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Prisioneros Políticos:
“El
Doble
filo de la Ley”
por
Pablo Ruiz y Arnaldo Pérez Guerra (*)
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El
16 de diciembre, nuevamente y por tercera vez, se ha
postergado la discusión y votación del Proyecto de Ley
de Indulto que permitiría la libertad de los prisioneros
políticos con más de 10 años en prisión. Por tercera
semana consecutiva el proyecto no contó con el consenso
suficiente para ser aprobado y fue pospuesta su votación,
esta vez, para el 6 de enero próximo.
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El
martes 9 de diciembre, en un articulo publicado por El
Mercurio titulado: “Indulto
a extremistas se queda sin piso político”, había
trascendido a la opinión pública que la Derecha no estaba
dispuesta a darle sus votos tan fácilmente al Proyecto de Ley de
Indulto. El Mercurio comentó que “por tratarse de una
iniciativa legal que concede un indulto general a personas
condenadas o procesadas por delitos terroristas, la Constitución
exige que el quórum de aprobación sea de los dos tercios de los
senadores en ejercicio. Eso equivale a 32 votos favorables, cifra
que excede los 24 escaños de los que dispone la Concertación y
que por tanto obliga a buscar el apoyo de las bancadas de la
Alianza por Chile. Un senador de la UDI confidenció a ‘El
Mercurio’ que su bancada (11 senadores) no está dispuesta a
aprobar la moción si no existe una solución integral al tema de
los derechos humanos y la reconciliación nacional”.
Mucho
antes, La Nación, en
una pequeña nota periodística sobre la finalización de la
huelga de hambre de los prisioneros políticos de la Cárcel de
Alta Seguridad (CAS), Hospital Penitenciario, Antofagasta y
Osorno, señaló, en el mismo tenor, que la Derecha “condicionaría”
sus votos a la aprobación de la Propuesta de Derechos Humanos que
presentó el gobierno, y que recoge las sugerencias de la UDI y RN
más que las presentadas por organismos de Derechos Humanos y
agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura.
En
su edición del 15 de diciembre el diario electrónico El
Mostrador, bajo el titulo: “Derecha exige vincular
beneficios a presos políticos con propuesta DD.HH.”, informó
que “(...) la bancada de la UDI y de Renovación Nacional,
así como la llamada bancada militar, no estarían dispuestos a
legislar sobre esta materia sin que, a la vez, se avance en los
otros proyectos para resolver los problemas de Derechos
Humanos”.
El
Mercurio informó, al día siguiente (16 de diciembre), que la
Alianza por Chile rechazará el Proyecto de Ley de Indulto:
“(...) si no se logra una solución global al tema de los
Derechos Humanos que incluya a los militares procesados por
delitos represivos”, y que “(...) la comisión política de RN
analizó el tema y acordó condicionar su voto a una fórmula más
integral”. Concluye El Mercurio que: “(...) aunque en
principio quedó aplazado para enero, todo hace pensar que al
carecer del suficiente piso político el proyecto será congelado
hasta que se negocie un acuerdo amplio”.
Recordemos
que recientemente, el 2 de diciembre, la mayoría de los
prisioneros políticos depusieron su movimiento de huelga de
hambre confiados en que el Proyecto de Ley de Indulto contaba con
un consenso suficiente de parte del gobierno, la Concertación y
la Derecha, como se les señaló, para votarlo el 3 ó 4 de
diciembre; lo que luego se aplazó en dos oportunidades: primero
para el 9 de diciembre y, posteriormente, para el 16 del mismo
mes. Los senadores UDI Hernán Larraín y Carlos Bombal habían
comprometido su apoyo y el de su partido al Proyecto de Ley de
Indulto. La propia UDI en su Propuesta de Derechos Humanos
manifestó estar dispuesta a hacer un “gesto” con los
prisioneros políticos. En el texto de su propuesta, la UDI señaló
que: “(...) como testimonio de nuestra voluntad de pacificación,
proponemos que el Presidente de la República, conjuntamente con
los proyectos antes referidos y con igual urgencia, presente también
un proyecto de Ley de Indulto general, que beneficie a todos los
condenados en virtud de la Ley sobre conductas terroristas, por
hechos perpetrados entre el 11 de marzo de 1990 y la fecha de
publicación de esta ley, que hayan cumplido ya más de 10 años
de prisión efectiva”.
