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Gulumapu - Historias de guerra sucia
El regreso de los Trizano
por Pedro Cayuqueo -
Azkintuwe
 A
fines del siglo XIX, el capitán Hernán Trizano azolaría los campos de La
Araucanía, protegiendo a los colonos y dejando tras de si una estela de
cruentos asesinatos contra mapuches. Actualmente, un monolito levantado en
la céntrica Avenida Balmaceda de la ciudad de Angol recuerda para las
nuevas generaciones su increíble historia. Sin embargo, también hay
quienes gustan de recordarlo más allá de la frialdad de los monumentos
oficiales. A continuación, un recuento con historias de amenazas,
atentados, montajes, golpizas y secuestros. Historias de guerra sucia que
duermen en los tribunales de justicia
"En una sociedad, los
ciudadanos renuncian a su derecho de la autodefensa, porque se la entregan
al Estado... Sin embargo, cuando éste en el hecho no me la brinda y me
deja en una situación de indefensión, indirectamente me está invitando a
la justicia por mano propia". Las palabras anteriores no pertenecen al
belicoso presidente del Consorcio Agrícola del Sur, Manuel Riesco. Tampoco
a cualquier iletrado dueño de fundo. Pertenecen a Juan Agustín Figueroa,
un ex ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, Presidente
de la Fundación Pablo Neruda y, además, reconocido concertacionista.
Hace un par de años, en el
marco de la reforma procesal penal que impera en la IX Región y en un
juicio oral calificado como "histórico", dos líderes mapuches acusados de
quemar la hacienda patronal de su fundo, habían sido declarados finalmente
inocentes por un trio de jueces en la ciudad de Angol. Según el Ministerio
Público, los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, eran responsables del
atentado contra el fundo Nancahue de Traiguén. Tras semanas de juicio
oral, los jueces decretaron sin embargo su inocencia, en base a la
debilidad de las pruebas presentadas por los querellantes. Y Figueroa,
abogado influyente y de prestigio entre sus pares, no estaba para
diplomacias de ningún tipo.
Sus declaraciones formaban parte de una entrevista publicada por El
Mercurio en su edición del 14 de abril del año 2003. En ella, Figueroa
desahogaba sus penas respecto de una derrota en tribunales que no dudaba
en calificar como un "error" de los jueces. Declaraba además su ferviente
apoyo a la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco del conflicto
mapuche –una ley a la cual se opuso tenazmente bajo el régimen militar de
Pinochet por considerarla "autoritaria"-, calificaba la situación en la
zona sur como un verdadero Far West y, además, reconocía abiertamente la
legitimidad de los latifundistas sureños de hacer uso de la autodefensa
cuando la justicia ordinaria simplemente no funcionaba.
Agustín Figueroa es un amante del derecho y la legalidad. Sin embargo y
quizás sin proponérselo, sellaba con sus declaraciones un pacto de
agresión que hoy vuelve a resurgir con fuerza en La Araucanía, tras el
último atentado incendiario que redujo a escombros el pasado 9 de junio la
casa patronal del Fundo Santa Margarita, propiedad del agricultor Jorge
Luchsinger y que –según denuncian comunidades y organizaciones mapuche-
tendría el sello característico de las acciones del Comando Hernán Trizano.
El mismo que surgió el año 2001, conformado por propietarios agrícolas de
Traiguén, Victoria y Collipulli, y que el pasado 11 de junio anunció su
reaparición en los campos de La Araucanía, por medio de una llamada
anónima a la Redacción del Diario Austral de Temuco.
I
A COMIENZOS DEL SIGLO XX y tras concluir las campañas militares de
ocupación del territorio mapuche, el caos y la anarquía se tomaron por
asalto las tierras de La Frontera. Bandoleros chilenos, por un lado, y
parcialidades mapuches que se resistían a la invasión de su territorio,
por el otro, transformaron los "fértiles" campos del sur recién
colonizados en un verdadero y peligroso Far West. Para remediar esta
situación, el gobierno encargó al oficial de ejército Hernán Trizano la
creación de un cuerpo de policía rural, que años más tarde sólo sería
recordado por el apellido de su tristemente célebre progenitor: "Los
Trizanos".
Integrado por ex militares, colonos, agricultores y una entusiasta corte
de mercenarios sin dios ni ley, el ejército paramilitar de Hernán Trizano
azolaría por 15 años los campos de La Araucanía, dejando tras de si una
estela de cruentos asesinatos que sólo terminaron cuando las autoridades
comprendieron que el remedio había resultado mucho peor que la enfermedad.
