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Pueblos indígenas y Servicio Militar Obligatorio
El derecho a decir No
Por Pedro Cayuqueo
www.nodo50.org/azkintuwe
 Una
valoración de la especificidad étnica de aquellos cientos de jóvenes que
año tras año son obligados a servir en regimientos, cuarteles y bases
navales a lo largo del país, constituye un primer paso hacia el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.
Garantizar el derecho de los jóvenes a no realizar el Servicio Militar
Obligatorio basados en la objeción de conciencia, se impone como urgente
necesidad tras la reciente tragedia de Antuco. Un movimiento mapuche
moderno debiera levantar como bandera el derecho de nuestros jóvenes a
decir No, ya sea en base de nuestras particulares creencias religiosas,
valores culturales o la trágica historia que nos enluta como pueblo (Fotos
AP. La Nación)
La muerte de
44 jóvenes conscriptos, entre ellos varios de origen mapuche, y un sargento
de tropa en la alta cordillera de la Octava Región, ha golpeado en los
últimos días no solo a sus familias. También a una sociedad que con justa
razón se interroga sobre las condiciones en que miles de jóvenes año tras
año realizan su Servicio Militar Obligatorio (SMO). Una tragedia que se suma
a la muerte, el pasado 5 de mayo, de un conscripto del Cuartel Lo Aguirre de
la Región Metropolitana, durante un ejercicio de instrucción nocturna; a la
muerte el pasado 9 de mayo, de un conscripto del Regimiento Reforzado Nº9
“Arauco”, de la III División, ahogado en Bahía Mansa; a la muerte el 10 de
mayo de otro conscripto del mismo regimiento, mientras se encontraba de
centinela, a causa de un disparo que escapó al manipular su arma de
servicio. Todos ellos tan solo en tres semanas del mes de mayo. Una cifra
que entristece y nos llama a la reflexión.
La tragedia de Antuco, sin duda, volverá a impulsar un debate pendiente
sobre la estructura del SMO en Chile. Esto, por parte de diversos actores
sociales, principalmente aquellos involucrados en el sector de la defensa,
quienes han llegado a un relativo consenso sobre la necesidad de adecuar el
actual sistema de conscripción a nuevos requerimientos estratégicos y de
modernización de las fuerzas armadas. Sin embargo, restringir el debate a
estos aspectos meramente estructurales es equivocar el camino. Una real
modificación del SMO debiera incluir otros aspectos, más profundos y en
muchos casos de tipo cultural, tales como el cambio hacia una orientación
más social del rol de las fuerzas armadas y una doctrina de respeto
irrestricto por los derechos humanos, que es lo que resguarda entre otras
cosas el negado derecho a la objeción de conciencia que desde hace al menos
una década demandan organizaciones juveniles, grupos de defensa de los
derechos humanos, autoridades eclesiásticas y personalidades del mundo
civil.
El debate público sobre el SMO en Chile, iniciado tímidamente tras el
retorno de la democracia, no ha significado en 15 años una real
transformación de esta polémica institución de la defensa. A lo sumo, solo a
permitido el publicitado estreno de mayores incentivos por parte de las
diferentes ramas de la defensa, tales como cursos de capacitación, becas de
estudio y programas de reinserción laboral, todos con el objetivo de
alcanzar año tras año una mayor voluntariedad en el reclutamiento del
contingente, que en Chile alcanza la cifra de 20 mil jóvenes por año. Sin
embargo, diversos estudios han puesto en duda los reales efectos de dichos
"incentivos", más aun cuando en ningún caso se relacionan con un aumento en
las escandalosamente bajas remuneraciones ($15.437 pesos mensuales en la
Región Metropolitana, sin contar los descuentos) que reciben hoy los jóvenes
enrolados por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
Aun así, la tendencia a la "voluntariedad" se ha vuelto creciente en los
últimos años, llegando esa cifra a representar casi un 70 por ciento del
total del contingente hoy acuartelado. Estos datos han sido utilizados
profusamente en los últimos días por autoridades e incluso el propio General
Juan Emilio Cheyre para defender, ante los ojos de una ciudadanía golpeada,
la propia existencia del servicio militar. Según el Ejército, estas cifras
constituirían la mejor prueba de que los incentivos otorgados por la DGMN
estarían cumpliendo el objetivo de atraer a los jóvenes hacia el
cumplimiento de su deber. Sin embargo, sabemos que las cifras se prestan
para engaños, toda vez que no toman en cuenta factores externos que forzan
el reclutamiento en Chile, tales como la alta tasa de desocupación juvenil
existente y los elevados índices de pobreza que caracterizan a las familias
de gran parte de los llamados conscriptos "voluntarios".
