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Wallmapu:
Los nuevos Fiscales Ad-Hoc
por
Lucía Sepúlveda Ruiz
En los años 80', la progresiva
institucionalización de la dictadura militar de Pinochet hizo que las
tareas de represión política se disfrazaran de Justicia por una vía
autónoma y plena de poderes: los Fiscales Ad-hoc. Dos décadas mas tarde,
los gobiernos de la Concertación parecieran revivir estos oscuros
personajes para enfrentar a las comunidades mapuches y su lucha
territorial.
Con alguna frecuencia se están conociendo
denuncias sobre el comportamiento de los Fiscales del Ministerio Público
en causas relacionadas con el conflicto mapuche/Estado chileno. Los
familiares de los presos políticos mapuche sostienen que para evitar el
derrumbe de determinados montajes, a falta de pruebas los fiscales ofrecen
la libertad o ciertas granjerías a un detenido en prisión preventiva, a
cambio de inculpar a otros presos. Previo al ofrecimiento, los presos han
sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios
de la policía. Los tres casos que aquí se reseñan son aquellos en que la
maniobra ha sido rechazada por los prisioneros interpelados. No es posible
cuantificar la situación contraria.
El fiscal Jorge Granada
Desde Lautaro, comuna ubicada 32 km al norte de Temuco, en el País
Mapuche, el denominado Lof Muko denunció el 7 de enero de 2009 que un
fiscal local, Jorge Granada, le ofreció al detenido Angel Reyes Cayupan
(20 años) obtener rebaja de condena, cambio de identidad, traslado a otra
región, casa y trabajo, si firmaba una confesión en la que involucrara
como autores de la quema de un galpón en el fundo San Leandro , en enero
de 2009, a su primo, el menor Cristian Cayupan Morales (18 años) y a otros
miembros de su comunidad. Reyes Cayupan y su pariente habían sido
detenidos el día 27 de noviembre.
Según esta denuncia difundida por la
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago - publicada
el 7 de enero - , Reyes Capupan fue sometido a tortura e intensas
presiones psicológicas en el cuartel de la Policía de Investigaciones de
Lautaro, como parte del interrogatorio previo a la oferta. Luego se le
trasladó incomunicado a la cárcel de Temuco, donde el 10 de diciembre el
fiscal y el defensor público, abogado Ricardo Cáceres Setien, habrían
reiterado el ofrecimiento. Cristian Cayupan fue enviado luego al centro de
reclusión de menores de Cholchol distante unos 62 km de Lautaro, donde
–por otras acusaciones- permanece recluido también el baleado menor
Leonardo Quijon, de la comunidad José Guiñón de Ercilla, sin recibir
atención médica. A través de dos cartas públicas ambos han reiterado su
adolorida inocencia:
“Nos trataron de inculpar con amenazas y
golpes de parte de Investigaciones de Chile (PDI). Como no tienen prueba
ahora salieron con testigos protegidos que no sabemos verdaderamente si
existen o no... Pero no podrán callar nuestra voz por la injusticia que se
comete contra nuestro pueblo por parte de un gobierno tan cobarde y
traicionero y nos tienen aquí injustamente. Entonces, ¡cómo quieren que
creamos en ellos, si cada día alimentan nuestros corazones con rabia y
dolor!”. Una oferta similar a la recibida por Angel Reyes Cayupan, hizo la
policía con otro comunero del lof Muko, Elvis Millan, víctima de la
tortura conocida como “submarino” en el mismo cuartel de Investigaciones,
después de haber sido llevado a constatar lesiones. Millan fue detenido el
3 de diciembre.
El 31 de diciembre el lof Muko fue allanado violentamente por fuerzas
policiales, un hecho que se repite periódicamente y en el que la policía
suele dejar heridos a bala, desde que en septiembre de 2009 los comuneros
retomaron un proceso de recuperación del fundo Tres Luces, reivindicando
tierras que consideran usurpadas por Pablo Herdener Truan. El lof Muko se
presenta a sí mismo como “una comunidad autónoma que lucha por la
liberación nacional mapuche, camino por el que transitan nuestros weichafe
(luchadores) que no pertenecen ni están vinculados a partidos políticos ni
a organizaciones legalistas funcionales a intereses propios del Estado”.