Actualmente, un monolito levantado en la céntrica Avenida Balmaceda de
Angol recuerda para las nuevas generaciones de mallequinos su increíble
historia. Sin embargo, también hay quienes gustan de recordarlo más allá
de la frialdad de los monumentos oficiales.
"Estamos dispuestos a empezar una represalia contra los señores indígenas,
en defensa de los agricultores, las forestales y las empresas
hidroeléctricas… En vista que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada
para detener a los comuneros violentistas ni ha garantizado la seguridad
de los agricultores, el movimiento va ha intervenir en los próximos días
para contrarrestar los acciones terroristas de ciertos grupos indígenas…
Con este anuncio empieza a funcionar el Comando Hernán Trizano y todas las
actividades que realice desde hoy en adelante, junto con adjudicárselas,
se van a dar a conocer oportunamente a los medios de comunicación",
precisaba un escueto comunicado hecho llegar con fecha 10 de junio de 2001
al reportero de la radio Los Colonos de Victoria, Manuel Burgos.
Para gusto de los empresarios sureños, la belicosa pluma de los
paramilitares del Trizano no solo disparaba contra los rebeldes mapuche.
"El Gobierno ha adoptado la política del avestruz, minimizando o ignorando
hechos que todos conocen, pero con un Ministro del Interior con su cabeza
escondida, que es sordo a los clamores del sector agrícola, que ve como
día a día, aumentan las tropelías y los derechos establecidos en la
Constitución son atropellados. Al parecer, 450 ó 500 actos de violencia
donde han quemado casas, galpones, maquinaria, no son delito… En virtud de
esto, ya comunicamos nuestra constitución, para ir en apoyo de los que son
atropellados, tenemos los medios y la gente en la Octava y Novena Regiones
y no trepidaremos en efectuar ajustes de cuentas contra los terroristas
mapuche, chilenos y extranjeros, que apoyan esta subversión", señalaban
los paras mallequinos.
La aparición de Los Trizano no dejó indiferente a las comunidades mapuche.
Sin embargo y a pesar de existir denuncias previas sobre la existencia de
guardias armados en algunas zonas de conflicto, la posición del gobierno
fue bajarle el perfil al anuncio, desentendiéndose incluso de aquellas
denuncias que numerosos parlamentarios –la mayoría miembros de la propia
Concertación- comenzaron a realizar de manera pública en torno a estos
hechos. "El gobierno no tiene hasta ahora evidencia de que existen grupos
terroristas o armados. El tema indígena tiene varias facetas, cultura,
tierras y desarrollo, entre otros. Yo, como ministro encargado de los
temas de seguridad pública, les puedo asegurar que nosotros no tenemos la
evidencia de la existencia de tales grupos".
La declaración, realizada por el entonces ministro del Interior, José
Miguel Insulza, en momentos en que arreciaban en el sur las amenazas
reivindicadas por el Comando Hernán Trizano, caería como un verdadero
balde de agua fría en la cabeza de distintos sectores vinculados al
conflicto. Si bien desde la aparición del Comando Trizano diversas
comunidades, organismos de derechos humanos e incluso parlamentarios
habían exigido majaderamente al gobierno la aplicación de la Ley de
Seguridad Interior del Estado en contra de este tipo de agrupaciones, la
medida sería rechazada una y otra vez por las autoridades argumentando que
no existían "hechos" ni "evidencias" concretas que confirmaran la
existencia real de tal comando paramilitar.
Por cierto, el evidente doble estándar de las autoridades – que ante
cualquier solicitud similar de los empresarios forestales o agrícolas en
contra de los mapuche destacaban por su rapidez y diligencia- terminó
creando divisiones incluso al interior de las propias filas de gobierno. Y
una de las primeras bajas frente al discurso oficial de La Moneda serían
aquellos parlamentarios cercanos al tema indígena o bien representantes de
la zona donde el Comando Trizano comenzaba precisamente a hacer de las
suyas con sus operaciones de amedrentamiento colectivo.
"La aparición del movimiento
Hernán Trizano no es un rumor, es una realidad en la zona sur del país,
tan real como cuando el año 1999 denunciamos junto al diputado Eugenio
Tuma la existencia de otros grupos paramilitares aparentando ser guar-dias
forestales y que cometían infinidad de atentados para inculpar luego a
comunidades mapuche", señalaría tajante el diputado y presidente del PPD,
Guido Girardi, ante las reiteradas negativas del gobierno a encarar de
manera responsable el tema.