El
Proyecto de Ley de Indulto, que reiteradamente se ha postergado en
el Senado, de ser aprobado, beneficiará a una veintena de
prisioneros políticos que cumplen con los requisitos señalados
en éste, previa firma de un compromiso “inequívoco” de
renuncia al uso de la violencia como método de acción política.
En
el fondo el proyecto en cuestión, a pesar que será -en el caso
de ser aprobado- un instrumento real para liberar a un cierto
numero de prisioneros, no reconoce sustantivamente la falta a un
debido proceso que debieron padecer y padecen los prisioneros políticos
a quienes pretende favorecer. El Proyecto de Ley de Indulto no
resuelve el tema de la prisión política porque no beneficia a
todos los prisioneros políticos. Nada se dice ahí de las
torturas, procesamientos por Fiscalías Militares, aplicación de
leyes especiales heredadas de la dictadura de Pinochet, procesos aún
abiertos, prisioneros políticos en el exilio bajo la fórmula del
“extrañamiento”, aplicación desmesurada de penas, etcétera.
Nada se dice en el proyecto de la situación que actualmente viven
los prisioneros políticos mapuche en las cárceles de la VIII y
IX regiones, a quienes en nada beneficia. Tampoco sugiere medidas
que reparen la injusta privación de libertad que vivieron decenas
de prisioneros políticos chilenos, algunos de ellos acusados y
condenados hasta cuatro veces por un mismo hecho. Lo único que se
menciona en su argumentación es que: “(...) existen
interpretaciones de la Ley de destacados juristas, que sostienen
la existencia de duplicidad de imputación criminal en estos
procesos, al fundar unos mismos hechos la incriminación
particular y colectiva”. Sin embargo, esa declaración no basta,
no es suficiente para reparar el daño, la tortura, los dobles
procesamientos, la aplicación de leyes especiales, el juzgamiento
por Fiscalías Militares, las abultadas condenas, la falta de un
debido proceso, la negación de beneficios carcelarios, porque,
además, el Proyecto de Ley condena adicionalmente “a 5 años de
libertad vigilada” a aquellos prisioneros políticos que
resulten beneficiados, y los deja en la indefensión ante posibles
acusaciones bajo las mismas leyes.
El
proyecto en discusión no soluciona integralmente todos los casos
de prisioneros políticos chilenos y mapuche. Un puñado de
prisioneros políticos chilenos no será beneficiado por esta ley,
pues no reúne sus requisitos. Ningún mapuche, de los más de 14
actualmente detenidos, y los más de 500 procesados será
beneficiado por la Ley.
Todo
hace pensar que el Proyecto de Ley de Indulto no será aprobado en
el mediano plazo. Los últimos acontecimientos han evidenciado aún
más las reales intenciones de la UDI al condicionar su apoyo al
proyecto a “conceder”, también, beneficios a los genocidas y
violadores de los Derechos Humanos.
La
Derecha “no da puntada, sin hilo”.
Todo indica que lo que realmente buscan es usar la legítima
libertad de los prisioneros políticos para negociar sus propias
reivindicaciones de impunidad para los crímenes de la dictadura.
Lo que busca la Derecha, y una buena parte de la Concertación es,
en definitiva, lo que descaradamente señala El Mercurio:
“darle una solución global al tema de los Derechos Humanos que
incluya a los militares procesados por delitos represivos”.
Lamentablemente,
el Proyecto de Ley de Indulto tendrá ese “doble filo”.
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