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El Ejército encubre muerte del cabo Morales

El suboficial Orlando Morales Pinto fue asesinado. Lo dice el informe médico
del doctor Ravanal, pero aún no hay procesados. Hace poco, un testigo
presencial entregó su testimonio por radio. La familia ha presentado
decenas de grabaciones y antecedentes a la justicia. Pero la impunidad sigue
ahí, es la misma de antes. Los nombres de los criminales están grabados a
fuego. Aquí están algunos de sus rostros.
En el expediente consta que el sitio del suceso fue alterado. Según el
Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), el procedimiento
adoptado incluyó un acordonamiento del lugar y la presencia de funcionarios
de punto fijo. Sin embargo, no existe ninguna foto o registro que lo
demuestre. Carabineros ni siquiera se pronuncia sobre la forma en la que
supuestamente “aisló” el sitio. “No hubo acordonamiento, ni
funcionarios dentro del edificio. Las fotos comienzan en el interior. Pero
nada indica que el lugar fuera acordonado. Eso nos da pie para pensar que
cualquier persona pudo ingresar. Más aún, no hay nadie que declare que
estaba de ‘punto fijo’. Inclusive en los libros no consta. Si hubiese
sido así, habría registros”, señala Johana Morales, hermana del
suboficial Orlando Morales, asesinado la madrugada del 6 de septiembre de
2002.
Los
propios funcionarios de Labocar les confidenciaron que no pudieron ingresar
porque la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE) se los impidió. “El
teniente Carlos Ramírez Lagos, perito de Labocar, siempre nos ha dicho eso.
Sin embargo, en el tribunal, no hizo mención. Se limitó a dar una
declaración puntual. A nosotros nos dijo que siempre la BIE controló todo
antes que ellos llegaran. En uno de los casetes dice claramente que ‘ese
fue el problema’, y que ‘cuando pudo entrar, el sitio estaba
alterado’, el cuerpo había sido ‘removido de su posición original’,
y miles de cosas más que le parecieron ‘sospechosas’, como una colilla
de cigarro en la mano de Orlando”.
Un
cenicero que fue fijado por la Labocar tenía sólo colillas café, mientras
en el dorso de la mano de Morales se encontró una colilla blanca. En la
cama había especies que no le pertenecían a Morales. ¿Nadie se dio
cuenta? ¿Los peritos no las consideraron pruebas contundentes? Según el
expediente, cajas de vino y leche no fueron llevadas al Laboratorio. Las
colillas tampoco fueron analizadas. “Así hay infinidad de cosas que
fueron omitidas. No se hizo el procedimiento como se debía. Sabemos
perfectamente lo que podrían haber hecho y no hicieron. Mi duda es porqué
no lo hicieron. ¿Porque se trataba de militares o qué es lo que
esconden?”, se pregunta Johana.
Las contradicciones suman
y siguen. Personal del Comando de Salud del
Ejército (Cosale), funcionarios de
Labocar y del Servicio Médico Legal (SML) aún no se ponen de acuerdo en la
hora del suceso. La tanatóloga Martínez Latrach señala haber realizado la
autopsia a las 07:00 de la mañana. Labocar informó que retiró el cadáver
a las 03:23 AM. En el expediente se demostró que el cuerpo de Morales fue
retirado después de las 03:00 de la mañana. Sin embargo, en fojas anexas
el Servicio Médico Legal informa que el cuerpo ingresó en el registro a
las 06:40 AM. Es un misterio a desentrañar porque no hubo ningún
procedimiento que significara un retraso.
“Cuando retiraron a mi
hermano hay casi cuatro horas en que se ‘pasearon’ con el cuerpo y no
sabemos dónde lo llevaron. El funcionario Luis Acuña Riquelme figura
retirando el cuerpo del edificio en calle Violler. Se supone que él retiró
el cuerpo a las 03:23 de la mañana, en circunstancias que en el registro
del Servicio Médico Legal se demuestra que en los últimos procedimientos
que adoptó, a esa hora estaba entregando dos cuerpos en mismo Servicio. Él
declaró que no recuerda haber ido a Violler”. Al mostrarle papeles y
libros de registro, señaló: ‘Sí, en realidad me di cuenta que aparece
mi firma en el registro para ir a buscar ese cuerpo, pero no recuerdo si fui
o no’. Si él lo retiró a las 03:23 y llegó al Servicio a las 06:40, ¿dónde
estuvo, con quién, y qué hicieron con el cadáver? Son las dudas de la
familia. “Hay demasiadas contradicciones, horas que no cuadran,
procedimientos mal adoptados. Muchas anomalías a la vista”, dice Johana.
