Chile - Diciembre 2010

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José Tohá: Un “suicidio” en duda

por Francisco Marín

Nuevas investigaciones sobre la sospechosa muerte de José Tohá González, cercano colaborador de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular –derrocado por un golpe de Estado en 1973–, aportan elementos tan reveladores como inquietantes. De acuerdo con expertos en medicina forense, la tesis de que el abogado socialista se “suicidó” ahorcándose en un armario de poco más de metro y medio de altura es insostenible. Los peritajes apuntan a su homicidio por estrangulamiento, lo que permitiría fincar cargos a los verdugos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Peritajes forenses realizados a partir de una nueva autopsia podrían aportar antes de que concluya el año las pruebas definitivas de que José Tohá González, brazo derecho del presidente Salvador Allende, fue asesinado.

De ser así se desmentiría la versión del “suicidio” sostenida en todo momento por la junta militar que encabezó el general Augusto Pinochet.

Tohá fue ministro del Interior y de Defensa en el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Murió el 15 de marzo de 1974, a los 44 años, en la habitación 303 del Hospital Militar de Santiago.

Fue detenido el 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar, en el palacio de La Moneda. Aunque entonces ya no era ministro, permaneció junto al mandatario. Algunos amigos y biógrafos de Allende, como el periodista Carlos Jorquera, aseguran que el malogrado gobernante socialista había decidido que en caso de ausencia forzosa Tohá debía ocupar su puesto.

Tras pasar algunos días detenido en la Escuela Militar de Santiago, el 15 de septiembre de 1973 Tohá fue trasladado, en calidad de “prisionero de guerra”, al campo de concentración de Isla Dawson, en el extremo sur de Chile. Ahí se encontraban recluidos algunos de los máximos jerarcas de la Unidad Popular.

Debido a los malos tratos y vejaciones a los que fue sometido por el personal militar a cargo de ese centro de reclusión, su salud se deterioró, por lo que fue llevado a varios hospitales de Punta Arenas y Santiago. Perdió 27 kilos y cayó en una profunda depresión.

“Asediado por psiquiatras que hurgaban en su depresión y juzgado por coroneles que entrenaban perros para las fuerzas armadas, las acusaciones caían: ladrón, asesino, traidor. El golpe final sobre el moribundo descendió como una acusación más”, refiere Julio Scherer García en su libro Pinochet: Vivir matando.

En el informe de autopsia número 576, realizado la tarde del día en que falleció, en la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Militar, se asienta que murió “de asfixia por ahorcamiento de tipo suicida”, luego de colgarse en el clóset de su habitación.

El documento sólo fue firmado por Alfredo Vargas, entonces director del Servicio Médico Legal (SML), a pesar de que en el procedimiento participaron otros dos médicos y un auxiliar, cuyas identidades permanecen desconocidas. En el informe no se menciona que el cadáver de Tohá presentaba quemaduras de cigarrillo.

Peor aún: se indica que el hematoma en el cuello del occiso es continuo, pero en medicina legal se sabe que en el cuello de los que se suicidan por ahorcamiento queda un surco incompleto, puesto que el peso de la persona se concentra en la parte delantera. Por el contrario, el verdugón continuo es característico de los estrangulamientos homicidas.

Sin pruebas

Las primeras indagaciones judiciales por la muerte de Tohá fueron realizadas en 1974 por el titular de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, Rolando Melo.

Debido al difícil contexto histórico que vivía Chile, fue imposible para los familiares de Tohá, encabezados por su viuda Moy, conocer la verdad y menos lograr que se hiciera justicia.

Refiere Scherer en su libro: “Victoria Morales había luchado por su marido de cara a Pinochet”.

Moy le contó al fundador de Proceso la anécdota de su encuentro con el general golpista:

“Me dijo: ‘Señora ¿qué se le ofrece?’ (…)

‘Vengo a pedirte que me devuelvas a mi marido inmediatamente. Quiero que me lo devuelvas porque está mal, porque ha habido problemas, porque ha sido sacado de su recinto hospitalario sin autorización médica. Cualquier cosa que le pase en este momento puede ser gravísima (…).