Roberto Muñoz Barra, senador del PPD, tampoco pudo guardar silencio
respecto de una situación a todas luces evidente al menos al interior de
su distrito Araucanía Norte. "Luego de 8 años resulta indiscutible que la
política frente a los conflictos mapuche ha sido mirada como algo no
trascendente. Según mi opinión, no resulta descabellado sino más bien a
todas luces posible que en una zona donde han existido en el pasado
movimientos radicalizados de derecha, como la Brigada Rolando Matus o
importantes personajes de Patria y Libertad, puedan organizarse grupos
armados que pretendan responder por la fuerza ante las demandas mapuche,
más aun si ya existe un anuncio oficial de la creación de una brigada
Hernán Trizano", señalaba el parlamentario a la prensa por aquellos días.
Por cierto, sus palabras no eran antojadizas. Conocedor como pocos de La
Araucanía y de la idiosincrasia de sus colonizadores, en su retina estaban
aún las imágenes de aquel masivo grupo de agricultores llegando armados y
a bordo de potentes camionetas 4x4 a un fundo de Malleco, en solidaridad
con uno de sus pares víctima reciente de un atentado incendiario. La
polémica e improvisada reunión, desarrollada en el mismo predio
siniestrado y que contó con la participación de más de 50 productores
agrícolas de la región, había tenido lugar el 8 de junio del 2001 –tan
sólo cuatro meses antes de la aparición del Comando Trizano en la misma
zona- y tenía como supuesto objetivo solidarizar con Daniel Lichtenberg
Rilling, propietario del Fundo "El Temo" de Victoria y cuyas tierras
estaban siendo reclamadas por miembros de la comunidad mapuche Domingo
Trangol.
"Todo parece indicar que a los agricultores de la Provincia de Malleco se
les acabó la paciencia, están decididos a armarse para evitar ser atacados
por comunidades mapuche aledañas a sus predios" señalaba el Diario Austral
de Temuco en una nota publicada el 13 de junio. Razones para pensar
aquello no le faltaban al vocero del empresariado agrícola sureño. Gran
parte de los asistentes llegaron a la reunión en veloces todo terreno,
vestidos con ropas de camuflaje y exhibiendo amenazantes ante la prensa
sus escopetas y revólveres con las cuales aseguraban estar dispuestos a
defender sus tierras ante cualquier otro ataque similar. "Se acabó la
fiesta de los señores indígenas", declararía incluso uno de los asistentes
ante un asombrado y joven periodista en práctica que difícilmente podía
creer lo que estaba observando aquel día.
No faltaría por cierto en la cita la presencia del Presidente del
Consorcio Agrícola del Sur y de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO)
Manuel Riesco, quien aprovechando la tribuna facilitada por el Diario
Austral, enviaría un claro mensaje de advertencia al gobierno. "Por suerte
Lichtenberg no disparó, porque andaba armado cuando ocurrió el ataque.
Tuvo el tino de no disparar, pero esa cuestión no sé cuántas veces se va a
poder contar, se están exacerbando los ánimos y a la larga esto va a
complicar más las cosas y va a terminar mal", señalaría Riesco en una
polémica declaración que -para muchos entendidos desnudaba como ninguna
otra el verdadero objetivo de la reunión convocada en Victoria. Esto es,
la realización de una clara demostración de fuerza frente a las
autoridades del gobierno. Un verdadero "Ejercicio de Enlace" pero en
versión latifundista y patronal.
Sin embargo y a pesa de existir este tipo de hechos, las denuncias
realizadas por el diputado Girardi y el senador Muñoz Barra no tuvieron
mayor eco en los pasillos de La Moneda. Para el círculo de hierro del
presidente Lagos, encabezado por el ministro Insulza, hablar de grupos
paramilitares, sean estos de extrema izquierda o de derecha, sólo
significaba retrotraer al presente un escenario de confrontación política
preferible de olvidar en un país que avanzaba hacia su definitiva
"reconciliación" nacional. El surgimiento de grupos paramilitares en La
Araucanía debía ser por tanto sólo una fantasía de sujetos "alarmistas" o
a lo más informaciones falsas e imprecisas publicadas por pasquines
sureños de "dudosa" reputación.
Bajo esta lógica, cualquiera que argumentase lo contrario sólo estaría
cayendo en el juego sucio de la derecha y los "poderes fácticos", es
decir, en el juego de aquellos sectores políticos interesados en crear un
clima ficticio de inestabilidad para perjudicar la gestión del presidente
Lagos. Huelga destacar lo rápido que asumieron esta posición oficial tanto
Girardi como Muñoz Barra, quienes una vez llamados a terreno por La Moneda
desistieron de continuar investigando el tema y optaron por guardar
religiosamente sus denuncias para mejores (o peores) tiempos.
