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El terrorismo mediático
¿Mezcla engañosa de encabezamientos,
artículos y fotografías? ¿Manipulación de miedos subconscientes? ¿Técnicas
de insinuación e implicación? ¿Qué se trae entre manos La Segunda?
Pareciera ser que la aplicación al pie de la letra del “Manual de Campo
para Operaciones Psicológicas” (Field Manual of Psychological Operations,
FM-33-5) del Ejército de los Estados Unidos.
por Pedro Cayuqueo
"Fiscal: Violentistas mapuches tienen
entrenamiento FARC". Tal fue, el pasado 30 de Junio, el titular de portada
del vespertino chileno La Segunda, propiedad de la cadena El Mercurio. Una
impactante fotografía de pingüinos masacrados y depositados en estricto
orden sobre una lona, coronaba la portada. Para cualquier observador, de
buenas a primeras era imposible no ver allí -en vez de pingüinos- una fila
de cadáveres humanos. Para enterarse de que la imagen remitía a una
matanza de aves acontecida en la localidad costera de Pichilemu, había que
acercarse lo suficiente. Sabido es en prensa que un titular y una imagen,
en conjunto, pueden convertirse en un mecanismo muy poderoso de
interpretación de la realidad. Peor aun, de “construcción” de la realidad,
al provocar en el lector asociaciones más o menos inconscientes, ello
aunque se trate de noticias que no guardan mayor relación entre si.
¿Mezcla engañosa de encabezamientos, artículos
y fotografías? ¿Manipulación de miedos subconscientes? ¿Técnicas de
insinuación e implicación? ¿Qué se trae entre manos La Segunda? Pareciera
ser que la aplicación al pie de la letra del “Manual de Campo para
Operaciones Psicológicas” (Field Manual of Psychological Operations,
FM-33-5) del Ejército de los Estados Unidos, libro de cabecera de los más
siniestros regímenes políticos y agencias de inteligencia del orbe. “Donde
se carezcan de circunstancias o pruebas necesarias para apoyar una
determinada política, estas deben ser creadas o inventadas”. Tal es la
máxima del citado Manual. Tal pareciera ser la orden del día en la sala de
redacción del vespertino de la familia Edwards.
Pero La Segunda no es el único medio implicado en esta verdadera “guerra
psicológica” contra los mapuches. Una semana antes que el citado titular
de prensa, un reportaje del equipo periodístico del Programa "Contacto" de
Canal 13 daba cuenta ¡en exclusiva! del viaje de dos fiscales a Colombia,
enviados por el Ministerio Público a recabar antecedentes que vincularían
a comuneros mapuches con la guerrilla colombiana de las FARC. Huelga
señalar que tras ambos medios de comunicación, una fuente única y
privilegiada: el fiscal jefe de la IX Región, Francisco Ljubetic.
“Comuneros mapuches investigados por atentados en la VIII y IX Región
habrían tenido instrucción paramilitar en Colombia, específicamente en
campamentos selváticos de las FARC”. Tal es el nudo argumental del
reportaje de “Contacto” y de la entrevista al propio Ljubetic publicada
por la Segunda días más tarde. Una verdadera campaña mediática, basada en
una cuestionada hipótesis investigativa plagada de presunciones y donde, a
juicio de la defensa de los comuneros mapuches, el Ministerio Público solo
estaría “jugando” con los temores colectivos de la población.
Tal es la conclusión a la que arriba la ONG de derechos humanos, Liberar,
responsable de la defensa judicial de numerosos líderes y miembros de la
Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), investigados por acciones de
resistencia en la zona sur del país. El principal de todos, el presunto
“ataque” al fiscal Mario Elgueta y su comitiva policial acontecida el 16
de octubre de 2008 en Puerto Choque, cerca de Tirúa en la VIII Región. En
dicho lugar, un grupo de comuneros ofreció resistencia a las constantes
incursiones de fuerzas especiales de Carabineros en la zona. Estas eran
encabezadas, casi a diario, por el propio fiscal Elgueta. Según declaran
los mapuches, no se trató de una “emboscada” ni de una acción de
“aniquilamiento”, como la denominó recientemente el fiscal Ljubetic. Una
veintena de mapuches han sido detenidos desde entonces por tal
atrevimiento. En su mayoría, se trata de jóvenes campesinos, padres de
familia y a quienes sin embargo la fiscalía gusta sindicar como los
representantes locales de Osama Bin Laden. Todos serán llevados a juicio
oral en los próximos meses. Todos por infracción a la Ley Antiterrorista
18.314, heredada de Pinochet.
