Otra víctima por defender
su territorio
por Darío Aranda
Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos
hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo
donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron
que los homicidas trabajan para un empresario
agropecuario de la zona.
Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo
lugar: el paraje San Antonio, al norte de Santiago del
Estero. Quería mantener una forma de vida que implica
trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar
su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando
se negó a dejar el territorio, pretendido por un
empresario. “Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen
nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció
Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra
e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún
conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años.
En los últimos dos años fueron asesinados en la
Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización
campesina denunció que la represión tiene directa
relación con el avance del modelo de agronegocios, con
la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios
comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela
de San Antonio, que habita dos mil hectáreas
comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su
juventud era identificado como un referente, tranquilo,
pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60
kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, la
comunidad denuncia el acoso de empresarios que pretenden
las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales,
amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de
animales.
El
miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer
Jualián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron
hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas.
“Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias
privados enviados por el empresarios santafesino José
Ciccioli”, aseguró Roqué. “Buscaban a Cristian Ferreyra
y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría con
una escopeta”, concluyó. Ferreyra falleció desangrado,
ante la impotencia y desesperación de su esposa y su
hijo de 2 años. Además fue herido Godoy (también
integrante del Mocase), con disparos en las piernas. Aún
permanece internado en el hospital. Los agresores
huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido
a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El
hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por
eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el
ataque fue un día antes de una asamblea que iba a
realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de
definir un plan para frenar las topadoras.
El
Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con
complicidad y alevosía de parte de autoridades
provinciales y funcionarios del Poder Judicial e
instituciones como la Dirección Provincial de Bosques,
que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias
campesinas indígenas de varias generaciones. A todos
ellos los hacemos responsables directos del asesinato de
Cristian”.
Desde
el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras
ancestrales, que familias rurales y originarias
habitaron durante generaciones, comenzaron a ser
pretendidas por empresarios a medida que la frontera
agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja,
comenzó a expandirse.
La
Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago
es de las provincias líderes en desmonte: 515 mil
hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que
entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación
de bosques tienen directa relación.
La
soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue
autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de
6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya
había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la
actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por
ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50
millones de toneladas de soja.
El
geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance
agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había
sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a
629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record
de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un
75 por ciento”, afirmó.
La
ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el
relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y
ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta
octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de
tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.
En
sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la
defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009
ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13
de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a
una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely”
Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un
corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El
miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún
caso están detenidos los autores materiales ni
intelectuales de los crímenes.
El
Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que
reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno
durante dos décadas. Y también están vigentes leyes
específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la
OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75
de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones)
el Poder Judicial no aplica esas leyes.
“El
asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune.
Con toda la rabia y el dolor que sentimos, sus
compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de
nuestros territorios llegaremos hasta la últimas
consecuencias”, advirtió el Mocase-VC. Diego Montón, del
MNCI, aseguró: “El agronegocio se cobró otra vida
campesina, esta vez la de un joven militante. No es
posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es
de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para
la vida”.
(*) Periodista.

