Chile - Agosto  2009

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Un pueblo en la mira policial

por Pedro Cayuqueo

El pasado 15 de julio, equipos especializados de la Policía de Investigaciones detuvieron en Osorno al lider de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul Carillanca. Sobre el dirigente pesaban sendas órdenes de detención. Su captura se sumó al arresto de la dirigenta Mireya Figueroa, condenada por Ley Antiterrorista y quien se encontraba clandestina. Dos "aciertos policiales" cuyo trasfondo es la persecución política de todo un pueblo.

Tras meses de intensa búsqueda, finalmente los equipos especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron con el paradero del dirigente mapuche Héctor Llaitul Carillanca (41 años). Llaitul, principal líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), estaba prófugo y en la clandestinidad desde abril pasado, eludiendo diversas órdenes de detención del Tribunal de Garantía de Cañete y de la Fiscalía Militar de Concepción, que lo sindican como el autor intelectual de un atentado contra el fiscal Mario Elgueta, hecho sucedido el 16 de octubre de 2008 en el sector de Puerto Choque, próximo a Tirúa, en la Región del Biobío.

Llaitul fue detenido la tarde del pasado 15 de julio en casa de su madre, Florinda Carillanca, ello en el sector de Rahue Bajo de Osorno. Hasta allí había arribado el dirigente para reunirse con su esposa y tres de sus hijos, a quienes no veía hace meses. Según relató Pamela Pessoa, su marido fue reducido en el patio trasero de la vivienda por unos diez efectivos armados de la PDI. Tanto la vivienda como el barrio habían sido copados desde tempranas horas, aguardando la llegada del dirigente. “Yo estaba a su lado en ese momento. Aun así no lograron derribarlo, ni esposarlo, pues forcejeó hasta el final. En la vivienda se encontraban sus hijos y sobrino, en su mayoria niños, además de su madre, hermano y cuñada. A su hermano y sobrino también los tiraron al suelo”, relató Pessoa.

En horas posteriores, Llaitul sería trasladado a Temuco y luego en helicóptero hasta la ciudad de Cañete – ciudad ubicada a unos 500 km de Santiago -, todo ello bajo un impresionante despliegue policial. “Soy un preso político mapuche a contar de hoy día nuevamente. ¡Esta es la política del Estado que persigue a los mapuches, los reprime, tortura, encarcela y asesina. Esta es la política del Gobierno de la Concertación!”, fueron sus declaraciones ante el asedio de los medios de comunicación en el aeródromo Las Misiones de Cañete. Horas más tarde, el dirigente sería formalizado por la fiscal regional, Ximena Hassi, y los fiscales adjuntos Andrés Cruz y Paulo Pucheu, por cuatro delitos: robo con intimidación, atentado contra la autoridad, homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista.

Sobre la principal acusación que pesa sobre su persona, ser el responsable de “planificar, coordinar y ejecutar” el ataque armado contra el fiscal Mario Elgueta y donde resultaron heridos además del fiscal otros cinco policias, Llaitul negó que se tratase de una “emboscada”. “No fue una emboscada, fue un enfrentamiento (entre comuneros y policías) al interior de la comunidad”, aclaró. Según el Ministerio Público, incriminarían al dirigente el testimonio de ocho testigos protegidos, tres colaboradores y escuchas telefónicas, que lo ubican en el sector donde se produjo el atentado. En la formalización, el fiscal Cruz aseguró que tienen antecedentes para probar que Llaitul es el líder de este grupo y que entregó a cada uno instrucciones de “matar a Elgueta y a los policías”. Debido a la gravedad de las acusaciones, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para Llaitul, medida a la que se opuso el defensor público Egon Matus de la Parra, argumentando que el secreto decretado en la investigación y la existencia de testigos protegidos le impedía realizar una defensa de calidad.

“La defensa no tiene acceso y no ha tenido acceso a las declaraciones ni a las pruebas que supuestamente inculpan al imputado. Por lo tanto, se está estudiando con la vista vendada frente a un Ministerio Público que tiene todas las herramientas”, señaló el abogado. “No sabemos quiénes son, ni qué motivaciones tienen para acusar a mi defendido. Esta es una defensa a ciegas”, denunció molesto. Sin embargo, el juez de Garantia acogió la petición de la fiscalía y envió a Llaitul a la cárcel El Manzano de Concepción por un plazo de nueve meses, convirtiéndolo en el detenido número 14 de dicha investigación.