Tras el silencio de los parlamentarios, tanto las denuncias por parte de
las comunidades mapuche, como las declaraciones de los agricultores de
armarse para defender sus predios, continuaron. Pero la percepción de las
autoridades sobre la existencia del Comando Trizano no variaría un ápice.
Mas tarde y a pesar de ser conocidas públicamente ya no las primeras
amenazas sino más bien los primeros atentados en contra de connotados
dirigentes mapuche, la posición gubernamental continuó siendo el bajar el
perfil de los hechos.
II
"SABEMOS QUE ERES un socialista recalcitrante y amargado, cuídate y
acuérdate que tu tienes familia. Lo que estas publicando en tu pasquín son
puras mentiras y dañan la imagen de una zona de trabajo y empuje. Te
estamos vigilando. Cuídate, no toques lo forestal por que te costará muy
caro". Cuando Daniel Salinas, periodista y director del diario Renacer de
Angol, leyó este correo electrónico no le asignó mayor importancia. La
amenazante nota la firmaba una supuesta agrupación paramilitar y Salinas
sólo atinó a pensar que se trataba de una broma de mal gusto. Hacia poco
había publicado en su diario de circulación local un extenso reportaje
sobre el negativo impacto de las forestales en territorio mapuche, pero
nada que ameritara este tipo de sobre reacciones.
Semanas más tarde, cuando notó que automóviles desconocidos le seguían y
varias llamadas anónimas eran recibidas en su propia casa, Salinas
comprendió que no se trataba de simples bromistas. Con fecha 13 de marzo
-y ante la concurrencia de nuevos actos de hostigamiento en su contra-, el
periodista decidió hacer finalmente público lo que hasta entonces se
ventilaba sólo al nivel de sus más cercanos, los tribunales de justicia y
la Policía de Investigaciones. Es decir, las amenazas de muerte contra él
y su familia a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, los
seguimientos vehiculares y las filmaciones por parte de civiles miembros
del recién formado grupo paramilitar mallequino, "Los Cuchillos del Sur".
Aquel año, un fiscal del Ministerio Público de Angol en conjunto con una
unidad especial de la Policía civil tuvieron a su cargo la investigación
de los hechos, según reconoció entonces el propio Gobernador de Malleco,
Mario Venegas. Sin embargo, jamás se logró dar con la identidad de los
miembros de dicha agrupación paramilitar y la causa fue finalmente cerrada
sin dar con los responsables de las llamadas intimidatorias. Nada raro, en
todo caso. Un año antes, durante el transcurso del mes de abril del año
2002, una investigación judicial tendiente a identificar a los autores de
sendas amenazas de muerte en contra de varios dirigentes mapuche de la
misma zona de Malleco también había finalizado sin ningún tipo de
resultados.
Mucho tiempo antes, una petición ante la justicia tendiente a lograr se
investigase el surgimiento de grupos paramilitares por parte del abogado y
diputado por la VIII Región, Alejandro Navarro, había desembocado en la
designación del fiscal de Victoria, Héctor Leiva como primer encargado de
dicha tarea. Para la presentación judicial -realizada el 14 de febrero de
2001 ante la Fiscal Regional, Esmirna Vidal-, el parlamentario se había
basado en el artículo "La Intifada Mapuche" aparecido con fecha 4 de
febrero en El Mercurio y que consignaba polémicas declaraciones de dueños
de fundos en las que aseguraban estarse armando para hacer frente a los
"hostigamientos" de comunidades mapuche.
 "Creemos
que las declaraciones hechas por agricultores de la IX, en las que se
menciona que están creando grupos de autodefensa y que sólo por un milago
no han muerto indígenas a consecuencia de disparos con armas de fuego,
constituyen suficientes argumentos para presentar una denuncia de este
tipo", explicaría Navarro. Para más adelante agregar, "acá hay asociación
ilícita, amenazas y porte y tenencia ilegal de armas. Incluso, se han
organizado grupos al margen de la ley, y la ley de Seguridad del Estado es
clara y penaliza a quienes se asociaren para sustituir las facultades de
las fuerzas de orden público. La propiedad privada la resguarda
Carabineros e Investigaciones de Chile, no hay otra institución o grupo
que pueda hacerlo. Los que lo hacen actúan al margen de la ley".
Pero no solo eso. En el documento judicial también se mencionaba a
personas, autoridades políticas y del sector agrícola en la IX Región con
nombre y apellido como los verdaderos responsables del clima de
beligerancia existente al interior de las filas del agro sureño. "Manuel
Riesco, Andrés Santa Cruz, Francisco Prat y Federico Rioseco, todos ellos
dirigentes de asociaciones agrícolas, han coincidido en la necesidad de
que los agricultores se organicen. Este llamado a la autodefensa,
consideramos, ha pasado a hechos concretos y no se queda sólo en el plano
del discurso", añadía el diputado del PS.
