Los allegados viven hacinados en grupos de quince o más personas; tres o cuatro familias, incluso más, por terreno. Generalmente, toman sitios en demanda de viviendas tras soportar humillaciones durante años. Otros arriendan precarias piezas que malpagan con sueldos esporádicos. El valor de los terrenos es tan alto que si acceden a una casa propia los obligan a abandonar sus comunas y los envían a la periferia, donde no hay empleo ni infraestructura ni calidad de vida. Han seguido todos los trámites para optar a una "solución" inmobiliaria. Están inscritos en programas de gobierno, el Serviu y tienen libretas de ahorro. Pero en el negocio de la construcción priman el criterio comercial y la mercantilización del suelo.

No es un misterio que la actual política de vivienda no permite el acceso igualitario a un techo: "Este año se construirán 26 mil viviendas sin deuda para los sin casa de todo el país ¿Alcanza para todos los allegados? No, no alcanza porque fácilmente en una sola de nuestras comunas hay diez mil o más familias esperando un techo. Se nos entregan 280 o, en el mejor de los casos, 320 UF de subsidio ¿Alcanzan para comprar terrenos y quedarnos en nuestras comunas en casas dignas? No, no alcanza porque gran parte de ese dinero va a parar a manos de los dueños y especuladores de terrenos o de las inmobiliarias que hacen negocio de nuestro derecho. Por eso se nos manda a vivir lejos", dice Lautaro Guanca, líder de Allegados en Lucha.

El mismo día en que asumía la presidencia Michelle Bachelet, Allegados en Lucha ocupó un terreno aledaño a la ex toma de Peñalolén. Unas 400 familias instalaron carpas y resistieron durante horas. Pero los desalojaron a palos y lacrimógenas, y se instaló la policía militarizada en el sitio. Aún 600 familias de la ex toma de Peñalolén se mantienen en el lugar, sin solución y también se les desalojará. Guanca responsabiliza al municipio, el gobierno y la prensa de desvirtuar sus demandas. "Las autoridades denunciaron tras nuestra toma 'maniobras políticas' y una inexistente conspiración para 'desestabilizar con la ayuda de grupos subversivos y de los piqueteros argentinos, al nuevo gobierno'. Por la televisión los llamados al diálogo no se hicieron esperar, mientras la nueva ministra de Vivienda, Patricia Poblete, no nos recibía", dice.

Durante su campaña Bachelet admitió que la ciudad tiene una cara muy poco amable para los pobres: "Se ven obligados a habitar los suelos de menor valor económico, con graves carencias de equipamiento y lejanía de los centros laborales, educacionales, redes de transporte y comerciales. Hay mucha iniquidad urbana y es responsabilidad del Estado propender hacia un desarrollo más armónico". Agregó que entraríamos en la segunda fase de la política habitacional: "Nos preocuparemos de la calidad de la vivienda social y su entorno. Prioridad será conformar barrios, y no sólo soluciones habitacionales. Mejoraremos estándares de calidad en los programa de viviendas básicas junto con equipamientos; elevaremos las exigencias a las empresas constructoras; aumentaremos los metros cuadrados de áreas verdes; incluiremos plazas equipadas con juegos; mejoremos la iluminación. Debemos hacer ciudad sobre la ciudad, con proyectos innovadores. Planes de rehabilitación física y nuevas soluciones habitacionales en poblaciones construidas en la década de los 50 y 60. Con esto evitaremos seguir desplazando a familias a la periferia".

Pero las casas para pobres siguen muy lejos de ser una solución. Son un nuevo problema. La vivienda es un icono de la desigualdad. Unos pocos viven cómodamente en grandes edificaciones, mientras la mayoría sobrevive en 20 ó 30 metros cuadrados de materiales de mala calidad, sin terminaciones ni infraestructura adecuada, marginados a la periferia. Una de las soluciones de Bachelet es un plan que perpetuará el hacinamiento: otorgar subsidios a 85.000 familias de allegados para que construyan en el patio de la vivienda en la cual viven allegados. Casas de tres pisos o "cajas de fósforos", como han sido bautizadas.

¿Modelo exitoso?

Muchos gobiernos latinoamericanos imitan la política chilena de vivienda social y su modelo de financiamiento. Se considera un éxito, aunque ha generado nuevos problemas: segregación, fragmentación, inseguridad y hacinamiento. "La conclusión inevitable del resultado de 20 años de una política exitosa de financiamiento de vivienda social es que la cantidad por sí sola no basta. Los efectos urbanos -segregación, fragmentación- y sobre las familias o las personas -inseguridad, difícil convivencia, hacinamiento- crean nuevos, caros y serios problemas. La calidad del entorno de los conjuntos habitacionales, flexibilidad de las unidades de vivienda, convivencia entre los residentes, localización, diseño -entre otros- siguen ausentes en la política habitacional", señalan los arquitectos Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes.

