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No ha
parado ni un solo instante la política del terror implementada
desde el pasado 28 de junio en Honduras, reanudando el hilo de la
violencia sistémica de los años 80. Las organizaciones de los
derechos humanos hondureñas siguen denunciando asesinatos,
persecuciones, amenazas y torturas contra miembros de la
Resistencia, así como los preocupantes episodios de violencia
contra periodistas comprometidos con la lucha contra el golpe de
Estado y el burdo intento del gobierno de facto de hacer “borron y
cuenta nueva” de todo lo que ha ocurrido en los últimos seis
meses.
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María Yolanda Chavarría |
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Edwin Renán Fajardo |
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César Silva |
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César Silva |
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El Departamento
de Estado norteamericano, a través de su funcionario Craig A.
Kelly de visita en Honduras, pidió nuevamente al
presidente de facto, Roberto Micheletti, abandonar el poder
antes del 27 de enero, fecha del traspaso de mando, y secundó la
propuesta del futuro presidente Porfirio Lobo Sosa de
decretar una amnistía generalizada que incluya al propio
presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales.
De esa manera,
la administración Obama y varios países europeos pretenden
limpiarle la cara al nuevo gobierno y hacerlo aceptable para el
resto de la comunidad internacional. Sin embargo, ni siquiera una
sola palabra ha sido pronunciada sobre los innumerables casos de
violación a los derechos humanos que continúan ensangrentando al
país.
Para el Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
que el pasado 1 de enero realizó un plantón en la Plaza La Merced,
rebautizada Plaza de los Desaparecidos, frente al Congreso
Nacional, en Honduras “opera un escuadrón de la muerte con
infraestructura terrorista, responsable de ejecuciones,
persecución y muertes selectivas contra miembros de la
Resistencia, con el pleno conocimiento de la Policía y el
Ejército”.
En un documento
dado a conocer en esta ocasión, esta histórica organización
denuncia que “existe un patrón de violaciones sistemáticas a los
derechos humanos cometidas por la misma estructura que rompió el
orden constitucional el 28 de junio de 2009”.
Las ejecuciones
de Walter Tróchez y Edwin Renán Fajardo, editor de
los documentales y reportajes producidos por el periodista
César Silva, además de los secuestros y ataques continuados al
personal del periódico El Libertador y de Radio Globo,
confirmaría la existencia de esta infraestructura asesina que
apunta a sembrar el terror entre los miembros de la Resistencia.
“Hoy estamos
transitando los primeros días de 2010, y lo hacemos bajo una
atmósfera de terror, con la cual los golpistas civiles y
militares, nacionales y extranjeros, pretenden silenciar las voces
de millones de legítimos hondureños y hondureñas, que rechazamos
la violencia como forma de dirigir el consenso y gobernar el
Estado”, continúa el documento.
Navidad ensangrentada
Edwin Renán
Fajardo Argueta,
de 22 años, miembro activo de la Resistencia, fue asesinado el
pasado 22 de diciembre en su departamento en Tegucigalpa, y sus
asesinos trataron burdamente de simular un suicidio por
ahorcamiento. En los días anteriores al asesinato, Edwin Renán
Fajardo había comunicado a sus amigos sentirse preocupado
porque había estado recibiendo varios mensajes de texto
amenazantes en su celular.
César Silva,
periodista independiente comprometido con relatar y denunciar a
través de sus videos los horrores del golpe de Estado, fue bajado
de un taxi por tres hombre armados el pasado 28 de diciembre y fue
llevado a una cárcel clandestina donde fue golpeado repetidamente
para que diera informaciones sobre la Resistencia y supuestos
depositos de armas provenientes del extranjero.
“En la madrugada
entró uno de los secuestradores. Me tomó por el cuello, me tiró al
suelo, me pateó y me puso una silla en el cuello para ahogarme. Me
echó una bolsa de agua en la nariz. Me estaba asfixiando, y él
intentó meterme la bolsa en la boca. Pero de afuera le gritaron:
`Ya te dije que no te metas a pedos (en problemas), ¡Dejalo!’”,
contó el periodista a la prensa internacional.
Al llegar a las
oficinas del COFADEH, después de haber sido liberado tras
24 horas de interrogatorio salvaje, Silva relató que los
secuestradores le dijeron que tenía un ángel guardián que abogó
por su vida.
Más periodistas amenazados
El corresponsal
de Prensa Latina, Ronnie Huete, el periodista de
Radio Globo, Rony Martínez y la joven periodista de
El Libertador, Suny Arrazola fueron repetidamente
amenazados de muerte por celular y costantemente hostigados,
mientras que el editor de ese mismo periódico, René Novoa,
fue brutalmente agredido y golpeado por miembros del Ejército y la
Policía mientras estaba en un taxi.
Desde el golpe
de Estado, los periodistas de El Libertador han estado
sometido a una constante represión y su reportero gráfico
Delmer Membreño tuvo que irse al exilio después de haber sido
secuestrado y brutalmente torturado.
La brutalidad de
este régimen opresor se ha ensañado hasta contra una de las
“abuelas de la Resistencia”.
María Yolanda
Chavarría,
de 70 años, fue detenida por tres policías y trasladada a un
cuarto oscuro de una posta policial el pasado 22 de diciembre.
Según relató al COFADEH, los policías siguieron
insultándola y le dijeron que era una cuatrera y que le habían
tomado fotos mientras estaba con la Resistencia.
No
a la amnistía
Ante esta
situación, el COFADEH hizo un llamado a la comunidad
internacional para que “no quite sus ojos de este país
centroamericano y lo declare en alerta máxima en materia de
derechos humanos.
Es
extremadamente urgente que antes
del simulacro de
traspaso de mando el 27 de enero próximo y después de esa fecha,
las organizaciones multilaterales abran en Honduras
legaciones in situ para coordinar las operaciones de salvamento de
los liderazgos sociales y políticos opuestos a los asaltantes del
poder.
Honduras
avanza aceleradamente, lejos de la mirada internacional, a un
estado de absoluta indefensión que debe ser interferido –continúa
el llamado del COFADEH–.
Para las y los
perseguidos por esta dictadura exigimos juicios no viciados y
respeto al debido proceso, libertad para los cuatro presos
políticos en la Penitenciaría Nacional y el retorno seguro de casi
un centenar de personas que salieron forzadamente de Honduras,
por el peligro inminente a su vida.
Sin proceso
constituyente popular no hay paz ni tranquilidad posibles. Sin un
nuevo Pacto Social y consenso político mínimo, ninguna
gobernabilidad será posible”, concluye el documento.
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