“En el programa existen muchas interrogantes que no se plantearon para que
el público pudiera afectivamente darse una idea más amplia del conflicto y
no sólo desde una mirada”, señala la entidad de derechos humanos respecto
del programa “Contacto” de la estación católica. Y agregan que “los
periodistas del programa no plantean dudas básicas como ¿qué intereses
económicos existen en la zona? o ¿Si esta zona fuese pobre en recursos
naturales, existiría este conflicto?”. Si bien Liberar reconoce el derecho
editorial de cada medio de optar por un punto de vista determinado, “lo
que no puede dejar de hacer es mostrar la versión de todas las partes
involucradas. De no hacerlo, resultará un programa parcial y tendencioso”.
“¿Por qué no se consultó a los abogados de la defensa?”, se pregunta
legítimamente el organismo. “Las fuentes consultadas fueron los fiscales
del Ministerio Público. No hubo declaraciones de los abogados defensores,
tampoco de profesionales que han estudiado durante años la situación en la
Araucanía... No explican que al aplicar la Ley Antiterrorista a los
comuneros, aunque finalmente sean inocentes, son castigados igualmente con
largos períodos de encarcelamiento por el tiempo que se da la fiscalía
para investigar. De cualquier manera el mapuche paga con cárcel, sea
inocente o culpable”, subraya.
El parcial abordaje del equipo de “Contacto” a un conflicto de profundas
implicancias culturales, históricas y sobre todo, económicas y políticas,
intentó ser compensado con testimonios de familias mapuches víctimas de la
represión. Vano intento de objetividad, a juicio de Liberar. “Los tiempos
ocupados para hablar de las muertes de los comuneros en manos de
Carabineros fueron mínimos. No hacen una comparación de las sanciones a
Carabineros por los crímenes cometidos, en relación a las sanciones
impuestas a mapuches. Todos esos antecedentes fueron omitidos, dejando
clara su parcialidad en el tratamiento de un tema tan delicado, donde los
implicados arriesgan condenas de más de 80 años de cárcel”, apunta la ONG.
Y si bien se mostraron algunos casos de atropellos que afectan a niños y
niñas, “no se dice quienes son los responsables, no dice quién da las
órdenes de los allanamientos, no se le pregunta a Carabineros o a la PDI
sobre su responsabilidad en el maltrato a las familias mapuches. No se
dice que en un recurso de protección interpuesto por los abogados de
Liberar prohibió a la PDI acercarse a los niños para interrogarlos”. “A
través de imágenes y relatos, el programa jugó y manipuló al espectador”,
concluye la entidad.
Operación Bío Bío
Para el fiscal Francisco Ljubetic, en las regiones del sur se estaría ad
portas de un alzamiento guerrillero mapuche. Y es que según su particular
apreciación, las características del enfrentamiento donde resultó herido
el fiscal Mario Elgueta el año 2008, habría dejado al descubierto una
“preparación paramilitar” de los comuneros. “Ese ataque tiene las
características de una emboscada de acuerdo a una cartilla o manual que
circula al interior de los miembros de la FARC, lo cual coincide de manera
muy directa con la forma en que ocurrió dicho atentado”, expresó Ljubetic
en entrevista con La Segunda. No está solo el fiscal en su delirio. Su
hipótesis fue rápidamente acogida por su par en la octava región, la
fiscal jefe Ximena Hassi y el fiscal especial para causas mapuche, Andrés
Cruz. Ambos, el pasado mes de abril, decidieron formalizar cargos contra
19 comuneros mapuches detenidos por los sucesos de Puerto Choque. Entre
ellos figura el asistente social y dirigente de la CAM, Héctor Llaitul
Carillanca. A juicio del fiscal Cruz, Llaitul habría sido el autor
intelectual del “ataque al fiscal”, solicitando contra el dirigente 103
años de cárcel al sumar 10 delitos diferentes, medida cuestionada incluso
por la Defensoría Penal Pública, que calificó como “exagerada” la petición
de los fiscales. Para demostrar la culpabilidad de Llaitul y el resto de
los imputados, Cruz presentará 36 testigos sin rostro y 200 testigos
presenciales, la mitad de ellos funcionarios policiales, un centenar de
informes periciales y cientos de horas en escuchas telefónicas.