“Me dijo: ‘No me puedes pedir esto. Esto no lo puedo hacer yo. Seguramente la FACH (Fuerza Aérea de Chile) tendrá algún cargo contra tu marido’ (…).”

En 1998, y tras la apertura de los tribunales chilenos para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura –incluidos aquellos amparados por la ley de amnistía de 1978–, la familia Tohá presentó una querella contra Pinochet. El 14 de octubre de 1998 la Corte Suprema designó al ministro Jorge Zepeda a cargo de la causa 2182/98 “homicidio de José Tohá”.

Cuando Zepeda pidió a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago los archivos del caso, esta instancia le informó que se había extraviado la carpeta de antecedentes recopilada tras la muerte del abogado socialista. Todas las fotografías tomadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en el sitio del suceso desaparecieron. También se esfumaron las descripciones originales hechas por los especialistas de la fiscalía, así como las declaraciones de los testigos.

No fue sino hasta 2005 cuando Zepeda procesó, por “aplicación de tormentos reiterados” contra Tohá, a los coroneles retirados de la Fuerza Aérea Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías. Sin embargo, el caso se estancó.

A comienzos de 2010 el abogado de la familia Tohá, Nelson Caucoto, solicitó al médico legista Luis Ravanal que hiciera un análisis del informe de la autopsia. La principal conclusión del peritaje, dada a conocer el 12 de marzo pasado, fue que “Tohá murió producto de asfixia por estrangulación de naturaleza homicida”.

El informe de Ravanal fue determinante para que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera, el pasado 30 de agosto, reabrir la investigación acerca de la muerte del militante socialista. Ese tribunal designó como instructor de la causa al ministro Zepeda, quien la había cerrado dos meses atrás.

Para tomar su decisión la Corte de Apelaciones tomó en cuenta las declaraciones del médico criminalista Domingo Chelén, quien como forense de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones efectuó los primeros análisis post mortem en el cuerpo de Tohá.

“Algo que no voy a olvidar –indicó el especialista– es el estado extremo de caquexia en que se encontraba el señor Tohá; un estado de desnutrición irrecuperable… por tal razón considero imposible que él se hubiera suicidado ahorcándose por sus propios medios”. El forense señaló que era muy extraño que un hombre que medía 1.92 metros se colgara en un armario cuya altura era de 1.54 metros.

Cuando Chelén vio que el informe de autopsia no consideraba sus reportes y sostenía la tesis del suicidio, se negó a firmarlo. Asegura que dos meses después fue separado de la Brigada de Homicidios por orden directa de la junta militar.

Más pruebas

Como parte de la nueva investigación, la Corte ordenó que se realizaran las diligencias solicitadas por el abogado Caucoto. Una de las más importantes fue disponer la reconstrucción de escena, que se realizó el pasado 24 de noviembre en la habitación donde ocurrió la muerte. Pero esta medida adoleció de graves omisiones: no se invitó a importantes testigos clave, como el doctor Chelén, y le negaron el acceso al abogado querellante.

Tanto o más relevante que la recreación de hechos es la exhumación de los restos, realizada el viernes 10 en el cementerio general de Santiago. Se trata del paso previo para efectuar una nueva autopsia en los próximos días. Actualmente el cadáver se encuentra en la morgue del SML, donde se le practican exámenes de ADN que buscan comprobar que los restos corresponden a Tohá.

El juez Zepeda prohibió que participara en la necropsia el perito Ravanal, cuyo informe forense fue clave para la reapertura del caso. Esto motivó una solicitud de reconsideración por parte de Caucoto.

De acuerdo con informes provenientes del SML, filtrados por el diario electrónico El Mostrador el 26 de noviembre, la nueva autopsia permitirá a Zepeda analizar el estado del cuello, “ya que la forma en que se descoyuntan las vértebras de un ahorcado es inconfundible”.

