Chile - Marzo  2009

 Portada

El pueblo de Guallatire, comuna de Putre, en el norte de Chile, nació hace más de 270 años. En sus cercanías hay 28 caseríos de familias aymaras. Al poblado se accede por la ruta internacional Arica-La Paz, a la altura de Chucuyo. En el kilómetro 160 se inicia el camino a Guallatire. La mayoría de sus habitantes crían llamas y alpacas y comercializan subproductos como carne, lana, etc. Aunque la comercialización de la carne de alpaca, actividad ancestral, hoy les está prohibida por las autoridades, el problema más grave es otro. “Nuestra comunidad está amenazada por la familia Sánchez Medina, que se ha apoderado de Guallatire. Pretenden desterrarnos del pueblo de nuestros ancestros. Los Sánchez arrendaron y luego adquirieron la propiedad Sorasorani en 1984… y se han ido adueñado de todo”, dice Clara Blanco Mamani, presidenta del Comité Pro Defensa del Pueblo de Guallatire.

A 235 kilómetros de Arica y 4.260 metros sobre el nivel del mar, Guallatire tiene apenas 50 casas. Se ubica en la Reserva Nacional Las Vicuñas, al sureste de Putre y al noreste del Salar de Surire. Hoy lo ocupa la familia Sánchez Medina y el comunero Raimundo Jiménez. En los caseríos cercanos viven unos treinta vecinos, la mayoría ancianos. La iglesia -construida de piedra y barro, con atrio y torre-, data del siglo XVII y se orienta hacia el volcán Guallatiri (“lugar de guayatas”). Allí se celebraba a San Juan, San Santiago y la Inmaculada Concepción. Hoy presenta un evidente abandono. La última vez que se restauró fue en 1940. Guallatire es un asentamiento prehispánico y sus viviendas se ordenan en apretadas callejuelas. Lentamente, desaparecen los pastores que sobrevivían en caseríos en torno a bofedales y que acudían al poblado para el carnaval, fiestas religiosas o funerales. Por sus callejuelas ya no pueden caminar sus habitantes.

“La familia Sánchez dice tener títulos de propiedad sobre la comunidad, pero se niegan a mostrarlos. A partir de los 80 que se vienen apropiando de terrenos”, dice Rosa Jiménez Mamani. “Indican en las oficinas de Arica e Iquique que, como propietarios no admitirán ninguna acción que involucre al pueblo sin su previo consentimiento”, agrega Luciano Bráñez. “Ha habido agresiones morales y torturas sicológicas permanentes y en forma pública”, dice Celinda Jiménez. “Nuestros padres y abuelos nacieron aquí. No nos pueden expulsar, es nuestro pueblo”, agrega Susana Mollo.

Sólo un albergue turístico, a cargo de los Sánchez -y que en rigor pertenece a la junta de vecinos-, ofrece alojamientos. “A Paulina Sánchez se le arrendó hace años y ya venció el plazo, pero no lo entrega”, dice Clara Blanco. Los escasos pobladores sobreviven a duras penas. “Del turismo -agrega- poco o nada. Cerca hay caseríos como Chirigualla, Japu, Ancuta, Lliza, Vizcachani, Pisarata, Misitune, Ungallire, Viluvio y Chivatambo, entre otros. A causa de la migración forzada por las constantes amenazas de los Sánchez el despoblamiento es evidente”.

Edalia Lázaro recuerda: “Niños y niñas hacíamos competencias para traer agua desde el estanque y hasta trabajamos para construir la escuela con nuestras manos”. El anciano Faustino Mamani agrega: “Si hemos puesto nuestros hombros para construir Guallatire, no podemos entregar así tanto sacrificio”. Todas las organizaciones vivas de Guallatire, la comunidad indígena, junta de vecinos, club de ancianos, grupo cultural y grupo de artesanas, apoyan la demanda y acción del Comité. Los dirigentes señalan que la gobernación, el municipio, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Dirección General de Aguas (DGA), entre otros, “están al tanto de las irregularidades cometidas en el pueblo”.