Los ofertones no son la única irregularidad en este proceso, ya que otros
dos inculpados, Andrés Gutiérrez Coña y Miguel Angel Tapia cumplen ya once
meses de prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia sin
ser llevados a juicio, habiéndose sobrepasado el plazo legal fijado para
la investigación. Pero además, Cristián Cayupan, Elvis Millan, junto a
Eliseo Ñirripil Cayupan y Daniel Canio Traical fueron formalizados por
segunda vez, acusados además por el “incendio terrorista” del fundo Brasil
ocurrido el 11 de septiembre en Vilcún. La jueza María Teresa Villagrán
acogió la postura del fiscal Miguel Angel Velásquez, alargando aun más su
prisión preventiva. Esta es una modalidad que se está imponiendo en el
último tiempo, como un recurso adicional a los ofertones de los
persecutores.
El fiscal Andrés Cruz
Por otra parte, el 12 de enero el fiscal Andrés Cruz, de Cañete, envió un
emisario a la cárcel de Lebu, comuna ubicada a más de 140 km de
Concepción, en la región del BioBio. A Eduardo César Painemil Peña,
detenido el 15 de agosto de 2009 le ofrecieron “excarcelación inmediata,
dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que declare e inculpe a
dos de los comuneros inculpados junto a él por la quema de un camión grúa
y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Los afectados iban a ser Mauricio
Millanao y Juan Carlos Millanao Painemil, también detenidos el 15 de
agosto. Los tres son miembros de la comunidad Pascual Coña sin tierra.
Pero Eduardo Painemil rechazó el ofertón, por lo que el fiscal encontró
otra forma de mantenerlos en prisión y/o condenarlos: la reformalización.
El 27 de enero obtuvo del juez de garantía
John Landeros, 35 días más para investigar y agregó como cargo la
asociación ilícita terrorista, incorporando además otros cinco incendios
“terroristas” ocurridos en cabañas de veraneo de la provincia de Arauco en
los últimos cuatro años. La táctica de formular nuevos cargos
diferenciados por grupos, se empleó contra los 23 comuneros de la zona del
Lleu Lleu procesados inicialmente por la supuesta emboscada al fiscal
Mario Elgueta en Puerto Choque. El juicio oral se realizaría recién en
mayo o junio, lo que extendería la prisión preventiva a más de un año.
Por su parte, los abogados defensores Pelayo Vial, Adolfo Montiel y Nelson
Miranda, aseguraron que más que una reformalización con cargos que
desconocían hasta la fecha y de los cuales no podían defender a los
imputados, el juez debería haber procedido a absolverlos de los cargos, ya
que terminado el plazo de investigación no existían pruebas por parte de
la fiscalía. El fiscal Andrés Cruz paralelamente ha estado a cargo de una
investigación sobre posibles vinculaciones de ETA con el conflicto
mapuche, con indicios tales como la presencia en la zona de Arauco, tiempo
atrás, de activistas de la ONG independentista vasca Askapena.
El fiscal Servando Pérez
El tercer caso conocido corresponde al fiscal de Rancagua, Servando Pérez,
en el proceso contra la documentalista Elena Varela y los co-imputados
Kenny Sánchez y Sergio Reyes, relacionado con el tema mapuche por el
secuestro del su material fílmico sobre la lucha por recuperación de
tierras. En carta enviada desde la prisión de alta seguridad por el ex
chofer de Mininco Sergio Reyes, difundida recientemente por radio BioBio,
el detenido afirma que el fiscal Pérez le habría presionado para inculpar
a Elena Varela y al artesano y ex preso político mirista Kenny Sánchez, de
participación en un robo con homicidio, un robo con violencia y asociación
ilícita. Esos son los delitos que Servando Pérez intenta probar desde que
en mayo detuvo en un mediático operativo a estas tres personas y otras
cinco que debió liberar posteriormente. La autenticidad de la misiva de
Reyes fue corroborada a esta periodista por Susana Sánchez, hermana de
Kenny Sánchez, en tanto que el abogado de Varela, Jaime Madariaga declaró
que la denuncia confirmar algo que ya se conocía.
Sergio Reyes afirma en su carta: “En una oportunidad fui avisado que tenía
visita, estaba el abogado de la defensoría en compañía del Fiscal Servando
Pérez quien me dice: ‘Reyes, le vengo a ofrecer un trato; le doy una
condena de 7 años si se inculpa como cómplice e inculpa a Kenny Sánchez y
Elena Varela’…Más adelante agrega Reyes que en una segunda visita el
fiscal sostuvo: ‘Sr. Reyes, yo necesito de usted y usted de mí; le ofrezco
5 años firmando en su casa, acusarlo como encubridor, pero usted tiene que
declarar en contra de Kenny y Elena’. Continúa Reyes expresando:
“De golpe, se me aclaró la razón del porqué yo fui detenido por
funcionarios de la A.N.I., se aclararon las presiones que ejercieron sobre
mí en relación a mi esposa, se me aclaró por qué me amenazaban con delitos
como la fuga de una persona de la cárcel de Temuco, con supuestas bombas y
reuniones en el extranjero, con conocer a personas que por lógica, yo no
había conocido, como es Mauricio Hernández (preso desde hace muchos años),
delitos por los cuales debí haber sido formalizado por lo menos y eso
nunca ocurrió. La razón estaba ahí, ante mis ojos y yo nunca la vi… Y es
que la investigación de la Fiscalía era tan mala que no tenían pruebas, no
podían tenerlas y necesitan de mí para poder probar una culpabilidad
inexistente. Obviamente, me negué.”