Sin embargo y a pesar de la contundencia de los antecedentes presentados
por el parlamentario junto al dirigente Aucán Huilcamán y el abogado
Rodrigo Lillo, el fiscal Héctor Leiva no logró finalmente mayores avances
en su investigación. Esto a pesar de contar con un equipo especial de la
Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) asignados al caso y de
haber citado a declarar a su despacho a decenas de agricultores de las
comunas de Victoria y Traiguén.
III
POCO TIEMPO DESPUÉS de realizada la insólita reunión de agricultores en el
fundo de Lichtenberg y a través de nuevas misivas hechas llegar al
matutino local, los miembros del Comando Hernán Trizano pasaban de los
dichos a los hechos, reivindicando como de su autoría sendas amenazas de
muerte en contra de reconocidos dirigentes como Víctor Ancalaf y Aucan
Huilcaman, este último werken del Consejo de Todas las Tierras y a quién
en un comunicado emitido con fecha 9 de marzo de 2001 calificaban incluso
como "un fresco sinvergüenza, que ha hecho de la causa mapuche un negocio
y lucro personal".
"Frente a todas las tropelías que no son del Pueblo Mapuche, sino de estos
seudos dirigentes que justifican así el poder continuar recibiendo dinero
del extranjero, desafiamos a Huilcamán y a sus dirigentes que encabecen
las próximas tomas, ya que ahí nos veremos las caras", declaraban en un
comunicado que sería legitimado a los pocos días por el propio Presidente
de la Cámara de Comercio de Temuco, Max Henzi. Este, tras ser consultado
por su opinión al respecto legitimó la autodefensa de los agricultores
ante las acciones de violencia. "Creo que es lógico que tú te quieras
defender si entran a tu casa y te destruyen tus cosas, es natural que uno
defienda lo que ha costado con tanto esfuerzo construir", declararía al
Diario Austral el empresario.
Otra de las acciones atribuidas al Comando Trizano ocurriría en las
inmediaciones del Fundo El Temo de Victoria, el mismo lugar donde meses
antes se había realizado la insólita reunión de los belicosos dirigentes
del agro. En dicho lugar, un atentado incendiario redujo a escombros la
noche del día 22 de julio de 2002 un galpón del lonko Juan Segundo Trangol
Yancamán, dirigente de la comunidad Domingo Trangol, miembro del Consejo
de Todas las Tierras y uno de los principales impulsores del reclamo
territorial de la comunidad contra Lichtenberg y la empresa Forestal
Mininco. Según recuerda el dirigente, el fuego arrasó en cuestión de
minutos con 40 fardos de pasto, herramientas de trabajo agrícola y dos
animales vacuno que allí se resguardaban del frío de la noche.
"Nosotros estábamos en la comunidad ese día, todo estaba tranquilo cuando
nos avisan por la noche que nuestro galpón se estaba incendiando. No
pudimos hacer nada, llamamos a bomberos pero nunca llegaron. En poco
tiempo habíamos perdido todo, nuestra producción de pasto para los
animales, herramientas de trabajo, madera y dos animales", relató. Para el
dirigente, los responsables detrás del atentado resultaban más que obvios.
"Gente de mi propia comunidad
no fue. Yo jamás tuve problemas con ellos. Se trato de terceras personas,
gente civil que intentaba amedrentarnos, los Trizanos de Victoria se
comenta, gente que trataba de enviar un mensaje a la comunidad", recuerda.
Semanas antes del atentado, diversas amenazas de muerte habían llegado a
oídos del dirigente mapuche a través de diversos medios, en las cuales
sujetos desconocidos le advertían de las consecuencias que tendría para el
y su familia el seguir apoyando las recuperaciones de tierras en la zona.
A más de dos años de ocurrido el atentado incendiario que afectó la
propiedad del lonko Trangol Yancamán, la justicia chilena ha sido incapaz
de determinar la identidad de los responsables.
IV
VÍCTOR ANCALAF, werken de las comunidades de Collipulli y lider en ese
tiempo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), se transformaría desde su
aparición pública como dirigente el año 1999 en uno de los principales
objetivos de varios grupos paramilitares, entre ellos el Comando Trizano y
el Frente Común de Defensa de las Tierras, este último conformado por
agricultores y empresarios forestales asentados en la comuna de Collipulli.