La política habitacional ha postergado a los allegados. Según datos del último Censo su número creció de 193.423 -en 1992- a 241.979 el 2002. Y eso, a pesar de la mayor cantidad de viviendas construidas de que se ufana el gobierno. Para las normas internacionales la vivienda social debe tener un mínimo de 60 metros cuadrados, y emplazada en sitios de 100 metros cuadrados, además de contar con infraestructura urbana: calles, plazas, colegios, consultorios, salas cunas, etc. Las casas erigidas por la Concertación poseen un tamaño promedio de 36 metros cuadrados, muy similar al de la dictadura a pesar del "exitoso crecimiento económico". En 25 años se ha construido más de medio millón de viviendas sociales perpetuando el hacinamiento.

Rodríguez y Sugranyes reparan que a pesar que Chile posee un modelo de financiamiento exitoso en cuanto a la cantidad de viviendas, "no obstante, ha mostrado limitaciones muy serias en cuanto a la calidad de vida y posibilidades de convivencia social que las viviendas y conjuntos habitacionales ofrecen". El déficit habitacional es de 500.000 viviendas, y de las construidas, más de 300.000 requieren urgentes reparaciones. Se construye a cualquier costo y poco importa mejorar las condiciones de vida y la calidad de las viviendas. ¿Pero cómo solucionar el problema de miles de allegados sin que se les obligue a emigrar a la periferia? El Colegio de Arquitectos reconoce graves problemas de segregación socioespacial de los sectores pobres: "se debería fomentar la renovación, densificación y la rehabilitación de las áreas urbanas, así como la exploración de nuevas tipologías para la vivienda". Sin corregir la actual política se requerirán 12 años -con 104.438 viviendas anuales- para "acabar con el déficit". Pero el conseguir un techo tampoco ha sido una solución sino el inicio del problema: la morosidad supera el 65 por ciento.

Se acaba la paciencia

Los allegados de Buin no pueden esperar más. El Grupo Cuarto lo conforman unas 280 familias en condiciones extremas. En Nuevo Buin hay más de 300 familias esperando solución. Ilusión Buinense agrupa a 670 familias. Comité Paine organizó a más de 100 familias. Mientras en Calera de Tango y Lo Herrera, las familias organizadas son 36 y 22, respectivamente. En Ongolmo se erradicó a un grupo de pobladores pero aún hay 20 familias. En Maipo quedan otras 20. En La Estancilla cerca de 30. Y en una escuela de camino Bajo Matte hay un campamento. Aunque la mayoría vive en patios de casas de familiares y vecinos. En Quinta de Maipo hay pobladores con ahorro y subsidio desde 1999 que todavía no pueden acceder a la casa propia por trabas burocráticas.

Hace tres años el gobernador José Letelier abrió un puente de diálogo para los allegados con el ministro de Vivienda Jaime Ravinet. Los senadores Andrés Zaldívar y Jovino Novoa, y los diputados José Kast y Edgardo Riveros, más los concejales Ramón Velásquez y Hernán Henríquez, formaron una mesa de trabajo. Les dijeron los allegados que buscaran un terreno y se comprometieron a apoyarlos. En noviembre de 2003 el Ministerio de Vivienda (Minvu) firmó un acuerdo con Ilusión Buinense. Pero pasa el tiempo y las autoridades no cumplen su compromiso. Consiguieron un terreno emplazado fuera del radio urbano y la promesa de venta del dueño. En septiembre de 2004, enviaron el proyecto a través del Fondo Solidario Concursable que denominaron Ilusión Buinense. En noviembre de 2005, el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta de la Comisión de Ordenamiento Territorial para modificar el Plan Intercomunal de las provincias de Melipilla y Talagante, y las comunas de Buin y Paine. Contraloría envió la modificación que debía ser refrendada pero hasta ahora los pobladores sólo han visto trabas y demoras. "Aún no es posible concretar el proyecto. Reunimos todos los requisitos, pero el gobierno sigue poniendo freno a nuestros sueños de vivienda propia y digna", dice Bruno Gómez.

Cientos de reuniones con el Serviu Metropolitano, el Minvu, el dueño del terreno, concejales y empresas constructoras no han llegado a nada. "No podemos seguir esperando eternamente. Se está agotando nuestra paciencia. ¿Por qué se nos tramita, si el gobierno firmó compromisos? No hay justificación para la demora de un proyecto que es viable económica y socialmente. El terreno fue incluido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago por la Comisión de Desarrollo Urbano del gobierno regional. Nuestra indignación crece. Nos están empujando a tomarnos los terrenos", agrega Luis Duarte Pinto.

