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por Arnaldo Pérez Guerra
Según datos
oficiales, en 2009 los desocupados de entre 15 y 24 años eran un
23,4 por ciento de la fuerza de trabajo. Más de un millón de jóvenes
se ven forzados a buscar trabajo en lugar de completar su educación.
Es uno de los problemas más graves. Y no es el único. Esa es la
realidad chilena. Tarde o temprano, la burbuja explotará.
“¡Sí, se trata de jóvenes en plena edad escolar! Si vivieran en
Corea, por ejemplo, todos ellos estarían cursando sus estudios
en alguna institución pública gratuita de educación superior. En
efecto, la cobertura en este segmento educacional alcanza allí al 98
por ciento. El resto de los llamados tigres asiáticos no se queda
atrás.
Algo
parecido ocurre en cualquier país europeo -incluidos los ex
socialistas-, donde las coberturas de educación terciaria usualmente
superan el 85 por ciento. Incluso en Argentina y Uruguay,
las coberturas en este segmento educacional superan el 70 por
ciento.
En
Chile, en cambio, de las cifras indicadas se puede inferir
que hay casi un millón de jóvenes que no están estudiando o se ven
forzados a estudiar y trabajar (…) No se trata de bajarles el sueldo
para que las empresas reemplacen con ellos a otros que ganan el
sueldo mínimo, aunque ese es el enfoque que ha prevalecido”, dice el
economista Manuel Riesco.
A
eso se agrega que en Chile la informalidad y la precarización
son los modos predominantes de la organización del trabajo. Así
aumentan sus ganancias las grandes corporaciones.
Según cifras de diciembre de 2009, el Instituto Nacional de
Estadísticas marca que la fuerza de trabajo chilena está compuesta
por 6,5 millones de trabajadores. La cesantía oficial supera el 9
por ciento. Sólo un 40 por ciento de la fuerza laboral tiene
contrato indefinido, agrega la Universidad de Chile. El resto
labora “por cuenta propia”, sin contratos, a honorarios, a plazo
fijo o por faenas, sobreviviendo con bajos sueldos, sin previsión
social ni salud.
“Un
30 por ciento tiene una calidad de empleo ‘más o menos decente’; y
sólo el 10 por ciento de ‘alta calidad’. La subcontratación en
actividades económicas principales aumentó de 14,5 por ciento a 20,7
por ciento. Estimaciones de hace más de una década revelan que la
subcontratación correspondía a 1,2 millones de trabajadores, esto
es, alrededor de un 18 por ciento de la fuerza laboral. La
subcontratación experimenta una ampliación que junto y como parte
también de la precarización, constituye la tendencia hegemónica de
la actual fase patronal de acumulación”, dice el periodista
Andrés Figueroa, que asesora a sindicatos bancarios.
Para
la Dirección del Trabajo -que el futuro gobierno pretende
desmantelar-, en 1999 el 43 por ciento de las empresas
“subcontrataban”. En 2004 el porcentaje superaba el 50 por ciento.
Recientemente el Banco Mundial dijo que 14 millones de
latinoamericanos “volvieron a la pobreza por efectos de la crisis”.
Felipe Jaramillo, director del BM para Bolivia,
Ecuador, Perú y Venezuela, dijo: “Nos complacía
mucho ver que llevábamos cerca de ocho años seguidos de disminución
de la pobreza en América Latina. La crisis interrumpió eso”.
En
2009, según el organismo, Latinoamérica volvió a niveles de
pobreza de 2007. Así y todo, las autoridades chilenas sacan a
relucir su “manejo frente a la crisis” y se jactan del “importante
ingreso de Chile a la OCDE”. Afirman que, a diferencia
de crisis anteriores, Chile se encontró en mejor pie para
enfrentar una “catástrofe financiera mundial”.
El
“cumplimiento riguroso de la meta de superávit estructural” permitió
acumular recursos de los excedentes del cobre que sirvieron para
impulsar un “plan de estímulo fiscal”. De no ser por ese plan
-enfocado al mercado laboral-, la tasa de desempleo superaría el 12
por ciento.
Pero
la crisis sigue ahí con OCDE o sin ella. Las exportaciones se
han derrumbado. Desde marzo de 2008 hasta diciembre de 2009 cayeron
estrepitosamente.
“Dependen completamente del precio del cobre y los minerales en
general. En 1997 el precio del cobre estaba muy deprimido, en parte
importante por la sobreproducción generada desde Chile, pero
ello cambia radicalmente a partir de 2003, cuando los principales
productores mundiales, Econdida y CODELCO, empiezan a
ajustar su producción a la demanda global.
A
ello se suma la acción de los especuladores, lo cual produce la
gigantesca burbuja que se infla en 2006 y 2007. Una vez reventada la
burbuja, las exportaciones totales caen una cuarta parte, para
retornar a sus valores de mediados de 2006”, dice Riesco. Y
agrega: “La fuerte caída de las exportaciones viene a confirmar la
gravedad de la crisis y su especial efecto sobre la economía
chilena, una de las más abiertas del mundo. La caída del comercio
internacional ha afectado seriamente el modelo exportador. Pasarán
muchos años antes de recuperar los niveles de exportación previos a
la crisis”, dice.
