Chile - Solidaridad con los Presos Políticos - Septiembre 2004

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  El Ejército encubre muerte del cabo Morales

Los rostros tras el asesinato (I)

por
Arnaldo Pérez Guerra

Fotografías: Jorge Zúñiga

(Libertad / La Insignia)


El suboficial Orlando Morales Pinto fue asesinado. Lo dice el informe médico del doctor Ravanal, pero aún no hay procesados. Hace poco, un testigo presencial entregó su testimonio por radio. La familia ha presentado decenas de grabaciones y antecedentes a la justicia. Pero la impunidad sigue ahí, es la misma de antes. Los nombres de los criminales están grabados a fuego. Aquí están algunos de sus rostros.
 



En el expediente consta que el sitio del suceso fue alterado. Según el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), el procedimiento adoptado incluyó un acordonamiento del lugar y la presencia de funcionarios de punto fijo. Sin embargo, no existe ninguna foto o registro que lo demuestre. Carabineros ni siquiera se pronuncia sobre la forma en la que supuestamente “aisló” el sitio. “No hubo acordonamiento, ni funcionarios dentro del edificio. Las fotos comienzan en el interior. Pero nada indica que el lugar fuera acordonado. Eso nos da pie para pensar que cualquier persona pudo ingresar. Más aún, no hay nadie que declare que estaba de ‘punto fijo’. Inclusive en los libros no consta. Si hubiese sido así, habría registros”, señala Johana Morales, hermana del suboficial Orlando Morales, asesinado la madrugada del 6 de septiembre de 2002.

Los propios funcionarios de Labocar les confidenciaron que no pudieron ingresar porque la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE) se los impidió. “El teniente Carlos Ramírez Lagos, perito de Labocar, siempre nos ha dicho eso. Sin embargo, en el tribunal, no hizo mención. Se limitó a dar una declaración puntual. A nosotros nos dijo que siempre la BIE controló todo antes que ellos llegaran. En uno de los casetes dice claramente que ‘ese fue el problema’, y que ‘cuando pudo entrar, el sitio estaba alterado’, el cuerpo había sido ‘removido de su posición original’, y miles de cosas más que le parecieron ‘sospechosas’, como una colilla de cigarro en la mano de Orlando”.

Un cenicero que fue fijado por la Labocar tenía sólo colillas café, mientras en el dorso de la mano de Morales se encontró una colilla blanca. En la cama había especies que no le pertenecían a Morales. ¿Nadie se dio cuenta? ¿Los peritos no las consideraron pruebas contundentes? Según el expediente, cajas de vino y leche no fueron llevadas al Laboratorio. Las colillas tampoco fueron analizadas. “Así hay infinidad de cosas que fueron omitidas. No se hizo el procedimiento como se debía. Sabemos perfectamente lo que podrían haber hecho y no hicieron. Mi duda es porqué no lo hicieron. ¿Porque se trataba de militares o qué es lo que esconden?”, se pregunta Johana.

Las contradicciones suman y siguen. Personal del Comando de Salud del Ejército (Cosale), funcionarios de Labocar y del Servicio Médico Legal (SML) aún no se ponen de acuerdo en la hora del suceso. La tanatóloga Martínez Latrach señala haber realizado la autopsia a las 07:00 de la mañana. Labocar informó que retiró el cadáver a las 03:23 AM. En el expediente se demostró que el cuerpo de Morales fue retirado después de las 03:00 de la mañana. Sin embargo, en fojas anexas el Servicio Médico Legal informa que el cuerpo ingresó en el registro a las 06:40 AM. Es un misterio a desentrañar porque no hubo ningún procedimiento que significara un retraso.

“Cuando retiraron a mi hermano hay casi cuatro horas en que se ‘pasearon’ con el cuerpo y no sabemos dónde lo llevaron. El funcionario Luis Acuña Riquelme figura retirando el cuerpo del edificio en calle Violler. Se supone que él retiró el cuerpo a las 03:23 de la mañana, en circunstancias que en el registro del Servicio Médico Legal se demuestra que en los últimos procedimientos que adoptó, a esa hora estaba entregando dos cuerpos en mismo Servicio. Él declaró que no recuerda haber ido a Violler”. Al mostrarle papeles y libros de registro, señaló: ‘Sí, en realidad me di cuenta que aparece mi firma en el registro para ir a buscar ese cuerpo, pero no recuerdo si fui o no’. Si él lo retiró a las 03:23 y llegó al Servicio a las 06:40, ¿dónde estuvo, con quién, y qué hicieron con el cadáver? Son las dudas de la familia. “Hay demasiadas contradicciones, horas que no cuadran, procedimientos mal adoptados. Muchas anomalías a la vista”, dice Johana.