Ongolmo sigue ahí

4.500 familias son allegadas en Buin, según cifras gubernamentales. Viven en condiciones bastante miserables. Mucho peor que en la ciudad. Al ser Buin y Paine una zona agroindustrial se produce bastante migración en el corto periodo en que hay trabajo en la cosecha. La erradicación forzosa de los años 80 sigue existiendo para los pobladores: "Hoy los municipios ponen el dinero en las libretas y mandan a los pobres a la periferia, fuera de sus raíces y familias. Los que llegan a Buin o Paine se dan cuenta que acá sólo hay trabajo estacional y temporero, mal pagado por los patrones de fundo y contratistas. No hay barrios industriales, ni estadio municipal o piscina olímpica. No hay cine ni teatro. Buin no avanza. Las casas que se han construido han sido gracias a las movilizaciones de todos los allegados y deudores habitacionales", dice Duarte.

Las calles del centro de Buin se colapsan fácilmente. No hay organizaciones vecinales fuertes. Se gana 4.000 pesos al día cuando hay trabajo de temporero. No existen grandes industrias ni infraestructura, pero siguen instalando a pobladores de Santiago en la zona. "Traen más y más gente y no hay condiciones para recibir a más vecinos. Sólo vienen a la miseria y el abandono. Imagínese que en Paine no hay siquiera hay un hospital", dice Julia Lira, dirigente del campamento Ongolmo, ubicado en las afueras de Buin.

En octubre de 2002, el presidente Ricardo Lagos visitó el campamento Ongolmo. Aprovechando el Día Mundial de la Erradicación de la Extrema Pobreza dio a conocer los avances del programa Chile Solidario. Pero Ongolmo sigue ahí: sin luz, alcantarillado ni agua, en medio de cerros y canales. Los pobladores recuerdan nostálgicos las palabras del presidente Lagos: "Ustedes, los que viven en el campamento Ongolmo, saben lo que es la pobreza y vivir en condiciones difíciles. También sueñan con una vida diferente, quieren una vida diferente y están dispuestos a trabajar y a luchar por un futuro mejor para ustedes y para sus hijos. ¿Y qué es lo que les ha faltado hasta ahora? Que se les tienda la mano y tener una oportunidad".

Julia Lira vive en una vivienda de material ligero, forrada en cartón y plumavit con sus dos hijos. A pocos metros vive su madre. Julia está gravemente enferma. Su hija nació con una deficiencia mental y su hijo ha intentado suicidarse en más de una oportunidad. Viven con apenas 5.000 pesos cada dos o tres días: "Ya no soportamos seguir viviendo así. Lo único que queremos es que salga luego el trámite de cambio de uso de suelo, que se publique, para que se construyan nuestras casas, y salir de una vez por todas de aquí a una casa propia. He vivido en una vivienda de material ligero por más de treinta años, casi toda mi vida".

Nos cuenta que los ratones caminaban por los cartones y plumavit de las murallas y el techo: "He tratado de ordenar un poco, pero uno no puede tener comodidades, nada. Los ratones entraban por cualquier parte. Más allá vive mi mamá también de allegada. Toda nuestra vida hemos estado aquí en Ongolmo. Hoy vivimos unas veinte familias en el sitio, pero nos quieren echar. El alcalde Angel Bozán mandó a desalojarnos a todos. Pusieron hasta portones, pero la gente los rompió para poder entrar al sitio. Antes esto estaba súper poblado, más de 70 familias. Pero han ido sacando a la gente, dándoles solución. Hoy quedamos quienes no podemos optar al subsidio o a Chile Barrio por diversos problemas y trabas. Algunos no hemos podido ahorrar. ¿Cómo ahorrar si no hay trabajo, ni dinero para comer? Yo estoy acá desde los siete años. Por más que uno lucha cuesta mucho salir de la pobreza. Pero hay que hacerle empeño no más, hasta donde lleguemos. En mi condición es muy difícil ahorrar. Yo soy la jefa de hogar. Mi hija está discapacitada y asiste a un colegio especial. Sólo trabajo tres veces a la semana. A veces me emplean una semana completa. Estoy buscando algo mejor, pero aún no encuentro nada. La mayoría de quienes vivimos en el campamento trabajamos en cualquier cosa o de temporeros para la estación. El alcalde no se asoma por acá desde que se fueron los pobladores que mandaron a Maipo. El nos quiere sacar de acá a toda costa, pero ¿para dónde nos iríamos? No tenemos dónde irnos. Ese es el gran problema. Ojalá que el compromiso que hicieron con nosotros las autoridades del ministerio de Vivienda lo cumplan pronto".