El
gobierno de derecha impulsará más desregulaciones. “La recesión
internacional -que afecta de modo más intenso a economías como la
chilena, fuertemente imbricada en el comercio global- tuvo un costo
no anticipado en relación con las bases programáticas de la
coalición: el congelamiento de la iniciativa política del gobierno
para impulsar cambios en la legislación laboral.
Aunque bajo el mandato de la Concertación se ha avanzado en la
dirección de atenuar la asimetría entre trabajo y capital heredada
de la dictadura, persiste la demanda por un nuevo paquete de
reformas que dé cuenta de la realidad de un país que ha crecido,
pero que no ha logrado redistribuir mejor la riqueza y que, por lo
mismo, mantiene una preocupante brecha de inequidad”, editorializó
Riesco hace unos días La Nación.
Sebastián Piñera Echeñique,
próximo a asumir la primera magistratura, promueve desregulaciones,
más flexibilidad del mercado laboral y más precarización.
Según Riesco, “seguimos permitiendo que las AFP y
compañías de seguros relacionadas con la previsión nos quiten el 13
por ciento de los salarios, se embuchen ellos mismos uno de cada
tres pesos cotizados y el resto se lo presten a sus compinches,
grandes grupos económicos que lo juegan a la ruleta de los mercados
financieros. Mientras tanto, las pensiones que entregan resultan la
mitad de las equivalentes del sistema público y un tercio en el caso
de las mujeres, que son la mayor parte de los adultos mayores.
Ahora proponen subir las cotizaciones! En 2008 cobraron a sus
afiliados comisiones de administración por un total de 678 millones
de dólares, un incremento de 9 por ciento real respecto a 2007. A su
vez, este año se había incrementado ¡un 20,5 por ciento respecto a
2006! El único detalle es que durante 2008 las AFP se las
ingeniaron para perder más de 30 mil millones de dólares del fondo
de pensiones, un 60 por ciento de todo lo que el fondo había ganado
desde 1981 hasta fines de 2007”, dice.
Pero
hay otras cifras que evidencian que la burbuja chilena tarde o
temprano reventará: el propio Banco Central reconoce que entre un 60
y un 70 por ciento de los chilenos está endeudado (deben en promedio
5.700 dólares cada uno).
“La
mayoría de los endeudados proviene de sectores medios y medios
empobrecidos, y sus deudas son con casas comerciales. Emplean las
tarjetas en el supermercado, para comprar ropa o pagar cuentas de
servicios básicos. La deuda total de consumo (bancaria y no
bancaria), a fines de 2008 totalizó más de 22 mil millones de
dólares, lo que equivale a una deuda per capita de alrededor de
1.300 dólares. Esta cifra no considera las deudas hipotecarias, sólo
consumo, y distribuye la deuda entre 17 millones de personas”, dice
Andrés Figueroa.
Por
otra parte, la III Encuesta de Previsión Social (2006), indicó que
poco más de un 20 por ciento de los chilenos tiene “capacidad de
ahorro”. Según cifras gubernamentales el 40 por ciento más pobre
destina casi el 70 por ciento de sus ingresos a “pagar deudas”.
La
VI Encuesta Nacional de la Juventud (2009) establece que más de 2
millones de jóvenes están endeudados. El 57 por ciento está moroso
con tiendas comerciales, y el 33 por ciento con tarjetas bancarias.
El 17 por ciento de los adolescentes -entre 15 y 19 años- ya posee
deudas.
“La
industria del crédito y la deuda, en manos de la banca y el menudeo
más capitalizado, disciplina el régimen laboral en dos sentidos: por
un lado, resuelve a cuotas infinitas lo que no alcanza con el
salario, y por otro, ubica al desempleo en un plano superior a la
peor catástrofe. El fenómeno, naturalmente, explica la mansedumbre
de importantes sectores de trabajadores, funciona como arma
antisindical, domestica y convierte al puesto de trabajo en una
suerte de graciosa dádiva. Casi un favor que hay que agradecer
soportando la no reajustabilidad de las remuneraciones, las horas
extras impagas, la multifuncionalidad, la inexistencia de relaciones
contractuales, y, en general, las malas condiciones de pago y de
trabajo.
A
ello se agrega que por el mismo trabajo realizado por un hombre las
mujeres obtienen un tercio menos de remuneración, y los jóvenes, dos
tercios menos; la parte de la renta variable (con metas imposibles)
respecto de la fija va en aumento; y la flexibilidad laboral pone al
sueldo mínimo como una cifra de llegada y no de partida”, agrega
Figueroa.
Esa
es una de las razones por las cuales el sindicalismo chileno no
levanta cabeza. “El sindicalismo chileno responde a una organización
del trabajo que ya no es la predominante. Hasta entre los empleados
públicos, la consolidación del trabajo a honorarios y el contrato no
indefinido limita persistentemente la capacidad de agrupamiento y
negociación del sector de trabajadores que cuenta con mayor tonelaje
orgánico en el país, y es base de sustentación de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), la multisindical más
numerosa, pero que está muy lejos de llegar a los dos dígitos de la
fuerza laboral existente”, concluye.
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