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Chile - Solidaridad con los Presos Políticos - Mayo 2006 |
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por Pedro Cayuqueo* - Azkintuwe GULUMAPU / El 1 de marzo de 1981, 10 presos políticos irlandeses iniciaron una huelga de hambre en el Bloque H de la cárcel de Maze, Inglaterra. El Bloque H, más que una sección, era un centro de torturas y vejámenes. Allí eran trasladados desnudos, todos los presos políticos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) que se negaban a usar el uniforme de “delincuentes comunes”. Encabezados por Bobby Sands, los presos exigieron su derecho a usar su propia ropa, no ser obligados a realizar trabajos serviles, el derecho a vincularse entre ellos, el derecho a recibir una visita semanal, a recibir y enviar correspondencia, y finalmente poder estudiar. Derecho a usar su propia ropa, recibir visitar, estudiar. Con la distancia que dan los años, podría decirse que se trataba de peticiones abordables para cualquier gobierno "democrático". No lo fue así para ellos. Luego de 66 días de huelga de hambre, ciego por completo y en los huesos, Sands murió. Tenía 27 años. Días más tarde lo siguieron Francis Hugues, Fraymond McCreesh, Ptsy O’Hara, Joe Mc Donnel, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas Mc Elwee y Michael Devine. Durante la huelga, Margaret Thatcher, la polémica dama de hierro, no cedió ni un ápice. "Mr. Robert Sands, un recluso de Maze, murió a las 1:17 de esta madrugada. Él se quitó la vida rehusando alimentos y asistencia médica". Así informó su muerte un frío comunicado del gobierno inglés emitido a pocas horas de confirmado el primer deceso. Y es que a pesar de la tragedia en la cárcel de Maze, la primera ministra Thatcher no cedió un milímetro a los justos reclamos de los presos, respaldados incluso por un enviado especial del Vaticano, atendiendo la arraigada fe católica de gran parte de la población norirlandesa. Solamente en octubre de 1980, tras abandonar estos las constantes huelgas de hambre que se multiplicaban en diversos penales de Irlanda e Inglaterra, el gobierno metropolitano concedió un punto de los cinco demandados por los huelguistas de Maze: que los presos irlandeses pudieran vestir sus ropas. Hablamos de fines de 1981, a las puertas del siglo XXI, en el epicentro de lo que más tarde sería la Unión Europea. Y la gran concesión del gobierno fue ¡que los presos no estuvieran desnudos en la cárcel! En Chile, desde el pasado 13 de marzo, cuatro presos políticos mapuches, condenados a 10 años de cárcel por delitos “terroristas”, mantienen una huelga de hambre que –según detallan informes médicos- comienza a poner en grave peligro sus vidas. La comenzaron en la cárcel de Angol y la continúan por estos días en la enfermería de la cárcel de Temuco, capital de La Araucanía, bajo fuertes medidas de seguridad y monitoreados por especialistas médicos que en vano logran convencerlos de deponer su movilización. Ignorados durante semanas por la prensa chilena y el gobierno, solo la inquebrantable voluntad de su sacrificio ha logrado captar la atención de la ciudadanía y las autoridades. Todos ellos pertenecen a empobrecidas comunidades de la zona de Ercilla y fueron condenados por incendiar un predio forestal, propiedad del magnate chileno Eliodoro Matte Larrain, cabeza de uno de los principales grupos económicos del país y poseedor de una fortuna evaluada en 4.100 millones de dólares según el ranking Forbes de este año. Los cuatro huelguistas niegan los cargos en su contra, denuncian persecución política, la aplicación injusta y condenable de una legislación antiterrorista heredada de los tiempos de Pinochet y solicitan a las autoridades la revisión de sus drásticas condenas, atendiendo que en un reciente juicio, otros dos mapuches imputados por la misma causa fueron absueltos del cargo de “terrorismo”. El mismo juicio, mismas pruebas, similares testimonios y un fallo favorable a los imputados. No están solos en su reclamo. Organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales, se han sumado a una larga cadena de voluntades con el único objetivo a estas alturas de salvarles la vida. Desde Ginebra, el propio Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, instó al Gobierno chileno "a desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación planteada por los presos", sin provocar lamentablemente en las autoridades el menor asomo de preocupación. Un mito popular dice que los chilenos son “los ingleses de Latinoamérica”. Si del tratamiento que el Estado otorga a las nacionalidades oprimidas que habitamos al interior de sus fronteras se trata –como lo es en definitiva el caso del pueblo mapuche-, nada tendría Michelle Bachelet que envidiar a la otrora temida dama de hierro británica. Los estados de herencia colonial aprenden de sus pares para golpear mejor y también para ignorar a su oponente. Thatcher y Bachelet. El mismo silencio cómplice, la misma soberbia enquistada como política de estado, la misma arrogancia-masculina (vaya paradoja) a la hora de dar cuenta del ejercicio del poder frente a quienes, por cuna, riqueza o posición, nos gobiernan a fin de cuentas desde las sombras. Algunos podrán decir que exagero. Se dirá que el historial de víctima de violación a los derechos humanos de la primera mandataria chilena obliga a una lectura menos crítica de sus acciones. Nada más equivocado. Aquel historial y aquella sensibilidad especial de la que tanto nos hablaron (y nos vendieron) cuando era candidata, solo agrava sus faltas como presidenta. Su pasado la obliga más que nadie a no apartar la vista, a no hacer vista gorda, allí donde mandan las razones de estado y la sinrazón judicial, las mismas de las cuales fue víctima en otros tiempos tanto ella como su familia. ¿Cómo entender que transcurridos 54 días de huelga, la única concesión a los presos mapuches emanada desde La Moneda sea la voluntad del ejecutivo de “no invocar la Ley Antiterrorista en juicios vinculados a demandas de tierras, cuando sean delitos comunes”? Lo señaló textual el Ministro del Interior, Andrés Zaldivar, y sin siquiera sonrojarse frente a los noticieros. ¿Es que acaso, señor Zaldivar, se estaban aplicando los artículos de la draconiana Ley 18.314 para perseguir delitos comunes al interior del País Mapuche, violando dicho sea de paso el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales básicas de los ciudadanos mapuches hoy encarcelados? A confesión de partes, relevo de pruebas, reza el aforismo jurídico. En cualquier sociedad medianamente democrática, las declaraciones del vocero de gobierno hubieran causado un escándalo de proporciones y llenado de editoriales los periódicos. Las garantías constitucionales, señor ministro, la famosa quinta enmienda de la que tanto nos hablan los norteamericanos en sus películas y que en la vida real pisotean a diario fuera de sus fronteras. La misma de la que nos habla aquella superproducción local, plagada de efectos especiales y persecuciones, titulada Reforma Procesal Penal. Todo un homenaje al western hollywoodense. Si en la conservadora Inglaterra de los ochenta, la única concesión de las autoridades fue permitir que los presos irlandeses vistieran sus ropas en prisión, en Chile la respuesta del gobierno de Bachelet resulta mucho más irónica y cruel. “No aplicar la ley antiterrorista para perseguir delitos comunes”. Un lector desprevenido podría pensar que se trata de una broma de mal gusto. Y es que resulta obvio que en cualquier estado de derecho que se precie de tal, ningún ciudadano puede ser perseguido como terrorista si lo que se investiga es en definitiva un delito común. Obvio, pero no suficiente para el caso chileno. A la fecha, ya suman más de una docena las querellas por dicha legislación interpuestas por el gobierno en contra de mapuches. Los delitos investigados: incendio, amenaza, asociación ilícita, robo y hurto de madera, usurpación de tierras, lesiones leves y graves, más un largo etcétera. Ningún atentado con bombas, asesinato selectivo, ataque suicida, formación de grupo armado o cualquiera de aquellos delitos que atentan contra la vida, generan terror en la población y que la doctrina gusta identificar como “terrorista”. Y es que Temuco no es Moscú ni los comuneros mapuches rebeldes chechenos, por más que las autoridades y los fiscales intenten convencernos a diario de nuestro error. Los presos políticos de la cárcel de Maze no podían esperar menos indiferencia de la señora Thatcher que la demostrada por ella en aquellos 66 trágicos días de ayuno forzado. Estaban frente a la más enconada y acérrima enemiga de