Terrenos frente a voluntad

El proyecto ha sido denominado de las "Diez Cuadras". Después de años de movilizaciones llegaron a un acuerdo con el Ministerio. 470 familias poseen el ahorro previo para postular al Fondo Solidario Concursable, y otras 200 familias tienen 500 UF obtenidas a través de créditos privados. El conjunto habitacional Ilusión Buinense está hecho pero en el papel, con urbanización, áreas verdes e infraestructura urbana. Es paradójico que en Peñalolén se les diga a los pobladores que no hay terrenos pero sí voluntad de solucionar los problemas, mientras en Buin están los terrenos pero aún no se pueden construir las casas por trabas burocráticas. "El terreno tiene un poco más de 25 hectáreas. Hay 670 familias comprometidas, pero aún quedarán 14 hectáreas donde caben más allegados o se puede construir viviendas Village. Queremos integración social y no un gueto. Hay más familias organizadas para postular al Fondo Solidario Concursable. Todos están esperanzados en conseguir un terreno para lograr el sueño de la casa propia. Pero los terrenos en Buin son muy caros. No bajan de 0,4 UF el metro cuadrado. El Serviu subsidia proyectos con terrenos a 0,2 UF. La demora en el cambio de uso de suelo, ha desilusionado a mucha gente. Los políticos en campaña andaban todos ofreciendo solución y hoy no tienen tiempo para recibirnos. Seguimos buscando el lado amable a las autoridades, pero si hay que salir a protestar, lo haremos", dice Luis Duarte Pinto. "Los dirigentes de Buin no vienen de afuera. Somos todos allegados. No somos títeres de ningún partido político. Tenemos autonomía y dignidad", agrega.

En una de las poblaciones del centro de Buin, Patricia Gálvez vive de allegada en la casa de su suegra desde que se casó, hace más de veinte años. "Somos seis familias en una sola casa. En total más de 22 personas. Desde que me casé que vivo allegada. Estamos esperando que se puedan construir nuestras casas, pero falta el papel de cambio de uso del suelo. Es difícil vivir en estas condiciones. No hay privacidad. Se pierde la esperanza. Es una tristeza muy grande no tener una casa propia". Mientras conversamos con Patricia comienzan a aparecer los otros moradores de la vivienda y los niños. "En la casa hay un solo baño que nunca deja de ocuparse". Luz Reyes, de unos 60 años, nos dice: "Yo soy la dueña de casa. Crío a tres nietos en un pequeño cuartito. Acá nadie puede enfermarse porque simplemente no se puede. No podemos seguir viviendo así. Esa debiera ser una preocupación de nuestras autoridades. Pero prometen y no cumplen, ¿Cuánto más nos van a hacer esperar? Para quienes no tienen cómo disponer de dinero, les debieran entregar una vivienda. A veces no se puede comer, menos se puede ahorrar. Si usted me ve aquí es porque yo soy sola y tengo mi modesta pensión, pero no todos tienen 'un dentro' y menos para destinarlo al ahorro. Aquí viven mis hijos, hijas, mis nietos y biznietos".

¿Y qué pasará con las otras 600 familias organizadas? Hay sitios pero a 0,4 y 0,6 UF el metro cuadrado. Los dueños de la tierra especulan con los terrenos y el gobierno no regula precios y rara vez expropia. "Así se van a seguir produciendo tomas. Es una aberración que haya campamentos si se pueden construir casas dignas. El gobierno enfrenta a pobres contra pobres. Si buscamos una solución el gobierno la niega y después nos llama al diálogo cuando estamos desesperados", dice Gómez.

Señalan que si el Serviu sigue aceptando especificaciones técnicas deficientes, la solución es que se cree una empresa estatal que construya viviendas sociales. "En nuestras poblaciones hay familias de personas solas y homosexuales pero ellos no pueden postular. Eso es una discriminación. Debieran destinarse viviendas a familias de estas características. Personas adultas entre los 40 y los 59 años, si son viudos, no pueden postular", señala Luis Duarte. Además, la encuesta CAS no refleja la pobreza. En zonas agroindustriales las familias son indigentes desde abril a septiembre, pues la mayoría está cesante. Cuando hay trabajo, son pobres. Pero cuando trabaja toda la familia ya no son pobres. "Los informes sociales debieran tomar en cuenta el grupo familiar completo", señalan.
 

(*) Fotografías