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Chile - Abril 2010 |
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El crimen de Silvia Suppo
evidencia el agotamiento de una estrategia equivocada El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica. Juzgar el Genocidio no es tarea fácil y los problemas surgidos en el proceso de intentarlo sin una estrategia estatal unificada e integral, revelan al menos dos cuestiones: una es la poca voluntad política de enfrentar a los organizadores, impulsores, financiadores y beneficiarios del Terrorismo de Estado, el mismísimo Bloque de Poder Histórico –con su componente extranjero incluido, el imperialismo norteamericano primero pero también el europeo- que han sostenido la impunidad estos treinta y cuatro años y que son los primeros en enojarse y resistir todo avance contra su legitimidad social por un lado y por el otro es la incomprensión del fenómeno social a investigar para castigar a los responsables. La falta de correspondencia entre el objeto a investigar: un Genocidio, planificado estatalmente como parte de una operación continental de contrainsurgencia de vasto alcance, y el instrumento jurídico con que se pretende abarcarlo es más que evidente en el penoso hecho de la fragmentación de las causas, la dispersión de las responsabilidades y el tratamiento, en muchos casos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos como simples faltas al código penal. De este modo más allá de las voluntades e intenciones en juego, la estrategia jurídica objetivamente propicia la impunidad. Algo de eso estaba planteado en el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata contra Echecolatz que fue tapado por el secuestro de Julio López: discutir socialmente que así no hay justicia y que hacía falta otro enfoque jurídico, capaz de juzgar rápidamente al inmenso grupo de represores, intelectuales, políticos, empresarios, embajadores, etc. que perpetraron el Genocidio. Es esa incomprensión del fenómeno a tratar, esta verdadera crisis de percepción que afecta a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los legisladores y al propio Gobierno Nacional, lo que está en la base de la crisis que sufrió el proceso judicial en diciembre de 2008 cuando la Cámara de Casación decidió liberar un selecto grupo de represores por las demoras en juzgarlos que la propia Justicia toleraba y/o fomentaba; y que ahora aflora de nuevo en la crisis de percepción sobre el tema de los testigos. No se trata de pensar “como proteger los testigos”, como si fuera un grupo de minusválidos en peligro, sino de derrotar la impunidad. El enfoque de “proteger los testigos” presupone convivir con la impunidad y pensar que con medidas técnicas, por otro lado imposibles de implementar masivamente dado el número de testigos que ya han testimoniado o han sido ofrecidos en los juicios orales realizados, en desarrollo o en preparación, se podrá resolver el problema. El posibilismo del progresismo ha llegado a un punto muerto: no se anima a plantear el juicio a castigo a todos los culpables, porque presiente que eso lo llevaría a un enfrentamiento a fondo con el Poder real, y no sabe como resolver el problema de haber asumido como propios los juicios y no poder garantizar nada a los militantes que sostienen los juicios. Decimos simplemente ¿donde está Julio López? y todo el discurso triunfalista del “gobierno de los derechos humanos” se viene abajo. Y ahora Silvia Suppo. ¿Y mañana quién? Si Eduardo Duhalde se anima a proponer un plebiscito para terminar con los juicios es porque sabe que el Poder real está jugado a esa opción. Ahora no hay vuelta atrás: o vamos a fondo con los juicios para imponer el castigo a los genocidas o será el retorno de una derecha heredera de Videla, acaso con nuevos modales pero con los mismos instintos crueles y perversos. Cada uno ocupará en esta lucha el lugar que el mismo decida. Los habrá quienes privilegiarán sus posiciones de gobierno o la calma de los despachos y habrá una multitud plural y diversa que sostendrá la lucha hasta el final.- Como hizo Silvia con su testimonio contra Perizzotti y la banda de Brusa, Ramos y el resto de los asesinos que ella contribuyó a condenar. LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE Asesinan a testigo en los
juicios contra los militares La Policía ya trabaja con más fuerza en la idea de represalia por sus testimonios y por su militancia en organismos de Derechos Humanos Silvia Suppo fue hallada gravemente herida esta mañana en un céntrico local comercial que explotaba. Tras una primera hipótesis de robo, la Policía ya trabaja con más fuerza en la idea de represalia por sus testimonios y por su militancia en organismos de Derechos Humanos. La víctima, de 50 años de edad, se encontraba sola al frente del negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, pleno microcentro, a metros de la Avenida Santa Fe y a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la URV. El hecho ocurrió en apariencia temprano pero ya en horario comercial y a plena luz del día, siendo advertido hacia media mañana por una ocasional clienta, por lo cual la impunidad con la que se movieron los autores es el primer dato que llamó la atención de los pesquisas. Suppo yacía en sobre un charco de sangre semi-inconciente, por lo cual fue trasladada de urgencia al Hospital "Jaime Ferré" donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. El lugar se encontraba con un mínimo desorden y con indicios de faltantes de las mercaderías, pero la saña con la que actuaron el o los asesinos quienes asestaron doce profundas puñaladas en el cuello, tórax y abdomen, también indujeron a los investigadores a relativizar la hipótesis de robo. La idea de que Suppo fue virtualmente ejecutada en un brutal ajuste de cuentas cobra forma minuto a minuto, debido a las implicancias que tuvo la víctima, primero al ser una de las tantas prisioneras del terrorismo de Estado que se impuso en el país durante la última dictadura militar, sino que además fue una testigo de vital importancia en la denominada "causa Brusa" en la que imputó además a Sixto Camilo Perizotti. Por si algo faltaba, si bien no volvió a militar en partidos políticos, sí lo venía haciendo en organismos defensores de los DD.HH, y además este hecho ocurre durante "la semana de la memoria". Testigo en peligro Silvia Suppo narró uno de los relatos mas contundentes y desgarradores en la causa en la cual se encuentran condenados el ex juez federal Víctor Brusa, el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor Colombini; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti; la ex carcelera policial María Eva Aebi; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría Cuarta, Mario Facino; y el ex policía Eduardo Ramos. La rafaelina fue la primera testigo en contar los horrores que sufrió durante su cautiverio, entre ellos una violación y, como producto de ello, un aborto "para remendar el error", frase que atribuyó a Juan Calixto Perizotti. Suppo fue secuestrada por el Ejército en marzo de 1977, cuando tenía 17 años, junto a su hermano y a su actual esposo, Jorge Destéfani (fallecido el año pasado tras cruel enfermedad). Unos días antes había sido secuestrado su novio de ese momento, Reinaldo Hatemmer, quien continúa como desaparecido. La mujer contó que estuvo detenida en la comisaría Cuarta de Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada y en el centro clandestino de detención conocido como "La casita", ubicado a las afueras de la ciudad de Santo Tomé. Suppo fue interrogada encapuchada en la seccional Cuarta, donde el jefe era el acusado Mario Facino, y pasó también por la Guardia de Infantería, donde identificó como jefe a Perizotti y como secretaria de éste a María Eva Aevi. En la Cuarta recibió la visita del entonces obispo de Rafaela, Jorge Casaretto, a quien le contó de la violación y las torturas. Entre muchos hechos que le ocurrieron a ella y a otras personas, la mujer habló de su hermano Rogelio Suppo, quien tras ser salvajemente torturado logró escapar de un hospital y luego de varios días de estar prófugo abandonó el país hacia Brasil ayudado por Casaretto y el obispo Justo Laguna. Fuente: ANRED / Vientos del Sur.
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