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Chile - Abril 2011 |
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por Tania Tamayo El sábado recién pasado, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Codepu, la Comisión Ética contra la Tortura y el Observatorio Ciudadano, visitaron en la Cárcel de Alta Seguridad a los jóvenes sometidos a proceso en el llamado “caso bombas”. La actividad tenía como objetivo conocer las instalaciones y las condiciones en las que se encuentran quienes, estando hace siete meses en prisión preventiva, tienen 22 horas diarias de encierro en celdas de un espacio mínimo y dos horas de patio al día. Junto a los observadores, iba el médico José Venturelli, para conocer el estado de salud de los inculpados debido a los casi 50 días que llevan en huelga de hambre líquida. Pese al largo período de ayuno, sólo tres medios cubrieron la noticia. Esto no es nuevo y la situación se asemeja a la vivida por los comuneros mapuches el año pasado. Sólo cuando la huelga amenazó la vida los detenidos, los medios de comunicación comenzaron a dar cobertura al hecho. Sin embargo acá, los medios no han actuado solamente con indiferencia, sino más bien han asumido un rol crucial a través de las opiniones y detalles de la redacción de las notas informativas. A los profesionales de comunicaciones nos enseñan a utilizar los verbos en condicional si un tribunal no ha decretado la culpabilidad de una persona. Pero acá esas lecciones se olvidaron y los presuntos responsables son condenados a través de la TV: “Anarquistas ahora ponen bombas en casas particulares”, señalaban los noticieros sin miramientos. Hoy la Fiscalía y la prensa parecieran ser un sólo corazón y los ejemplos sobran. El caso del Diario La Segunda es decidor. En un artículo de febrero pasado dio crédito -a ojos cerrados- a trascendidos de los “testigos sin rostro”. Algunos de ellos delincuentes comunes de la Cárcel de Alta Seguridad, que gracias a estas declaraciones obtienen beneficios carcelarios o rebaja de condena. “Los testigos sin rostro” son sólo algunas de las figuras y atribuciones de la Ley Antiterrorista, y al igual que en el caso del llamado “conflicto mapuche”, ningún sistema fiscaliza la veracidad de las delaciones. Y al igual que en aquel conflicto, en la detención del ciudadano paquistaní Mohamed Saif Ur y en la supuesta presencia de las FARC en Chile, muchas de las aristas del “caso bombas” huelen a montaje, y la debilidad de los antecedentes no ha significado un alivio para los detenidos. Por ejemplo, las pruebas de ADN que se obtuvieron en muestras de sangre, sin el consentimiento de los detenidos, resultaron negativas. Por otro lado, los antecedentes aportados por la máquina Mobile Trace de Carabineros han resultado poco precisos. Muestras contrastadas con la PDI de La Serena, y que resultaron negativas, indican que el aparato puede dar positivo a elementos tan diversos como la anilina. Sin embargo, ésa fue la máquina que permitió a los medios de comunicación decir -el día de la detención (14 de agosto)- que “al menos tres” de los detenidos fueron encontrados en “flagrancia”, ya que traían trazas de TNT en sus pertenencias. La lista suma y sigue. ¿Luz al final del túnel? De a poco, la visibilización de las irregularidades de la investigación toma forma. Hace tres semanas, 40 diputados firmaron una carta manifestando preocupación por la situación de los detenidos y el largo plazo de la indagación. También por la evidente presión que ha ejercido el Ministerio del Interior y las acciones de un Fiscal que parecía sólo querer congratularse con Rodrigo Hinzpeter. Y claro, las sospechas eran muy fundadas. El Fiscal Alejandro Peña ahora renuncia al caso para ingresar al mismo Ministerio que tanto lo protegió. Lamentablemente el sistema carcelario parece haberse adaptado fielmente a la doctrina de esta cartera. Al iniciar la huelga de hambre, todos los detenidos fueron trasladados a celdas sin luz, las que no fueron mostradas a la comisión que visitó el penal. Andrea Urzúa, una de las detenidas, por otra parte, quien tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, sufrió el pasado domingo una taquicardia. Pidió asistencia médica, pero nadie se la prestó. Le dijeron que sólo cuando se desmayara podían brindarle ayuda. Luego de la visita, los representantes de las organizaciones de DD.HH. plantearon que los jóvenes siguen exigiendo “juicio justo”, “fin del montaje” y apelando a que se mejoren las condiciones carcelarias, como la inclusión de la visita conyugal en este sistema, la eliminación de los inhumanos locutorios y de los castigos en celdas especiales. Todas condiciones corroboradas por la Comisión. Como guinda de la torta, el Fiscal Peña antes de irse solicita cadena perpetua para dos de los imputados, y entre 10 y 15 años para el resto, en una medida que parece no sólo desmedida, sino absurda al considerar que no existe ni un solo herido por los hechos que se imputan a los supuestos implicados y que, paradojalmente, han continuado ocurriendo pese a su cautiverio. (*) Periodista. Publicado por revista Réplica http://revistareplica.cl/
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