Chile - Marzo  2009

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El Departamento de Estado norteamericano, en su último informe sobre terrorismo global, señala que Chile es un país “libre del flagelo del terrorismo internacional y doméstico”. Lo señala un gobierno que sabe precisamente de terrorismo. Del internacional, del doméstico y aquel de exportación que padecimos los latinoamericanos en tiempos de las denominadas “guerras sucias”, allá por los 70’ y 80’. En Chile reina la paz social, señalan desde EE.UU y lo repiten las autoridades chilenas con orgullo tras cada gira internacional, cuando las odiosas comparaciones con otros países de la región demandan poner los puntos sobre las ies.

Chile es un país “estable”, “democrático”, “seguro para invertir” y “fiscalmente responsable”. Un Estado donde “las instituciones funcionan”, en el decir de un ex primer mandatario, hoy adalid contra el cambio climático global y quien, sin embargo, fue el responsable de desempolvar el año 2001 la legislación antiterrorista de Pinochet para perseguir a “mapuches” en los campos del sur. En un país “sin terrorismo” decenas de ciudadanos eran perseguidos y encarcelados como tales. Una de las tantas paradojas de su administración.

Una ley a la medida

Bajo el mandato del ex presidente Ricardo Lagos, una treintena de comuneros y dirigentes fueron sometidos a proceso y posteriormente enjuiciados por infracción a la Ley 18.314, promulgada en dictadura y que sanciona en Chile “conductas terroristas”. En su mayoría se trató de miembros de comunidades en conflicto con empresas madereras y que eran perseguidos bajo el cargo de “incendio intencional”, ya fuera de maquinarias o plantaciones en zonas rurales. Como este delito en Chile está sancionado por una pena mínima de 5 años, sectores empresariales y políticos exigieron a La Moneda aplicar la Ley Antiterrorista.

Diez años atrás, esos mismos sectores habían recalificado en el Congreso Nacional el delito de incendio como un delito “propiamente terrorista”, aumentando en varios grados su penalidad. Por obra y gracia de los congresistas, en Chile se homologó de esta forma la quema de una plantación forestal en un apartado sector de Ercilla, con la explosión de un cochebomba en un concurrido y céntrico mercado de Bagdad. En ambos casos se estaba en presencia de un acto de terrorismo, es decir, ante un “acto de violencia ejecutado para infundir terror en la población civil”, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Ni más ni menos.

Esta doble calificación de un mismo delito -“simple”, en la justicia ordinaria y “terrorista” en la legislación heredada de Pinochet y reactualizada en “democracia”- llevó al absurdo de que, en el denominado Caso Poluco Pidenco, un grupo de los mapuches procesados fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol a 10 años de cárcel por “incendio terrorista” y otro grupo a 5 años por “incendio simple”. Ambos grupos en la misma causa judicial, con las mismas pruebas, mismos testigos, pero con una diferente tipificación del delito investigado.

Huelga destacar que otros dos acusados, ambos líderes tradicionales, con las mismas pruebas y mismos testigos, resultaron finalmente absueltos por el tribunal. En palabras de los jueces, las pruebas acompañadas por el Ministerio Público y el Gobierno “no aportaron antecedentes en cuanto a la existencia de un plan premeditado por parte de las personas a quienes el persecutor fiscal atribuye participación en el incendio para haber atentado, ya sea en contra de la vida, integridad física o libertad de un grupo determinado de la población”.

Posterior al famoso juicio de los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin en Traiguén (ambos condenados por “amenaza terrorista”) y de la fallida Operación Paciencia contra líderes de la CAM (absueltos del cargo de “asociación ilícita terrorista”), el caso Poluco Pidenco fue el tercer juicio en el cual el Ministerio Público, gobierno y empresas forestales sustentaron una acusación en la Ley 18.314, ello en contra de mapuches que se encontraban reivindicando derechos territoriales y socioculturales sobre la ahora “propiedad privada”. Y tal vez el más escandaloso, amen de las disímiles sentencias arrojadas por el tribunal de Angol y que hoy son investigadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que acogió a tramitación la denuncia presentada por los afectados.

Delitos violentos, no terroristas

Y es que si revisamos los delitos que se cometen en el marco del mal llamado “conflicto mapuche” y cuya autoría en muchos casos llama a la duda, son todos delitos contra la propiedad. ¿Violentos? que duda cabe, pero contra la propiedad al fin y al cabo, según apuntan diversos especialistas en derecho. “El delito terrorista a nivel internacional está estipulado como un deliberado atentado contra la integridad corporal o la libertad de las personas y se trata de circunstancias totalmente extremas de delitos atroces, pero es muy difícil explicar ante la comunidad internacional que un delito de incendio constituya un delito terrorista”, señala José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

“A mí me da la impresión que tanto las autoridades judiciales como el Gobierno sobre reaccionan frente a esto y recurren en términos muy desproporcionados a la aplicación de una ley que no corresponde y que no se justifica”, subraya. En octubre de 2004, Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, actual Observatorio Ciudadano, publicaron el lapidario Informe “Proceso Indebido: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuches en el Sur de Chile”, donde graficaron la violación de los derechos humanos y la discriminación que afectaba a los mapuches perseguidos por la Ley Antiterrorista. Dicho Informe constituyó la primera lápida sobre las credenciales “democráticas” de la administración Lagos en el exterior.

