Chile - Enero  2009

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En Chile se han instalado mecanismos que obedecen a la lógica de la “guerra preventiva”, que divide al mundo en enemigos y amigos. En las filas de los “enemigos”, para el Estado chileno parecen estar los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de perspectivas de futuro; los estudiantes que denuncian la mercantilización de la educación; los trabajadores que luchan por salario digno y sobre todo, los mapuche que exigen recuperar sus tierras ancestrales. Esto último es lo que hoy nos convoca.

La expresión legal máxima de esta criminalización de las luchas del pueblo mapuche, es la reanudación de la aplicación de la Ley Antiterrorista de tiempos de Pinochet. Se está utilizando desde el 30 de octubre para enjuiciar a ciudadanos chilenos activistas de la causa mapuche, acusados de lanzar molotov a vehículos policiales, sin heridos ni daños mayores.

Actualmente hay una treintena de presos políticos mapuche. Todos los presos políticos mapuche que cumplen condena, ya sea por Ley Antiterrorista o no, lo hacen por hechos vinculados con las recuperaciones de tierras o la defensa de sus derechos. Por ejemplo, el 20 de enero la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada contra Roberto Manquepi Vita, dirigente de la comunidad Trapa Trapa-Butalelbum de la comuna de Bío Bío. El recibió 5 años y un día por “robo con fuerza” pero en reallidad, el robo se refiere a su participación en la recuperación de las veranadas para su ganado en su tierra ancestral, el fundo Cochico, usurpado por colonos. El asimismo estuvo presente en las luchas territoriales del Valle del Queuco. Ahora permanece en la cárcel de Los Angeles por ese “crimen” social.

Cada vez que una comunidad se moviliza en defensa de sus derechos, la respuesta del aparato del Estado es la represión. El gobierno de la Presidenta Bachelet formuló en abril de este año una política que incluso ha llamado “Re-conocer”: Pero lo que ella escribe con una mano es borrrado por su brazo policial. Lo que pasa en territorio mapuche es inimaginable en el resto de Chile, salvo si nos remontamos a tiempos de dictadura. Nos remiten a la vida en dictadura la violencia de los allanamientos, la vigilancia y persecución, los amedrentamientos, el sufrimiento de las familias, los montajes policiales y mediáticos, las salidas clandestinas de Chile para pedir asilo en Mendoza o en Suiza. Esto último es lo que debieron hacer este año la pequeña Relmutray Calfunao por la persecución que vive la comunidad Juan Paillalef, y el dirigente Pedro Vivanco Rebolledo, que eludió así la condena a 5 años por participar en recuperaciones de tierras en la zona del Alto Bío Bío.

Criminalizar es también asesinar impunemente a los luchadores sociales, ya que los casos pasan a la justicia militar. Así, continúa la impunidad en los casos de Matías Catrileo, que murió por un impacto de bala de Carabineros en Vilcún el 3 de enero de este año y Johnny Cariqueo, que perdió la vida luego de ser torturado por Carabineros en Pudahuel el día 1º de abril. Y se alargan eternamente otros juicios que pasan a la justicia militar, como es el caso de Iván Llanquileo, de la comunidad Juana Millahual, preso en la cárcel de El Manzano, Concepción.

Los medios y la criminalización

La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a los chilenos que –como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de tercer año de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada - dan su apoyo activo a las movilizaciones por tierra. Antes que los detenidos sean llevados a juicio oral, ya han sido condenados por los medios de comunicación.

En el caso de Elena Varela la inmensa mayoría de la prensa aceptó la acusación oficial sin cuestionar los hechos ni investigar lo sucedido. Sólo el espacio virtual permite difundir en este y otros casos la información de las fuentes directamente involucradas en los hechos por los que se les criminaliza.

No se contextualizan las acciones desplegadas por las comunidades y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones. Se habla del “conflicto mapuche” sin nombrar más que a una parte del conflicto, precisamente para exculpar de la violencia institucional a los otros actores involucrados. El conflicto, en todo caso es mapuche/forestales o mapuche/usurpadores, pero ello remite a la historia y no interesa a los medios. Sin embargo la prensa nacional ha dado cabida a amplias informaciones sobre la readecuación del trabajo de la policía y los órganos de inteligencia en la región.