la causa republicana irlandesa y ellos lo sabían. De cierta forma, la buscaron hasta encontrarla. Con su intransigencia y mano dura, Thatcher pretendió enviar un mensaje a toda la rebelde población de Irlanda. Nunca sospechó que los presos también buscaban lo mismo. Enviar un mensaje. Y vaya si lo lograron. "Me vuelvo a enrollar en mi manta mientras el frío muerde mi carne una vez más. Ellos no tienen nada en todo su arsenal imperial, capaz de quebrar el espíritu de un solo prisionero político republicano que se rehúsa a ser quebrado", escribiría Bobby Sands en su diario, publicado tras su muerte y transformado en best sellers. “Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos en una Irlanda libre”, rezaba un graffiti rayado por desconocidos en los muros de Maze a pocos días de finalizada la trágica huelga del IRA. Roguemos porque en el País Mapuche la única sonrisa que veamos en los próximos días sea aquella de nuestros cuatro hermanos huelguistas, dando la bienvenida a sus primeros días de anhelada justicia y libertad. Y es que a fin de cuentas Michelle Bachelet no es Margaret Thatcher, por más que los porfiados hechos nos digan exactamente lo contrario / Azkintuwe Huelga de hambre de presos
mapuche por José Aylwin GULUMAPU / Aunque la prensa poco o nada informe de ello, cuatro personas mapuche -Juan Patricio Marileo, Florencio Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso - quienes cumplen en la cárcel de Angol una condena de 10 años y un día por el presunto delito de incendio terrorista, han enterado esta semana 50 días en huelga de hambre. La huelga tiene por objeto llamar la atención sobre su injusta condena, lograr su libertad, así como la de otras personas mapuche que como ellos han sido condenados sobre la base de legislación antiterrorista, ley 18.314, por acciones de protesta social en el marco de los conflictos de tierras en el sur del país. Se trata de una legislación que de acuerdo a lo afirmado por ellos –y corroborado por respetadas instancias nacionales e internacionales- no garantiza el derecho al debido proceso y ha resultado en condenas desproporcionadas, afectando a una decena de líderes mapuche. Cabe resaltar que en el caso de los presos en huelga de hambre, la evidencia que los inculpó se basó en el testimonio de 10 testigos protegidos quienes, según consta en un documento reservado del Ministerio Público que trascendió a la opinión pública, recibieron de la unidad de víctimas y testigos de esa entidad pagos por 20 millones de pesos en un período de cuatro meses. Es importante señalar que en este proceso – Poluco Pidenco- se inhabilitó por parte de la Corte Suprema a la jueza de Garantía que rechazó la calificación del incendio como un delito terrorista y denegó las peticiones de protección y el anonimato de testigos. Por las circunstancias reseñadas, los presos en huelga de hambre, así como muchas entidades preocupadas por su situación, se consideran presos políticos mapuche. Si bien en Chile el que cuatro personas desarrollen una acción de esta naturaleza parece interesar poco a quienes se encuentran en las esferas de decisión –son contados los parlamentarios o líderes de opinión nacional que a la fecha se han manifestado frente a este caso -la huelga ha concitado la preocupación de numerosas entidades internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Este último, en carta enviada a la Presidenta Bachelet el 28 de abril pasado, insta al gobierno chileno a “desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación por ellos (los presos mapuche) planteada”. En la misma carta el Relator, además, “pide a la Presidenta de Chile que considere la posibilidad de abrir un diálogo con las poblaciones afectadas que pueda arrojar soluciones duraderas, no sólo a la situación planteada por los presos mapuche, sino también a las demandas históricas de su pueblo”. No obstante lo prolongado de la huelga, las graves consecuencias que su mantención indefinida pueda tener para la vida y salud de los presos mapuche, y las repercusiones no menos grave que ella tiene para las ya deterioradas relaciones entre los pueblos indígenas y el estado, solo en la última semana -a casi 40 días de haberse iniciado la huelga- se ha comenzado a verificar un diálogo entre los presos mapuche, sus representantes y las autoridades de