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"Por el derecho de
vivir en paz: tortura nunca más"
Comisión Etica Contra la Tortura (CECT)
 Ante
la entrega del Informe al Presidente Lagos, la Comisión Etica Contra la
Tortura (CECT), declara que:
1. Valoramos que el Presidente de la República, haciéndose eco de los
planteamientos y trabajos propuestos por la Comisión de Etica Contra la
Tortura haya constituido en noviembre del 2003, la Comisión Nacional Sobre
Prisión Política y Tortura.
2. La Comisión Gubernamental finaliza su trabajo entregando un Informe al
Presidente de la República hoy 10 de noviembre, día que marca el inicio
del reconocimiento político-social de una de las violaciones a los derechos
humanos más masivas de la historia patria. Por ello, nos sentimos dando los
primeros pasos en el lugar que ocupa la VERDAD HISTORICA que nos tocó
vivir.
3. Valoramos que se identifique a todos los centros de reclusión y tortura
que operaron en Chile, pero quisiéramos que los nombres de los encargados y
miembros de dichos centros sean nombrados públicamente. Se habla de
aproximadamente 1.200 centros de reclusión y tortura operando entre 1973 y
1990. Si hacemos una proyección de carácter mínimo, podríamos suponer
-sin temor a estar tan desfasados de la realidad-, que dichos centros
deberían tener, a los menos, tres agentes del Estado
asignados como sus responsables, sin contar la constitución de los equipos
operativos; ello significa que más de 3.600 torturadores deben ser puestos
a disposición de los tribunales de justicia.
4. Los resultados del Informe nos muestra que este flagelo habría sido
impracticable sin una decisión de Estado, donde un considerable número de
actores juegan su rol: los aparatos de seguridad y el Ministerio del
Interior para detener y recluir ilegalmente; los tribunales civiles y
militares que encarcelaron y condenaron con "confesiones obtenidas bajo
torturas"; los medios de comunicación de masas que olvidando su rol
ético y social pusieron su saber y técnica al servicio de la política
represiva omitiendo o tergiversando los hechos; lo mismo ocurrió con
profesionales que actuaron en los aparatos de seguridad: médicos,
dentistas, abogados, entre otros. El empresariado que sustentó con recursos
financieros y materiales la tortura y los centros ilegales de reclusión.
5. Todo ello reafirma una vez más nuestro planteamiento y el de miles de
personas que desde hace más de 30 años vienen repitiendo: NO HAY RAZON
POLÍTICA Y NINGUNA RAZON DE ESTADO ES SUFICIENTEMENTE VALIDA PARA VIOLAR
LOS DERECHOS HUMANOS.
6. Los métodos utilizados en la tortura por las Fuerzas Armadas en Chile
tenían como objetivo someter, destruir y controlar a toda la población y
sus organizaciones sociales, dejando secuelas que afectan hasta nuestros
días a toda la sociedad chilena. Por ello, urge instalar medidas
reparatorias justas y adecuadas para todos los directamente afectados.
7. Finalmente, esperamos que el Gobierno del Presidente Lagos se proponga
con este Informe, asumir integralmente la solución al conjunto de
violaciones que a los derechos humanos se han realizado en nuestro país.
Hoy, se está ante la posibilidad histórica de terminar con la impunidad y
de una buena vez, democratizar nuestra sociedad dejando aflorar TODA LA
VERDAD, realizando TODA LA JUSTICIA y cumpliendo con los compromisos
internacionales contraídos por Chile en materia de Derechos Humanos.
Por todo ello demandamos:
a) Hacer público TODO el
Informe, porque Chile tiene derecho a saber la VERDAD.
b) Declarar el 26 de junio, Día Nacional de Apoyo a las Víctimas de la
Tortura en Chile
c) Terminar con los contratos en la Administración del Estado de los
torturadores.
d) Acoger todos los casos de tortura y no sólo la tortura acompañada de
prisión política.
e) Reestructurar y democratizar las Fuerzas Armadas.
f) Lograr que el Informe de la Comisión Prisión Política y Tortura forme
parte de los Archivos de la UNESCO declarados Patrimonio de la Humanidad.
g) Incorporar dicho Informe al currículo escolar para todas las
instituciones de enseñanza del país.
h) Término de las pensiones que por actos de guerra tienen los agentes del
Estado que conformaban los servicios de seguridad.
i) Aplicación de la normativa internacional en cuanto a reparación se
refiere, para los torturados.
j) Integración a la legislación nacional de los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos y, firma del Protocolo Facultativo de la
Convención Internacional
contra la Tortura y ratificación por parte del Estado chileno del Estatuto
de Roma.
k) Acoger las resoluciones que el Comité Contra la Tortura de Naciones
Unidas plateó a Chile: derogación de la Ley de Amnistía,
investigación jurídica de los casos de tortura, reparación justa y
adecuada para las personas que han sido objeto de un acto de tortura.
l) Promulgar una ley de Reparación Integral que considere los aspectos
sociales, médicos, jurídicos, morales y materiales. En este sentido nos
asiste la convicción que el Presidente de la República adoptará las
medidas que las víctimas y las organizaciones de defensa de los derechos
humanos hemos demandado, en concordancia con los derechos que consagra la
Convención Internacional Contra la Tortura, en su artículo 14.
Comisión Etica Contra la Tortura (CECT)
Santiago de Chile, 10 de noviembre 2004
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