Según informaciones de prensa, gran parte de las víctimas de Antuco
corresponden a jóvenes provenientes de sectores rurales de la Octava Región.
Hijos de familias humildes, casi un 90% de ellos eran "voluntarios" que
vieron en el SMO un puente para iniciar una carrera militar o aprender un
oficio con el cual desempeñarse más tarde en el competitivo mundo civil. Ser
alguien más en la vida, pareció ser la consigna de todos ellos, tal como han
señalado sus acongojados familiares. Sin embargo, se encontraron con la
muerte. Varios de ellos eran mapuches, lo que concuerda además con diversos
estudios que han situado a los jóvenes de nuestro pueblo como la principal
cantera de reclutamiento en las regiones VIII, IX y X. No existen al
respecto cifras oficiales o estadísticas. Lamentablemente, la transparencia
y la debida información pública no caracterizan el trabajo de las Fuerzas
Armadas en esta materia.
Sin embargo, ya es un dato de la causa. Un gran porcentaje de conscriptos en
la zona sur son jóvenes mapuches, provenientes de empobrecidas comunidades
rurales de la IX Región, principalmente. Muchos de ellos, por cierto,
enrolados voluntariamente en el primero de los dos llamados que realiza la
DGMN cada año. ¿Cómo se explica esto? ¿Amor a la patria? Obedece
fundamentalmente a la carencia de oportunidades académicas y laborales que
existen para ellos en el mundo civil. En los hechos y en la mayoría de los
casos, el ingreso de estos jóvenes al último escalafón de las Fuerzas
Armadas se transforma en la única alternativa de generación de ingresos para
sus familias, sumidas en la extrema pobreza tal como lo demuestran cada
cierto período de años los resultados de la Encuesta CASEN. No es posible
hablar entonces de voluntarios. No cuando es la miseria y la marginación
social quien finalmente los obliga.
El derecho a objetar
En el caso del Pueblo Mapuche, el debate no tiene solamente relación con la
voluntariedad o no del servicio. El cumplimiento del SMO en Chile obedece a
una política-ideológica de estado, relacionada con la hipotética defensa del
país ante una amenaza bélica exterior y con el fortalecimiento de
determinados valores patrios en las nuevas generaciones que cumplen con
dicha obligación cívica. Esto último quedó claramente establecido en el DL
2.306, del 2 agosto de 1978, que norma su cumplimiento y cuyo reglamento fue
promulgado el 1 de marzo de 1979 por la Junta de Gobierno encabezada por el
entonces dictador Augusto Pinochet. En su artículo 22, inciso 2º y 3º, la
Constitución de 1980 señala expresamente: “Los chilenos tienen el deber
fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir
a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición
chilena".
Se trata, a todas luces, de una visión nacionalista anacrónica y excluyente.
Atentatoria, cuando menos, contra la diversidad cultural y étnica existente
en Chile, así como de aquellos derechos sociales, culturales, económicos y
políticos del cual son depositarios todos los pueblos y que se encuentran
garantizados en diversos instrumentos internacionales, algunos de ellos
ratificados por el Estado chileno y otros en eterna discusión en comisiones
del Parlamento. Es este el caso del Convenio 169 de la OIT, que resguarda
-entre muchos otros- el derecho de los jovenes indígenas a no ser enrolados
por la fuerza en instituciones armadas que, entre muchos otros objetivos de
defensa, persiguen también fortalecer procesos de asimilación forzada sobre
sus respectivos pueblos y culturas, todo ello en la lógica contrainsurgente
de aniquilar la hipotética amenaza de un denominado "enemigo interno".