En entrevista con Proceso, Ravanal plantea que esas observaciones hechas por el SML al ministro Zepeda constituyen “un grueso error y prueban que el juez Zepeda ha sido mal asesorado respecto a lo que se puede hacer con un cadáver en las condiciones en que, se presume, se encuentra actualmente el de Tohá, esto es, esqueletizado”.

Y añade: “Dada la poca altura que tenía ese clóset, no existe ninguna posibilidad de un daño en la columna cervical fruto de una fuerte tracción, como ocurre en los ahorcamientos realizados desde alturas mayores, como es el caso de quienes se lanzan de un puente”.

En una versión recogida por el periodista Jorge Escalante, que aparece en un reportaje publicado en La Nación el pasado 15 de noviembre, se dice: “Todo apunta a que en los días previos a la muerte de Tohá se habría realizado una reunión de algunos generales del ejército en la que se habría decidido asesinarle (…) El homicidio se habría encargado a dos conocidos oficiales de la DINA que actualmente cumplen condena por otros crímenes. Uno de ellos lo habría estrangulado y luego habrían levantado el cadáver de la cama para colgarlo de la barra de un armario con un cinturón”.

En vista de las pruebas existentes y el impacto público de este caso, el viceministro del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció el pasado 25 de noviembre que el gobierno del presidente Sebastián Piñera interpondrá una querella contra quienes resulten responsables por la muerte del exministro de Allende.

En entrevista con Proceso, Caucoto considera positiva la disposición mostrada por el gobierno para ahondar en las investigaciones del caso. También dio a conocer los elementos que fortalecen su convicción de que Tohá fue asesinado:

“Su incapacidad para tener la fuerza de atarse a un cinturón y, por lo tanto, colgarse; la falta de mención –en el informe de autopsia– de los tratamientos médicos a los que fue sometido; el hecho de que, a pesar de que nunca tuvo doctor tratante, como lo confirman los enfermeros que han declarado, de pronto aparecieron cuatro doctores que se adjudicaban dicha calidad.”

Uno de los elementos que más llama la atención de este jurista es que la autopsia no se haya realizado en las instalaciones del SML: “¿Por qué hacerlo en la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Militar, a escondidas de todos, contando Santiago con estupendas instalaciones para realizar ese procedimiento?”.

Al presidente Salvador Allende le hicieron la necropsia en esa misma unidad, que no contaba con los elementos necesarios para ello. Tampoco hubo registro de fotos y no se permitió el ingreso de médicos independientes.

El 8 de septiembre de 2008 Ravanal publicó un informe pericial sobre la autopsia de Allende que levantó revuelo. En éste concluyó que el presidente socialista murió “fruto de un impacto de un proyectil, proveniente de un arma de bajo calibre, que entró por la cara en la zona próxima al globo ocular derecho y salió por la zona parietal posterior. Y a los pocos momentos de muerto, para simular un suicidio, se le dio un disparo bajo el mentón” (Proceso 1664).

Ravanal dice a este semanario que en el caso de la muerte de Tohá resulta “a toda vista irregular que las estructuras que forman el cuello no aparecen suficientemente descritas, y cuando aparecen descritas lesiones en esa zona no son coincidentes con la localización, la forma y la distribución que hubiese provocado el surco del ahorcamiento”.

En su libro Pinochet. Vivir matando, Julio Scherer García refiere: “A juicio del doctor Joan Garcés, la Junta Militar intentó la destrucción psicológica y física de José Tohá. Que de Tohá nada quedara. Otro tanto pretendió con Orlando Letelier (…)”.

Carolina Tohá, hija del dirigente de izquierda y actual presidenta del Partido por la Democracia (PPD, de centroizquierda), dijo a EFE el 15 de noviembre: “Hay muchos elementos contundentes que demuestran que la versión oficial del suicidio es falsa y que fue un homicidio. Pero como familia también necesitamos saber quiénes son los responsables. Esperamos ahora tener acceso a nuevos testigos que nos ayuden a esclarecer la verdad”.

(*) Corresponsal de Revista Proceso (México). Publicado por Proceso http://www.proceso.com.mx