Fernando Lira, dirigente del Partido Humanista y presidente de Liberar,
desmenuza la estrategia de la fiscalía. “Sucede que algo no está bien.
Sucede que ante la falta de evidencias y bajos estándares de prueba, el
Ministerio Público busca impresionar al Tribunal de Cañete con un desfile
de testigos y peritos, con enormes expedientes y con más kilos de
expedientes que evidencias condenatorias, a la vez que intentará
justificar los dos años de investigación y los millonarios recursos
gastados en la denominada Operación Bío Bío. Demuestra también la ansiedad
de la fiscalía por obtener condenas ejemplificadoras que desincentiven la
movilización que por años lleva adelante el pueblo mapuche tras sus
demandas territoriales, ansiedad provocada por la presión que se ejerce
desde el poder económico de la región con el respaldo del poder político
central”, subraya. Lira no tiene dudas al respecto: en el caso de Puerto
Choque se estará en presencia de un juicio político.
“Este se inserta en un marco de criminalización, parte de la estrategia de
pacificación judicial y represiva que se ha venido instalando desde los
gobiernos de la Concertación y que en los últimos años, ha dejado como
resultado víctimas fatales y un gran número de heridos, algunos con
secuelas de por vida, más de 50 presos políticos mapuche, muchos de ellos
con prisión preventiva de más de dos años, infinidad de comuneros con
penas remitidas, el ataque y persecución a niños y el daño psicosocial
instalado en la comunidad mapuche”, indica. “Esta estrategia se amplía y
extiende a la mayoría de los juicios en desarrollo contra mapuches en la
Araucanía. La figura de asociación ilícita terrorista permite mantener en
secreto la investigación, mantener en prisión preventiva a un acusado
hasta dos años, el uso de testigos sin rostro y una serie de excesos que
restringen los derechos del imputado y afectan su legítima defensa”,
concluye Lira.
Sergio Grez, destacado académico e historiador, no ha dudado en calificar
como “macarthista” el actuar de los fiscales, en especial lo que denominó
la “cruzada” de Francisco Ljubetic en contra de comuneros vinculados a la
CAM. “Estos fiscales, que actúan como McCarthy montando acusaciones
desprovistas de fundamentos sólidos, hacen gala de un paranoico celo
persecutorio. Entre estos sujetos destaca el fiscal regional de la
Araucanía. Este funcionario viene anunciando por la prensa que militantes
de la CAM habrían recibido instrucción militar en el extranjero. Todo en
condicional. ¿Cuáles son sus pruebas? el fiscal nunca ha podido probar
algo que sea efectivamente constitutivo de delito”, señala. A juicio de
Grez, las afirmaciones recientes del fiscal Ljubetic pueden ser “la punta
del iceberg de una ofensiva más vasta, un sondeo para testear las
reacciones de la población”. “Aunque no sabemos si sus palabras son solo
el fruto de su irresistible afán de figuración mediática o si responden a
los requerimientos de terceros que le indican cómo proceder, lo cierto es
que no deberían dejar indiferentes a las personas que valoran los derechos
democráticos y las libertades civiles. Es imprescindible una enérgica
reacción ciudadana contra estas prácticas inquisitoriales y las
concepciones antidemocráticas que las inspiran. Todos estamos afectados,
todos podemos ser víctimas potenciales de la paranoia”, concluye.
(*) Periodista, director de Azkintuwe
www.azkintuwe.org
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