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por Arnaldo Pérez Guerra
Según las
nuevas autoridades, hasta ahora se contabilizan 342 fallecidos y 95
desaparecidos, y más de 1,2 millones de damnificados. Viviendas
destruidas o con daños estructurales superarían las 300 mil y los
costos de la catástrofe alcanzan, se dice, los 30 mil millones de
dólares. A algo más de un mes del terremoto y maremoto que afectó al
país, poco a poco Chile se levanta
El
cataclismo evidenció el fracaso del modelo neoliberal. No sólo
naufragaron los sistemas de alarma temprana y sistemas de
comunicación, colapsaron los servicios básicos en manos de
corporaciones privadas y transnacionales. Mientras la Armada negaba el
riesgo de tsunami evacuaba sus bases navales de Talcahuano, en la
Región del Bío Bío. Una hora después del terremoto -ocurrido la
madrugada del 27 de febrero-, la entonces presidenta
Michelle
Bachelet
afirmaba que “no había riesgo de tsunami”. Pero el Centro de Alerta de
Tsunamis de
Estados
Unidos
emitió una alarma para las costas del centro sur de
Chile
apenas diez minutos después de ocurrido el cataclismo.
Chile
no estaba preparado para una emergencia. “Fue elocuente ver a
Hillary Clinton
entregar un celular satelital en la mano a la presidenta
Bachelet.
Se han gastado miles de millones de dólares en submarinos y aviones
F-16 y no disponemos ni de lo básico para comunicarnos en caso de
crisis. Nuestra seguridad nacional está en manos de mercachifles y
diletantes”, señala el periodista
Francisco Marín,
corresponsal de la revista Proceso de
México.
Las
grandes corporaciones no perdieron ni perderán. Recibirán ingentes
subsidios para “la reconstrucción”. En la televisión lavaron
descaradamente su imagen. Los millonarios fondos que “donaron”
finalmente los descuentan de sus ganancias. Las inmobiliarias y
constructoras quedaron al desnudo, pero no hay ningún empresario
detenido. “Hubo decenas de edificios destruidos e inservibles, cuya
construcción coincide con el relajamiento de las exigencias de
constructibilidad realizado en 2005, en el gobierno de Lagos, y bajo
la presión de la derecha”, agrega
Marín.
Las
autoridades sostienen que la tragedia no podía evitarse. Justifican
deficiencias e ineptitudes apelando al carácter impredecible de
catástrofes como éstas. Pero en marzo de 2007 varios geólogos,
incluidos algunos del Departamento de Geofísica de la Universidad de
Chile, presentaron el artículo “Interseismic strain accumulation
measured by GPS in the seismic gap between Constitución and Concepción
in Chile”, publicado en el Journal Physics of the Earth and
Planetary Interiors. Allí concluían que el área de Constitución y
Concepción sería afectada por un terremoto de magnitud 8 a 8.5. El
gobierno y quienes podían tomar decisiones o precauciones simplemente
no hicieron nada. Tras el desastre, además, de súbito se hizo visible
una catástrofe social.
“¿Dónde estaban los ciudadanos de este
Chile
democrático y moderno? Al parecer, el gobierno no confió en ellos o
simplemente de facto reconoció que se trataba solo de una imagen
publicitaria. En efecto, en vez de apelar a la ciudadanía, casi de
inmediato se hizo eco de los aullidos de la derecha que aprovechó la
manipulación mediática para transformar la desesperación social en
pánico colectivo y así reducir toda acción colectiva popular en acción
de pillaje y delito.
El
gobierno, una vez más, se hizo cómplice de la derecha y el capital,
ambos esforzados en legitimar la vuelta del autoritarismo encarnado en
las Fuerzas Armadas que, dicho sea de paso, no tuvieron empacho en
afirmar que regresaban a la escena por el clamor popular”, señala el
académico
Rafael Agacino.
A lo
anterior se agregan las palabras del sociólogo peruano
Héctor Béjar,
quien desnuda nuestra realidad: “Como no existe organización social
sino individualismo nadie sabe qué hacer. Como el Estado no sabe
ayudar a los ciudadanos sino a las empresas tampoco sabe qué hacer…
Faltan el agua, el techo, los alimentos y la luz… Los supermercados
están llenos de agua envasada, medicinas y alimentos, pero permanecen
cerrados. Hambre y sed en la calle, abundancia bajo llave. No saben
ayudar sino vender. Se acusa a los hambrientos y sedientos de saqueo…
Como no hay electricidad para que funcionen las cajas registradoras,
los dueños de los supermercados y de Chile prefieren que se muera de
hambre y de sed la gente antes que abrir sus repletas tiendas. La
Marina sabía que venía un tsunami pero ‘olvidó’ advertir a la gente.
