En el marco de las recientes sesiones del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas en Ginebra, donde se revisa la situación de Chile en la materia, diversas organizaciones sociales aseguran que existen una serie de deficiencias e incumplimientos en materia de derechos humanos en Chile que han sido comentadas al Comité. Estas fueron plasmadas en un Informe Alternativo de la Sociedad Civil que pusó en aprietos a la delegación chilena encabezada por la ministra del Mideplan, Paula Quintana.

Cabe destacar que en su Informe, la ministra Quintana anunció que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas está en condiciones “bastantes favorables” para que, antes de finalizar el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, en marzo del año próximo, se logre promulgar el proyecto de ley, con la aprobación del Tribunal Constitucional. Aclaró que este proyecto de ley de reconocimiento reparará una “deuda histórica de 500 años”, recalcó.

Agregó la personera que dicha ley “es objeto de consulta con los pueblos indígenas, porque su acuerdo para el texto que sea promulgado es de vital importancia para nuestro gobierno”. El proyecto de ley define “el carácter multicultural de la sociedad chilena (...) los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, sus comunidades, organización e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones, y a participar en la vida económica, social, política y cultural del país”, señaló la ministra.

Sin embargo, distinta es la visión que tienen los responsables de elaborar uno de los Informes alternativos al gubernamental. Y es precisamente en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas donde queda al descubierto el doble estandar del gobierno, que “pareciera escuchar a los empresarios pero no a los mapuches”. Para el director del Observatorio Ciudadano, abogado José Aylwin, existe discriminación en todas las áreas relacionadas con los pueblos originarios, especialmente en materia de tierras, ya que las seiscientas mil hectáreas que el gobierno asegura haber entregado, no han sido concedidas.

Aylwin detalló que “de esas hectáreas, sólo cien mil constituyen una ampliación de tierras que operan a través del fondo de tierras de Conadi, mientras que quinientas mil corresponden básicamente a un saneamiento de tierras antiguas”. El director del Observatorio Ciudadano agregó que producto de la no implementación de políticas acordes en el tema y el privilegio a grupos económicos, el gobierno es el único culpable de las muertes de jóvenes mapuches acontecidas en el País Mapuche. La última de ellas tan solo el pasado miércoles, tras un violento desalojo policial de un predio reclamado por la Comunidad Requem Pillan en Angol.

“El homicidio de Jaime Mendoza Collío a manos de Carabineros era un hecho absolutamente previsible. Ello explica, sin duda, la protesta social. Constatamos la existencia de esta ambigüedad. Por un lado, una política tendiente a ampliar la cabida de las tierras y, por otro lado, el respaldo absoluto a proyectos de inversión extractivos y productivos en territorios indígenas sin su consentimiento”, aseveró. La idea es plenamente compartida por el miembro de la mesa de trabajo y derechos colectivos mapuches, Sergio Millamán, quien recordó que cuando las autoridades mapuches intentaron dialogar con el gobierno, simplemente no fueron escuchados.

“Las comunidades vinieron hace un mes pidiendo diálogo a las autoridades de gobierno. Empiezan las movilizaciones y viaja el subsecretario del Interior a reunirse con los empresarios y dueños de fundo afectados. El diálogo se genera hacia un lado”, argumentó Millamán. Durante las últimas jornadas, representantes de organizaciones mapuches, expertos y directores de diversas organizaciones civiles, participaron de las sesiones del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas en Ginebra, para dar cuenta de los informes alternativos.

Ante esto, la periodista del Observatorio de Pueblos Originarios Paulina Acevedo, reconoció que ya informaron a Ginebra sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte del joven Jaime Mendoza Collío. “Domingo Lovera, investigador del Centro de Derechos Humanos (de la Universidad Diego Portales), le hizo ver a uno de los comisionados esta situación. Inmediatamente fue consultada la delegación chilena. También se dio cuenta de esta información nueva, de que el disparo (que le quitó la vida a Mendoza) fue realizado por la espalda, que el funcionario (de Carabineros) estaba detenido y había una investigación en curso”, detalló Acevedo.

Ley Antiterrorista

Otros temas que también fueron abordados por el comité en Ginebra es la negación de derechos de propiedad indígenas por parte del gobierno chileno, además de una serie de denuncias en los tribunales de justicia acerca de abusos y violencia excesiva de fuerzas policiales a comuneros mapuches, las cuales no han sido tomadas en cuenta. Se trató además el constante uso de la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, que según la constitución son de uso excepcional y que, de octubre a la fecha, lleva quince nuevos casos de aplicación a miembros de comunidades mapuches y diez condenados.

En este último punto, el relator del CERD para el examen del Informe de Chile, el ruso Alexei S. Avtonomov, le consultó a la delegación chilena si el gobierno aclaró los criterios para la aplicación de esa normativa, como previamente le había sido solicitado por el Comité de Derechos Humanos, con el objetivo de asegurar que sólo los sospechosos de cometer actos terroristas sean procesados bajo ella. Al respecto, la delegación chilena sostuvo que la Ley Antiterrorista “no se aplica a un grupo social en particular”. Asimismo y tras ser cuestionados por las amplias atribuciones de la Justicia Militar en el juzgamiento de civiles, la delegación oficial explicó que existe un anteproyecto de ley según el cual la justicia militar sólo se aplicará a los crímenes cometidos por uniformados.

El informe chileno, que cubre el período 2000-2007, fue presentado en Ginebra por una delegación de alrededor de 20 personas, entre funcionarios de la Conadi, Mideplan, Carabineros, y ministerios Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General del Gobierno. Durante la presentación, Quintana puntualizó que el informe es el producto de un “amplio proceso de consulta con diferentes sectores e instituciones”. El CERD presentará sus conclusiones y recomendaciones por escrito una vez que concluya el 75° período de sesiones, esto es el próximo 28 de agosto.