gobierno. Lamentablemente, dicho diálogo –que en un primer momento, en conversaciones con el Ministro del Interior, parecía bien encaminado hacia la búsqueda de una solución a las demandas de los presos mapuche- se ha visto obstaculizado. Ello con la intervención de otras autoridades de gobierno que habrían sido renuentes a acceder a los beneficios carcelarios por estos demandados, mientras se busca una solución a sus peticiones de fondo. Llama la atención, en este contexto, el silencio que a la fecha ha mantenido la Presidenta Bachelet en relación con estos graves hechos. Cabe recordar que ella, en un compromiso suscrito como candidata con representantes de pueblos indígenas en Nueva Imperial en enero pasado, manifestó su adhesión al Informe sobre Chile del Relator de la ONU sobre derechos indígenas, informe que, entre otras cosas, recomienda al estado no utilizar legislación especial –como la ley antiterrorista- para enfrentar los hechos de protesta social indígena, y buscar alternativas –como la amnistía - para los defensores de los derechos indígenas condenados por dichas leyes. En la misma oportunidad la actual Presidenta se comprometió también a “respetar especialmente a los pueblos indígenas en las decisiones que les atañen y escuchar sus propuestas”. La voluntad de la Presidenta resulta fundamental para dar una salida a la situación planteada con la prolongada huelga de hambre de los presos mapuche. Mas allá de los criterios técnicos de uno u otro Ministerio respecto a sus demandas, lo que está en juego aquí es el respeto por los derechos de los indígenas, entre ellos la justicia y el debido proceso, los que han sido vulnerados en los últimos años en Chile según voces autorizadas. Desde un punto de vista político, lo que está en juego son las relaciones de su gobierno con los pueblos indígenas. Un gobierno que se inicia desoyendo una demanda ya casi generalizada de las organizaciones indígenas -no solo aquellas que son descalificadas por ser criticas al estado o “radicalizadas”, sino que también aquellas que participan del consejo nacional de CONADI- no tiene ninguna posibilidad de construir una política hacia los pueblos indígenas que cambie las relaciones de conflicto hasta ahora existentes con ellas, por el diálogo democrático basado en el pleno respeto a los derechos humanos. Un gobierno que deja que la salud y la vida de las personas se vean dañadas por su inflexibilidad al diálogo –como lo hizo el gobierno de Margaret Thatcher en el caso de Bobby Sands en Irlanda del Norte a comienzos de los 80-, más aún cuando se trata de temáticas -como el término de la criminalización de la protesta social indígena- respecto de las cuales su conductora ha asumido compromisos, va a ser condenado no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional por su complicidad con estos hechos. Es hora entonces de que la Presidenta Bachelet tome cartas en este asunto, dando una salida a un conflicto creado por una política que, si bien heredó del gobierno de Lagos, no debería avalar. Esperamos entonces que su intervención en este caso para darle una salida positiva y constructiva, antes que sea muy tarde / Azkintuwe * Director Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas. Repentino traslado a Hospital de Temuco Gobierno realiza chequeo forzado a huelguistas mapuches Por Pedro CAYUQUEO GULUMAPU / A las 17:30 horas de hoy sábado, en forma sorpresiva y bajo fuertes medidas de seguridad, los cuatros presos políticos mapuches condenados en el denominado "caso Poluco-Pidenco" y que hoy cumplen 56 días en huelga de hambre, fueron trasladados desde la cárcel pública de Temuco, hasta dependencias del Hospital Hernán Henríquez, en un operativo que causó expectación periodística y preocupación en los usuarios y personal médico del principal recinto asistencial de La Araucanía, debido principalmente a lo violento del accionar policial contra los debilitados huelguistas. El operativo, que se realizó de manera forzada, fue coordinado por el Seremi de Justicia, Christian Dulansky y la directora regional de Gendarmería, Paulina Ganderat, quienes adoptaron la decisión de realizar un chequeo de urgencia a los prisioneros políticos, en concordancia con la resolución emanada esta mañana por la Sala Especial de la Corte de Apelaciones que facultó a Gendarmería a