Esquizofrenia oficial

El Fiscal Regional de Temuko Francisco Ljbetic al aplicar este año la legislación antiterrorista que el discurso bacheletista había dejado de lado, se hizo parte de la política esquizofrénica del Estado y la Concertación, que por una parte promulga el Convenio 169, y por otra declara, a través de funcionarios como el ahora renunciado subsecretario del interior Felipe Harboe, que las leyes están “para ser aplicadas”. Recurrir a esta ley en democracia constituye una regresión inaceptable.

El 24 de octubre de 2008 la Corte de Apelaciones de Temuko a su vez siguió aplicando la ley antiterrorista, al negar la libertad condicional a Patricia Troncoso Robles y los hermanos Marileo Saravia, que ya han cumplido más de la mitad de su condena a diez años y un día. Los beneficios carcelarios de salida dominical de que gozan actualmente sólo los lograron a costa de más de 112 días de huelga de hambre de la activista de la causa mapuche, recluida en el Centro de Educación y Trabajo de Angol.

Al amparo de esta ley, se ha hecho una costumbre por parte de los tribunales recurrir a testigos sin rostro contra los comuneros imputados, práctica totalmente ilegal. Hace poco, el juez de Cañete, Juan Lagos, había dejado inéditamente fuera de una causa por incendio a los testigos sin rostro, pero el 13 de noviembre de 2008 la Corte de Apelaciones ordenó revocar esa decisión y se hará un nuevo juicio con otro juez.

Los fiscales especializados en causas contra los mapuche, entre ellos Mario Elgueta, no están acostumbrados a perder y tampoco lo está la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahora lograron que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara revisar la petición de nulidad del juicio del tribunal oral de Cañete que absolvió al lonko Avelino Meñaco el pasado 3 de noviembre. Este lonko llevaba 8 meses preso, acusado de quemar unas cabañas, cuando en realidad se encontraba fuera de la región. Las maniobras que han rodeado este juicio han incluido manipulaciones para enemistar entre sí a distintas organizaciones mapuche, una maniobra que merece una investigación a fondo.

Amedrentamiento y criminalización

El 11 de diciembre se inicia la revisión por la Corte del juicio contra el lonko Meñaco. Pero sospechosamente, dos días antes de la nueva comparecencia, el 9 de diciembre fue allanado el hogar de su abogado, Lorenzo Morales Cortés, a quien se le incautó el computador con documentación de la causa que debe alegar nuevamente a favor de Meñaco. Además la policía también allanó la casa de sus padres. Morales ha desplegado un destacado trabajo profesional a favor de mapuches procesados. La creciente presencia de defensores privados especialistas en derechos humanos, y de profesionales tan destacados como el ex juez Juan Guzmán ha sido clave para triunfos que hubieran sido imposibles de conseguir con los defensores públicos. El clima de amedrentamiento por parte de la fiscalía también forma parte de la criminalización que hoy estamos analizando, y ha afectado también a los profesionales del Observatorio Ciudadano cuyo derecho a defender a imputados mapuche ha sido cuestionado por el Fiscal Regional de Temuco en varias oportunidades.

Por otra parte, la actuación de los jueces de garantía constituye en general un mecanismo funcional de reafirmación de la criminalización de estas luchas. Es habitual que los detenidos mapuche pasen más de ocho meses en prisión preventiva o deban cumplir engorrosas medidas cautelares que obstaculizan sus tareas y quehaceres habituales y también la participación en sus organizaciones. La Corte de Apelaciones de Temuco es sumamente rápida para revocar las libertades condicionales que en algunos casos ha concedido algun juez de garantía.

Los casos de torturas y maltratos denunciados en el último tiempo van en aumento permanente. Para sistematizar esta información la Comisión Etica documentó en junio de este año 55 casos de prisión política y maltrato a miembros de comunidades mapuche ocurridos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, a quien se hizo llegar la denuncia. El silencio del gobierno al respecto fue ensordecedor. Ahora hemos actualizado este informe a diciembre, y lamentablemente a esta fecha, llegamos a un total de 69 casos. 34 de los (las) afectados permanecen en prisión. 30 de ellos son hombres y hay 3 mujeres en cárceles de Angol, Victoria, Arauco, Los Angeles, Lebu, Traiguén y Temuco.