"Una noche, un grupo de sujetos disparó más de 400 tiros de escopeta
contra mi casa, yo salí a enfrentarlos, los desafié a que cruzaran los
límites de mi propiedad y huyeron... Más tarde supe que le habían pagado a
un sujeto que ni siquiera posee tierras, para que efectuara una serie de
amenazas a través de los medios de comunicación contra los mapuche y mi
persona", recuerda Ancalaf.
Por esos días, el principal blanco mapuche de las acciones de
hostigamiento policial y paramilitar era la comunidad Choin Lafkenche,
hogar del dirigente. "En aquel tiempo nadie andaba tranquilo en la
comunidad. A cualquier hora ingresaban por los caminos las camionetas con
los guardias armados de la forestal, todas a gran velocidad y disparando
al aire sus armas. Cuando no eran los forestales, eran civiles, hombres de
Freddy Molina quienes ingresaban a la comunidad, filmaban nuestras casas y
luego se iban. Por la noche los disparos no nos dejaban dormir. Un día en
Collipulli se me acercaron unos tipos y me dijeron que si seguía
movilizando a las comunidades, me matarían a mí y a toda mi familia. El
mensaje me lo envió Freddy Molina y sólo fue el primero de muchos otros
que vinieron después", relata Ancalaf.
Estos hechos motivaron que el día 26 de julio, ante la Corte de
Apelaciones de Temuco, fuera presentado un recurso de amparo preventivo y
otro de protección en favor del dirigente y el conjunto de su comunidad
por parte del abogado Pablo Ortega.
"El recurso de protección tiene por objeto proteger la integridad física
de Víctor Ancalaf y su familia, ya que han recibido varias amenazas de
muerte y hasta la fecha se han detec-tado dos ataques nocturnos con armas
de fuego en contra de su vivienda. Nosotros sabemos que las personas
involucradas en estos hechos son guardias armados. Son ellos los autores
de las últimas amenazas y de los disparos y chequeos fotográficos que
afectan a diario a la comunidad. Tenemos también antecedentes de que esos
guardias pertenecieron en el pasado a organismos de seguridad de la
dictadura militar", señaló en dicha oportunidad a la prensa el abogado.
Con respecto a una supuesta coordinación represiva que existiría entre
agentes del Estado y personal de seguridad de las empresas forestales, el
jurista fue enfático en señalar su convencimiento de aquello. "Aquí es
claro el accionar conjunto entre agentes del Estado chileno y guardias
paramilitares de la empresa forestal. Al parecer, la autoridad olvida en
Collipulli que la función de Carabineros es precaver la paz social de toda
la población y no sólo la de las empresas transnacionales", señaló.
La investigación judicial iniciada tras la aparición pública del Comando
Trizano recayó en el fiscal de Victoria Héctor Leiva, el mismo que desde
febrero del año 2001 y tras una petición del Diputado Alejandro Navarro
mantenía a su cargo una investigación contra grupos de guardias armados
forestales. Han pasado 4 años y hasta la fecha, no existen personas
detenidas ni procesadas por el fiscal como responsables de estos graves
actos de amedrentamiento. Ancalaf, por su parte, se encuentra recluido
desde hace dos años en la cárcel El Manzano de Concepción. El dirigente
fue condenado por el delito de "atentado terrorista" contra maquinarias de
la multinacional Endesa España, en un proceso plagado de irregularidades y
que fue presentado este año ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA.
V
EN ESTA HISTORIA DE guerra sucia, un lugar destacado ocupan las empresas
forestales y sus relaciones con empresas privadas de seguridad de dudosa
procedencia en la zona sur. En este sentido, quizás el caso más bullado en
lo que va corrido del conflicto mapuche haya sido el de Forestal Bosques
Arauco, quién el segundo semestre del año 1999 fue acusada públicamente
por comunidades de planificar atentados y montajes al interior del Fundo
Cuyinco, comuna de Los Álamos, predio de 1.650 hectáreas y reivindicado
desde hacía más de 18 años por miembros de la familia Fren, quienes
conforman la comunidad Pablo Quintriqueo.
En aquella ocasión, varios ex guardias de la forestal, molestos por el
abandono de sus superiores a uno de sus compañeros detenido en el marco
del conflicto y que posteriormente se suicidó, declararon públicamente
haber recibido instrucciones de atacar a personas mapuche y cometer auto
atentados en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de la
comunidad. Cabe destacar que todos ellos pertenecían a la empresa de
seguridad OSEPAR de Temuco, propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y
fundada a fines de los años ochenta por el coronel de Ejército ® Alfredo
Rodríguez, ex miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI,
policía secreta de Pinochet) y qué más tarde huiría del país perseguido
por causas de violaciones de derechos humanos.
