Más del 40 por ciento de la población de Lota vive en la pobreza. La comuna cuenta con el mayor número de beneficiarios de los programas de empleo de la VIII Región: 3.600 trabajadores. Los cupos los genera la Corporación Nacional Forestal, el Programa de Empleo con Apoyo Fiscal, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y el ministerio del Trabajo, entre otros. Lota aún no dispone de un plan de desarrollo y cerca de 35.000 millones de pesos han permitido a las autoridades apenas contener el desempleo en torno al 15,2 por ciento, el más alto del país. "Si el gobierno llega a cerrar los programas de empleo de emergencia en Lota va a haber una gran explosión social", dice el concejal comunista y ex dirigente minero Víctor Tiznado Césped. A la alta cesantía se suma la nula inversión. "La reconversión laboral fue un fracaso. El error más grande que pudo haber cometido el gobierno fue cerrar la mina del carbón", agrega.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) destina más de 2.300 millones de pesos al pago del salario mínimo de los PMU de Lota. Los trabajadores de los programas de generación de empleo (PGE) y Fuerza de Mujer reciben mucho menos del sueldo mínimo. Jorge Salgado, dirigente del Sindicato Renacer de Lota, señala: "Queremos un rediseño de los programas de empleo, un bono extra de 25.000 pesos. No podemos seguir viviendo así". El gobierno comprometió recursos por 29.000 millones, pero, según el municipio, los dineros no llegan por supuestas trabas de la Corfo. Pero los recursos se destinarán para "más empleos de emergencia" y "la ejecución de proyectos viales y de infraestructura". Para Alejandro Roa, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Lota, "la ciudad prácticamente no cuenta con inversiones. Sin los programas de mejoramiento urbano Lota se muere", dice.

Industrializar e invertir

Pobreza y marginalidad empujan a muchas mujeres a buscar trabajo, pero la mayoría no posee estudios superiores ni capacitación. En Lota hay áreas industriales abandonadas, como las ex instalaciones de Enacar donde se intentó construir un parque industrial. Actualmente está casi completamente abandonado. Víctor López Muñoz, presidente del Sindicato Solidaridad de Lota -ex Sindicato Nº1 de Empleados del Carbón-, dice que "la esperanza de Lota siempre ha sido industrializarse, tener empresas para acceder a un trabajo estable. Ojalá industrializar la costa. Hay caletas de pescadores productivas que hoy trabajan a menos de media máquina. Le explicamos nuestra situación al presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal. Queremos una pensión para los ex trabajadores de Enacar. Acá la cesantía no baja del 22 por ciento, según nuestros cálculos. Muchos viven de allegados. No se ha hecho hincapié en mejorar el plano regulador. El gobierno debiera intervenir en los terrenos que las forestales compraron a precio de huevo durante la dictadura. Allí se podría hacer un parque industrial. Pero nada de eso está en la mente del gobierno. La propia CUT no ha sido capaz de representarnos fuertemente", dice. Nos dicen que los sueldos de los programas de emergencia son tan bajos que la mayoría accederá solo a pensiones mínimas. "¿El Estado porqué no invierte? Enacar no ha desaparecido, pero no hay voluntad. Nos dicen que la ley del Estado empresario les impide invertir, ¿porqué no la modifican?", se pregunta Víctor López.

Muy temprano, en la plaza de Lota, sólo se pueden ver obreros barriendo las hojas secas. "Acá no hay nada más que hacer. Es el único trabajo que tenemos", nos dicen. Recuerdan con nostalgia que Lota y Coronel, a mediados del siglo XIX, eran importantes enclaves mineros. Se establecieron grandes empresarios como Matías Cousiño Jorquera y Federico Schwager. Poco a poco, se comenzó a sacar carbón de los mantos submarinos. Y a finales del siglo XIX, ya había un ferrocarril entre Concepción y Lebu que ayudó a incorporar otras minas como Lebu, Trongol y Curanilahue. Los mineros del carbón debieron soportar condiciones de vida extremas, lo que generó una fuerte identidad y organización: explotación laboral, casas inadecuadas, hacinamiento, insalubridad, enfermedades, escasez de establecimientos educacionales, arbitrariedades en el sistema de pagos, accidentes, etcétera, se mantuvieron por más de un siglo.