La segunda lápida provino desde Naciones Unidas. En su Informe sobre Chile, el ex Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, demandó a las autoridades que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.” Agregó que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”.

En el mismo plano, Stavenhagen propuso que el Gobierno de Chile considerase la posibilidad de declarar una “amnistía general” para los mapuches procesados por realizar actividades sociales y políticas en el marco de la defensa de sus tierras. Concluía en su Informe que “la situación actual de los pueblos indígenas de Chile requiere la atención urgente, no sólo del Gobierno, sino también de todos los grupos políticos así como de la sociedad en general. A pesar de haberse producido importantes avances en el país en materia indígena durante los últimos diez años, estos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país”.

Promesa incumplida

El impacto internacional de ambos Informes, sumado a las dramáticas movilizaciones emprendidas desde las cárceles por mapuches condenados bajo la Ley Antiterrorista, llevaron a la presidenta Michelle Bachelet, en el marco de su campaña electoral, a prometer que bajo su mandato no se aplicaría dicha ley a miembros del Pueblo Mapuche. Ya como presidenta, reafirmó dicho compromiso tras ser increpada en Viena por defensores de derechos humanos que apoyaban a presos políticos en huelga de hambre en Temuco. "No voy a aplicar la Ley Antiterrorista porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”, afirmó a los manifestantes.

Era la segunda vez en menos de una semana que Bachelet se veía obligada a referirse a los presos mapuches en el marco de su primera gira europea como mandataria. Una semana antes, en Madrid, el Premio Nobel de Literatura 1999, el portugués José Saramago, la emplazaba a “mirar a estos habitantes originarios que han estado alejados de sus derechos y ahora se ven atacados por las multinacionales que vienen a quitarles sus tierras para construir industrias... hágame el favor de mirar a los mapuches”. Si bien la cacería policial de dirigentes y comuneros se mantuvo inalterable en los años siguientes, Bachelet cumplió su promesa y en variadas ocasiones se negó a desempolvar la legislación pinochetista, pese a las presiones ejercidas por gremios empresariales, parlamentarios de derecha y personeros de su propio gobierno, como el ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe.

Desde el exterior, numerosas voces le recordaban constantemente el tenor de su compromiso. Una era la del propio Stavenhagen. En febrero de 2008, a días de dejar su cargo como Relator y ante las presiones sobre Bachelet en orden a “endurecer la mano” en Wallmapu, el personero de Naciones Unidas señaló desde México que no era “justificable” que el Gobierno chileno aplicase la Ley Antiterrorista a las acciones de protesta en territorio mapuche. Subrayó Stavenhagen que el problema fundamental en Chile era “la situación vulnerable de las comunidades mapuches con respecto a sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales”.

Recordó Stavenhagen que en su visita del año 2003 ya había recomendado que se buscara una vía política a estos movimientos sociales y que no se criminalizara sus movilizaciones. Y si bien señaló desaprobar las acciones de fuerza llevadas a cabo por algunos activistas en el sur, advirtió de que ello no justificaba la aplicación de leyes especiales. “No apruebo, pero entiendo (que) cuando la gente tiene bloqueada la vía democrática, la vía política, la vía de la negociación, la vía institucional, pueda tomar medidas como ocupación de predios”, destacó, subrayando que “este tipo de acciones constituyen un delito del orden civil, pero no justifican una represión de la Fuerza Armada, ni menos la aplicación de la Ley Antiterrorista”.

Bachelet resistió las presiones, pero finalmente cedió. El pasado 12 de febrero, la violenta detención en Lo Prado, Región Metropolitana, del activista de la causa mapuche Miguel Angel Tapia Huenulef (45) y el supuesto descubrimiento de un “arsenal de guerra” en su poder -denunciando como un montaje por sus familiares-, llevó al gobierno a invocar nuevamente su aplicación. Ante la ausencia de Bachelet, por esos días de visita oficial en Cuba, le correspondió al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, comunicar la drástica medida y al subsecretario, Patricio Rosende, interponer el recurso judicial respectivo, medida que el senador y candidato presidencial del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, no dudó en calificar como un “regreso a la dictadura militar”.

El parlamentario recordó que “la propia Presidenta fue la que comprometió su palabra ante el mundo mapuche de no aplicar tal ley, una vez que fue criticada por órganos de derechos humanos de Naciones Unidas”. Agregó que “si seguimos así, con la política del ministro del Interior, vamos a terminar violando gravemente derechos humanos, como todos los ligados al debido proceso, como han denunciado organismos internacionales que apoyaron al pueblo de Chile contra la dictadura”. Al cierre de esta edición, Miguel Tapia Huenulef, acumula formalizaciones por 12 delitos en tribunales de Santiago y la Araucania, varias por “incendio terrorista”, arriesgando cadena perpetua simple. Permanece incomunicado en el módulo de Máxima Seguridad de la cárcel de Isla Teja en Valdivia, el “Guantánamo” sureño / AZ 

* Artículo publicado originalmente en Revista Punto Final Nº 680. www.puntofinal.cl