" que castiga con la pena de muerte los actos "terroristas" que causen pérdida de vidas, y establece penas por la participación o colaboración en grupos o actividades "terroristas".

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Tailandia:

El gobierno ha emprendido una campaña de tres meses de duración contra las drogas, durante la cual 2.245 personas han perdido la vida. Recientemente, cuatro personas fueron ejecutadas, todas ellas mediante inyección letal, método de ejecución que sustituyó al fusilamiento. Los activistas agrarios, las personas que se oponen a proyectos de infraestructuras, los miembros de comunidades tribales y los trabajadores migratorios siguen sufriendo abusos y no reciben una protección adecuada del gobierno.

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Los ataques a la libertad de expresión y asociación continúan. Los miembros del "grupo democrático" se enfrentan a detenciones, juicios injustos y largas penas de prisión. Las condenas a muerte y las ejecuciones aumentaron de forma alarmante. Continúan los juicios contra los acusados de participar en los disturbios de 2001 en las tierras altas centrales. También se reciben informes de represión selectiva de miembros de confesiones religiosas no aprobadas por las autoridades. Las tierras altas centrales permanecen bajo un estricto control gubernamental y no se permite el acceso de observadores independientes para verificar la afirmación del gobierno de que la situación ha vuelto a la normalidad

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