En su relato, entregado a Radio Bio-Bio y ratificado más tarde en
conferencia de prensa por el diputado Eugenio Tuma (PPD), los ex sicarios
de la empresa forestal confesaron entre otras cosas su participación en
incendios de campamentos forestales, ataque a vehículos policiales, cortes
de caminos e incluso quema de bosques de la propia maderera. Todo con el
objetivo de inculpar y llevar a prisión a dirigentes mapuche del sector a
través de sendas querellas interpuestas luego por los abogados del imperio
forestal de Anacleto Angelini en los tribunales del Lebu y Concepción.
"Yo llegue el año 1997 a trabajar al Fundo Cuyinco y de inmediato me
sacaron a conocer el bosque y la casa de la familia Fren. Yo no tenía idea
de quienes eran los Fren. Al otro día los jefes se enteraron que venían de
Talcahuano más personas a apoyar la toma del fundo y nos dijeron a varios
guardias: 'vamos a destruir sus casas, a tirarles sus cosas al agua,
todo'. Recuerdo que fuimos como diez guardias. Era simple para ellos, como
nosotros trabajábamos sin contrato, nos decían: 'tu tienes que hacer esto
o te vas'”, relataría uno de los guardias a la misma Radio Bio-Bio. Entre
los muchos hechos en que reconocieron su participaron los ex guardias de
Forestal Bosques Arauco, destacó la golpiza propinada al profesor del
Liceo Politécnico de Lebu, Bernardo Ramos, una fría noche de octubre de
1999.
"Regresaba yo a mi casa por la noche cuando recibí por detrás un fuerte
golpe en la cabeza. Inmediatamente se me tiraron encima como cuatro tipos
encapuchados, golpeándome por todos lados mientras me decían, ¡esto es por
ayudar a los mapuche!. En minutos perdí el conocimiento y los doctores
dijeron que debieron pegarme con un laque o algo así", recuerda el
profesor, quién agrega que tras el ataque debió permanecer más de una
semana hospitalizado producto de un TEC cerrado y contusiones múltiples.
Al otro día de la golpiza, el malogrado profesor debía presentarse ante la
justicia como testigo en favor del dirigente de la CAM, José Huenchunao,
quien se encontraba encarcelado en Lebu acusado de cometer un atentado
contra la forestal en el Fundo Cuyinco.
Un año antes, el 13 de octubre de 1998, guardias de OSEPAR habían quemado
las casas que los comuneros habían levantado en Cuyinco para explotar el
bosque. Como resultado la agresión hubo al menos siete heridos graves, dos
de los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales del área. Carlos
Domínguez sufrió una fractura de cráneo y María del Carmen Fren, una
fractura de clavícula. El mismo día, emboscaron a la lamngen María Ercilia
Vásquez (Ver imagen), cuando intentaba recuperar vacas que deambulaban
atemorizadas por los continuos enfrentamientos. Trece guardias le
propinaron una golpiza a palos que la mantuvo varios días en cama y con el
rostro hinchado de golpes. Los enfrentamientos siguieron al día siguiente,
produciéndose más lesionados, como Fernando Fren, quien sufrió contusiones
múltiples y heridas en la cabeza, debiendo ser llevado de urgencia al
Hospital de Concepción.
Si bien las confesiones de los guardias forestales causaron un gran
revuelo e incluso llevaron a parlamentarios oficialistas a solicitar en
enero del 2000 –tanto a la Corte de Apelaciones de Temuco como al gobierno
a través del entonces ministro del interior, Raúl Troncoso- la aplicación
de la Ley Antiterrorista en contra de la empresa de seguridad implicada en
los hechos, ninguna investigación se formalizó al respecto. Por cierto, la
acción judicial interpuesta no sólo tenía como norte la empresa fachada
del ex CNI y esto lo sabían Forestal Bosques Arauco y Forestal Mininco,
que a través de un influyente lobby –Grupos Angelini y Matte,
respectivamente- lograron que la petición fuera finalmente archivada por
el gobierno. Hasta la fecha, ninguna investigación judicial se ha
formalizado en la Octava región a raíz de estos graves hechos.
Tanto Bosques Arauco como Mininco niegan hoy cualquier vinculación con la
empresa OSEPAR de Temuco. Tras romper sus relaciones con OSEPAR, Forestal
Mininco contrató en la zona de Malleco los servicios de la empresa de
Seguridad ASS de Los Ángeles, también vinculada a ex militares y
conformada -según han denunciado las comunidades en conflicto de
Collipulli- por un selecto grupo de "mercenarios, lumpen callejero y
fanáticos antimapuches". Forestal Bosques Arauco, por su parte, no admite
–al menos públicamente- relaciones de trabajo con ninguna empresa de
seguridad en particular, aun cuando es posible encontrar, al interior de
aquellos fundos reclamados por comunidades, fortificados campamentos con
sensores electrónicos, guardias uniformados e incluso perros de ataque.