Hasta hoy Guallatire no cuenta con agua potable, a pesar que en octubre de 2004 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó un proyecto de construcción de agua potable rural. La inversión fue de 128.279 dólares para “regularizar el servicio de agua potable, proveer de un sistema de captación, regulación y distribución bajo condiciones sanitarias para uso doméstico y de bebida”. Otro objetivo era la organización de los usuarios en un comité de agua potable rural. Se proyectó utilizar aguas captadas mediante una noria en el lecho del río Guallatire, próximo a la estación de aforo de la DGA. El diseño consideró la entrega de 100 litros de agua por habitante al día. “Construyeron e instalaron cañerías, medidores y llaves… Nos humillaron y nos siguen humillando. Nada de lo que colocaron funciona. Ahí se pueden ver los medidores inútiles, las cañerías rotas, los paneles solares inservibles. Alguien es responsable, nos gustaría saber quién”, dice Rosa Jiménez. Según el MOP el diseño consideraba un período de previsión de 20 años que cumple el 2024. Incluso se dijo a los vecinos que el proyecto cubriría el primer año las 47 viviendas.

Clara Blanco agrega: “Desde hace más de 25 años que hemos soportado esta vergüenza. Nos han quitado nuestro pueblo Guallatire. El drama más grande fue enterarnos que la propiedad supuestamente es ‘privada’. Desde entonces, la autoridad no ha hecho nada por nosotros. La familia Sánchez Medina aparece como ‘dueña’ y prepotentemente ocupa el pueblo. Nosotros, los indígenas, no validamos documento alguno que le arrebate el pueblo a sus legítimos dueños, que somos nosotros”.

Vecinos señalan que en los años 80 hubo un compromiso con Nicolás Sánchez, patriarca de esa familia. “El señor Sánchez compró algunas tierras; él nos dijo que el pueblo de Guallatire estaba en ‘su propiedad’, pero que cedería todo el espacio necesario a la comunidad… Nunca se cumplió ese compromiso y hoy sus herederos se arrogan ser los dueños del pueblo”, añade Luciano Bráñez. “Todos los poblados andinos existen desde antes de la llegada de los españoles. No nos explicamos cómo es posible que algunos aparezcan hoy como ‘dueños’ de un pueblo. Sabemos que hubo manejos oscuros de autoridades en los ‘80, de los actuales gobiernos, de quien supuestamente vendió tierras y de parte de Nicolás Sánchez… Después que falleció, sus herederos dijeron ‘que respetarían la voluntad del padre’, ‘que no nos preocupáramos’, ‘que estaban regularizando legalmente los terrenos’… Todas mentiras. Hace pocos años nos enteramos que nos estaban utilizando ante autoridades y organismos estatales”, agrega Clara Blanco.

“No tienen la intención de devolvernos nuestro pueblo. Ni siquiera quieren entregar un espacio si es que fuera real que el pueblo es su propiedad… La comunidad se esperanzó por mucho tiempo en que respetarían la palabra, que para los aymaras es ley. Pero han venido con prepotencia a decirnos que ellos son los dueños, que dejan entrar a quien quieren, que se hace su voluntad... Toda la comunidad, sobre todo los más ancianos, son insultados y amenazados”, dice Rosa Jiménez. “Muchos ancianos y pobladores sufren constantes torturas sicológicas. Amenazan que los sacarán a la fuerza. Dicen ‘que no los van a dejar entrar’, que ‘quieren que se vayan’”, agrega Clara Blanco.