realizar el traslado, "de verificarse situaciones clínicas que indiquen agravamiento y riesgo para la salud de los reos". El mismo dictamen judicial habría facultado a Gendarmería para usar "medidas razonables de fuerza" contra los afectados, de oponerse estos a la medida. “Lo que ha hecho la Corte en este día sábado es declarar admisible el recurso, la vista y resolución definitiva se verá durante la semana a partir del lunes, y lo que se ha hecho hoy día por parte de la Ilustrísima Corte es resolver la admisibilidad, lo que a nosotros nos satisface, ya que establece medidas de urgencia, lo que nos permite como Gendarmería de Chile cautelar la vida de estas personas y de alguna forma, si las personas se niegan, autorizar el uso de la fuerza razonable para poder someterlos a exámenes”, señaló el Director Nacional de Gendarmería, Alfredo Bañados. El recurso de protección había sido presentado por el propio Bañados ayer viernes, en vista del deterioro en la salud de los huelguistas. El ministro integrante de la sala, Leopoldo Llanos confirmó esta mañana la admisibilidad del recurso, que concedió 48 horas al Servicio Médico Legal (SML) para realizar exámenes a fin de determinar el estado de salud de los cuatro ayunantes. Según explicó Llanos "se dispuso que sean examinados por el Servicio Médico Legal y sin perjuicio de ello, facultó a Gendarmería para que si lo estime procedente, en caso de que esté en riesgo vital la salud de estas personas, se les pueda internar en un centro hospitalario". La sala de turno del tribunal estuvo integrada por el ministro Leopoldo Llanos, la fiscal judicial Tatiana Román y el abogado integrante Roberto Contreras. Contradictorio informe médico "A las 17:30 horas del día sábado 06 de mayo, en el marco de la resolución que declaró admisible el Recurso de Protección interpuesto por Gendarmería de Chile y que ordenó la realización de exámenes médicos para determinar el real estado de salud de los recurridos-protegidos [huelguistas mapuches] decretado por la I. Corte de Apelaciones de Temuco, se procedió a su traslado al Hospital Regional a fin de que se tomarán los exámenes médicos pertinentes, para que el Servicio Médico Legal informe al Tribunal de Alzada, en el marco del recurso de protección referido", señaló Dulansky a través de un escueto comunicado. "Realizados estos exámenes, los médicos de turno atendido el chequeo médico practicado, y después de efectuar hidratación pertinente a los tres varones, dada la negativa de la Sra. Troncoso, estimaron innecesaria la internación de los huelguistas en el Hospital, de manera que aproximadamente a las 19:00 fueron reingresados sin novedad al recinto penal. Según informaciones preliminares, de los exámenes practicados se puede colegir que los huelguistas no tendrían compromiso renal alguno, aunque sí un grado de deshidratación, que fue tratado en el Hospital durante el chequeo", indicó. Sin embargo, el "positivo" diagnóstico emanado tras el operativo de Gendarmería no concuerda con otros informes que médicos particulares, como el profesional Juan Carlos Reinao, han emitido en los últimos días y que demuestran un progresivo y claro deterioro en el estado de salud y las condiciones físicas de los cuatro huelguistas mapuches. En las afueras del recinto penitenciario, el facultativo que asiste a los prisioneros reiteró esta tarde su sombrío diagnóstico. "Los huelguistas han pasado 56 días en huelga de hambre y su condición es realmente crítica", aseguró. Si bien familiares y voceros confirmaron que no se ha dado inicio aún a la huelga seca, los 56 días de ayuno que mantienen los huelguistas han causado estragos en su salud. Es así que según el último reporte del doctor Reinao, Juan Huenulao de 40 años, tuvo una baja de 10 kilos. Y si bien se mantiene hidratado, las constantes cefaleas frontales, como también los calambres en miembros inferiores, hacen que su estado sea crítico. En la misma condición está Jaime Marileo, de 28 años y Patricio Marileo, quien logró reducir 16 kilos en su peso. El propio vocero de los huelguistas, lonko José Cariqueo, señaló en entrevista con Chilevisión en Santiago que el estado de salud de todos ellos es realmente precario. Entrevistado por Fernando Paulsen en el programa "Última Mirada", el dirigente mapuche aseguró que los huelguistas prácticamente no