VI
DURANTE LA DÉCADA DE los ochenta, el gobierno español de Felipe Gonzáles
debió enfrentar una de las más duras ofensivas por parte del nacionalismo
vasco y su expresión de lucha armada, ETA. Para enfrentar esta oleada de
movilizaciones, la administración del socialista Gonzáles decidió recurrir
a la guerra sucia, autorizando la creación de los Grupos Antiterroristasde
Liberación (GAL) por parte de afiebrados asesores de seguridad participes
de su gobierno. Estos grupos, integrados por miembros de la Policía Civil
Española y mercenarios de la derecha política, protagonizarían a partir de
entonces una serie de secuestros, atentados y asesinatos de dirigentes
etarras que –al ser descubierto- terminaría costándole a Gonzáles su
reelección para un nuevo periodo de gobierno.
En Chile, mucho se comenta la similitud existente entre el gobierno de
Ricardo Lagos y aquel desempeñado por su colega socialista en España entre
los años 1982 y 1996. Se comenta que Lagos al igual que Gonzáles ha
abrazado entusiasta en su gobierno los postulados del modelo económico
neoliberal. Sin embargo, nada se habla de sus métodos cada vez más
similares a la hora de enfrentar aquello que ambos denominan como "actos
de subversión interna". Puede que Lagos –otro amante del derecho y la
legalidad, al igual que Agustín Figueroa- no este pensando precisamente en
conformar unos GAL para enfrentar en La Araucanía el conflicto mapuche.
Sin embargo, ya surgen las primeras dudas respecto de organismos
policiales y de inteligencia del estado, que estarían impulsando en la
zona sur dicho trabajo sucio.
Extraños robos a sedes de organizaciones mapuche, seguimientos a sus
dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos civiles
realizando interrogatorios extrajudiciales e incluso un caso de doble
secuestro ya se han registrado al interior de territorio mapuche.
Específicamente en Temuco, capital regional y epicentro del conflicto
territorial, diversas organizaciones mapuche, eclesiásticas e incluso
académicas, como el desaparecido Programa de Derechos Indígenas de la
Universidad de La Frontera (UFRO), dieron la voz de alerta el año 2002
respecto del accionar impune de un grupo no identificado, vinculado
posiblemente con organismos de inteligencia gubernamental, y responsable
del doble secuestro en julio y agosto de ese año de la niña mapuche
Daniela Ñancupil, hija de un lonko vinculado a la CAM.
Daniela, de 13 años, fue secuestrada por primera vez el 31 de julio de
2002 por civiles no identificados en las inmediaciones de su hogar.
Durante varias horas, la menor fue interrogada sobre su participación en
las movilizaciones mapuche y sobre su posible conocimiento de los
dirigentes y voceros de la CAM en la zona de Chol-Chol. Finalmente, tras
varias horas de terror y bajo amenaza de muerte, fue dejada en libertad
por losciviles, tres hombres y una mujer, reconocidos por ella como
agentes de la policía civil. Cinco días más tarde y emulando el trabajo
sucio desarrollado por organismos represores durante la dictadura militar,
los mismos civiles no identificados intentaron por segunda vez secuestrar
a la menor, acción que fue evitada gracias a la oportuna intervención de
terceros alertados por la situación.
Tan sólo días antes del extraño secuestro, un incendio intencional había
destruido completamente el vehículo del abogado Jaime Madariaga,
estacionado en una calle de la capital regional. El profesional, en
representación de la menor Daniela Ñancupil, patrocinaba en los tribunales
una querella en contra de funcionarios policiales responsables de haber
baleado a la menor en enero del año 2001, en el marco de un violento
operativo realizado por Carabineros para desalojar a familias mapuche que
ocupaban el Fundo El Carmen de Forestal Mininco.
Tanto el incendio del vehículo del abogado Madariaga, como el doble
secuestro sufrido por Daniela, serían denunciados el 7 de agosto de 2002
en Temuco, por medio de una concurrida conferencia de prensa realizada en
el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera. En
dicha ocasión, los familiares de la menor fueron acompañados por los
abogados José Aylwin y Rodrigo Lillo, en representación del Programa de
Derechos Indígenas de dicha casa de estudios superiores. Hasta la fecha,
la justicia ha sido incapaz de identificar o detener a los civiles
responsables de estos graves delitos, encontrándose archivadas gran parte
de las denuncias presentadas por la familia de la menor y sus abogados
ante los tribunales / Azkintuwe
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