Cuando Clara Blanco ejerció la presidencia de la junta de vecinos emplazó a la familia Sánchez a otorgar un espacio físico a los habitantes del poblado: “Tras alguna mediación, nos dijeron que hiciéramos un planteamiento como comunidad. Lo hicimos en una carta donde pedíamos un espacio para las actividades vecinales. Reconocíamos muy entre líneas que quizás podrían ser ‘propietarios’. Solicitamos varias hectáreas y cinco pasos de servidumbre para lugares sagrados, altares y algunas construcciones como el cementerio y las obras del agua, para evitar problemas a futuro. Pero respondieron que sólo ‘podían entregar algunas hectáreas en comodato’… sin especificar por cuántos años… De esta irregularidad está en conocimiento la Conadi, pero no ha hecho absolutamente nada”, agrega Clara Blanco.

“Vivimos esclavos de esta situación… Siempre hubo rencillas entre los Sánchez y las demás familias. Pero ahora hay una persecución constante. En Guallatire ya no quedan muchas familias. Se comenzaron a ir entre 1987 y 1989. Lo pocos vecinos que quedan son ancianos en su mayoría”, dice Luciano Bráñez. “Quisiéramos saber cómo Bienes Nacionales pudo ‘regularizar’ la propiedad a un particular sabiendo que en esos terrenos hay un pueblo, una comunidad indígena y una reserva natural. Hemos conversado con funcionarios de Bienes Nacionales y están en conocimiento, pero no hay solución. ¿Será que aún no reclamamos por escrito?”, dice Celinda Jiménez. “Oficialmente -añade- se informó a la Conadi, al alcalde saliente y a la nueva gobernadora, la que ha ofrecido ‘mediar’. En una reunión extraoficial, algunas autoridades plantearon la posibilidad de expropiar los terrenos. Pero la comunidad de Guallatire nunca ha reconocido a los Sánchez como legítimos dueños”.

“Mientras fui presidenta de la junta de vecinos exploré la posibilidad de la expropiación. Les pregunté qué ocurriría si buscábamos recursos y nos vendían los terrenos. ‘Tendríamos que ver para qué quieren el pueblo’, respondieron… Después de eso ya no hubo más conversaciones. Nicolás Sánchez era lugareño del caserío de Japu. Sus hijos no pueden adueñarse de nuestro pueblo. Se lo preguntamos a Conadi y aún no responden cómo es posible que haya ocurrido esto”, dice Clara Blanco.

Recurso internacional

Aunque ningún medio de comunicación lo ha informado, el caso de Guallatire es tramitado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Diego Carrasco, abogado y director ejecutivo del Observatorio de Control Americano de los Derechos de los Migrantes (OCIM) -red internacional que agrupa a 142 organizaciones en 25 países de América-, patrocina a los aymaras de Guallatire. “Es imposible -dice- que una familia se apropie de un pueblo. Guallatire y los caseríos que la rodean tienen una antigüedad de más de 270 años; por lo tanto, son un ‘sitio indígena de ocupación ancestral’. Sus habitantes han construido con sus manos la iglesia, el colegio y prácticamente todas las obras de allí. El Estado también ha invertido en infraestructura: retén de Carabineros, sede de Conaf, cancha de fútbol, baños públicos y ‘obras de agua potable’. Hace poco el Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobó 75 millones de pesos para el agua potable, que, por decirlo de alguna forma, aún no ha llegado a Guallatire. Además, el pueblo está en la reserva natural del Parque Las Vicuñas, por lo que debiera ser área protegida. Por lo anterior, no puede ser objeto de una apropiación particular. La pretendida demanda de una familia que se ha arrogado derechos de dueña y señora del pueblo, no debiera ser permitida por las autoridades.

Según consta en relatos y testimonios que presentamos ante la Comisión Interamericana -agrega el abogado- ha habido situaciones de amenaza contra dirigentes indígenas que han sido ‘impedidos’ de circular al interior de la comunidad y del pueblo. Se les ha impedido ingresar a la iglesia, porque la ‘familia propietaria’ tiene las llaves… El cementerio está cerrado y no se les permite visitar las tumbas de sus antepasados, etc. No entendemos por qué el Estado permite esto. Es absurdo que digan que ‘el pueblo es de ellos’ y que el cementerio y la iglesia sean cerrados… Ni siquiera pueden reparar sus casas, que se están cayendo, porque no se los permiten… Es una situación conocida por las autoridades, por lo que creemos que hay responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos de los indígenas de Guallatire y de los caseríos circundantes”.

