Chile - Abril  2008

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Cabo Orlando Morales Pinto, Si no Hay Justicia Hay FUNA

Para los torturadores, Asesinos y sus Cómplices. ¡Ni perdón ni olvido!

Equipo de Prensa de Radio 1º de Mayo

Este viernes 18 de Abril se realizó una vez más una FUNA en contra de los torturadores, asesinos y cómplices de violaciones a los derechos humanos, rompiendo la rutina de los capitalinos en el centro de Santiago. La cita fue en Alameda con Dieciocho, en Plaza los Héroes, desde donde la gente se dirigió al Comando de Salud del Ejército (COSALE). En el lugar, quienes participaban de la acción, recibieron insultos y hasta algunos golpes por parte de los guardias del recinto. Incluso agredieron a los medios de prensa que estaban cubriendo el hecho.

Con cánticos y gritos en contra de los torturados y asesinos transcurrió la marcha de la FUNA que iba dirigida a los inculpados en el homicidio del Cabo del Ejército Orlando Morales Pinto::

Álvaro Guzmán Valenzuela: Ex director del COSALE, General (R) y ex Agente de la DINA, quien recibió instrucción en la Escuela de las Américas.

Rodolfo Molina H: Teniente Coronel (R). Superior Directo del Cabo Morales.

Esteban Cerda P: Sargento Primero

Guillermo Cortes: Cabo

Luís Reyes A: Cabo

Carolina Meza: Cabo

Héctor Cáceres Orellana: Funcionario Civil, Ex Agente CNI.

A estos agentes y funcionarios del Ejército iba dirigida la FUNA. "El Ejército sigue amparando y protegiendo a torturadores, asesinos, ladrones y mafiosos", señalaron los asistentes y familiares del Cabo Morales.

Esta es la información entrega por la Comisión FUNA:  “La madrugada del 5 de Septiembre de 2002 fue asesinado por efectivos del ejército el Cabo Orlando Morales Pinto para ocultar el desfalco de 1.200 millones de pesos del Comando de Salud del Ejército (COSALE), dependiente del Hospital Militar y a cargo del General Álvaro Guzmán Valenzuela. El Cabo Morales cumplía funciones como encargado de finanzas y trabajaba como registrador del COSALE. En cumplimiento de sus funciones denunció irregularidades al interior del Comando, dando cuenta a sus superiores, sin imaginar que éstos estaban involucrados y coludidos con una mafia que opera al interior de las FFAA donde la máxima figura de corrupción fue Pinochet. Para silenciar sus denuncias el Cabo Morales fue asesinado. Su cuerpo fue levantado ilícitamente del lugar del Crimen y entregado a su familia en una urna sellada y con la explicación de que se habría suicidado, versión que fue corroborada por una dudosa primera autopsia. La familia del Cabo Morales, que se encontraba al tanto de sus descubrimientos, no creyó en lo que había determinado la investigación y solicitó una segunda autopsia la que confirmó el homicidio de Orlando Morales Pinto y más aún verificó que fue sometido a brutales torturas y mutilaciones. Hoy el Ejército ampara la impunidad en que permanecen los inculpados, dos de los cuales formaron parte de organismos represivos de la Dictadura: de la temible y siniestra DINA y de la posterior CNI. Ahora, en “democracia”, estos criminales aparecen involucrados directamente en los desfalcos a través de las empresas particulares vinculadas a licitaciones corruptas al interior del Ejército”.

Desde el frontis del COSALE los asistentes se trasladaron marchando por la vereda, cruzando nuevamente hacia la calzada sur de la Alameda, en dirección hacia la Plaza de la Ciudadanía, donde nuevamente increparon al Ejército a dar respuestas del homicidio del Cabo Morales. Aquí el ambiente se puso tenso debido a que Carabineros quería impedir el paso de los manifestantes. Incluso la orden, al parecer, era no dejar manifestarse a nadie aunque fuera pacíficamente. A pesar del resguardo policial, los manifestantes lograron expresar su rabia y su derecho a decirle al Ejército que "encubre un homicidio".

La Comisión FUNA emplazó y exigió al Ejército que responda por los niveles de corrupción, por los innumerables "supuestos suicidios" que hay en sus filas, y que se resuelva el caso del conscripto Pedro Soto Tapia, que permanece sin culpables y fue cerrado por los tribunales. Los manifestantes y familiares exigieron al juez Droppelman y al General Izurieta que se pronuncien sobre el caso, se haga justicia y se dicte sentencia contra los inculpados del homicidio, exigencia que transciende mas allá de este caso particular. "Que se esclarezcan los crímenes y torturas del personal del Ejército durante la dictadura y la democracia, terminando también con el envió de militares a la Escuela de las Américas donde se forman los dictadores, torturadores y asesinos de nuestro pueblo", señalaron los manifestantes.

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