Cesantía y plan de emergencia

El primer estallido obrero en Lota fue en 1854, seguido por otro en 1859, y una huelga general de todos los yacimientos carboníferos del golfo de Arauco, en 1920. Los sindicatos del carbón fueron unos de los más combativos del país en el siglo XX. En diciembre de 1970, a sólo un mes de haber asumido, el presidente Salvador Allende estatizó las minas de carbón. En 1979, en plena dictadura militar, comenzaron los despidos y el cierre de minas. El gobierno de Patricio Aylwin aceleró ese proceso, que culminó con el cierre definitivo en 1997, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Según Víctor Tiznado, el alcalde Patricio Marchant Ulloa (DC) en su periodo como concejal no defendió a los mineros: "Su actitud ante el cierre de Enacar Lota y su defensa de dicha fuente de trabajo, fue nula. El gobierno de su camarada de partido Eduardo Frei y la Concertación prometieron un plan de desarrollo para Lota que consistía, en lo grueso, en un Parque Industrial de dos etapas, un puerto industrial, un hospital de especialidades y dotar de infraestructura vial a la comuna. De eso nada se cumplió. Los propios trabajadores y ex mineros del carbón consiguieron los cupos pro empleo. Desde el cierre de la mina no hay ningún avance en el desarrollo productivo de Lota".

Durante el 2005, la Coordinadora de Sindicatos de la Cuenca del Carbón se reunió con las autoridades regionales -el entonces Intendente Jaime Tohá y los seremis del Trabajo y Minería- para elaborar un plan de desarrollo para toda la cuenca del carbón. Apenas asumió la presidenta Michelle Bachelet prometió ampliar los planes de empleos para Coronel y Talcahuano, pero dejó fuera a Lota. El municipio elaboró un plan de emergencia junto a 800 dirigentes sociales, que incluía varios proyectos de inversión en viviendas, ampliación de líneas férreas, circuitos turísticos, creación de un Tribunal de la Familia, etcétera. Esa propuesta se le entregó en las manos a Bachelet. Para el alcalde Patricio Marchant la cesantía "no es coyuntural". "Necesitamos un tratamiento especial para la comuna. El proceso de reconversión ha quedado truncado. La cesantía es un tema estructural", dijo a El Sur. Pero la reconversión que pretende aplicar el gobierno es sólo capacitar a los trabajadores PGE para convertirlos en microempresarios. Dicha fórmula ya se experimentó tras el cierre de las minas y fue un completo fracaso. Un número cada vez más importante de lotinos no trabaja en su ciudad. Al cierre de la mina, en abril de 1997, había 1.400 mineros. Un estudio de la Universidad de Concepción arrojó que más de 4.400 personas que viven en la comuna de Lota trabajan fuera de ella.

Luis Cisternas Arratia, vicepresidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, dice que Lota se convierte en una ciudad dormitorio: "Eso nos acarrea más problemas sociales. Muchos están cesantes, sobre el 18 por ciento. Nuestra juventud no tiene oportunidades. La droga entra en todas partes. El único futuro de los jóvenes es una pala y una picota para sacar pasto, eso no es digno", dice. Luis Cisternas trabajó 24 años en las minas de carbón. "Se acabó Enacar y se acabó la vida para muchos. La reconversión fue un fracaso, no estábamos preparados. Se nos capacitó como forestales, garzones, gásfiter, peluqueros. Pero el mercado estaba saturado con esos oficios, no hubo visión". Según los dirigentes existe en Lota un porcentaje importante de deserción escolar. Se han fusionado colegios y los apoderados luchan para que las escuelas no desaparezcan. "Por la cesantía ambos padres trabajan y nadie motiva a los niños a seguir estudiando", dice Luis Cisternas. "Acá no tenemos futuro", nos dice Manuel, un estudiante de la escuela Padre Manuel d`Alzon. "Lo mismo sucede en Coronel, Arauco y Carampangue", agrega.

