“Esto parece una cárcel. Le decimos Alcatraz”. Un anónimo pescador camina como todos, de un lado a otro. Fumando. Mirando el piso. Mirando nada. Una treintena de carpas están dispuestas bajo un galpón que cobija una cancha de baby fútbol. Un niño corre tras una pelota plástica y un grupo de hombres de mar mata el tiempo jugando cartas. Otros ven las noticias nocturnas.

El gimnasio del MOP está situado en una olvidada esquina de calle Arturo Prat, en el Paradero 1 de Gran Avenida. Con la comodidad que brinda un piso de cemento, allí duermen las cerca de doscientas personas, entre pescadores, sus mujeres e hijos, que desde el 14 de noviembre están en Santiago.

Todos viajaron desde Talcahuano. Pero a la capital llegaron caminando. Día y noche, 531 kilómetros. Son 650 los socios del sindicato. Y desde el sur salieron 400 hacia Santiago, pero sólo llegaron 150. Varios viajaron enfermos y tuvieron que regresar. Muchas mujeres acompañaron a sus parejas. La ruta fue dura. Difícil. La bautizaron, en su parte más interminable, como la “carretera al infierno”. Reventaron sus pies. Una ampolla sobre otra. Pero había que llegar.

Manuel tiene 62 años, la mitad de ellos vividos en el mar como tripulante pesquero que la Ley 19.713 dejó cesante, con un presente paupérrimo y un futuro, así como va, sin futuro. A él no le importó marchar con llagas cancerosas en las piernas. “Este dolor no es nada comparado con el daño que nos han hecho”, dice.

Como varios, Manuel suma años sin trabajo y ya sabe que, por invalidez o por edad, nadie le dará empleo. Tampoco tiene con qué jubilar. Posee una numerosa familia y las deudas, como a todos, lo agobian. A la mayoría de las más de 650 familias que están detrás de los pescadores les han cortado el agua, la luz. Hasta les han retirado los medidores y corren riesgo de perder sus casas.

Otros han visto la destrucción de sus familias, sus hijos han abandonado estudios y la desesperación ha llevado hasta el extremo sus vidas. El temor al intempestivo suicidio ronda incluso dentro del gimnasio. “A las dos de la mañana, desvelados, los viejos fuman y lloran”, masculla Agustín Cartes presidente del sindicato. “La depresión y alcoholismo es otro gran problema”, agrega. No hay plata. Sólo rabia y profunda frustración.

Capacitación “express”

2001 fue un año clave. Aprobada la ley, una serie de compensaciones serían puestas en marcha, entre ellas ayudas en dinero, capacitación y reconversión laboral. Carlos Ossa, también dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Transitorios Industriales Pesqueros de Talcahuano y Coronel, decía en plena la toma del Palacio Ariztía: “Hoy no tenemos ningún nuevo pequeño empresario, ningún reconvertido laboral. Nada de eso se ha hecho realidad”, protestaba.

El texto legal, en la práctica, sacó de circulación a pequeñas embarcaciones y sus respectivos tripulantes. Pero los trabajadores se quejan que, por una parte, las indemnizaciones y el apoyo social del Estado fueron calculadas sobre bases mínimas. Mario Peña, de 51 años, doce de ellos en el mar, apenas recibió un millón doscientos mil pesos. Nada conveniente ni menos suficiente.

Patricio Abarca tiene 46 años y cuatro hijos entre 17 y 21. El mayor debió abandonar sus estudios de paramédico por falta de dinero. Trabajó 14 años “en la mar” y la indemnización de la empresa -unos dos millones y medio de pesos-, fue establecida en función de un sueldo base de 140 mil y no sobre los casi 500 mil que ganaba un tripulante.

Luego, para obtener la “ayuda social” establecida en un protocolo firmado en 2003 con el Estado, podía acceder a un millón cien mil pesos. Esto, siempre que presentara un proyecto asociado a reconversión laboral. Pero las quejas sobre la capacitación y reconversión son recurrentes. “Estuve nueve meses sin trabajo pero con capacitación que no rindió ningún fruto. ¡Nueve meses para nada!”, sentencia Juan Tobar.

Él y otros reclaman que a los trabajadores portuarios, mientras la capacitación se ejecutaba, les pagaban uno 90 mil para subsistir. “Pero acá nada. Por eso, de 130 que entramos a capacitación, sólo terminamos 25. Los compañeros se retiraban a los pocos meses porque les ocupaba mucho tiempo y, como no tenían ingresos, necesitaban trabajar”, narra Tobar.

Ossa y otros sindicalizados añaden que también hubo “cursos express de dos días” de capacitación “para justificar la entrega de la ayuda social y además para aparentar que el protocolo de 2003 se estaba cumpliendo”, dicen. Muchos, impelidos por la necesidad económica, debieron inventar proyectos productivos para que los recursos de “ayuda social” -entre 3,3 millones y 1,1 millón, según el tiempo acreditado de cesantía-, fueran liberados.