Al conocer la carta de Reyes Matus, los colegas de Elena Varela y miembros
de la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC reaccionaron expresando
públicamente “preocupación e indignación ante la posibilidad de que las
presiones denunciadas resulten ser efectivas, puesto que ello significaría
la vulneración de las normas que rigen el Estado de Derecho y el debido
proceso en nuestro país. Exigimos a las autoridades que Elena Varela tenga
un juicio justo, con total e irrestricto apego a las normas
internacionales en estas materias, y que se investigue la veracidad de las
graves denuncias realizadas por el señor Sergio Reyes Matus. De lo
contrario se están vulnerando sus derechos ciudadanos y los de todos
nosotros.” La declaración está firmada por Ignacio Agüero, María Paz
González, Flor Rubina, Pachi Bustos, Alejandra Carmona, Paola Castillo,
Paola Coll, Soledad Cortés, Pedro Chaskel, Vivi Erpel, Pablo Fernández,
Lorena Giachino, María Paz González, Andrea Henríquez, Pablo Insunza,
María Teresa Larraín, Tatiana Lorca, Germán Liñero, Magali Meneses,
Patricio Muñoz, Carmen Luz Parot, Pablo Rosenblatt, Marcela Said,
PaulaTalloni, y Dauno Tótoro.
La percepción de familiares de Kenny Sánchez, el otro afectado por la
maniobra inculpatoria del fiscal Servando Pérez, es que existe un cerco
comunicacional que dificulta denunciar nuevas fórmulas utilizadas para
sostener las graves imputaciones. En enero, Sánchez expresó a su vez en
carta pública: “Nuevamente debo señalar que la denegación de los
medicamentos y las amenazas veladas ocurridas durante la semana pasada,
están íntimamente relacionados a los golpes recibidos por mi persona el
día 16 de diciembre en el transcurso de otro allanamiento al Módulo Nº 1,
así como al montaje de las supuestas amenazas que yo habría proferido a un
funcionario de gendarmería. Todo ello encadenado al montaje original de la
fiscalía de Rancagua y a mi actitud de no transar principios y no callar
ante las graves arbitrariedades cometidas tanto en la detención inicial
como al interior del penal de Rancagua. Una vez más debo advertir la
gravedad de esta situación en tanto este penal se ha ido destacando por
los malos tratos a los internos y, a pesar de visitas que las instancias
de garantía ha realizado al recinto, los malos tratos continúan a la orden
del día. Reitero que la situación en que me encuentro es realmente
peligrosa, que ha tendido a escalar y que no son descartables otras formas
de hostigamiento, como la aparición entre mis pertenencias de elementos
prohibidos, supuestos intentos de fuga o lisa y llanamente nuevas
agresiones físicas”.
En el caso de Elena Varela, Kenny Sánchez y Sergio Reyes, detenidos en
mayo de 2008 el juicio oral ya tiene fecha definitiva en Villarrica, en
plena zona mapuche. El margen de maniobra del fiscal Servando Pérez sólo
se extiende hasta el 2 de marzo. Con los ojos del país y buena parte del
mundo vueltos en esos días hacia La Moneda, a la espera de la entrada
triunfal de los herederos de la dictadura, en Villarrica estarán
nuevamente a la orden del día la defensa de los derechos humanos, el
debido proceso y la libertad de expresión. En cambio, los más de 50 presos
políticos mapuche que esperan llegar a juicio oral lo harán varios meses
después de la toma de posesión de Piñera y cía. Mientras, en las últimas
semanas se han reiniciado las recuperaciones de terreno y acciones en
contra de forestales y latifundistas. “Nada que celebrar”, coreaban los
mapuche el pasado 12 de octubre refiriéndose al publicitado Bicentenario.
Sin duda tampoco habrán de celebrar el próximo 11 de marzo.
(*) Periodista.
www.periodismosanador.blogspot.com
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