Temuco/ En las oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Río Negro, Región de Los Lagos, se encuentran actualmente dos cheques por un monto cercano a los 150 millones de pesos que habrían sido girados por una pareja de agricultores de la provincia de Osorno, a quienes la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) les compró un fundo a través del Fondo de Tierras. Los cheques serían en favor de dos dirigentes de la comunidad “Antonio Paillacoi” de Collipulli,  a pesar que ya están favorecidos con terrenos adquiridos con dineros estatales, confirmó a Radio Bío-Bío el abogado Jaime Madariaga.

La noticia coincide con el anuncio de la creación de un “banco de tierras” como parte de una nueva normativa para la adjudicación de terrenos a pueblos originarios que elabora La Moneda. Así lo adelantó ayer el ministro coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, quien afirmó que la comisión conformada entre la secretaría general de la Presidencia (Segpres) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) ya tiene delineado el nuevo mecanismo que “evitará la especulación, hará más transparentes las compras de las tierras y evitará cualquier suspicacia de corrupción”.

Viera-Gallo dijo que la principal idea de la normativa -que será dada a conocer en detalle en los próximos días- “es la creación de un banco de tierras, de tal manera que no haya un trato directo de la comunidad con el propietario”. Así la CONADI será el intermediario que comprará y acumulará terrenos que después transferirá a las comunidades que cumplan los requisitos. De esta manera, el organismo evitaría la negociación directa de las comunidades con los privados, instancia en la cual se han detectado graves irregularidades, tales como el pago de comisiones a dirigentes mapuches descubierto en la comuna de Río Negro. Se adelantó que esta nueva normativa no necesita proyecto de ley y apenas esté lista la aplicará el organismo indigenista, a través de una resolución exenta dictada por su director.

Nueva reestructuración

No es la primera medida que toma el gobierno a objeto de “intervenir” los órganos encargados de ejecutar la política pública indígena. Ya el pasado 11 de septiembre, el propio Viera-Gallo resolvió remover de sus cargos a importantes directivos de la CONADI y el Programa Orígenes, ello tras destaparse el escándalo por irregularidades en la adquisición de terrenos para comunidades que no cumplían requisitos y donde se sospecha la existencia de pago de favores políticos. Los anuncios de cambios y una nueva relación con los pueblos originarios, principalmente con los mapuches, fueron hechos por la televisión. Una apuesta sobre todo mediática, advierten sus críticos.

Según el ministro esos cambios buscarían “aumentar la eficiencia en el trabajo de la institución y, más adelante, crear una legislación para que el país cuente con una institucionalidad adecuada a las demandas que tienen los pueblos indígenas, y al mismo tiempo con eficacia suficiente para realizar esas políticas”. Viera-Gallo señaló, además, que la tasación de las tierras la harán “personas externas a la institución, ligadas al mundo universitario y que tengan plena respetabilidad, competencia y autoridad para cumplir esa función”.

Sin embargo, hace años que el gobierno sabe de las irregularidades en la CONADI y cada cierto tiempo realiza reestructuraciones como la anunciada que cambian algo pero dejan todo donde está, denuncian diversos sectores indígenas. Las críticas a la gestión del organismo son diversas. Corrupción, abuso laboral y faltas graves a la probidad forman parte del abanico de denuncias realizadas en los últimos años. Todas ellas apuntan a un tema de fondo: que CONADI se ha convertido en una “caja chica” de la Concertación y en un resabio del clientelismo político.

En la última reestructuración, los funcionarios removidos por Viera-Gallo son el Director de Tierras y el Director de Administración y Finanzas del organismo, a los que se agregan abogados y funcionarios del Programa Orígenes. Extrañamente, el director de la CONADI, Álvaro Marifil (en la Foto), sólo fue amonestado “porque no tomó resguardos para evitar que se cometieran irregularidades”, según reconoció el ministro. Esta resolución no dejó de sorprender a la Asociación de Funcionarios de la entidad, que no dudaron en convocar a un paro de 48 horas, apoyados por la ANEF, para exigir la renuncia de Marifil.

“Tenemos pruebas que le entregamos oportunamente (a Viera-Gallo), antecedentes que había emitido la Contraloría Regional en su auditoría del año 2007, donde dijo claramente que no era posible que los consejeros de la CONADI adjudicaran recursos públicos a personas indígenas, porque esto era un concurso, no era una asignación por fondo unilateral. Esto, obviamente, el director de la CONADI lo supo oportunamente, no obstante ello, a la semana siguiente procedió a entregar los cerificados de subsidio aquí en el Hotel Nicolás a esas mismas personas, en circunstancias que se le había informado que eso no podía ser y lo había dicho la Contraloría, no lo decíamos nosotros”, señaló  Loengri Ascencio Grez, secretario general de la Asociación.

Pero la movilización buscaba también denunciar la precaria situación que viven los funcionarios del organismo y además exigir la apertura de una oficina en la Provincia de Malleco, zona que tiene los más altos índices de pobreza indígena en el país. “El problema de fondo es el tema de planta, porque tenemos 88 funcionarios. Hay unos en planta en Santiago, dos en Calama. Y al haber gente de planta, por un concurso, regirse por el servicio civil, no es manejable. Han cambiado cinco directores en la CONADI en dos años, entonces cada compadre de su partido trae gente o saca gente. Estamos cabreados de abusos, eso denunciamos”, señaló en el marco del paro nacional el presidente de la gremial, Manuel Marileo.

