Se trata de Rafael Pichún Collonao, quien junto a su hermano Pascual Pichún. fueron condenados el año 2003 como autores del delito de "incendio" y en el que resultó absolutamente destruido en la ruta que une Lumako y Traiguén, un camión forestal cargado con madera que prestaba servicios en el Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro y latifundista local, Juan Agustín Figueroa. Rafael Pichún se encontraba prófugo de la justicia desde noviembre de 2003, fecha en que se decretó su encarcelamiento al no poder cancelar una millonaria multa al tribunal

(Foto de Archivo)

Por Pedro CAYUQUEO
Miércoles 20 de julio de 2005
Periódico Mapuche Azkintuwe

GULUMAPU / A mediodía de hoy efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron al joven mapuche Rafael Pichún Collonao (23 años), quién se encontraba prófugo de la justicia desde noviembre del año 2003. Según señaló a Azkintuwe el dirigente de la comunidad de Temulemu, Juan Pichún, la detención de su hermano se produjo en la ciudad de Traiguén, por medio de un operativo policial y de inteligencia del cual desconocen hasta el momento mayores antecedentes.

"A nosotros nos informó la abogada de la detención de mi hermano y no tenemos mayores antecedentes de cómo fue su arresto ni en qué circunstancias, ya que estabamos hoy participando del juicio oral acá en Temuco", señala Pichún. "Entendemos que la orden de arresto estaba pendiente desde hace mucho tiempo y se relaciona con la multa de 6 millones de pesos que la justicia decretó en su contra... ahora, también está requerido en el juicio por "asociación ilícita terrorista", por lo que quizás lo trasladen finalmente a Temuco... mañana viajaremos a Traiguén para recabar información", agregó el dirigente.

Irregular condena

Los hermanos Rafael y Pascual Pichún, hijos menores del reconocido lonko de Traiguén Pascual Pichún Paillalao, fueron condenados en un proceso plagado de irregularidades como autores del delito de "incendio" y en el que resultó absolutamente destruido -en la ruta que une Lumako y Traiguén- un camión forestal cargado con madera que prestaba servicios en el Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro y latifundista local, Juan Agustín Figueroa. La investigación y acusación correspondieron al entonces Fiscal del Ministerio Público de Traiguén, Sergio Moya Domke.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes 12 de abril de 2002. Si bien en un principio el chofer afectado declaró no haber podido reconocer a sus atacantes, en declaraciones posteriores culpó de los hechos directamente a los hermanos Pichún, quienes fueron detenidos tras un violento allanamiento policial a su domicilio tan sólo un par de horas después del atentado, permaneciendo encarcelados por más de 1 año antes de ser llevados a Juicio Oral en la ciudad de Angol. Allí fueron condenados el 31 de enero de 2003 a 5 años de cárcel, "a través de testimonios viciados y pruebas sin fundamento", según denunciaron sus familiares y diversos organismos de derechos humanos.

Si bien el Tribunal concedió en marzo de 2003 el beneficio de libertad vigilada a los hermanos Pichún Collonao, ambos jóvenes no pudieron finalmente gozar de dicho beneficio al no poder cancelar las costas del juicio y las altas indemnizaciones a que fueron condenados (6.000.000 de pesos, a título de indemnización, 11 unidades tributarias mensuales de multa y 300.000 pesos por costos de la causa") impuestas como requisito, decretando la jueza Silvia Molina -con fecha 25 de noviembre de 2003- el definitivo encarcelamiento de ambos. Desde esa fecha, Rafael Pichún se encontraba en rebeldía, siendo buscado intensamente por Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, al igual que su hermano Pascual, aun en la clandestinidad.

Cabe destacar que el caso de ambos hermanos fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, puesto que a juicio del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, "se concurren en graves atropellos referidos a la imparcialidad de los tribunales chilenos en casos que involucran a comuneros mapuche -en el contexto del conflicto territorial- y a la inversión privada, en este caso forestal". "Aquí, al igual que en numerosos otros casos, se están vulnerando gravemente derechos consagrados en pactos de derechos humanos ratificados hace varios años por el Estado chileno", señaló en su oportunidad el abogado Rodrigo Lillo.

Según el profesional, su caso "es otro ejemplo que debiera alertar a la comunidad internacional: la determinación de la justicia de ordenar su arresto por no pagar esta indemnización viola claramente, a nuestro juicio, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que excluyen la prisión por deuda. Nadie puede, en este país, estar privado de libertad por no pagar una deuda". Es preciso hacer notar que el Pacto de San José de Costa Rica fue publicado en el diario oficial el 5 de enero de 1991 y desde esa fecha se encuentra vigente en Chile / Azkintuwe