En las fotos adjuntadas
al expediente aparece una pistola entre las piernas del suboficial Morales.
Se supone que esas fotos fueron sacadas por el perito Carlos Ramírez Lagos.
La BIE también adjuntó un diagrama similar. Sin embargo, quien dijo ser la
primera persona en llegar al lugar, la enfermera del Hospital Militar Verónica
Abarca, ratificó que “la pistola estaba en su mano”. La segunda persona
que señala haber llegado al lugar es Claudio González Rozas, quien “no
habla de la posición de la pistola, pero sí da claves bastante importantes
dentro del proceso”.
Los implicados
Al
cabo Luis Ismael Reyes Arias, el propio Ejército lo presentó como un
“testigo presencial” del supuesto suicidio. En el proceso declaró haber
visto cuando “Morales se introdujo la pistola en la boca y se disparó”.
Dice que quedó en blanco, no recuerda más. La investigación comprobó,
sin embargo, que la pistola con la que supuestamente Morales se quitó la
vida no tiene huellas digitales ni restos orgánicos. El cuerpo no tenía pólvora
en sus manos ni en la boca. Dijeron que se había disparado con la mano
izquierda cuando era diestro. “Se habla de una alcoholemia que arrojó
1,12 grados. Se supone que habían tomado vino. Pero no consta en el proceso
que esa alcoholemia sea de Orlando. No hay ningún análisis del ADN.
Perfectamente se la pueden haber tomado a otro de los que estaba ahí”,
agrega Johana.
Varios
cabos declararon en el proceso que ese día no estaban en el lugar. Sólo
siete u ocho cabos estaban en el edificio. De una lista de 14 solo uno
declara que escuchó un balazo. “Él estaba en el Piso 3. Los demás, a
metros de la pieza, no sintieron nada, solo un portazo. Quien dormía frente
a la cabecera de Orlando dice que no sintió nada. Eso da para dudar. En el
expediente muchas cosas no cuadran. Perfectamente pudieron mentir en sus
declaraciones”.
Todas
estas confesiones fueron prestadas al tribunal cuando se investigaba un
suicidio. “Lo que complicó al Ejército fue que abriéramos el ataúd,
filmáramos el cuerpo y lo hiciéramos público. Mandaron a sus secuaces a
amenazarnos. Estamos tratando con una mafia”. Según la familia,
funcionarios de Ejército los mantuvieron secuestrados para impedir que
retiraran el cuerpo del Servicio Médico Legal. Un grupo de funcionarios lo
retiró con papeles falsos. Se trata de la capitán Carmen Rufs Bellizzia,
el civil Raúl Pérez Hilliger y el comandante Carlos Moeller Pinto, quien
luego fue dado de baja. “Se ha pedido en reiteradas ocasiones que los
citen a declarar. Nunca han ido. Incluso, el Ejército hizo un poder sobre
los seguros de mi hermano, el que fue firmado por Rufs. También
falsificaron documentos para dividir los seguros”.
Todos los cabos y
oficiales que estaban en el edificio declararon cuando se investigaba un
“suicidio”. Extraña que no hayan sido citados nuevamente cuando se
cambió la carátula a homicidio. “Ni siquiera ha sido citado Luis Reyes
que se supone estuvo presente y podría ser el principal ‘sospechoso’.
Él dijo ser uno de los testigos presenciales del hecho. Quisiera saber por
qué la justicia aún no considera importantes estas diligencias. Debieran
averiguar si mintió”. La mayoría de los cabos implicados aun están en
servicio activo, aunque todos fueron extrañamente removidos del Cosale y
destinados por todo el país.
Al menos cuatro de los
implicados directamente fueron ascendidos por el general Guzmán antes de
irse a retiro. En febrero de 2003, Guzmán resolvió el ascenso de Guillermo
León Cortez, Héctor Villagrán Cofré y otras dos personas. “Fue así de
‘cara de palo’. Parece que ésa es la mejor forma: ‘tienes que matar a
alguien para que te premien y te den un puesto mejor’”, dice Johana.