pueden hablar y presentan graves trastornos renales. Incluso, Patricia Troncoso estaría orinando sangre, por lo que un desenlace fatal “es inminente, a menos de que el gobierno se pronuncie”, señaló Cariqueo. “Nadie se hace responsable de los hermanos en huelga. Eso significa que en Chile no hay democracia. Los mapuches no tenemos un presidente”, puntualizó Cariqueo, exigiendo el pronunciamiento de la Presidenta Bachelet como la última esperanza para los huelguistas. Esto, tras la entrega de una tercera carta al gobierno en el día de ayer. Cariqueo realizó un llamado desesperado a las organizaciones sociales para que se sumen a la causa y exijan al gobierno un pronunciamiento, o “de otra forma, un desenlace fatal será de exclusiva responsabilidad del gobierno”, indicó. Amnistía rechaza interrupción de huelga Por su parte, la organización internacional humanitaria, Amnistía Internacional -que ayer inició una Acción Urgente a nivel Mundial para que los presos políticos mapuches reciban una adecuada atención en sus demandas- consideró el recurso judicial -que posibilitó el operativo de traslado de los huelguistas al hospital regional- como "abusivo" principalmente "por la larga determinación que las cuatro personas han mantenido". El secretario ejecutivo de la organización en Chile, Sergio Laurenti, apuntó que si bien el organismo no está por alentar -bajo ningún punto de vista- la huelga de hambre como forma de expresión, porque genera daños a las propias personas, "las autoridades no tienen el derecho de interrumpir la huelga de hambre y menos por vía de la alimentación forzada que en algunas ocasiones ha generado también daños a la salud de personas". Agregó que "el sufrimiento de las personas es una elección personal. Ellos han tomado el riesgo de iniciar esta huelga de hambre y llevarla hasta las últimas consecuencias". La metodología de Acciones Urgentes utilizada por Amnistía Internacional se emprende para salvar a personas detenidas en peligro de tortura, ejecución inminente o desaparición bajo custodia. También se aplica cuando un detenido necesita asistencia médica inmediata, si ha sido torturado o si las condiciones carcelarias hacen peligrar su vida. "No sabemos cuál va a ser el eco para esta petición, pero de todos modos hemos solicitado a la membresía en todo el mundo actuar y pedir que se resguarde la salud de las personas en huelga de hambre, eso significa básicamente que tengan atención médica adecuada, no alimentación forzada", indicó Laurenti. Agregó que con la medida además se busca que el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, "clarifique" la naturaleza de sus declaraciones el pasado 28 de abril, respecto a que no se volvería a aplicar la Ley Antiterrorista en casos de actos de reivindicación por parte de los comuneros y dirigentes mapuches. El profesional explicó que si bien Amnistía Internacional no cuestiona el hecho de que el juicio haya acontecido y haya una condena, "sí repara en que la aplicación de la Ley Antiterrorista parece desmedida, puesto que no es posible que por delitos u ofensas de naturaleza civil las personas puedan ser llevadas ante la justicia militar". "Esto tan sólo ameritaría una revisión del juicio y las condiciones en que la sentencia fue librada", concluyó. Cabe recordar que Juan Carlos Huenulao, Florencio Jaime Marileo, Juan Patricio Marileo y Patricia Troncoso permanecen desde el 13 de marzo en huelga de hambre como rechazo a la condena a 10 años de prisión y una multa de millonaria por "incendiar" un predio forestal de 100 hectáreas en diciembre de 2001. Esta semana la Corte Suprema rechazó en Santiago un recurso de revisión presentado por la defensa de los manifestantes, que consideran errada la aplicación de la legislación antiterrorista, con lo que se descartó realizar un nuevo juicio. Los manifestantes exigen ser trasladados a un Centro Agrícola de la IX Región, dependiente de Gendarmería de Chile, donde podrían trabajar para su sustento y, a largo plazo, que se revisen los juicios de los mapuches condenados por estos delitos, en base a la legislación que la dictadura de Augusto Pinochet promulgó para perseguir opositores políticos, muchos de ellos actualmente en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet / Azkintuwe
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