La CIDH acogió una medida cautelar presentada por el Comité Pro Defensa del Pueblo de Guallatire. En febrero, los indígenas adjuntaron al caso nuevos informes y esperan tener resultados favorables en corto tiempo. Ya iniciaron, además, acciones legales en Santiago, con las que esperan “que Chile conozca lo que significa un pueblo de propiedad de un particular”, dice el abogado Diego Carrasco.

“A una delegación de la Universidad de Tarapacá que intentó visitar Guallatire, los Sánchez le impidieron el ingreso al pueblo. Dijeron que necesitaban autorización por escrito de ellos. El problema nace de un título de propiedad de 1984, que diría que son ‘propietarios de terrenos en el pueblo’. Pero los Sánchez interpretaron que ese documento les confería ‘propiedad en todo el pueblo’. El asunto es que jamás se les debió permitir que se apropiaran de un pueblo que pertenece a la historia de Chile, que está sindicado en planos militares y que, además, está en territorio de frontera… lo que ha sido de conocimiento de autoridades provinciales y comunales desde mediados de los 80. Creemos que se han vulnerado gravemente los derechos humanos y ciudadanos de la comunidad indígena de Guallatire. Una anciana vecina nos dijo una frase muy fuerte: ‘Nos están torturando’. Eso se lo explicamos a la CIDH porque es inconcebible que se les impida ir a su pueblo, iglesia y cementerio, reparar sus casas, hacer su vida o ir a dejar a sus animales a los corrales que construyeron sus ancestros porque una familia ‘exige autorización’… Hasta ahora, no hay ninguna autoridad que respalde a los vecinos y les asegure tranquilidad y que el pueblo les pertenece… Incluso cuando visitamos Guallatire fuimos seguidos por camionetas que, al parecer, pertenecerían a la familia Sánchez”, dice el abogado Diego Carrasco.

“Estamos en la etapa de investigación, recuperando papeles y buscando una explicación en las instituciones del Estado de Chile. Ya han pasado casi tres décadas en que los indígenas de Guallatire hemos vivido en condición de servidumbre y humillación”, dice Clara Blanco. “Los aymaras de Chile somos muy pasivos, para nosotros la palabra es ley… Como don Nicolás Sánchez era un comunero pensamos que en algún momento iba a ceder. Nunca imaginamos que esto se extendería tantos años”, dice Luciano Bráñez. “Estamos recopilando antecedentes y testimonios. Las familias están motivadas por recuperar el pueblo… y si la ley chilena no nos protege, tenemos la posibilidad de recurrir a cortes internacionales”, dice Celinda Jiménez.

¿Si se permitieron inversiones y trabajos estatales en Guallatire, algunos construidos incluso con trabajo comunitario, cómo es posible que el Estado permitiera que les arrebataran a los indígenas su pueblo?, se preguntan los vecinos. Según los aymaras hay antecedentes de problemas similares en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), en el lago Chungará y en la construcción de carreteras en General Lagos. Según el Ministerio de Bienes Nacionales, en General Lagos las tierras aymaras representan el 95 por ciento de la superficie comunal, mientras en Putre y Camarones apenas son el 45 y 10 por ciento, respectivamente. “Pareciera que Bienes Nacionales y el gobierno ‘se descuidaron’. Si no hay catastros y no se notificó a los vecinos, ¿cómo se regularizó la tierra? Lo peor es que sabemos de varios pueblos altiplánicos con el mismo problema”, dice Clara Blanco.

(*) Una versión de este artículo fue publicada por revista Punto Final y Azkintuwe.