Finalmente,
el general Álvaro Guzmán fue llamado a retiro luego de estar menos de dos
años en el cargo. El comandante Rodolfo Molina, a cargo de la sección
donde trabajaba Morales, fue trasladado al DINE. “Con ese tipo de gente
trabajan. Si hay algo tan turbio, lo menos que podrían hacer era llamarlos
a retiro para limpiar el Ejército, pero lo colocaron en Inteligencia. ¿De
qué estamos hablando, de asesinos? ¿Qué hace ese tipo ahí?”.
El
capitán que habría matado a Morales es, además, abogado del Ejército.
Cumplía funciones en el Cosale y tenía un vínculo laboral con Morales.
“Él estaba al tanto que mi hermano se iba a la Escuela Militar y que
estudiaría leyes. Este capitán sigue en el Comando de Salud del Ejército.
No ha declarado nunca en el proceso, como tampoco han citado al ex general
Guzmán”.
Diligencias claves no aceptadas
En
la pieza de Morales se encontró sangre de tres personas. Una de las
muestras correspondía al cabo asesinado, pero las otras dos no. Hubo al
menos dos personas que sangraron ahí ese día y en ese lugar. La familia le
solicitó al juez un peritaje. Se mandaron las muestras al Servicio Médico
Legal y se comprobó que genéticamente correspondían a personas distintas.
Al solicitar el examen de ADN para todos quiénes estuvieron presentes ese día,
la diligencia fue rechazada. “Se nos dice que esas diligencias están
pendientes y que no han sido consideradas importantes para la investigación.
Ni siquiera se ha realizado un careo entre quienes estaban presentes en el
edificio ese día para contrastar sus declaraciones. Aún no se hace una
reconstitución de escena con quienes dicen haber estado presentes”,
agrega Johana Morales.
Están a la espera del
tercer informe encomendado al Departamento de Medicina Legal de la
Universidad de Chile, a cargo de cinco médicos. El juez lo pidió porque,
se supone, hay dos informes contradictorios, uno realizado por la tanatóloga
Martínez y otro por el doctor Ravanal. Es éste último el que descubrió
la participación de terceros en la muerte.
“Nosotros no pedimos
ese informe. Lo pidió María Martínez Latrach, quien se presentó
voluntariamente a defender su tesis. Impugnó paso a poso todo el informe de
Ravanal. Llevaba preparado un informe citando fojas y todo”. La familia
logró averiguar que Martínez no era tanatóloga al momento que emitió el
primer informe: “Ella estaba postulando a una beca de Medicina Legal, pero
no tenía el título. Le hicimos presente esto al tribunal. No sé si el
juez habrá considerado ese aspecto”.
A
pesar que no se observan avances significativos en la investigación, la
familia Morales confía en el juez Droppelmann. “Él ha pedido algunos
registros y libros de guardia, y ha llamado a declarar a algunas personas.
Además, funcionarios de otros servicios indican que hubo anomalías en el
sitio del suceso. Tenemos confianza que la declaración del testigo que
entregó su testimonio por la Radio W sea verídica”.
La
mano de la DINA
El
general Guzmán siempre dijo a la prensa
que “entendía el dolor de la familia Morales”. “Un día, nos atendió
en su despacho cuando el Comando de salud estaba en calle 11 de Septiembre.
Detrás de la puerta puso al sargento 1º Esteban Cerda para que escuchara
todo. Le hice parecer mi discrepancia con el suicidio y que mi hermano
investigaba un robo. Se ofuscó, y me dijo que ‘cómo se me ocurría decir
eso”.
Guzmán
Valenzuela fue agente de la DINA y es el superior jerárquico de todos los
implicados en la muerte de Orlando Morales. Además, se investiga un
desfalco en el Comando de Ingenieros donde él y Rodolfo Molina serían los
principales implicados. Johana Morales habla con el dolor de quienes han
padecido la impunidad: “Me parece un horror. No encuentro la palabra
exacta. ¿Qué cresta hace un criminal en el Ejército? Mi hermano estaba
trabajando con delincuentes. Si las cárceles están llenas de delincuentes
qué cresta hacen ellos libres. Y más encima los ascendieron. ¿Tienen
amnesia los señores del gobierno?. ¿Qué hacía ese delincuente en el Ejército,
lo tenían ahí para matar gente, para ocultar robos? ¿De qué estamos
hablando, de animales o de seres humanos?”.
Foto 1: La tumba del
cabo Orlando Morales Pinto.
Foto 2: Luis Ismael Reyes Arias, cabo de Ejército.
Foto 3: Darío Valenzuela, cabo de Ejército.
Foto 4: Guillermo León Cortez, fue ascendido a cabo 2º luego del
asesinato.
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