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Cabo Orlando Morales Pinto, Si no Hay Justicia Hay FUNA
Para los torturadores, Asesinos
y sus Cómplices. ¡Ni perdón ni olvido!
Equipo
de Prensa de Radio 1º de Mayo
Este viernes 18 de Abril se realizó una vez
más una FUNA en contra de los torturadores, asesinos y cómplices de
violaciones a los derechos humanos, rompiendo la rutina de los capitalinos
en el centro de Santiago. La cita fue en Alameda con
Dieciocho, en Plaza los Héroes, desde donde la gente se dirigió al Comando
de Salud del Ejército (COSALE). En el lugar, quienes participaban de la
acción, recibieron insultos y hasta algunos golpes por parte de los
guardias del recinto. Incluso agredieron a los medios de prensa que
estaban cubriendo el hecho.
Con
cánticos y gritos en contra de los torturados y asesinos transcurrió la
marcha de la FUNA que iba dirigida a los inculpados en el homicidio del
Cabo del Ejército Orlando Morales Pinto::
Álvaro Guzmán Valenzuela: Ex director del
COSALE, General (R) y ex Agente de la DINA, quien recibió instrucción en
la Escuela de las Américas.
Rodolfo Molina H: Teniente Coronel (R).
Superior Directo del Cabo Morales.
Esteban Cerda P: Sargento Primero
Guillermo Cortes: Cabo
Luís Reyes A: Cabo
Carolina Meza: Cabo
Héctor Cáceres Orellana: Funcionario Civil,
Ex Agente CNI.
A estos agentes y funcionarios del Ejército
iba dirigida la FUNA. "El Ejército sigue amparando y protegiendo a
torturadores, asesinos, ladrones y mafiosos", señalaron los asistentes y
familiares del Cabo Morales.
Esta es la información entrega por la
Comisión FUNA: “La madrugada del 5 de Septiembre de 2002 fue
asesinado por efectivos del ejército el Cabo Orlando Morales Pinto para
ocultar el desfalco de 1.200 millones de pesos del Comando de Salud del
Ejército (COSALE), dependiente del Hospital Militar y a cargo del General
Álvaro Guzmán Valenzuela. El Cabo Morales cumplía funciones como encargado
de finanzas y trabajaba como registrador del COSALE. En cumplimiento de
sus funciones denunció irregularidades al interior del Comando, dando
cuenta a sus superiores, sin imaginar que éstos estaban involucrados y
coludidos con una mafia que opera al interior de las FFAA donde la máxima
figura de corrupción fue Pinochet. Para silenciar sus denuncias el Cabo
Morales fue asesinado. Su cuerpo fue levantado ilícitamente del lugar del
Crimen y entregado a su familia en una urna sellada y con la explicación
de que se habría suicidado, versión que fue corroborada por una dudosa
primera autopsia. La familia del Cabo Morales, que se encontraba al tanto
de sus descubrimientos, no creyó en lo que había determinado la
investigación y solicitó una segunda autopsia la que confirmó el homicidio
de Orlando Morales Pinto y más aún verificó que fue sometido a brutales
torturas y mutilaciones. Hoy el Ejército ampara la impunidad en que
permanecen los inculpados, dos de los cuales formaron parte de organismos
represivos de la Dictadura: de la temible y siniestra DINA y de la
posterior CNI. Ahora, en “democracia”, estos criminales aparecen
involucrados directamente en los desfalcos a través de las empresas
particulares vinculadas a licitaciones corruptas al interior del
Ejército”.
Desde el frontis del COSALE los asistentes
se trasladaron marchando por la vereda, cruzando nuevamente hacia la
calzada sur de la Alameda, en dirección hacia la Plaza de la Ciudadanía,
donde nuevamente increparon al Ejército a dar respuestas del homicidio del
Cabo Morales. Aquí el ambiente se puso tenso debido a que Carabineros
quería impedir el paso de los manifestantes. Incluso la orden, al parecer,
era no dejar manifestarse a nadie aunque fuera pacíficamente. A pesar del
resguardo policial, los manifestantes lograron expresar su rabia y su
derecho a decirle al Ejército que "encubre un homicidio".
La Comisión FUNA emplazó y exigió al
Ejército que responda por los niveles de corrupción, por los innumerables
"supuestos suicidios" que hay en sus filas, y que se resuelva el caso del
conscripto Pedro Soto Tapia, que permanece sin culpables y fue cerrado por
los tribunales. Los manifestantes y familiares exigieron al juez
Droppelman y al General Izurieta que se pronuncien sobre el caso, se haga
justicia y se dicte sentencia contra los inculpados del homicidio,
exigencia que transciende mas allá de este caso particular. "Que se
esclarezcan los crímenes y torturas del personal del Ejército durante la
dictadura y la democracia, terminando también con el envió de militares a
la Escuela de las Américas donde se forman los dictadores, torturadores y
asesinos de nuestro pueblo", señalaron los manifestantes.
(*)
Radio Primero de Mayo 102.9
FM
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