Una cosa es cierta. A través del servicio militar se ha pretendido
históricamente "chilenizar" a las nuevas generaciones de jóvenes mapuches.
Quienes cumplimos en su tiempo con este denominado "deber cívico", lo
sabemos perfectamente. En los regimientos, destacamentos aereos y bases
navales del país, a los conscriptos mapuches se les idealiza una patria y un
estado nacional que al mismo tiempo les niega su propia historia y valores
culturales. En mayor o menor medida, a nuestros jóvenes se les impone
lealtad y disciplina hacia símbolos como la bandera chilena, el mando
militar y las autoridades, así como el respeto y orgullo hacia una historia
militar plagada de oscuros pasajes y que oculta el brutal genocidio cometido
en el pasado contra nuestro pueblo. Quien suponga lo contrario peca de
ingenuidad. O simplemente, jamás a puesto un pie uno de estos fortificados
recintos de adoctrinamiento militar colectivo.
En tiempos en que se discute a nivel parlamentario un "reconocimiento" a los
pueblos indígenas en la Constitución Política, se hace urgente un debate
sobre la necesidad de que el Estado chileno reconozca el derecho de objeción
de conciencia al SMO para los jóvenes indígenas, a fin de ampliar la
protección legal para las personas que desde la defensa de su pertenencia
étnica y con argumentos basados en la pervivencia como pueblos y culturas,
se nieguen a ser reclutados en el SMO, al igual como ocurre -bajo otro
mecanismo- con los hijos de detenidos desaparecidos. Lo contrario,
constituye una violación a nuestros derechos humanos fundamentales y un
agravio que año tras año, miles de jóvenes deben soportar en los regimientos
de la zona sur del país. Esto, sin considerar el peligro real que corren sus
propias vidas, tal como nos lo han recordado dramáticamente en Antuco los
conscriptos Miguel Aurelio Piñaleo Llaulen (19) y Silverio Amador Avendaño
Huilipán (19), aun desaparecidos bajo metros de nieve.
El año 1991, Colombia se convirtió en el primer país de la región que
incorporó a su Constitución derechos básicos dirigidos específicamente a los
pueblos indígenas. Entre ellos, su derecho a no ser reclutados para el
servicio en las fuerzas armadas, sea en tiempos de paz o de guerra, todo un
hito en un país desangrado desde hace más de cuatro décadas por una cruenta
guerra civil. La Constitución del Paraguay dedica el capítulo V a la
consagración de los derechos y garantías básicas de los pueblos indígenas, a
quienes reconoce como "anteriores a la formación y organización del propio
Estado paraguayo". El artículo 67 de este capítulo establece la "exoneración
a los miembros de los pueblos indígenas a prestar servicios sociales,
civiles o militares". No son los únicos ejemplos. Brasil, Ecuador, Bolivia y
Venezuela, también contemplan este derecho democrático en legislaciones de
rango constitucional, escenario que en Chile se ha vuelto una locura
siquiera pronosticar.
Una valoración de la especificidad étnica de aquellos cientos de jóvenes que
año tras año son obligados a servir en las fuerzas armadas a lo largo y
ancho del país, constituye un primer paso hacia el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas en Chile. Garantizar el derecho de los
jóvenes a no enrolarse basados en la objeción de conciencia, se impone como
necesidad tras esta tragedia. Un movimiento mapuche moderno debiera también
levantar como bandera este derecho, ya sea en base de nuestras particulares
creencias religiosas, valores culturales o la trágica historia patria que
nos enluta como pueblo. La objeción de conciencia, regulada en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (artículo 18), que
Chile ratificó en 1972, constituye para los jóvenes chilenos una opción
antimilitar y antiviolenta frente al Estado. En el caso mapuche, constituye
además un verdadero acto de reivindicación histórica y resistencia cultural
/ Azkintuwe
* Periodista y director del Periódico Azkintuwe. Realizó su Servicio Militar
entre los años 1991 y 1992 en la Armada de Chile.
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