En las fotos adjuntadas al expediente aparece una pistola entre las piernas del suboficial Morales. Se supone que esas fotos fueron sacadas por el perito Carlos Ramírez Lagos. La BIE también adjuntó un diagrama similar. Sin embargo, quien dijo ser la primera persona en llegar al lugar, la enfermera del Hospital Militar Verónica Abarca, ratificó que “la pistola estaba en su mano”. La segunda persona que señala haber llegado al lugar es Claudio González Rozas, quien “no habla de la posición de la pistola, pero sí da claves bastante importantes dentro del proceso”.

Los implicados

Al cabo Luis Ismael Reyes Arias, el propio Ejército lo presentó como un “testigo presencial” del supuesto suicidio. En el proceso declaró haber visto cuando “Morales se introdujo la pistola en la boca y se disparó”. Dice que quedó en blanco, no recuerda más. La investigación comprobó, sin embargo, que la pistola con la que supuestamente Morales se quitó la vida no tiene huellas digitales ni restos orgánicos. El cuerpo no tenía pólvora en sus manos ni en la boca. Dijeron que se había disparado con la mano izquierda cuando era diestro. “Se habla de una alcoholemia que arrojó 1,12 grados. Se supone que habían tomado vino. Pero no consta en el proceso que esa alcoholemia sea de Orlando. No hay ningún análisis del ADN. Perfectamente se la pueden haber tomado a otro de los que estaba ahí”, agrega Johana.

Varios cabos declararon en el proceso que ese día no estaban en el lugar. Sólo siete u ocho cabos estaban en el edificio. De una lista de 14 solo uno declara que escuchó un balazo. “Él estaba en el Piso 3. Los demás, a metros de la pieza, no sintieron nada, solo un portazo. Quien dormía frente a la cabecera de Orlando dice que no sintió nada. Eso da para dudar. En el expediente muchas cosas no cuadran. Perfectamente pudieron mentir en sus declaraciones”.

Todas estas confesiones fueron prestadas al tribunal cuando se investigaba un suicidio. “Lo que complicó al Ejército fue que abriéramos el ataúd, filmáramos el cuerpo y lo hiciéramos público. Mandaron a sus secuaces a amenazarnos. Estamos tratando con una mafia”. Según la familia, funcionarios de Ejército los mantuvieron secuestrados para impedir que retiraran el cuerpo del Servicio Médico Legal. Un grupo de funcionarios lo retiró con papeles falsos. Se trata de la capitán Carmen Rufs Bellizzia, el civil Raúl Pérez Hilliger y el comandante Carlos Moeller Pinto, quien luego fue dado de baja. “Se ha pedido en reiteradas ocasiones que los citen a declarar. Nunca han ido. Incluso, el Ejército hizo un poder sobre los seguros de mi hermano, el que fue firmado por Rufs. También falsificaron documentos para dividir los seguros”.

Todos los cabos y oficiales que estaban en el edificio declararon cuando se investigaba un “suicidio”. Extraña que no hayan sido citados nuevamente cuando se cambió la carátula a homicidio. “Ni siquiera ha sido citado Luis Reyes que se supone estuvo presente y podría ser el principal ‘sospechoso’. Él dijo ser uno de los testigos presenciales del hecho. Quisiera saber por qué la justicia aún no considera importantes estas diligencias. Debieran averiguar si mintió”. La mayoría de los cabos implicados aun están en servicio activo, aunque todos fueron extrañamente removidos del Cosale y destinados por todo el país.

Al menos cuatro de los implicados directamente fueron ascendidos por el general Guzmán antes de irse a retiro. En febrero de 2003, Guzmán resolvió el ascenso de Guillermo León Cortez, Héctor Villagrán Cofré y otras dos personas. “Fue así de ‘cara de palo’. Parece que ésa es la mejor forma: ‘tienes que matar a alguien para que te premien y te den un puesto mejor’”, dice Johana.