Mueren cientos, miles por esta falta de advertencia. La vida vale poco
o nada en ese tipo de mentalidad militar. Mientras tanto, en Santiago,
igual que en Concepción, caen inexplicablemente edificios de lujo que
deberían estar perfectamente construidos. Han sido edificados para
hacer negocio, no para proteger a la gente… No hay acción colectiva
sino pasmo y pasividad. La ciudadanía ha desaparecido en el que dicen
que es el país más democrático del continente”.
Centenares de muertes son atribuidas a la Armada de
Chile
que, con toda su tecnología, fue incapaz de alertar del tsunami. Tras
el desastre, sólo hubo excusas y acusaciones mutuas.
Luego
del escándalo se depuso al director del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada (SHOA) y renunció la directora de la
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI).
Pero el gobierno del empresario derechista
Sebastián Piñera,
sigue centrando la atención en los negocios que harán sus amigos y
socios empresarios y en la represión.
En
varias regiones persiste el toque de queda, como en dictadura. Decenas
de pobladores siguen detenidos, tras los saqueos a supermercados horas
y días después del cataclismo, denunciando incluso torturas y malos
tratos de parte de la Armada y militares. En Concepción, la capital de
la Región del Bío Bío, miles de pobladores abrieron las bodegas del
supermercado Líder, de la cadena
Wal Mart, saqueando productos
de primera necesidad. Lo mismo ocurrió en el puerto de Talcahuano y
otras ciudades de la VIII Región. Algo similar sucedió en la Región
Metropolitana, Valparaíso, O’ Higgins, Maule y La Araucanía.
La
tragedia dejó al descubierto la crisis social y la desvergüenza
empresarial. Las normas antisísmicas simplemente no se cumplen.
Decenas de hospitales están colapsados o en el suelo. Pobladores optan
por dormir a la intemperie en carpas en plazas públicas y calles. Las
autoridades aún no poseen registro oficial de las consecuencias
medioambientales del cataclismo.
El
terremoto azotó la zona centro y sur y provocó varios maremotos que
arrasaron con caletas costeras de regiones como Maule, Bío Bío y La
Araucanía. “No sabemos qué pasó con los emisarios submarinos de
residuos domiciliarios, con las piscinas de acopio de las plantas de
celulosa que guardan productos químicos, con los relaves de la
mineras, con los propios rellenos sanitarios, si están filtrando o no
las napas subterráneas”, advierte la ecologista
Flavia Liberona,
de Fundación Terram.
Las
secuelas del desastre demorarán años o décadas en superarse. Según
Manuel
Cabieses,
director de Punto Final, el nuevo gobierno marcha a tropezones,
desmitificando la aureola eficientista y profesional de que intentaba
revestirse el gobierno de la derecha: “El presidente
Sebastián Piñera
aparece hasta ahora más preocupado de producir efectos mediáticos que
de gobernar racionalmente. Su actitud incesante ante cámaras y
micrófonos está lejos de la sobriedad en los gestos, la profundidad en
las palabras y la calma necesaria para adoptar medidas que beneficien
a los sectores más modestos que han sufrido lo peor del desastre…
Hablar
de ‘unidad nacional’ es una burla en un país donde la desigualdad
entre ricos y pobres es una de las mayores del mundo. Un país en que
los ricos pagan menos impuestos que los pobres, donde una minoría vive
como millonario texano y los pobres vegetan en medio de la
precariedad, agobiados por las deudas y la incertidumbre del
desempleo, las enfermedades y las catástrofes.
El
gobierno se propone entregar la reconstrucción al sector privado,
convirtiéndola en un negocio y no en una tarea solidaria y patriótica.
La electricidad, el agua potable y las telecomunicaciones, todas en
manos privadas, se han revelado como fuentes de grave inseguridad y
abuso para los usuarios.
Caminos, puentes y autopistas concesionadas se han agrietado o
derrumbado por responsabilidad de sus constructores. Se tolera,
incluso, la estafa que significa la venta de departamentos que no se
pueden habitar y por cuyas fallas nadie responde. Las empresas
constructoras o inmobiliarias se disuelven al poco tiempo y sus dueños
desaparecen o se convierten en ‘indigentes’ que han cedido su
patrimonio a terceros”, concluye
Cabieses.
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