A las denuncias de tortura y trato vejatorio ya realizadas en junio, agregamos ahora siete nuevos casos:

- El menor de 13 años, Patricio Queipul Millanao (comunidad Temucuicui) fue detenido en un allanamiento (4 de diciembre9, desaparecido y prácticamente secuestrado por la policía que lo golpeó e interrogó en dos recintos policiales liberándolo horas después lejos de su domicilio.

- El menor RHI, de 17 años, alumno del Liceo Industrial de Temuco fue detenido por la Ley Antiterrorista (31 de octubre) y llevado irregularmente a una cárcel de adultos, situación que luego se revirtió.

- El menor Luis Marileo Cariqueo, de 17 años (comunidad Cacique José Guiñon, sufrió fractura de mandíbula durante un allanamiento. Jorge Marimán, de 18 también fue herido en la pierna y se le fracturó un brazo.

-El estudiante José Ancalao fue torturado el 1º de julio al interior de un bus de carabineros de fuerzas especiales, luego de participar en una marcha en Temuco, en rechazo a la Ley General de Educación.

- el comunero Julio Cayhuan denunció que fue torturado en la Comisaría de Collipulli y en Investigaciones de Angol, luego de comparecer voluntariamente el pasado 18 de octubre por estar requerido.

- el comunero Jaime Huenchunao, gravemente enfermo, fue sometido a tortura y trato degradante en la cárcel de Temuco. Sólo le quitaron las cadenas cuando la Corte de Apelaciones así lo ordenó, acogiendo un recurso de amparo interpuesto por el ex juez Juan Guzmán.(Septiembre/octubre 2008)

- El comunero Roberto Painemil Parra, de Yeupeco Vilcún, fue absuelto el 3 de junio del delito de incendio del que se había inculpado bajo tortura. El denunció al tribunal lo vivido en la prisión de Nueva Imperial. El juicio oral también absolvió a Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, ya que el único cargo que había contra él eran los dichos de Painemil. Sin embargo ambos pasaron más de un año y cuatro meses en prisión preventiva antes de ser llevados a juicio oral.

La respuesta a la criminalización

La Comisión Etica participa de una amplia coordinación de organizaciones de derechos humanos, sociales, personalidades y otros que está desarrollando una campaña denominada Alto Ahí contra la violencia policial, entendiendo que es necesario sensibilizar a la sociedad sobre problemas como los citados anteriormente. La sociedad no puede aceptar la impunidad de hechos que, de acuerdo a la normativa internacional de derechos humanos, constituyen crímenes de lesa humanidad.

Chile es país suscriptor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, por lo que para la CECT constituye un deber no sólo denunciar estos hechos al interior del país, sino informar de ello al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. La criminalización de la lucha del pueblo mapuche se inserta dentro del clima de represión a la movilización social. Es preciso generar un clima de repudio y rechazo al uso de la violencia policial y de apertura respecto de las aspiraciones y demandas del pueblo mapuche, apoyando su exigencia de derogación de la ley antiterrorista y de lograr el fin de la militarización de las comunidades.

Iniciativas como la de este seminario contribuyen en ese sentido, permitiendo un acercamiento entre pueblos que tienen valores en común y pueden aspirar a entenderse y aprender en reciprocidad y fraternidad. Parte de los objetivos de la criminalización es el aislamiento de los grupos a los que se quiere golpear, por tanto la respuesta nuestra como sociedad civil y organismos de derechos humanos debe apuntar en sentido contrario propiciando instancias de encuentro, colaboración y diálogo solidario / AZ 

* Colaboradora de Azkintuwe.

** Intervención de la periodista, miembro de la Comisión Ética contra la Tortura, en el panel sobre "Criminalización de las luchas del pueblo mapuche y procesos judiciales" en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central el 10 de diciembre de 2008.