Programas de emergencia

La cesantía se empina en el 15,2 por ciento a pesar de los 3.600 empleos de emergencia. Según los dirigentes sociales en la comuna ha aumentado la violencia y la delincuencia asociadas al tráfico de drogas. Muchas familias se han visto deshechas por problemas de adicción. Es un fenómeno nuevo, nos dicen. La municipalidad y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) trabajan desde el 2001 en el programa Previene que intenta disminuir el consumo de drogas entre escolares. Según estudios hay avances. En 2001 Lota era una de las comunas con los más altos índices de consumo entre escolares: 15,1 por ciento. En 2004 la cifra bajó a un 6 por ciento. En abril de 2006, Lota se conmocionó con las protestas por el fin de la ley Loce y contra medidas administrativas del alcalde que perjudicaron a profesores e inspectores. Miles de estudiantes y profesores denunciaron la precariedad de liceos como el A-45 Carlos Cousiño y el recién inaugurado Liceo Comercial que, tras cada lluvia, soportaban la completa inundación de sus salas.

Tras el cierre de Enacar, los ex mineros comenzaron a trabajar en los programas del MOP, cuando Ricardo Lagos era ministro. Esos programas de emergencia se han convertido en permanentes. "Con 18 años de trabajo en la mina habríamos jubilado. En 1992 se promulgó la ley 19.129. Venían despidiendo gente para acabar con los mineros y cerrar la mina. Muchos quedaron fuera de la ley, los que entramos en 1980 con el decreto ley 2.200. El gobierno lo sabía. Tras el cierre no hay trabajo, sólo parches. Al principio se habló del parque industrial, recibieron subvención y 'chao pescao'… quedamos a la deriva. No hay industrias. Somos 1.200 ex mineros sin seguridad social. Exigimos una jubilación anticipada con el sueldo mínimo, pero el gobierno no escucha. Le entregamos el proyecto al intendente Jaime Tohá, conversamos con los seremis, pero sólo nos tramitaron", dice José Sáez Chamorro, dirigente de la Corporación Renace Lota.

Elaboraron 12 proyectos que darían trabajo a unas 2.000 personas -muebles y juguetes didácticos para jardines infantiles, confección de carteras, cajas para la industria pesquera, reciclaje, etcétera. Dicen que Lota puntea en cesantía y los parches ya no son suficientes. "Nos afecta que los niños salgan cada año del liceo y no tengan qué hacer. Quieren seguir estudiando pero no tenemos sueldo para pagar más educación. El puerto que nos ofrecieron nunca se hizo, le pusimos el 'puerto fantasma'. Según las autoridades la mina no era viable. Quedó una maestranza que sólo Lota la tenía, pero también la echaron abajo. Podría haber dado trabajo a 500 personas, pero la vendieron por chatarra", agrega José Sáez. Juan Elizardo Vega, dirigente de Armadores y Tripulantes dice: "Acá hay 48 naves, un promedio de 12 personas por nave. Año a año asignan la cuota de pesca, pero la ley que se aprobó nos perjudica. No podemos dar estabilidad a los pescadores si no tenemos recursos".

En junio del año pasado, la presidenta Bachelet anunció un plan de desarrollo para Lota que incluiría un programa de apoyo al emprendimiento para unas trescientas jefas de hogar y la creación de una Agencia de Desarrollo Local, entre otras iniciativas. Según los dirigentes sociales, Lota no se levantará con "más de lo mismo". "Sólo nos hablan de planes de reconversión cuando los índices de cesantía demuestran que los sucesivos planes no han sido exitosos", dice Víctor López. El concejal Víctor Tiznado, agrega: "Las medidas son insuficientes, sólo son un parche transitorio. Lo de las jefas de hogar ya se hizo y no resultó. Necesitamos un hospital de especialidades, reajustes de sueldos para los trabajadores de emergencia, que se instale la Corfo en Lota, recuperar los terrenos de Enacar y que esta empresa se mantenga estatal pero que cambie de giro comercial".