Solución suicidio

“La gente ha tenido que vender sus muebles y su ropa para tener algo de dinero”, cuentan Cartes y Ossa. Acostumbrados a trabajar mar adentro y poner el hombro para mantener a sus familias, la caridad o la solidaridad de amigos o familiares ya no es tolerable ni sostenible. Llevan demasiado tiempo así. Cada día ven más hogares destruidos, más pobreza, más deudas y amenazas de embargos, más deserción escolar y más tragedias que contar. En 2002 había sólo una decena de casos de depresión. “Ahora son como cien diagnosticados”, resumen los dirigentes.

El 19 de julio pasado, Sánchez, con 47 años, no toleró más. Sin dinero para entregar lo mínimo a su esposa y tres hijos, no halló otra salida y se ahorcó en su propia casa. Una de sus hijas lo encontró y la locura se desató. María Contreras, su mujer, hoy está en Santiago. Caminó, como todos, hasta Santiago. Su marido trabajó 36 años en el mar. María dice que, aunque ha sufrido por ella y sus hijos, igual entiende el suicidio de su esposo.

“¿Sabe qué pasa? Nuestra gente ha perdido tanto que ya perder la vida no significa nada”, afirma ella con pasmosa resignación, sosteniendo a su pequeña de tres años entre medio de las carpas del gimnasio. “Él hubiera preferido hacerlo con todos nosotros para que o quedáramos sufriendo en vida. Una vez me comentó lo del suicidio, pero pensé que era broma”, relata la viuda.

No es el único caso.

La sangre brotó lenta por sus oídos y su nariz. Víctor Sandoval, de 44 años, había sufrido un preinfarto en plena Plaza de la Constitución. No podía creer lo que acababa de presenciar. Ese viernes 25 de noviembre, los pescadores, argumentando no ser escuchados desde que llegaron a Santiago, pretendían entregar una carta al Gobierno. Pero uno saltó la valla con una botella de Coca Cola en la mano. Avanzó unos metros, reventó el envase, cortó su estómago y luego la yugular.

Sus compañeros y carabineros lo contuvieron impidiendo el fatal desenlace. “Pancho sufre una depresión y problemas psicológicos severos producto de lo insostenible que se ha vuelto todo”, cuenta Cartes. Segundos después del corte en el cuello, Omar, otro angustiado pescador, comenzó a rociar bencina en su cuerpo e intentó quemarse a lo bonzo y terminó en la Posta Central.

Ese mismo día, las autoridades gubernamentales respondieron. “Los ex tripulantes de Talcahuano y Coronel son uno de los grupos más favorecidos de todo Chile con los planes de apoyo social que el gobierno entrega a los trabajadores desplazados de la pesca industrial”, se leía en un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia. Ya se les entregaron -resumía el texto-, más de dos mil millones de pesos.

Un minuto de silencio

En el gimnasio ‘Alcatraz’ se respira una permanente tensión y una constante incertidumbre. Los pescadores y sus familias parecen presentir que algo malo sucederá. Y suena el celular de Agustín Cartes. Lo llaman desde Talcahuano. Su cara se vuelve tragedia. Es Fuentealba. El hombre, que caminó junto a todos desde Talcahuano, tuvo que volver urgente al sur. Al hospital.

“La guagüita de Fuentealba murió”, comenta Cartes mordiendo pena y rabia. Acude hasta la cancha y congrega a todos en el centro del gimnasio. Cartes habla, da la mala noticia y pide un minuto de silencio. Ni un solo ruido. Los pescadores quitan sus gorros, cierran los ojos y agachan la cabeza en señal de sentido respeto. “Fuerza compañeros. Si se nos mueren los hijos, si atentan contra ellos, con mayor razón hay que seguir luchando”, arenga el dirigente.

La probable salida al conflicto tuvieron que diseñarla ellos mismos. Sólo el 30 de noviembre, con la toma del Palacio Ariztía, sede de la Cámara de Diputados en Santiago, lograron ser oídos. Dos semanas después de haber llegado a pie desde el sur las autoridades aceptaron recibirlos. Con el diputado Rodolfo Seguel y el abogado Hugo Gutiérrez como “garantes” ante la mesa negociadora, los pescadores levantaron sus propuestas.

De los cerca de 650 trabajadores, los dirigentes sindicales estiman que al menos un tercio debe ser inmediatamente jubilado, otro tercio debe obtener una pensión de invalidez por la incapacidad física -fracturas, cortes de ligamentos, artrosis, columnas vertebrales dañadas, etc-, herencia de años de trabajo pesado.

La contraparte gubernamental recibió el petitorio y les pidió por escrito que regresaran a Talcahuano y Coronel a esperar la respuesta. Ellos dijeron que no, que de ninguna manera, que esperarán lo que sea necesario en la capital. Ayer se tomaron la CUT. “No. De acá no nos movemos. Es más, vienen en camino unas cien familias más. Si es necesario, y conociendo la demora con que nos escuchan y responden, pasaremos la Navidad con carpas y árbol de Pascua en la Plaza de la Constitución”, adelantan los dirigentes. Están decididos.“No podemos volver con las manos vacías. Eso no”. No quieren seguir a la deriva.