Vivir en una cárcel es un tormento que puede ser aún peor. El último día de marzo, un grupo de presas se querelló contra Gendarmería por vejámenes en el Centro de Orientación Femenina (COF), la cárcel de mujeres de Santiago. Denuncian que el pasado 2 de febrero, en un allanamiento de "rutina" del sector de primerizas (la sección "Esperanza"), se las filmó desnudas. La fiscal Greta Fuchslocher está a cargo de la investigación y ha interrogado a gendarmes y reclusas. Los familiares temen que el video que entregó Gendarmería al Ministerio Público haya sido adulterado. "Ha trascendido que no existirían registros de cámaras de seguridad en ese sector, algo que no parece creíble", dice María P., familiar de una de las reclusas.

Por su parte, 220 gendarmes iniciaban una huelga de hambre en el penal de Alto Hospicio, administrado por una empresa privada. El cabo 1º Juan Orellana, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFP), señaló que los funcionarios no reciben alimentación adecuada y ni siquiera existe una enfermería para su atención: "La concesionaria Siges Chile administra la prisión. No hay una alimentación decente. No hemos recibido asignación por traslado. Si sufriéramos un accidente la empresa no nos atiende. Necesitamos prestaciones de salud y una mejor distribución de turnos que evite el estrés."

A su vez, los presos denuncian. "La vida en prisión es una ruleta. Puede pasar cualquier cosa: morir en una pelea o ser torturado por gendarmes. Puedes ser inocente y pasar años preso… A los pobres no nos respetan. A las mujeres las tratan peor", dice Pedro G., pariente de una de las reclusas del COF que denunciaron vejámenes.

Una de ellas afirma: "Yo estaba presa el día del allanamiento. Estuve tres meses en la sección Esperanza sólo por tener una balanza digital en mi casa. Esperé meses que el tribunal hiciera un peritaje. Me querían acusar de vinculaciones al microtráfico. El día del allanamiento éramos como cien internas y es verdad que nos filmaron desnudas. Un funcionario operaba la cámara y otro entró después. Nos hicieron levantarnos los sostenes y bajarnos los calzones… Buscaban celulares y droga, dijeron. Por esto, ocho internas estuvieron varios días sin visita y en celdas de castigo. El allanamiento fue a medianoche y nos trajinaron a todas. Cerca de la una de la madrugada terminó todo", relata Inés Torrealba, quien teme sufrir represalias por haber entregado su testimonio a la revista Punto Final.
 

Videos acusadores

Víctor Flores, abogado de las reclusas que hicieron la denuncia solicitó que sean fotografiadas para compararlas con el video que entregó Gendarmería al tribunal. En la audiencia de garantía uno de los abogados de la institución reconoció que en el allanamiento "participó un funcionario de distinto sexo", lo que es irregular. Flores pide en la querella interpuesta en el Décimo Juzgado de Garantía en contra de la alcaide Jessica Jiménez y sus funcionarios, que el video "sea periciado por un ente neutral". Gendarmería inició, por su parte, un sumario. Según el abogado Flores "unas veinte mujeres de la sección Esperanza fueron obligadas a desnudarse y a mostrar sus partes íntimas. Participó un gendarme varón en el operativo. Al estar las mujeres expuestas a un carcelero de distinto sexo se está violando lo establecido en el Código Procesal Penal, respecto de los 'exámenes de vestimenta'".

Dos de las reclusas que presentaron la querella: Isabel Sepúlveda y Karina García, madre e hija, recuperaron la libertad, pero siguen atemorizadas. "El 24 de marzo salimos libres pero tenemos miedo a lo que nos pueda pasar. Nos atrevimos a reclamar por la prepotencia con que se actuó y que nos grabara un funcionario mientras éramos revisadas desnudas", dice Isabel Sepúlveda. "Revisaban nuestras partes íntimas… algo que es rutina, pero estaban filmando todo", agrega Karina García. "Eso es un ultraje, porque nos grabaron desnudas y nos vejaron", agrega Sepúlveda. En el allanamiento se requisaron celulares y dinero.

Corrupción cotidiana

En vano intentamos conversar con alguna autoridad de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería. Tampoco quisieron hablar los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, que funciona al interior del penal. Los familiares de las víctimas quieren hablar, pero en el anonimato. Temen represalias contra sus familiares que permanecen en el COF. El coronel Carlos Figueroa, director regional metropolitano de Gendarmería, señaló a la prensa que "los hechos denunciados son falsos. Nunca hubo vejación", dijo. Pero reconoció el allanamiento y que "16 funcionarias ingresaron a los dormitorios". Según su versión, las gendarmes revisaron a unas ochenta reclusas en un patio interior. Otro grupo habría allanado dormitorios hallando teléfonos celulares, prohibidos en cualquier penal: "En ese momento ingresa un funcionario a grabar el procedimiento, y no antes. Por lo que las mujeres no estuvieron desnudas. El procedimiento ocurrió porque nuestros funcionarios sintieron celulares en el módulo, registraron y los encontraron. Por razones de seguridad, se graba; pero en el video no aparece nada de lo que dice la querella", afirmó Figueroa.

Pero Gendarmería no funciona bien. En diciembre de 2005, durante el traslado de reos desde la cárcel de Rancagua a un nuevo penal en Chancón, familiares denunciaron golpizas y abusos. Héctor Marcelain, jefe regional, desestimó las denuncias. En noviembre, familiares de presos de la ex Penitenciaría habían increpado al coronel Carlos Figueroa exigiendo cambios en el régimen de visitas y medidas contra el hacinamiento. Los reos iniciaron un motín en la calle 12. Seis se infligieron heridas y debieron ser atendidos en el hospital penitenciario. Uno de ellos llamó por celular a la prensa denunciando las horribles condiciones que soportan. Según expresó, en 38 celdas individuales viven más de 236 personas: "Dormimos como si fuéramos sardinas en un tarro: por turnos o doblados en el suelo, o simplemente no se duerme. No podemos hacer nuestras necesidades en un baño, sólo en bolsas, cajas o diarios y lanzarlas por entre los barrotes al patio".

Varias reclusas viven con sus niños en la prisión. "Acá (en el COF) aceptan sólo a menores hasta los dos años. Es difícil vivir con un niño en la cárcel. La mayoría prefiere que los críen abuelas y parientes. No hay condiciones higiénicas ni es seguro. Aunque no es como antes, siempre hay algún problema. Hay corrupción, cobros indebidos, se roban las encomiendas, los abusos son cotidianos… También hay peleas entre las propias internas. Mucha droga y los celulares los ingresan los propios gendarmes: cobran 40 ó 50 lucas, y después allanan y se los llevan", dice Isabel, madre de una presa por drogas.

Los pequeños actos de corrupción son cotidianos. Hay reclusas que trabajan tejiendo. "Cada cierto tiempo los gendarmes no dejan ingresar lana e hilo, porque así, ellos lo venden más caro. Muchas veces las encomiendas se pierden o no llegan completas. Y nadie responde. No se puede denunciar porque después se desquitan con los parientes. Los allanamientos son humillantes para las mujeres. Es cierto que algunas personas ingresan drogas y cosas prohibidas, pero Gendarmería sabe quiénes lo hacen. Hasta a los niños los revisan de forma humillante", dice María P. Su hija lleva meses esperando la libertad.
 

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