Protestas por sus derechos

Varios meses llevan protestando los cesantes de Lota y Hualpén por más cupos de empleo. 350 cesantes de Lota cortaron la carretera, enfrentándose a personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Hubo heridos y obreros detenidos. Los trabajadores se oponen al cambio del ente administrador de los programas y a la eterna demora en la implementación de los cupos prometidos por las autoridades. Varias veces, los cesantes han concurrido a la Intendencia del Bío Bío, exigiendo ser recibidos por la seremi Paula Urzúa. A fines de julio de 2006, un grupo de cesantes de Lota y Hualpén estuvieron a punto de quemarse a lo bonzo. Incluso se rociaron combustible frente a la repartición estatal. María Burgos, presidenta de la Agrupación de Cesantes de Lota, dice: "Hace meses que luchamos por cupos de trabajo que nos ganamos. El gobierno hizo un compromiso con nosotros y pero del gobierno regional se echaron para atrás. Todos tenemos derecho a trabajar. Somos 150 trabajadores de Lota, agrupados en cuatro sindicatos. Queremos que la seremi Paula Urzúa no nos mienta más. Todas las veces que nos reunimos con ella nos miente". Todos los años es lo mismo, dicen los dirigentes. El año 2005 otro grupo de cesantes del Sindicato Unión y Progreso de Lota debió marchar hasta Santiago para exigir los cupos de trabajo prometidos. Alojaron en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago. "Desde que se cerró la mina la situación de Lota ha sido penosa. La cesantía que se creó es muy grande y ha aumentado la prostitución, delincuencia, drogadicción y desesperanza. Antes nada de eso se veía acá. Cuesta educar a nuestra juventud. Lota atraviesa una situación de cesantía y hambre permanente", dice Ernesto Carrillo, presidente del sindicato.

José Sáez, señala que la Corporación Renace Lota hace más de cinco años que administra proyectos para dar trabajo a ex mineros. Postularon a cupos en el ministerio del Trabajo y los pro empleo, consiguiendo jornada completa para sus compañeros. "Casi todos los programas de gobierno son parches de media jornada o tres cuartos de jornada, indignos. El gobierno de la Concertación cerró las minas y nos cortaron los brazos. Acá no hay industrias. Lota fue castigada por su combatividad y organización. Quisieron destruir esos 150 años en que escribimos la historia del carbón. Estos programas de hambre nos mantienen en la incertidumbre, cada año no sabemos si continúan o no, dependemos del gobierno que salga elegido. Ante los ex mineros, la Concertación ha perdido su credibilidad. Hay mineros trabajando por limosnas", dice José Sáez.

Los ex mineros de Renace Lota exigen que las autoridades cumplan el compromiso que hicieron con ellos tras el robo de sus sueldos. Denuncian que las autoridades de la VIII Región no han cumplido sus promesas. Cerca de 11 millones de pesos -que correspondían a sueldos de 104 trabajadores-, fueron robados el 3 de septiembre de 2006 en un asalto a mano armada. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Coronel. Las autoridades regionales se comprometieron a reponer los dineros. La seremi del Trabajo Paula Urzúa les dijo que la presidenta Bachelet le había instruido decirles que no se preocuparan porque "en un par de días los dineros se repondrían". "Lo dijo ante los 104 trabajadores. Pasó el mes y la gente se empezó a inquietar. Conversamos con la Seremi y la jefa de gabinete y desconocieron su palabra. Nos sentimos engañados. Tuvimos que protestar. Empezamos una huelga de hambre que duró 11 días. Vino la Seremi y se levantó la huelga pues ella firmó un documento en que se comprometió nuevamente diciendo que los dineros serían repuestos. Aún así tampoco cumplió. Nuestro presidente Víctor Mendoza retomó la huelga. Cortamos el camino para ser escuchados y denunciar esta situación", dice José Sáez. Víctor Mendoza viajó a Santiago para hacer la huelga frente a La Moneda. Tras un día de huelga de hambre en la Plaza de la Constitución, la subsecretaría del Trabajo se comprometió a solucionar el asunto. Mendoza pidió que las autoridades del ministerio del Trabajo viajaran a Lota a exponer delante de los trabajadores la "solución". "Un abogado asesor de la subsecretaría vino a Lota y ofreció una solución que no nos satisface. La seremi Urzúa y la gobernación ofrecieron entregar canastas familiares y materiales de construcción a cambio de los sueldos", agrega Sáez. Habían pasado tres meses y la gente aceptó a regañadientes. El último plazo, el 5 de diciembre, era de diez días. "Pero todavía no terminan de entregar las cosas. Es una burla. Deberían haber repuesto el dinero. Todavía no me cabe en la cabeza que las autoridades y un senador como Mariano Ruiz-Esquide nos hayan dicho que el dinero estaba y que se les devolvería a los trabajadores sólo para que levantáramos la huelga. El senador llamó a Radio El Carbón para decir que los dineros estaban en la Intendencia y que todo se había solucionado. ¿Estaba mintiendo o le mintieron a él? ¿La Intendenta María Soledad Tohá habrá ocupado el dinero para tapar algún hoyo?", concluye José Sáez
 

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