37 prisioneros políticos

Demás está decir que el gobierno aplaudió el nuevo “acierto policial” en la zona sur. Conocida la captura de Llaitul, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, felicitó a la PDI. El dirigente, precisó, “es uno de los prófugos más buscados de la justicia en el último tiempo, que tiene una participación que debe ser aclarada e investigada por la justicia en el atentado al fiscal Elgueta”. Recordó que a la CAM el gobierno le atribuye una serie ilícitos que están siendo investigados y respecto de los cuales su ministerio presentó sendas querellas. En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, destacó la detención del líder de la CAM, la cual servirá -a su juicio- para esclarecer diversos ataques incendiarios en predios del sur. “En Chile hay un Estado de derecho nadie está por encima de la ley y nos parece importante que en este caso, al igual que en todos los casos, las personas que están acusadas de un crimen vayan ante la justicia y la enfrenten”, señaló.

Llaitul, de profesión asistente social, se encontraba en libertad desde junio de 2008, cuando fue absuelto de los cargos de incendio, porte de armas y receptación por el tribunal de Temuco. Había estado un año en “prisión preventiva” por esa causa, relacionada con un atentado registrado el 26 de diciembre de 2006 en el fundo Las Praderas de Mininco, en la comuna de Cholchol. La defensa del Llaitul fue encabezada entonces por el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien desde el comienzo del juicio alegó la inocencia de su defendido. Guzmán denunció elocuentemente, en el marco del juicio oral, que se tratata de un montaje contra Llaitul, de una “maquinación de las empresas forestales”. Si bien el gobierno, las empresas y el Ministerio Público no lograron entonces su objetivo de condenar a Llaitul, sus antecesores en la dirigencia de la CAM no corrieron la misma suerte.

José Huenchunao (38 años), fundador de la organización y su principal ideólogo, hoy distanciado de la CAM, cumple condena por “incendio terrorista” en la cárcel de Angol; Iván Llanquileo (36 años), lonko de la Comunidad Juana Millahual de Lleu Lleu, acaba de ser condenado por “tenencia ilegal de municiones” y mantiene abierta una causa por “tenencia ilegal de arma de guerra” en la Fiscalía Militar de Concepción; José Llanquileo (30 años), ex vocero de la CAM, cumple condena por “incendio terrorista” en la cárcel de Traiguén. Se suma a ellos Miguel Tapia Huenulef (45 años), activo militante de la causa mapuche, recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Valdivia y a quien el gobierno vincula con una serie de “atentados explosivos” en el sur del país. A ellos se suman una treintena de mapuches, tanto miembros de la CAM como de otras organizaciones, actualmente privados de libertad en los penales de Concepción, Lebu, Los Ángeles, Angol, Victoria, Collipulli, Traiguén, Temuco y Valdivia. Un reciente Informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización Mapuche Meli Wixan Mapu, cifra en 37 el total de presos políticos.

Según el Informe, “preso político es todo aquel ciudadano mapuche privado de libertad y/o en proceso, producto de su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, acciones de resistencia ante la represión policial, así como las movilizaciones que apunten a la reivindicación de nuestros derechos políticos. Con los anteriores criterios, claramente nuestros hermanos no son presos comunes o delincuentes como el Estado los ha tratado. Por otro lado el carácter político de los encarcelamientos, también obedecen a las leyes que se le aplica a nuestra gente, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, diseñadas en la dictadura militar y legitimadas hoy por los mismos personajes de gobierno que exigían en aquellos tiempos su derogación. Claramente son leyes que buscan la protección y perpetuidad en el poder de los grupos económicos capitalistas y de las clases dominantes que instrumentalizan al estado para mantener sus privilegios y dominación tanto a nuestro Pueblo-Nación Mapuche como al Pueblo chileno”.

Tal es el caso de Mireya Figueroa Araneda (47 años), dirigenta mapuche de Ercilla quien tras seis años en la clandestinidad, fue detenida el pasado 1 de Julio en la Región Metropolitana. Figueroa, condenada a 10 años de prisión por Ley Antiterrorista, fue recluida en la cárcel de Angol pese a su delicado estado de salud. La dirigenta, madre de 4 hijos y activa defensora de los derechos territoriales de la Comunidad Tricauco, es portadora de un cáncer bastante avanzado, derivación de un cáncer mamario por el que fue operada el año 2006 y que fue tratado con quimioterapia. Ahora presenta metástasis ósea en la columna vertebral a nivel dorsal y en costillas. Además de lo anterior, sufre de diabetes, hipertensión, enfermedades reumatológicas y traumatológicas, asi como trastorno de estrés postraumático producto de las torturas policiales a las que fue sometida en su primera detención, en diciembre de 2002. “Quizás me detengan, pero lucharé para que ello no ocurra. Me voy a presentar a la justicia. No quiero evadirla, pero sólo lo haré cuando el Estado me dé las garantías de un justo proceso. Cuando no haya testigos sin rostros ni pagados”, había asegurado Mireya Figueroa en agosto de 2004, tras declararse en la clandestinidad. Hoy a vuelto a engrosar el número de militantes de la causa mapuche tras las rejas.