La “reestructuración”, como ha sido calificada por la autoridad, pone fin a 7 sumarios, aunque restan aún otros 28 actualmente en curso. Se suma a ello una cirugía de marca mayor, como la denominó Viera-Gallo: la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Ayer martes, la propia presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley respectivo, anunciándose un cambio radical en la forma en que ha operado la institucionalidad indígena en Chile. “Estamos poniéndonos pantalones largos en la política indígena. Con la publicación del Convenio 169 de la OIT se marca un nuevo hito, y así como la Ley Indígena dio origen a la CONADI, este convenio debiera dar origen a una institucionalidad más eficaz y más madura”, aseguró Viera-Gallo. En el acto también se firmó la constitución de la Agencia de Desarrollo Indígena y del Consejo de Pueblos Indígenas.

Larga historia

Las denuncias de irregularidades en la CONADI datan casi desde el inicio del organismo, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Durante años comunidades mapuches que iniciaron demandas de restitución de tierras usurpadas, siguiendo los procedimientos exigidos por la institución y la Ley Indígena (Ley Nº19.253), han reclamado que muchos territorios ancestrales han sido comprados y adjudicados haciendo caso omiso a históricas demandas, y fomentando la división entre comunidades. A eso se agrega escandalosos casos de corrupción y clientelismo político, sobre todo bajo la administración del ex director, Aroldo Cayun (PPD).

Hace un par de semanas, la propia Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora que intentará determinar quiénes participaron en las irregulares asignaciones de tierras en las regiones de Arica y Parinacota, del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, así como en el Programa Orígenes, efectuado el 2005. La Comisión debiera establecer responsabilidades, el detalle y montos de los fondos públicos involucrados, además de verificar la investigación administrativa ordenada por la Contraloría Regional de la Araucanía el año 2006 y de cuyos resultados poco se sabe.

En 2001, CONADI estuvo en entredicho tras la detección de irregularidades en la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago (Oasis). Se investigó el destino de 170 millones asignados a distintos proyectos por el Fondo de Desarrollo Indígena de la Región Metropolitana. El 2000 el organismo protagonizó un escándalo a raíz de denuncias por graves irregularidades en la adquisición de tierras en la Región de la Araucanía, investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público y el Primer Juzgado del Crimen de Temuko. A fines de 2007, los propios funcionarios de CONADI denunciaron graves irregularidades, entre ellas el caso de un sumario ordenado instruir por la Contraloría para investigar las irregularidades en el Concurso CONADI, donde estaban involucrados directivos. También se denunció la contratación irregular de personal vía programas tales como Orígenes.

“Con sorpresa vemos que coincidentemente en las últimas contrataciones del citado programa, han estado quedando contratados personeros o militantes de partidos políticos. Tales son los casos de don Jorge Neira, militante socialista, contratado como Coordinador Zonal de Orígenes, en desmedro de Verónica Ancapi, que tenían mayor puntaje y experiencia, según lo determinó el Comité de Selección. O el caso de la contratación de don Gabriel Zúñiga, militante socialista y ex Seremi de Gobierno, quien ha sido contratado como experto en conflictos indígenas según dichos del Subdirector de CONADI, con una renta de $1.000.000 líquidos y sin que se conozca el procedimiento por el cual fue contratado. Cómo le explicamos al resto de los funcionarios, el argumento de que no hay recursos para justificar el no aumento de grados que la dan los directivos, en consecuencia que si hay dinero y grados para asignarle a estas otras personas”, señalaba la Asociación de Funcionarios.

También se denunciaron “presiones indebidas en procesos de licitación”, entre éstas la “Segunda Etapa Subsidio de Tierras año 2007 denunciada por el funcionario Danko Jaccard, que como Ministro de fe objetó el que la consultora REDES, vinculada al Presidente Regional del PPD, Alfredo Vallejos, no cumplía con el requisito de las bases de acompañar copia autorizada de la escritura de constitución, y no obstante lo anterior, por presión del Presidente del Comité de Selección se aprobó igual su admisibilidad; siendo que el documento aceptado era una fotocopia además fechada en el año 2002, y que no tenía valor legal”, denunció la citada Asociación.

En octubre de 2008, la Policía de Investigaciones incautó carpetas del Fondo de Tierras tras denuncias por irregularidades en Temuko. Investigaban la asignación de subsidios a 75 casos especiales sin seguir los conductos regulares. Se determinó que 2 mil 370 millones de un total de 5 mil 280 millones se “asignaron fuera de concurso”. Esto fue finalmente sancionado como irregular por la Contraloría. Un posterior sumario de Mideplan terminaría costándole el cargo al jefe del departamento de Tierras y Aguas, Richard Mancilla. En tanto, el fiscal Andrés Quiroz fue suspendido de su cargo por tres meses, con rebaja del 50% del sueldo y una anotación en su hoja de vida. El abogado de la misma fiscalía, Mario García, fue sancionado con la rebaja del 20% y una anotación similar, mientras que el director Álvaro Marifil recibió una amonestación por escrito. De todos ellos, solo Mancilla sería alejado del organismo en la “reestructuración” de Viera-Gallo.

Sin embargo y cuando nuevas aristas se abrían en la investigación, un extraño robo de carpetas que contenían documentos de estudios y tasaciones de tierras fue perpetrado el pasado 16 de septiembre en las oficinas del Departamento de Tierras de CONADI en Temuko. La sustracción de los documentos fue perpetrada, presumiblemente, por uno o más funcionarios, luego de forzar la cerradura el escritorio en donde permanecían guardados con llave. Dichas carpetas habían sido solicitadas por el fiscal Sergio Moya, quien investiga de modo desformalizado posibles delitos cometidos por funcionarios y consejeros de ese organismo estatal en los llamados “casos especiales”, figura incorporada en el reglamento del Concurso XI de Subsidios de Tierras (2008).

(*) Publicado por Azkintuwe www.azkintuwe.org