Finalmente, el general Álvaro Guzmán fue llamado a retiro luego de estar menos de dos años en el cargo. El comandante Rodolfo Molina, a cargo de la sección donde trabajaba Morales, fue trasladado al DINE. “Con ese tipo de gente trabajan. Si hay algo tan turbio, lo menos que podrían hacer era llamarlos a retiro para limpiar el Ejército, pero lo colocaron en Inteligencia. ¿De qué estamos hablando, de asesinos? ¿Qué hace ese tipo ahí?”.

El capitán que habría matado a Morales es, además, abogado del Ejército. Cumplía funciones en el Cosale y tenía un vínculo laboral con Morales. “Él estaba al tanto que mi hermano se iba a la Escuela Militar y que estudiaría leyes. Este capitán sigue en el Comando de Salud del Ejército. No ha declarado nunca en el proceso, como tampoco han citado al ex general Guzmán”.

Diligencias claves no aceptadas

En la pieza de Morales se encontró sangre de tres personas. Una de las muestras correspondía al cabo asesinado, pero las otras dos no. Hubo al menos dos personas que sangraron ahí ese día y en ese lugar. La familia le solicitó al juez un peritaje. Se mandaron las muestras al Servicio Médico Legal y se comprobó que genéticamente correspondían a personas distintas. Al solicitar el examen de ADN para todos quiénes estuvieron presentes ese día, la diligencia fue rechazada. “Se nos dice que esas diligencias están pendientes y que no han sido consideradas importantes para la investigación. Ni siquiera se ha realizado un careo entre quienes estaban presentes en el edificio ese día para contrastar sus declaraciones. Aún no se hace una reconstitución de escena con quienes dicen haber estado presentes”, agrega Johana Morales.

Están a la espera del tercer informe encomendado al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, a cargo de cinco médicos. El juez lo pidió porque, se supone, hay dos informes contradictorios, uno realizado por la tanatóloga Martínez y otro por el doctor Ravanal. Es éste último el que descubrió la participación de terceros en la muerte.

“Nosotros no pedimos ese informe. Lo pidió María Martínez Latrach, quien se presentó voluntariamente a defender su tesis. Impugnó paso a poso todo el informe de Ravanal. Llevaba preparado un informe citando fojas y todo”. La familia logró averiguar que Martínez no era tanatóloga al momento que emitió el primer informe: “Ella estaba postulando a una beca de Medicina Legal, pero no tenía el título. Le hicimos presente esto al tribunal. No sé si el juez habrá considerado ese aspecto”.

A pesar que no se observan avances significativos en la investigación, la familia Morales confía en el juez Droppelmann. “Él ha pedido algunos registros y libros de guardia, y ha llamado a declarar a algunas personas. Además, funcionarios de otros servicios indican que hubo anomalías en el sitio del suceso. Tenemos confianza que la declaración del testigo que entregó su testimonio por la Radio W sea verídica”.


La mano de la DINA

El general Guzmán siempre dijo a la prensa que “entendía el dolor de la familia Morales”. “Un día, nos atendió en su despacho cuando el Comando de salud estaba en calle 11 de Septiembre. Detrás de la puerta puso al sargento 1º Esteban Cerda para que escuchara todo. Le hice parecer mi discrepancia con el suicidio y que mi hermano investigaba un robo. Se ofuscó, y me dijo que ‘cómo se me ocurría decir eso”.

Guzmán Valenzuela fue agente de la DINA y es el superior jerárquico de todos los implicados en la muerte de Orlando Morales. Además, se investiga un desfalco en el Comando de Ingenieros donde él y Rodolfo Molina serían los principales implicados. Johana Morales habla con el dolor de quienes han padecido la impunidad: “Me parece un horror. No encuentro la palabra exacta. ¿Qué cresta hace un criminal en el Ejército? Mi hermano estaba trabajando con delincuentes. Si las cárceles están llenas de delincuentes qué cresta hacen ellos libres. Y más encima los ascendieron. ¿Tienen amnesia los señores del gobierno?. ¿Qué hacía ese delincuente en el Ejército, lo tenían ahí para matar gente, para ocultar robos? ¿De qué estamos hablando, de animales o de seres humanos?”.

Foto 1: La tumba del cabo Orlando Morales Pinto.
Foto 2: Luis Ismael Reyes Arias, cabo de Ejército.
Foto 3: Darío Valenzuela, cabo de Ejército.
Foto 4: Guillermo León Cortez, fue ascendido a cabo 2º luego del asesinato.


solidaridadchile@yahoo.com