Montajes judiciales

Diversos informes de organismos internacionales dan cuenta de lo irregular de las acusaciones penales que pesan sobre líderes mapuches. Bien lo sabe el ex magistrado Juan Guzmán Tapia, precisamente quien asumió la defensa de Héctor Llaitul el año 2008, logrando su absolución. Entrevistado por Canal 9 de Concepción, el ex magistrado que logró procesar al dictador Augusto Pinochet, entregó un diagnóstico preciso del trasfondo de la persecución penal que afecta al Pueblo Mapuche. “Los juicios contra mapuches han estado en su mayor parte cargados en contra de los comuneros y dirigentes. Se ha partido a priori sobre la base de acusaciones muy poco fundamentadas y en muchos casos se ha probado que han existido montajes. En algunas causas en las que he podido intervenir, me he dado cuenta que ha existido falta de pruebas suficientes o idoneas. En estos casos, lo que debieran naturalmente hacer los fiscales es retirar dichas acusaciones, no perseverar. Muchas veces se ven los jueces frente a la ineptitud de las pruebas o simplemente donde las pruebas parecieran ser a veces prefabricadas. Me han tocado causas donde prácticamente se crea la participación de una persona que jamás ha estado en el lugar de los hechos”, enfatizó.

La nueva arremetida policial contra Héctor Llaitul no ha hecho sino aumentar las sospechas contra el Ministerio Público. Así lo denunció la propia Coordinadora Arauco-Malleco, tras ser pública la captura de su principal referente. “Una vez más este Estado chileno sigue encarcelando y montando montajes en contra de nuestros líderes. Queremos dejar en claro que esta nueva arremetida policíaco – judicial llevada adelante por el Ministerio Público y el actual gobierno en contra de nuestras comunidades movilizadas y en contra de la CAM en particular, responde a la política represiva del Estado en contra del Pueblo Nación Mapuche. Así se entiende este montaje en contra de uno más de nuestros weichafe, asi como el hostigamiento y persecución policial que afecta a nuestros peñi (hermanos) de la Red de Apoyo, que se ha visto reflejado en una serie de detenciones, allanamientos, seguimientos, montajes, intervenciones telefónicas y amedrentamientos que se han sucedido en lo que va corrido del año”, señalaron a través de una declaración pública.

Claro está que la diligencia del gobierno para encausar y perseguir a los líderes mapuches contrasta totalmente con la impunidad que rodea el actuar violento de los agentes del Estado. Tal es el caso del crimen aun impune del joven activista Matías Catrileo, baleado en enero de 2007 por un efectivo policial al interior de un predio agrícola de Vilcún. La investigación judicial, que ya se extiende por casi 19 meses, recien ha logrado confirmar las evidentes circunstancias en que fue asesinado el weichafe (guerrero) de la CAM. Por un lado, por fin reconocen que Matías no disparó ningún arma de fuego contra la patrulla de Carabineros presente en el lugar, según estableció un peritaje dado a conocer por el abogado Nelson Caucoto, querellante por parte de la familia de la víctima.

Por otro lado, la orden “mándale un balazo” en voz del carabinero Walter Ramirez, grabada por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO), pasó a ser una de las pruebas más importantes en el proceso, ya que el mismo uniformado responsable del disparo reconoció la veracidad de sus palabras e intenciones en una declaración ante el fiscal militar a cargo, José Pinto Aparicio. Para el abogado Jaime Madariaga, la grabación es una demostración clara del dolo o propósito de matar que esa noche tuvieron los carabineros y en particular el cabo Ramírez, “es una orden clara y precisa, no da lugares a interpretaciones”, señaló. Queda esperar si el Ministerio Público y la Fiscalia Militar concuerdan con aquello que pareciera evidente.

* Publicado originalmente en Revista Punto Final / www.puntofinal.cl